¿Qué puede esperarse de un gobierno, cuyo ministro de Cultura —por la naturaleza de su cargo quien debería estar más preparado para un diálogo ecuánime y respetuoso—, decide enfrentarse a un periodista y, con pose de matón, le arrebata su móvil e insta a un enfrentamiento violento entre sus subordinados del Ministerio y los manifestantes pacíficos que se encontraban fuera de la institución?
No importa que interrumpieran internet, otra evidencia de irrespeto a la ciudadanía; los videos muestran a las claras, más que la prepotencia, la enorme debilidad de las autoridades que no respetan su propia Constitución. Si Raúl Roa acuñó una frase apropiadísima en los años treinta para referirse al descrédito absoluto de un colega: «certificado de defunción cívica»; Alpidio Alonso acaba de firmar el suyo ante la mirada atónita de millones de personas.
LJC rechaza este acto deleznable, esta invitación a la violencia, e insta a respetar los artículos constitucionales que permiten la libertad de expresión y la manifestación pacífica en Cuba, así como reprueba que se prive a las ciudadanas y ciudadanos de su libertad de movimiento.
Es cierto que existe un peligro enorme de contagio por el rebrote de la COVID-19, pero si el ministro y los funcionarios no lo tuvieron en cuenta al momento de enfrentarse, cuerpo a cuerpo, con las personas que allí estaban, no debería ser un pretexto para evitar el diálogo que se exigía.
Los cubanos y cubanas necesitamos ser escuchados. Queremos el diálogo, no la guerra. En pocas horas recordaremos a José Martí, hay que hacer nuestro su ideario que cada día renace por inacabado: «Lo que en lo militar es virtud, en el gobernante es defecto. Un pueblo no es un campo de batalla. En la guerra, mandar es echar abajo; en la paz, echar arriba. No se sabe de ningún edificio construido sobre bayonetas».
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