|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Solo el 18 de diciembre y mediante videoconferencia, «debido al complejo contexto económico y social», aconteció el Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), correspondiente a su X Legislatura.
¿Qué sucedió allí?
Sobre la situación de la economía cubana
Joaquín Alonso Vázquez, Ministro de Economía y Planificación, en el informe de lo proyectado para el venidero año, se refirió a un crecimiento del 1%, basado principalmente en la recuperación del turismo, el incremento de las exportaciones y la reanimación de actividades productivas y de servicios. La economía –puntualizó-, «se seguirá desempeñando en un contexto de economía de guerra». «El plan presentado no es el deseado sino el posible, es un plan mínimo». Es la misma cifra que se había planificado para este año, sin embargo, días antes el presidente cubano había informado sobre un decrecimiento del 4% en el tercer trimestre, por lo tanto, no hay ninguna seguridad de que esta proyección se cumpla para el próximo año.
Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, al explicar la distribución de lo presupuestado para el venidero año expresó que los gastos totales ascenderán a 550 mil 590 millones de pesos —que implica un incremento del 6% de lo presupuestado para 2025—, con casi el 70% destinado a sostener la educación, salud pública, asistencia y seguridad social, cultura y deporte. Sin embargo, con la multiplicidad de tasas hoy vigente, y con la galopante inflación, resulta difícil saber si será suficiente para sostener servicios públicos, hoy sumamente debilitados.
Además, anunció adecuaciones tributarias que serán implementadas en 2026: actualización de la tasa de peaje, incrementando en dos veces lo establecido para los tramos de carretera actualmente gravados; mientras crecerá en 5 veces la cuantía del impuesto sobre el transporte terrestre.
Félix Martínez Suárez, presidente de la comisión permanente de Asuntos Económicos de la ANPP, mencionó que el 1% de crecimiento planificado para el año que viene no expresa las transformaciones que se requieren para revertir la situación. «Se necesitaría mínimo un 4 por ciento», especificó.
Sin referirse a la Ley de Empresa que debía ser aprobada en esta sesión luego de ser pospuesta varias veces, apuntó que «la empresa estatal socialista no acaba de dar el salto que se necesita, los servicios básicos de la población continúan deteriorándose y las desigualdades en la sociedad crecen al igual que la situación de vulnerabilidad, unido a los problemas con el suministro energético, el abasto de agua potable y la situación epidemiológica. Esto hace muy difícil la vida de la población», subrayó.
El nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de divisas; la aprobación de 45 esquemas cerrados de financiamientos para actividades y organismos, de los cuales funcionan 31; y el inicio de la transformación cambiaria anunciado la víspera por el Banco Central de Cuba, fueron algunas de las medidas expuestas por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, como supuesto punto de partida para una «etapa superior» en la implementación del programa de estabilización macroeconómica, sin reconocer críticas señaladas por no pocos economistas cubanos a dicho programa y la falta de jerarquización de prioridades en su diseño, que, como apuntamos anteriormente en LJC, lo convierten más en una lista de deseos que en una estrategia clara para rescatar al país de la crisis.
Marrero Cruz mencionó la autorización de esquemas de autofinanciamiento en divisas para empresas de software seleccionadas, y medidas ya anunciadas para dinamizar la inversión extranjera directa, aunque aún no hayan sido publicadas las normas al respecto. No obstante, hizo notar que los ingresos totales en divisas solo alcanzaron el 73% de lo planificado, y las exportaciones quedaron al 85% de lo previsto para el año, con un incumplimiento de los ingresos y visitantes del turismo.
Además, se refirió a la aprobación del Instituto Nacional de Activos Empresariales, en proceso de constitución, así como el ordenamiento del comercio mayorista para los actores económicos no estatales.
Sobre las medidas implementadas por Etecsa que fueron recibidas con malestar ciudadano y que tuvieron una fuerte reacción del estudiantado universitario, dijo que se han ingresado más de 146 millones de dólares, lo cual «ha permitido avanzar gradualmente en la recuperación de infraestructuras de comunicación». Sin embargo, no hizo referencia a cuándo se tomarán medidas para garantizar mayor acceso a internet, una pregunta que se ha estado haciendo la población desde el tarifazo.
Como asunto no resuelto mencionó la caída persistente de la producción de azúcar, la cual cerró al 42% del plan.
Marrero Cruz reconoció que continuó aumentando el índice de precios al consumidor y que hay un incremento «indeseado» del dinero en circulación, sin mencionar medidas para aliviar dicha situación, otro punto medular que ha sido objeto de críticas por no pocos economistas y que se agrava si los salarios y pensiones se siguen usando como anclas nominales para intentar estabilizar la economía.
En cuanto a desarrollo territorial, reconoció también que no se ha resuelto que se mantengan los servicios comunales, y se refirió a la ejecución de la contribución territorial, dos asuntos que, si bien son importantes, no agotan la cuestión de concebir y comunicar el desarrollo territorial más allá de servicios básicos que el Estado debe garantizar.
De su intervención, el debate en redes sociales se ha concentrado en gran medida en el deterioro de la mortalidad infantil, con una tasa de 9.8 en el actual año, y en el decrecimiento poblacional, incluyendo la que está en edad laboral.
Además, reconoció la existencia de un 20% de empleo informal, lo que puede estar relacionado a que las oportunidades laborales no son atractivas, cuando muchos salarios se mantienen por debajo de los 5000 cup, cantidad que no sostiene la reproducción de la vida en un contexto de alta inflación y dolarización.
Otras cifras alarmantes tienen que ver con las afectaciones en el abasto de agua, que alcanzaron como promedio diario a dos millones de habitantes, y el incumplimiento en la terminación de viviendas, que apenas llegaron a las 5 mil 750.
En cuanto a la situación electroenergética, apuntó que se han ejecutado mil 150 millones de dólares para la recuperación del sistema, pero hasta ahora no han representado mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía, sobre todo fuera de La Habana, donde los apagones siguen superando las 16 y 18 horas.
Una intervención que se viralizó por su excepcional vínculo con la realidad de las bases productivas fue la del diputado Emilio Interián Rodríguez, médico veterinario y presidente de una cooperativa. El parlamentario llamó la atención sobre la desconexión con los precios que el Estado paga a los campesinos por productos como la leche que desincentivan la producción: «…mientras sigamos pagando el litro de leche a 38 pesos, no vamos a tener leche en Cuba, ni ganadería», afirmó. Interián Rodríguez también llamó la atención sobre la necesidad de ampliar las asignaciones de tierras a quienes la están produciendo de manera eficiente, y el papel que está jugando el sector privado en los encadenamientos productivos.
Cambios y leyes
Sin explicaciones, se anunció la renuncia de varios cargos, lo cual sigue evidenciando la falta de transparencia con la que se comunican informaciones políticas sensibles.
La liberación de Rubén Remigio Ferro como presidente del Tribunal Supremo Popular y el traslado de Oscar Manuel Silvera Martínez desde el Ministerio de Justicia a esa responsabilidad se presentaron como una simple rotación de cargos. No se ofreció balance alguno sobre la gestión saliente ni justificación para el cambio. Rosabel Gamón Verde, quien ocupaba el puesto de viceministra primera, será la nueva titular del Ministerio de Justicia.
Particular atención ha generado la renuncia de Homero Acosta Álvarez como diputado y secretario de la ANPP, anunciada sin mayores detalles sobre sus motivos o implicaciones políticas. Con Homero Acosta se especulaba que sería el sucesor de Esteban Lazo, así que el secretismo y la falta de transparencia sobre su salida, ha dejado el terreno fértil para todo tipo de teorías en el debate público que se da en redes sociales.
La designación en su lugar de José Luis Toledo Santander, que pasó a ser miembro también del Consejo de Estado, abre cuestionamientos sobre las razones de estos movimientos que, sin duda alguna, tienen peso para la política en el país.
Otras salidas fueron las de Ulises Guilarte De Nacimiento y Ricardo Rodríguez González, que culminaron sus responsabilidades en la Central de Trabajadores de Cuba y la Federación Estudiantil Universitaria, respectivamente.
En materia de leyes, fueron aprobadas la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, que incluye entre sus modificaciones el reconocimiento de la inteligencia artificial y las bases éticas y profesionales para su empleo; y la Ley de Reducción Excepcional del Período de Mandato de los Delegados de las asambleas municipales, un cuerpo legal breve que reduce de cinco a dos años y medio el mandato de los delegados de las asambleas municipales.
Resulta cuando menos cuestionable que se haya «aprobado» ahora el «Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía» sin tener en cuenta las críticas sobre aspectos técnicos y conceptuales que se han señalado en cuanto a su diseño, y después de que durante más de un año se estuviera implementando sin que fuera público.
Otros documentos también fueron aprobados, como «Plan y metas de la economía para 2026»; «Ley del Presupuesto para el 2026»; y el «Dictamen de la comisión permanente de Economía de la ANPP».
Para 2026 siete leyes quedaron pendientes de 2025, seis que estaban inicialmente planificadas para ese año y una nueva que se añade: Ley de Tratamiento de los Residuos Sólidos. Esto claramente indica un atraso más en el ya retardado cronograma de ordenamiento jurídico, y que hace cuestionar qué tan funcional está siendo la organización de la Asamblea para aprobar las múltiples leyes que necesita el país, a tono con lo pautado en la Constitución de 2019 y satisfacer las demandas de la ciudadanía.
¿Cuáles son nuestras reflexiones?
El país tiene una inflación persistente y elevada, con incapacidad de estabilizar la moneda nacional, un desabastecimiento crónico, una crisis energética severa con apagones de más de 20 horas, y un incumplimiento sistemático de los planes (azúcar, turismo, vivienda, etc.). A nivel de discurso oficial se siguen sin reconocer responsabilidades políticas y administrativas concretas en el gobierno por la situación; se sigue desplazando la culpa únicamente a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, y ahora a la plataforma El Toque.
Con el reciente anuncio de una tercera tasa de cambio, si bien se busca un mecanismo formal de acceso a la divisa para el sector privado —algo necesario y demandado—, este sigue siendo muy burocratizado, y además no garantiza la compra rápida de dólares a la población. Por tanto, se pasa a una normalización de la dolarización parcial, consolidando desigualdades de acceso entre quienes tienen divisas y quienes no, y no se fija un horizonte temporal para desmontarla.
Desde el discurso hay un énfasis en el control, la disciplina y el poder, con giro hacia el endurecimiento. Y aunque se habla de reforzar el control institucional y el «control popular», este último se formula sin mecanismos autónomos ni independientes, reforzando la idea de vigilancia más que de rendición de cuentas horizontal. Y más alarmante aún, no se habla de control ciudadano sobre el poder político, sino control sobre la base social.
El discurso securitizado de tolerancia cero, que hace énfasis en «cerrar filas» contra delito, ilegalidades y corrupción, el incremento de inspecciones, la mano dura contra drogas, ilegalidades económicas y ordenamiento territorial, no resuelve los problemas de fondo, de índole estructural que tiene el país, en tanto refuerza una lógica punitiva en un contexto de crisis social, legitimando una mayor presencia coercitiva del Estado
No se abordaron a profundidad asuntos fundamentales como la emigración o la falta de incentivos o expectativas truncadas, pero se sigue apelando a la lealtad política más que a reformas estructurales que tengan una incidencia positiva sobre las vidas de las personas. De hecho, el reconocimiento de que Cuba tendrá 7,7 millones de habitantes en 2050, con un fuerte envejecimiento y reducción de la población activa, fue presentado como un dato técnico, sin un debate político profundo, y no conectado explícitamente con el modelo económico, migratorio o de gobernanza.
Incluso en un escenario tan crítico como el actual, el funcionamiento parlamentario continúa marcado por la unanimidad y el formalismo, lo cual resulta especialmente controvertido en el espacio público, porque la Asamblea se sigue mostrando con escasa capacidad deliberativa, dejando el desacuerdo reducido a matices técnicos, nunca de índole política. Admitir problemas no es suficiente si el debate se mantiene limitado y superficial, y si se privilegia la disciplina y el control por encima de reformas institucionales de fondo.
