¿Qué hacer con tanta basura?

Cada año se generan en el planeta más de 2 mil millones de toneladas de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Si estos estuvieran empaquetados y dispuestos en contenedores, por su extensión se podría decir que darían la vuelta al planeta 25 veces por el Ecuador, o le sobraría distancia en un hipotético recorrido hasta la Luna… ida y vuelta. Los residuos aparecen donde quiera que haya seres humanos asentados y, como tal, conforman una narrativa social, política, económica y medioambiental, describen nuestra relación con el consumo y por tanto, con el mercado y todo el sistema capitalista.

Es un problema universal: según el último Informe del Banco Mundial sobre el tema, globalmente se producen 0.74 kilogramos de residuos per cápita al día. Este número aumenta para regiones como América Latina y el Caribe, en el que se estiman 0.99 kilogramos per cápita. Solo se recicla el 4.5% de estos. Sin embargo, se sabe que al menos la mitad de la basura generada es orgánica y cerca de un tercio son reciclables secos (botellas, plástico, papel, cartón, vidrio y metal), lo cual significa que, corriendo el riesgo de la «falacia ecológica» al extrapolar datos a Cuba, en nuestro país la mayor parte de la basura pudiera ser reaprovechada e incluida en un sistema integral y circular. En la región del Caribe dos tercios de la basura son dispuestos en grandes vertederos, al aire libre o quemada, desaprovechada, ocasionando serios problemas medioambientales, sanitarios y por supuesto económicos. 

Cuba no ha compartido sus estadísticas actualizadas, pero según datos estimados,  solo La Habana genera entre 20 000 y 25 000 toneladas diarias de basura, y según la ONEI (fig. 1) el volumen de RSU recolectados por provincias —sin saber cuánto estas generan ni cómo se dispone del producto final— disminuye con el paso de los años y de las crisis. 

Otro dato interesante, también expuesto por la ONEI, es lo invertido. Según los anuarios relacionados a las cuestiones medioambientales, en el 2021 se invirtió el 15% del total del presupuesto dedicado a la protección del medio ambiente en Cuba, la cifra más alta, junto al tratamiento de las aguas, lo cual supera casi 30 veces la inversión del año previo.

El Banco Mundial considera que, en un escenario sin cambios, en 2050 se generarán 3400 millones de toneladas de RSU. Se pronostica que la cantidad total de residuos originados en los países de renta baja, incluida la región de América Latina y el Caribe, aumente más de tres veces de aquí a 2050.

Para hablar del problema de la basura en Cuba ni siquiera hay que recurrir a los anuarios. Bastan los cientos de fotos en las redes, basta caminar uno mismo por las calles de La Habana, no solo de los barrios más empobrecidos, sino de Nuevo Vedado, Miramar, en cualquier dirección. 

Cerca de las soluciones

Para acercarnos a las soluciones lo más urgente sería estudiar al detalle nuestra basura. Cuáles son sus patrones actuales, cuáles sus disposiciones geográficas, de qué elementos está compuesta y cómo se dispone de ella. Pensar en qué se puede hacer para gestionarlo mejor, de una forma integral y transdisciplinar. 

Lo primero sería ocuparse de las disposiciones jurídicas ya que las vigentes están dispersas en leyes, decretos y resoluciones varias. Por otro lado, no se regula de forma integral un delito ambiental sino que trata figuras asociadas a la protección de la salud y los bienes de las personas y la economía nacional. 

Además, están desactualizadas: 

• La Ley 1288, que regula el tema de los RSU en Cuba data de 1975
•  El Reglamento de Ornato e Higiene para la Ciudad de La Habana y el Decreto No. 201, de 1995. 
• La Ley 81, de «Medio Ambiente», que brinda los principios y normas generales, y disposiciones complementarias con las normas para cada una de las esferas de protección, de 1997.  
• El Decreto Ley No.54 del Ministerio de Salud Pública relativo a Disposiciones sanitarias básicas fue dictado el 23 de abril de 1982.
• El Plan Maestro sobre manejo integral de Residuos Sólidos Urbanos en La Habana, de 2007. 
• La Política de Reciclaje fue aprobada en 2012 y actualizada en 2014.

Lo más actualizado es una Guía para la gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales, realizada en 2021 por PADIT, una plataforma para el desarrollo territorial gestionada y financiada por fondos de la cooperación internacional, COSUDE y el PNUD. 

De mencionar además, es la Ley No.41 de Salud Pública, puesta en vigor en 1983, cuyo artículo 65 establece la competencia del Ministerio de Salud Pública para dictar medidas relacionadas con el control sanitario del ambiente, así como el control de los residuos sólidos. La nueva Ley de Salud Pública en la que se deroga la anterior, repite dichas disposiciones medioambientales y, además, estrena el concepto de One Health ―Una Salud― referente a una estrategia mundial que busca la colaboración interdisciplinar en el cuidado de la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, con el fin de poder elaborar e implementar programas, políticas y leyes más efectivas.

Aproximadamente el 60% de los países de renta media-baja tienen guías actualizadas por las cuales dirigir sus esfuerzos, estas suelen cambiar cada 5-10 años para actualizar la situación, hacer balance y plantearse objetivos específicos. Las guías de gestión de residuos sólidos abarcan desde normas medioambientales generales hasta intervenciones específicas, desde la generación hasta la disposición final, e incluye inversiones previstas en infraestructura y estrategias de participación ciudadana. Luego de esto los gobiernos locales pueden trazar planes de acción y permite que el sector privado y los posibles inversores puedan pensar en estrategias más eficientes y rentables.

El manejo de los RSU es un servicio esencial que requiere la gestión, planificación y coordinación de todos los sectores involucrados. Para ello las estrategias deben enfocarse en todos los momentos de la cadena de «vida» de la basura, que usualmente incluye la recogida de residuos domésticos y establecimientos comerciales (industriales, sanitarios, etc.), su transporte hasta un punto de recogida o estación de transferencia, el transporte desde ahí hacia un lugar de tratamiento o eliminación final, el propio tratamiento y la eliminación de los residuos, la limpieza de las calles y la gestión del drenaje. La realidad es que este proceso es altamente costoso y, cuando la financiación es escasa —como en nuestro país—, la gestión de residuos compite con otras prioridades: salud, educación, agricultura, industria, transporte, etc.

El desarrollo de la capacidad de gestión de residuos y la movilización de recursos requiere fuerte apoyo político, y esto no es un dilema cubano, sino internacional. Mientras más pobre es un país, más dinero tiene que gastar en la gestión de la basura y sus consecuencias.

La posible solución recae sobre varios factores: descentralizar, incluir al sector privado, atraer la inversión extranjera, animar y sostener el apoyo comunitario, tratar el tema de forma intersectorial y reutilizar siempre que se pueda, sacarle provecho, incluso ganancias, a la basura.

En la mayoría de países esta gestión es municipal o intermunicipal; raramente es el gobierno central el encargado, y así está ocurriendo en Cuba desde diciembre de 2022, cuando el Consejo de Ministros decidió que serían los municipios los encargados de implementar sus propios métodos para el manejo de los servicios comunales y la recogida de desechos sólidos, con la suplantación de las Direcciones Provinciales de los Servicios Comunales por las Direcciones de Patrimonio y Construcción adscritas a la gobernación provincial. O sea, el gobierno local debe ser responsable de decidir cómo asignar los recursos financieros y cómo implementar programas innovadores. Además, son responsables de identificar a los socios del sector privado que pueden contribuir a estos servicios.

El Consejo de Ministros decidió que serían los municipios los encargados de implementar sus propios métodos para el manejo de los servicios comunales y la recogida de desechos sólidos.

En este sentido, podría ser útil la creación de departamentos, tanto a nivel central como local, dedicados exclusivamente al tratamiento de la basura. Unificar la gestión en una entidad facilitaría la coordinación y el abordaje integral de los procesos, la utilización eficaz de los recursos y evitaría la redundancia en las funciones.

Lo que sí debe hacer el gobierno central es garantizar la planificación y la supervisión adecuadas. Así este será el responsable de dirigir las fuerzas al «mapeo» de la situación actual y a definir el marco normativo que servirá a estas acciones, velar por la contratación justa del sector privado y animar a los gobiernos locales a adherirse a sus normas, siempre que cuente con ellos para su elaboración. Además, juega un papel fundamental en el manejo de la comunicación a escalas nacionales, la promoción sanitaria y la incorporación de la sociedad en estas actividades. Encargarse a la vez de las regulaciones y de las responsabilidades operacionales puede crear distorsiones a la hora de implementar, fiscalizar y rendir cuentas.

Lo que sí es inútil a largo plazo es utilizar estos mecanismos reguladores para empeorar la situación de la población, que al final es las más afectada, y seguir gastando recursos en inspectores y vigilancias. Por ejemplo, a partir de septiembre de 2023 el Gobierno de La Habana creyó urgente que fuera el núcleo familiar el responsable por la basura vertida. Comenzaron así a aplicar altísimas multas tras el velo de «un grupo de medidas» que respaldan el cumplimiento del Reglamento del Ornato, la Higiene y los Servicios comunales y se aprobó la Resolución 190, que lo único que logró fue que en un día se pudieran aplicar 1 449 acciones de control, 554 multas de 2500 a 3000 pesos, aumentadas al doble si incluían escombros, maderas, metales, u otros objetos inapropiados. La situación actual luego de aplicar aquella resolución, que ya ha quedado en el olvido, es la misma o peor que la de antes.

En cuanto a la inclusión del sector privado, se acordó la Resolución 246 del Ministerio de Finanzas y Precios, en el que se modifican los tributos en el sector del trabajo por cuenta propia y su sistema de control con el objetivo de incluir a las mipymes en la recogida de la basura, ya que ellos sí pueden importar equipamientos y manejar de forma más o menos autónoma su propio capital. 

Sin embargo, los privados se han visto sobrepasados por la mala praxis de las instituciones: las entidades estatales pagan la basura a los trabajadores autónomos hasta 50 pesos por metro cúbico; ellos, a su vez, deben agenciarse sus propios medios de trabajo. Entre las razones de la renuncia de muchos está que servicios comunales no les facilita la adquisición de medios de protección y trabajo, que las entidades no pagan en tiempo (o no pagan), que no hay combustible ni se les prioriza en su acceso, y que el régimen de tributación aumentó y ahora establece el aporte del 10% sobre el impuesto de los servicios, el 5% sobre los ingresos personales o patente y la contribución especial a la seguridad social, lo que apenas deja provecho de una actividad que muy pocos están dispuestos a hacer.

Las entidades estatales pagan la basura a los trabajadores autónomos hasta 50 pesos por metro cúbico de basura.

En los últimos meses han sido conocidos contratos entre administraciones públicas y empresas privadas para la recogida y procesamiento de la basura. No obstante, se desconoce bajo qué condiciones se establecen estas alianzas, y si hay incentivos reales para que más privados inviertan en el ramo. 

En cuanto al reciclaje en Cuba, es el Grupo Empresarial de Reciclaje (GER) el principal responsable de suministrar materias primas al mercado nacional. Enfrentados a la falta de recursos de todo tipo, el GER junto a las empresas provinciales de recuperación de materias primas y el apoyo científico y técnico de la La Universidad Tecnológica de La Habana, se las ingenia para llevar a cabo estrategias de recuperación que resultan insuficientes. El GER se encarga de los residuos generados por las empresas estatales, la Ley por la que se rige, como ya mencionamos, es de 1975. Sin embargo, el presidente del GER mencionó en televisión nacional que se ha ido incorporando al proceso los residuos de la población, del que procede la mayor parte de reutilizables. 

¿Quién pone el bolsillo?

Por otro lado queda la inversión extranjera: la Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera a partir del año 2014 incluye la «oferta» de un negocio de reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos: «El objetivo principal del proyecto es la reducción gradual hasta sus niveles mínimos, del volumen total de residuos generados que hoy se envían a vertederos o rellenos sanitarios, evitando un impacto negativo al medio ambiente y la salud humana, el cual comprende todas las etapas del proceso, comenzando por su correcta selección, recogida, tratamiento, reciclaje y valorización energética para generar electricidad, calor y producir abono orgánico, enviando a los Rellenos Sanitarios sólo los residuos no reciclables inertes sin posibilidades de valorización, aunque en etapas posteriores pudieran estudiarse algunos usos de esta fracción inerte». 

El monto inicial de la inversión se estima en 79 millones de USD en la primera etapa de la inversión, en una Planta Integral de Procesamiento de residuos que incluye el mejoramiento del sistema de recolección y vertido. Antes, en el momento de su inclusión, la inversión inicial era de 100 millones.

El manejo de RSU es, en efecto, un servicio caro y requiere gruesas inversiones en infraestructura y operaciones a largo plazo. Mucho se ha estudiado sobre el tema. De dichos estudios se sabe, por ejemplo, que en los países de economías precarizadas los gastos en esta gestión ocupan aproximadamente el 19% del presupuesto municipal.

El grueso de la financiación recae sobre dos puntos fundamentales: inversión capital y gastos operacionales. Lo ideal sería planificar el financiamiento de ambos por separado, sabiendo que los gastos iniciales, que incluyen infraestructura, terrenos, instalación, vehículos, etc., son los más altos en un primer momento. Aquí estarían, por ejemplo, la construcción de nuevos depósitos para la basura en zonas seguras. Contradictoriamente, el famoso vertedero de 100 y Boyeros, que representa un grave problema sanitario, debió cerrarse en 2015 y en cambio se agrandó y se aplazó hasta 2019, cuando nuevamente se advirtió que debía cerrar y tampoco fue así, hasta el día de hoy. 

Se sabe que la construcción de un nuevo vertedero para servir a una población aproximada de 1 millón de personas es de 10 millones de dólares; una planta de compostaje puede variar, en dependencia de su tecnología, hasta llegar a otros 10 millones; un incinerador cuesta sobre los 600 dólares\tonelada, anualmente. Las estaciones de transferencia (puntos medios de la cadena de «vida» de la basura) cuestan alrededor de 500 mil dólares y si se incluyen las plantas de reciclaje y clasificación de la basura, los montos aumentan.

Los gastos operacionales incluyen salarios y cargas sociales, combustible, agua, energía, mantenimiento, administración, comunicación y promoción de salud, servicios a terceros, alquiler y contratación de equipos. Se estima que solo el gasto en combustible representa un 30% del total de costos operacionales. La cuestión con Cuba no es solo el costo, sino la dificultad para adquirirlo. Si bien los gastos operacionales no serían los más altos para el país, ya que mucho tiene que hacer en infraestructura, sí serían los más difíciles de sostener en el tiempo y, con el paso de los años y la inversión capital establecida, los gastos operacionales sobrepasarían al resto, como es lógico.

Es difícil calcular los posibles gastos si no se tiene una detallada descripción de la situación actual, si no se manejan las disposiciones de vertederos informales y el volumen de generación, pero se sabe que es más barato reciclar, compostar y reutilizar que desechar al aire libre y quemar, por los costos del personal, la tecnología, las hectáreas de tierra perdida —105 en el caso del basurero de 100 y Boyeros, el equivalente a 147 campos de fútbol— y los costos a la sanidad pública. En este último apartado hay que pensar, por ejemplo, en el presupuesto del que hay que disponer para gestionar un brote epidémico de Fiebre de Oropouche, el recrudecimiento del virus del dengue, la leptospirosis, etc., sin contar la polución del aire y el agua a solo 13 kilómetros del Capitolio nacional, plena zona urbana.

Los beneficios serán vistos como ingresos y ahorros. Se ha de tener en cuenta que mientras más residuos sean desviados de su disposición final (ya sea para reciclaje, obtención de energía, etc.) mayor es el ahorro en el presupuesto municipal.

El anhelo internacional: políticas de cero desperdicio

Viendo que los números que acompañan las diferentes y necesarias inversiones ascienden a millones, hay dos cosas que en definitivas se puede hacer y que aliviaría la situación de forma considerable: la participación ciudadana y los esquemas de gestión integral y circular. Ambos están descritos en la totalidad de informes y guías internacionales, o sea, que son insustituibles.

El objetivo de los modelos de economía circular es prolongar la vida de los productos y materiales que se pueden reciclar. Para ello el gobierno, la sociedad y el sector privado deben trabajar juntos. Eliminar plásticos de un solo uso, educar a la ciudadanía para que reduzca la generación y clasifique la basura, una medida que hoy parece irreal pero que reduciría considerablemente los costos y la polución urbana. 

Una solución que se ha implementado en localidades pequeñas son las estaciones de «relleno», animando a la gente a reutilizar los envases de uso habitual con incentivos de descuento en productos de primera necesidad que usan botellas, latas y contenedores plásticos. Para ello la implementación desde las mipymes y otros puntos de venta sería ideal. 

Por otra parte, el tratamiento de los desechos orgánicos es clave. La segregación y recolección por separado de los residuos orgánicos posibilita su adecuado tratamiento. Saber cómo clasificarlo y separarlo es algo que la población debe incorporar. La fracción orgánica tiene tres caminos posibles: compostaje, combustible y alimentación de animales.

El resultado del compost se convierte en un fertilizante del suelo que se puede aplicar en la agricultura o en la jardinería, incluso a niveles domésticos. Igualmente, estos pueden ser tratados en plantas biodigestoras, donde el proceso anaeróbico convierte los desechos en biogás que puede usarse para cocinar, calentar, iluminar o generar electricidad. En un país donde el combustible es un problema cotidiano, esta solución resulta provechosa. 

Gracias a diferentes Agencias de Cooperación para el Desarrollo, se han implementado algunos proyectos pilotos, sobre todo en fincas de pequeños agricultores y los resultados han sido alentadores. Si se pone el foco en ello, según los estudios de comisiones de especialistas, Cuba podría generar una cuarta parte de su producción energética gracias a las fuentes de energía renovables, como los biodigestores. 

Los beneficios de todas estas medidas no son difíciles de constatar en estudios de casos de todo el mundo, de ciudades empobrecidas como las nuestras. Además, hay fondos de cooperación para el desarrollo, ayudas y comisiones de expertos que podrían apoyar la implementación de sistemas similares, como lo hacen en otros países de renta baja.

Sí se puede tomar medidas a corto\mediano plazo: usar el liderazgo social, el activismo, la disposición de organizaciones preferiblemente estudiantiles, promover acciones de emprendedores que trabajan el tema medioambiental, alentar al sector privado para su acercamiento, usar la televisión y las redes sociales de una forma original e inteligente, invitar al diálogo. En este tema, incluso las soluciones a pequeña escala hacen la diferencia. 

Tal vez, y en momentos de crisis, como el pronóstico del paso de tormentas tropicales (y la larga lista de problemas sanitarios que ello trae consigo) se pudiera utilizar a las vastas y bien financiadas fuerzas del ejército y de la defensa civil para, al menos en los barrios de peor situación, usar sus propios recursos para recoger la basura. La disposición final será la misma pero al menos la salud de las comunidades verá el beneficio en el corto plazo.

Soluciones hay muchas, estudiadas al detalle, pero nuestro país está sumergido en una «policrisis» que frena incluso las ideas innovadoras, eficaces. Un buen punto de partida podría ser enfocar las políticas públicas a la resolución de problemas incluyendo a la gente en su tratamiento. Al final, es la población la que no puede esperar a que el tiempo lo resuelva todo, si cada día que abre la puerta de su casa el vertedero de siempre permanece y, más allá de las consecuencias cuantificables y conocidas, construye esa imagen de país triste, en eterna agonía.