Se está acabando el tiempo

Se está acabando el tiempo para manejar la crisis cubana que puede definir el destino del país. Las reacciones ante el tarifazo de ETECSA lo demuestran, primero, porque no se trata solo del tarifazo, sino de la acumulación de malestares, y segundo, porque el momento demanda del gobierno una altura política que hasta ahora no ha demostrado.

Más allá del costo social de una medida ampliamente impopular, se ha puesto en evidencia el desgaste de un modelo en términos económicos y políticos, y las falencias en los procesos de toma de decisiones y participación ciudadana, además de las incapacidades para responder con eficacia ante las demandas justamente esgrimidas.

La reacción al tarifazo no puede entenderse desconectada de su contexto. Se suma a las muchas otras problemáticas que impactan directamente sobre el bienestar: inflación, recorte de transferencias sociales —productos alimenticios subsidiados por la libreta de abastecimiento, por ejemplo—, o el retroceso en la calidad de servicios públicos como salud y educación, etc. 

El mercado ha suplido de facto muchas de estas carencias, pero, ante la ausencia de políticas públicas efectivas que reduzcan las inequidades, o que fomenten la producción nacional, muchísimos segmentos poblacionales se han visto empobrecidos y sin acceso a productos y servicios básicos para la reproducción de la vida, que hoy fijan sus precios sobre la base del dólar en el mercado informal, mientras salarios estatales y pensiones se mantienen congelados.

Es en esas condiciones que la cultura política del Estado cubano no ha cambiado y continúa signada por la verticalidad y la falta de iniciativa consustancial a una supuesta unidad monolítica —aparentemente— donde no hay espacios de confrontación respetuosa para construir consensos, sobre todo porque se dan como ya creados. Así, quienes diseñaron y respaldaron el anuncio de las medidas asumieron que bastaba con comunicarlas para que la gente las aceptara, sin considerar que toda decisión pública debe someterse al escrutinio, especialmente cuando afecta derechos considerados fundamentales para la sociedad actual. 

Más que un error de comunicación —que también lo fue— se trata de un error político: falló la evaluación de las circunstancias para decidir, en un contexto de crisis, agregar más presión a las ya muy difíciles condiciones de los cubanos, y sumado a ello, todo apunta a que la reacción ciudadana no había sido prevista por las autoridades gubernamentales.

Aunque se han facilitado varios espacios de escucha, y han sobrado las explicaciones, más allá de ciertos gestos y promesas de mejoras a futuro, hasta el momento el gobierno no ha demostrado habilidad política, capacidad institucional, o recursos para afrontar una crisis que precisa de acciones concretas y visión estratégica.

Los decisores han recurrido, una vez más, a los mecanismos habituales de centralismo, opacidad y llamados a la resistencia y la confianza. Pero un modelo de gobierno vertical, que carece de espacios vinculantes de rendición de cuentas y de diálogo con la ciudadanía, difícilmente puede estar a la altura del momento, en una sociedad atravesada por una policrisis inédita, que le exige con urgencia ser parte activa en la construcción de soluciones. 

En otras palabras, no solo el contexto ha cambiado, también lo ha hecho la gente, esa misma a la que no le basta con ser escuchada, sino que comienza a pedir garantías de que sus criterios se utilizarán en la toma de decisiones. Ante esa situación, solo puede maniobrar con efectividad un gobierno con poder real sobre sus empresas e instituciones, con inteligencia política y con agilidad tanto para reaccionar como para aprovechar a su favor cualquier brecha que le dé una crisis política.

Pero en este caso, si no existe esa agilidad o la capacidad de maniobra, en parte se debe a que existe un obstáculo a todas luces muy difícil de sortear:  la preponderancia de GAESA en la economía cubana actual, que escapa, ya no de los mecanismos de control popular, sino de los mecanismos de fiscalización del propio Estado, como el de la Contraloría General de la República. Se trata entonces de decisiones que no se discuten en espacios públicos de deliberación, que son tratadas con secretismo, y que responden, en cambio, a lógicas de acumulación sin contrapesos ni transparencia.

Y si hay altos dirigentes en el gobierno que no tienen poder real sobre esa parte de la economía, podría calificarse de sinsentido exigirles habilidad política o cambios sobre aquello que no dirigen. Pero el error no está sobre la ciudadanía que le pide cuentas a sus autoridades, sino sobre el modelo que le impide a un gobernante gobernar.

Desde el punto de vista del modelo económico,  «la batalla de los megas» expone también  sus limitaciones, puesto que ha convertido la dependencia externa de las remesas en su columna vertebral: en el espacio «Desde la Presidencia» se reconoció acríticamente que cerca del 80 % de los ingresos en moneda de ETECSA provienen de recargas internacionales, ignorando así la vulnerabilidad y la distorsión que representan estos números.

Con un esquema de negocios rentista, además de desdibujar la función pública de una empresa estatal que ofrece un servicio básico a la población y no tiene —por decreto, no por lógica del mercado— ninguna competencia, se sobreentiende que los clientes a potenciar no serían los cubanos residentes en la Isla —a quienes les brindan el servicio— sino aquellos que emigraron, dejando a los nacionales en una situación de clara desventaja.

Si a esto se añade una gestión que actúa tarde, de forma reactiva, sin evaluar el impacto social de sus decisiones, y desconectada de las condiciones materiales de vida de la mayoría, tenemos el cuadro completo para la crisis política mal gestionada a la que estamos asistiendo.

¿Por qué nos estamos enterando ahora, de golpe, que ETECSA está al borde del colapso tecnológico? ¿Cómo es posible que se haya llegado a este límite sin previsión? Y, sobre todo, ¿por qué debe la población pagar más por servicios que no mejoran y asumir, sin alternativa, las consecuencias de una mala administración?

La solución no puede pasar, una vez más, por la dolarización ni por la transferencia del costo del servicio a los cubanos, ya sean residentes o emigrados. Lo que está en riesgo no es solo el acceso a Internet, sino el derecho pleno a ejercer una ciudadanía digital, a participar, informarse, comunicarse, a teletrabajar y, principalmente, está en juego la legitimidad del modo en que se gobierna y se decide en el país.

Como era de esperar, la crisis actual ha servido para canalizar un malestar más amplio, acumulado por años de decisiones impopulares, falta de transparencia y ausencia de mecanismos reales de participación ciudadana. La particularidad aquí es que esta vez el centro de la confrontación están los jóvenes. Han sido ellos quienes, desde diversas facultades universitarias y con el apoyo del profesorado en determinados casos, han emitido pronunciamientos, con denuncias, pero también con propuestas y argumentos técnicos.

Esa capacidad de articulación y firmeza del estudiantado desde las bases de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) contrasta con la inercia, el silencio y las respuestas defensivas de organizaciones políticas como la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), que —salvo algunas reacciones puntuales de comités de base— no ha logrado, desde su estructura nacional, ejercer liderazgo ni atender las demandas de quienes debería representar. Igualmente organizaciones gremiales como la Central de Trabajadores de Cuba, o responsables de representar a la ciudadanía, como la Asamblea Nacional del Poder Popular, han estado ausentes del debate.

Un escenario como este, con todo el potencial para convertirse en una oportunidad política para el gobierno, ha sido desaprovechado, en el sentido de transformar la crisis en un punto de partida para establecer alianzas y abrir espacios de negociación real y vinculantes que permitan salidas viables y sostenibles. Aunque en el discurso político se habla de diálogo, en la práctica se insiste en atrincherarse en la noción de que las condiciones actuales no pueden cambiarse y de que las medidas son necesarias. Solo hay que explicar más.

Y sí, las medidas unilaterales coercitivas de Estados Unidos son una realidad persistente. Cabe mencionar que a pocos kilómetros de la Isla pasan varios cables submarinos que pudieran facilitar una mayor conectividad y que no pueden ser usados por las restricciones que pone la Casa Blanca. Sin embargo, el uso de este argumento por parte de la oficialidad, sin estar acompañado de las críticas necesarias a su gestión económica y política, hace que una zona cada vez más grande de la población lo perciba como única coartada para justificar las fallas que le corresponden al gobierno. Síntoma también del fracaso para comunicar el verdadero impacto de las sanciones norteamericanas en la vida cotidiana.

Cualquiera imaginaría que este contexto sería ideal para la oposición, en espera de un momento propicio para capitalizar el descontento, y sin embargo también ha quedado al margen. A pesar de intentarlo, no ha logrado posicionarse como un actor relevante ni rentabilizar políticamente el malestar que se ha expresado de manera organizada y legítima. Ni siquiera aprovechando que los propios funcionarios hayan publicado en simultáneo mensajes de denuncia a las cartas falsas o engañosas, «los intentos de dividirnos», y la campaña contra las universidades, en un esfuerzo por girar el lente de la visibilidad hacia opositores.

Con todo, la conversación no pudo ser desviada por ningún bando: seguimos ante una protesta ciudadana donde los estudiantes tienen un papel fundamental, pero en la mayoría de los casos han alertado su no anexión con movimientos opositores o los reclamos que vienen desde el exilio. Y esto también es una muestra de que, si bien el PCC ha perdido liderazgo, los movimientos opositores organizados dentro y fuera del país no han podido ocupar esos vacíos, entre otros factores, porque tampoco presentan un plan viable y creíble para mejorar las condiciones de vida de las mayorías. 

Aún así, el gobierno cubano parece sentirse más cómodo haciendo denuncias enérgicas a lo que dice o hace la oposición, en lugar de abordar los problemas reales que se le plantean hacia lo interno. Culpar al «enemigo» se ha vuelto casi un reflejo automático, como una manera también de no asumir responsabilidades con las condiciones en las que vive la población.

Y no, los espacios de diálogos con estudiantes no son suficientes para decir que sí se abordan los problemas que compartimos hoy, más aún cuando muy poco, o prácticamente nada de lo sugerido en esos espacios ha sido implementado.

Resulta muy sintomático que tanto expertos, como la ciudadanía, e incluso el propio presidente reconozcan los problemas estructurales de la economía, como la dualidad cambiaria en ausencia de un mercado formal de divisas, la centralización excesiva, o el marco jurídico desactualizado para el sistema empresarial, y que esto no se traduzca en una reforma integral, ni siquiera, en una aprobación de la tan aclamada Ley de Empresas. Los parches abundan en un tejido social bien debilitado y un contexto político que deja muy poco margen a la improvisación y la falta de visión estratégica.

Hoy resulta ineludible replantear cómo las instituciones entienden y ejercen la participación ciudadana. Si algo también se percibe en esta crisis desatada por ETECSA, es que buena parte de la ciudadanía se desmarca de empatizar con organizaciones y empresas estatales, o quienes las dirigen, porque no las sienten propias, no las perciben como espacios que los representen ni que respondan a sus necesidades. ¿Cómo sentir algún grado de pertenencia a una empresa estatal (¿socialista y pública?) que ha incumplido, de facto, el contrato social con sus clientes? Y más allá: ¿dónde están los sindicatos, las organizaciones de masas, las instancias creadas para defender los derechos ciudadanos?

La distancia entre las instituciones y la ciudadanía no se acortará con discursos; amerita acciones que reconstruyan el vínculo entre el Estado y la sociedad, y abran el camino hacia un nuevo pacto social participativo y justo. Eso implica espacios donde las diferencias no se gestionen como riesgosas o sospechosas, sino como oportunidades para crear consensos.

Desde el punto de vista político, el principal daño no está en el bolsillo de la gente, sino sobre la confianza, ya difícil de sostener. Si el gobierno no es capaz de revertir eso, si la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio no refleja este malestar con debate, si en definitiva, las formas de hacer política no cambian y no se impulsa de una vez por todas la reforma integral de la economía, llegará el momento en que no habrá ya ningún margen de maniobra, ninguna confianza política que rescatar. Se está acabando el tiempo.