En las últimas décadas, Vietnam ha sido uno de los países con mayor ritmo de crecimiento económico en el mundo y particularmente en Asia. Tal situación ha producido un significativo cambio estructural en su economía y ha tenido un impacto positivo en el mejoramiento del bienestar de la población.
Este proceso de desarrollo se ha beneficiado de una mejor y más eficiente inserción económica internacional, de la incorporación de la economía del país en importantes cadenas de valor, y de un notable desarrollo de la infraestructura de un Estado que había quedado prácticamente destruido al ser escenario principal de las dos llamadas «Guerras de Indochina» en el siglo XX. En poco más de treinta años pasó de ser un receptor de ayuda alimentaria a convertirse en un importante exportador de alimentos.
Este proceso de desarrollo económico ha sido el resultado de una clara voluntad política del liderazgo vietnamita en el camino de la reforma económica. En 1986, el 6º Congreso del Partido Comunista de Vietnam (PCV) adoptó la decisión de impulsar un proceso de reformas. Conocido con el nombre de Đổi Mới (Renovación), el mismo no ha estado exento de problemas, pero ha sido abarcador y sistémico en su intención de reemplazar el modelo de economía centralmente dirigida, —predominante primero en el Norte y después en el país reunificado en 1976—, por un nuevo sistema que los propios dirigentes del país definen como una «economía de mercado con orientación socialista».
Las reformas económicas abarcaron tanto la agricultura como la industria, el comercio exterior y los sistemas monetario y financiero, introdujeron un mercado de capitales, abrieron las posibilidades para el funcionamiento de empresas privadas y han convertido a Vietnam en un país atractivo para la inversión extranjera directa.
En la última década, el producto interior bruto (PIB) de Vietnam tuvo un crecimiento promedio anual de 6,5%. El PIB per cápita a precios constantes de 2015, que era 532 dólares estadounidenses (USD) anuales en 1990, ascendió a 940 en 2000, a 1.648 en 2010 y a 2.604 en 2019 (UNCTAD, 2021). No obstante, en la actualidad se ubica en la mitad inferior del nivel de la región del Sudeste Asiático, superando a Lao, Camboya, Myanmar y Timor-Leste, pero por debajo de Singapur, Brunei, Malasia, Tailandia, Indonesia y Filipinas.
De una balanza comercial deficitaria, el país ha pasado a una superavitaria y en la actualidad se ubica entre los cincuenta primeros exportadores mundiales de bienes. Sus reservas monetarias internacionales han ido creciendo persistentemente, solo entre 2018 y 2019, se incrementaron de 55,8 mil millones de USD a 78,8 mil millones (ADB, 2021).
En el Índice de Desarrollo Humano (IDH), Vietnam transitó de un nivel bajo —de 0,477— en 1990, a un nivel medio —de 0,655— en 2010 y a uno alto —de 0,704— en 2019. La esperanza de vida de la población, que era de 67,8 años en 1998, había aumentado a 75,4 años en 2019 (PNUD, 2020).
Una vista de la Ciudad Ho Chi Minh, la urbe más poblada del país.
Los dirigentes vietnamitas han demostrado pragmatismo a la hora de acometer las reformas económicas, sin embargo, a pesar de que en los documentos de los sucesivos congresos del PCV se insiste en la necesidad de profundizar en la «democracia socialista», poco se ha avanzado en este sentido.
En abril de 1990, un año antes del 7º Congreso del PCV, Tran Xuan Bach, en aquel entonces miembro del Buró Político del CC del PCV, fue expulsado tanto de ese órgano como del Comité Central por expresar libremente sus opiniones respecto a la necesidad de introducir reformas democráticas en el sistema de gobierno. De acuerdo con The New York Times (1 de abril de 1990), había sido destituido por «serias violaciones de los principios organizacionales y la disciplina del Partido».
En diciembre del año anterior, en una entrevista en Radio Hanoi, había dicho que «mientras la economía iba mejorando, gracias a la reestructuración, la población demandaba mayor democracia y justicia social», y aunque no realizó propuestas concretas para establecer un sistema multipartidista, advirtió que las demandas de democratización en los entonces países socialistas de Europa Oriental, que también estallaron en China, podrían ocurrir en Vietnam. No sobrevinieron entonces porque, aunque han existido movimientos pro-democracia en el país, esto no ha llegado a constituir una crisis política de la magnitud acontecida en Europa Oriental o en China.
A partir del 6º Congreso del PCV en 1986, que dio inicio al Đổi Mới, y de la adopción de una nueva Constitución en 1992, se establecieron ciertas reglas para garantizar un estilo de dirección colectiva, evitar la concentración del poder en una sola persona y asegurar una renovación sistemática de los principales cargos en el Partido y el Estado.
Se decidió que ningún dirigente que ocupara alguna de las principales responsabilidades del país permaneciera en sus cargos más allá de dos períodos consecutivos de cinco años, y que los principales cargos políticos estuvieran ocupados por personas diferentes, de tal manera que ninguna de ellas concentrara en sus manos, al mismo tiempo, las máximas responsabilidades del Partido y el Estado o el Gobierno.
Por otra parte, se establecieron límites de edad para el desempeño de las máximas responsabilidades políticas con el fin de evitar que una persona anciana, o con problemas de salud, asumiera cargos que luego no pudiera cumplir de manera efectiva. Así se mantuvo en los sucesivos congresos del PCV y en las distintas legislaturas de la Asamblea Nacional.
De manera general, los equipos de dirección combinaban dirigentes procedentes del Norte con otros del Centro y del Sur, y se volvió una norma que el secretario general del PCV, el Presidente del Estado, el Primer Ministro y el presidente de la Asamblea Nacional, fueran personas diferentes. Sin embargo, esto ha comenzado a cambiar recientemente.
La falta de transparencia característica de países no democráticos, gobernados por un partido único, sin un debate político abierto y sin una prensa independiente, no permite identificar las distintas tendencias que, en opinión de diversos observadores, existen en cualquier organismo político. Esta es una de las herencias del llamado «centralismo democrático» que desde los tiempos de la Revolución Bolchevique se impuso como modelo.
Es claro no obstante que a lo largo de estos años han existido en la dirección vietnamita conflictos entre tendencias que, si bien han tratado de equilibrarse en la composición de los órganos de dirección, al final condujeron, aparentemente, al reforzamiento de las tendencias conservadoras dentro del liderazgo.
En el 12º Congreso del PCV, celebrado en 2016, el secretario general, Nguyen Phu Trong logró imponerse sobre el entonces primer ministro Nguyen Tan Dung, de quien se decía que aspiraba a asumir la máxima dirección del Partido después de diez años como primer ministro y al que se le atribuía una línea política más aperturista frente a otra más conservadora ideológicamente, representada por el secretario general.
En 2018, Nguyen Phu Trong fue elegido presidente del Estado, tras el fallecimiento del general Tran Dan Quai, y unió en su persona los máximos cargos del Partido y el Estado, por primera vez desde 1986.
El pasado 1 de febrero concluyó el 13º Congreso del PCV y se esperaba una renovación considerable del liderazgo, incluida la elección de un nuevo secretario general, toda vez que Phu Trong había terminado dos períodos en el cargo y además cumplirá 77 años en unos meses. Los observadores especializados en política de la nación asiática hicieron sus cábalas sobre los posibles sustitutos.
A pesar de ello, Phu Trong fue reelegido para un tercer período, lo cual rompe con la tradición acordada y establece un nuevo precedente que podría modificar al sistema de «renovación ordenada y sistemática» característico del liderazgo vietnamita hasta ahora.
En 2018, Nguyen Phu Trong fue elegido presidente del Estado y unió en su persona los máximos cargos del Partido y el Estado, por primera vez desde 1986 (Foto: REUTERS/Kham/Pool)
Durante los últimos tiempos, en diversos espacios de la sociedad vietnamita se discute la necesidad de producir cambios políticos que se orienten hacia la democratización. La Asamblea Nacional introdujo, en 2001, una serie de decisiones que, si bien no liberalizaron el sistema político, sí mejoraron los procesos de rendición de cuentas.
Se reforzaron sus poderes y se otorgó a la misma un mayor control sobre la gestión de los principales funcionarios del Estado, mediante el establecimiento de un «voto de confianza» al que fueron sometidos el presidente, vicepresidente, primer ministro, viceprimeros ministros, ministros, presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidentes. Sin embargo, resulta curioso que las alternativas con que cuentan los diputados son: de «alta confianza», «confianza media» y «baja confianza», pero no existe la opción de «no confianza», que podría significar la destitución del funcionario.
En 2011 comenzó un proceso de reforma constitucional que condujo a la elaboración de un nuevo proyecto. Este fue sometido a debate público y concluyó, el 28 de noviembre de 2013, con la adopción, por parte de la Asamblea Nacional, de una nueva Constitución, que no fue refrendada por el voto popular. En el proceso de consulta popular se realizaron diversas propuestas para democratizar el sistema político del país, entre las que destacó la llamada Petición 72, que fue presentada por esa misma cantidad de académicos, juristas e intelectuales reconocidos, quienes enviaron un documento a la Comisión Redactora de la Enmienda Constitucional, con propuestas tales como: 1) establecimiento de un sistema multipartidista, que eliminara la primacía del PCV; 2) garantías de respeto a los derechos humanos, en consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas; 3) creación de un Comité Independiente de Derechos Humanos; 4) reconocimiento de la existencia de múltiples formas de propiedad sobre la tierra; 5) separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; 6) eliminación de la lealtad que las fuerzas armadas le deben al PCV y reemplazarla por la lealtad a la Patria y al Pueblo; 7) refrendar la Constitución mediante el voto popular (Bui Ngoc Son, 2013). Ninguna de estas propuestas fue aceptada.
La nueva Constitución reconoce, formalmente, los derechos políticos, cívicos, económicos, culturales y sociales, así como los derechos humanos; pero a renglón seguido aclara que estos pueden ser restringidos en circunstancias imperativas, «por razones de defensa nacional, seguridad, orden social, moralidad social y por la salud de la comunidad».
En el sistema vietnamita la población solo elige de forma directa a los diputados a la Asamblea Nacional por circunscripciones territoriales. Luego, estos son los que eligen al Presidente y al Vicepresidente del Estado, al presidente y vicepresidentes de la Asamblea Nacional, y designan al Primer Ministro, viceprimeros ministros y ministros del gobierno. En las elecciones de 2016 se postularon más de cien candidatos independientes, no obstante, la Comisión Electoral invalidó a todos aquellos considerados opositores del PCV y solo permitió la presentación de once.
En Vietnam se mantiene un sistema político totalitario, controlado por el PCV y en el que existen una serie de organizaciones sociales que responden a su línea política y que junto a este hacen parte del llamado Frente de la Patria, que es la «coalición» que presenta las listas únicas oficialistas para la elección de la Asamblea Nacional.
Hasta 1988 existieron otros dos partidos no comunistas en Vietnam, el Partido Democrático de Vietnam y el Partido Socialista, los cuales se incluían en el Frente de la Patria, pero fueron disueltos. En 2006 se creó una organización opositora denominada Partido Democrático, con una plataforma a favor de la democracia multipartidista.
Las reformas económicas han avanzado exitosamente, sin embargo, el desarrollo económico y el mayor bienestar material no han estado acompañados por una mayor democratización de la sociedad. Desde el punto de vista económico, el liderazgo vietnamita ha desmontado, en lo esencial, la mayor parte de los dogmas que tipifican a una economía socialista centralizada desde la Revolución Bolchevique de 1917.
A pesar de ello, han sido reacios a aceptar la democratización de la sociedad, de forma que el PCV pierda el control social que ejerce sobre la misma, con el agravante de que el propio Partido carece de democracia en su vida interna.
Por todas estas razones, Vietnam hace parte del grupo de «regímenes autoritarios» en el Índice de Democracia 2020, que elabora The Economist Intelligence Unit. En dicho informe, quedó ubicado en la posición 137 entre 167 países. Este índice promedia calificaciones desde 0 hasta 10 en cinco aspectos tales como: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles.
De acuerdo con el referido índice, los regímenes autoritarios se caracterizan por ausencia de pluralismo político o fuertemente restringido; puede que existan instituciones típicas de sistemas democráticos pero carecen de «sustancia»; las elecciones, si existen, no son libres o confiables; se restringen las libertades civiles; los medios de prensa y divulgación se encuentran en manos del Estado o de grupos afines al gobierno; se censura y reprime la crítica al gobierno; y no existe un sistema judicial independiente (The Economist Intelligence Unit, 2020: 57).
Además del déficit democrático, la sociedad vietnamita enfrenta otra serie de problemas institucionales, entre los que destacan los altos niveles de corrupción, excesiva discrecionalidad en manos de las autoridades locales en la aprobación de proyectos de inversión, subsistencia de obstáculos para el desarrollo de los negocios, así como un escaso grado de libertad económica, debido al mantenimiento de diversos mecanismos de control gubernamental.
La corrupción se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo de los negocios. Entre 179 países, Vietnam ocupa el lugar 104 por el índice de percepción de la corrupción en 2020, que publica Transparencia Internacional, con una calificación de 36/100 (a mayor calificación, menor corrupción) lo que significa que el país tiene un alto nivel de corrupción. En la última década, su calificación ha oscilado entre 31 y 37 puntos (Transparency International, 2020).
En el Doing Business 2020, publicado por el Banco Mundial, ocupa la posición 70 entre 191 países. Los aspectos en los que el país se halla peor ubicado son: el inicio de los negocios, la resolución de la insolvencia y los impuestos; mientras que los que están mejor situados a nivel mundial (de los primeros 30) son: la facilidad crediticia, los permisos de construcción y el suministro de electricidad (Banco Mundial, 2020).
A pesar de los avances económicos, el país muestra un débil resultado en el índice de libertad económica, publicado por The Heritage Foundation, en cuyo último informe clasifica en el 105º lugar con una calificación de 58,8 puntos (de un máximo de 100). Se sitúa así en el grupo de países considerados «economías mayormente no libres», que solo supera a los que son denominados «economías reprimidas».
En este último indicador, se incluyen: el Estado de derecho (derechos de propiedad, efectividad del sistema judicial e integridad del gobierno), la eficiencia regulatoria (libertad en los negocios, libertad en el mercado laboral, libertad del sistema monetario), el tamaño del gobierno (nivel impositivo, gastos del gobierno y salud fiscal) y la apertura de los mercados (apertura del comercio exterior, apertura de las inversiones y apertura financiera).
De hecho, en el último año, la calificación de Vietnam ha bajado en aspectos tales como la eficiencia del sistema judicial, la integridad del gobierno, la libertad del mercado laboral y del sistema monetario, así como el nivel impositivo. En el ranking de la región asiática, Vietnam califica en el lugar 21 entre 42 países (The Heritage Foundation, 2020).
En resumen, Vietnam ha tenido un considerable éxito económico en las últimas tres décadas, pero esto no puede ocultar que la democratización de la sociedad, a partir de la creación de instituciones incluyentes que conduzcan al disfrute de las libertades civiles internacionalmente reconocidas, sigue siendo una tarea pendiente. La emancipación de la que hablaban los fundadores del socialismo marxista es aún, como en otros países, una entelequia carente de contenido real.
***
Referencias:
ADB (2021) Key Indicators for Asia and the Pacific. http://www.adb.org
Bui Ngoc Son (2013). Petition 72: The Struggle for Constitutional Reforms in Vietnam, Int’l J. Const. L. Blog, Mar. 28, 2013, available at http://www.iconnectblog.com/2013/03/petition-72-the-struggle-for-constitutional-reforms-in-vietnam/
PNUD (2020) Human Development Report 2020. http://hdr.undp.org/en/2020-report
The Economist Intelligence Unit (2020). Democracy Index 2020. In sickness and in health?. http://www.eiu.com
The Heritage Foundation (2020) 2020 Index of Economic Freedom. https://www.heritage.org/index/pdf/2020/book/index_2020.pdf
The World Bank (2020) Doing Business 2020. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
Transparency International (2020). Corruption Perception Index, 2020. https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/
UNCTAD (2021) UCTADStat. http://www.unctad.org
***
Súmese a la iniciativa del Consejo Editorial de La Joven Cuba y firme la Carta Abierta al presidente de Estados Unidos solicitando el fin de las sanciones contra Cuba.
14 comentarios
Los comentarios están cerrados.
Agregar comentario