Reza un antiguo proverbio maya: «Existen tres cosas que no tienen marcha atrás: la palabra dicha, la flecha lanzada, la oportunidad perdida». Como todo momento de crisis, el 11-J pudo dar paso a soluciones encaminadas a solventar sus causas; o, en su defecto, agravar aún más la situación de partida.
La intensa forma represiva que adoptó la respuesta gubernamental al estallido popular, no solo hizo que se perdiera tal oportunidad, sino que las palabras dichas, durante y después de los acontecimientos, y las flechas lanzadas a los temporalmente vencidos —protestantes, familiares y simpatizantes—, atizaron el fuego. En el año transcurrido desde entonces, los principales efectos generados son la radicalización de defensores y opositores al Gobierno/Partido/Estado y la adopción de posturas cada vez más extremas en el espectro político.
-I-
Recién ocurridos los hechos afirmé: «Restañar las heridas de estos días y sobrepasar este momento difícil exigirá valor, mesura y tacto político al gobierno y a sus oponentes. La hora actual de Cuba es más para el diálogo y la persuasión que para las redadas y los encarcelamientos». A falta de las condiciones enunciadas, el camino escogido por el Poder sería también el de la continuidad en el empleo de sus instrumentos de violencia física: redadas, detenciones y encarcelamientos.
Además de ellas, desde el primer momento hubo otras actitudes inapropiadas que tiñeron de extremismo la respuesta gubernamental:
— Atribuir los hechos a un intento de alzamiento contrarrevolucionario acorde a un plan subversivo forjado en el exterior y coordinado a través de las redes sociales, en lugar de reconocerlo como un estallido social impulsado por causas inmediatas —incremento exponencial de los enfermos de Covid-19, alta inflación y aumento del costo de la vida como resultado de la «Tarea Ordenamiento», cortes eléctricos y mantenimiento por el gobierno de Biden de las medidas reforzadoras del bloqueo de su predecesor Trump— y mediatas: no aplicación de las reformas anunciadas tres lustros antes, sumada a la discriminación política y la falta de libertades propias del modelo de socialismo burocrático.
La posibilidad de un estallido social había sido anunciada en posts, artículos, entrevistas y ensayos, escritos dentro y fuera de Cuba; todos fueron ignorados por el Gobierno/Partido/Estado, renuente a tomar al menos medidas liberalizadoras de la economía que mitigaran las penurias de la población.
— La convocatoria del secretario-presidente Miguel Díaz Canel en comparecencia pública —donde se olvidó del Estado de Derecho proclamado en la Constitución 2019—, a que los comunistas y seguidores de la Revolución salieran a los espacios públicos a imponer el orden por la fuerza, según el antiguo lema: «La calle es de los revolucionarios».
Aunque fueron pocos los civiles que salieron a cumplir el reclamo presidencial, la respuesta de las fuerzas represivas fue airada. Al estilo de un régimen pretoriano in crescendo, tropas especiales del MINFAR y cadetes de las escuelas militares se unieron a la policía y a los agentes de Seguridad del Estado en el empleo de la fuerza.
— La suspensión del servicio de Internet en todo el territorio para evitar que se mostrara al mundo los acontecimientos en vivo.
— El apresamiento violento y la vejación bajo custodia de manifestantes detenidos; así como el irrespeto a sus familiares, que recorrieron en su busca, durante días, estaciones de policía, hospitales y prisiones.
Desde el lado de los manifestantes, el sentimiento más presente en aquellas jornadas fue el asombro en una doble condición: por una parte, fascinación ante su propio gesto de salir a la calle a gritar anhelos constreñidos, sin orden ni concierto; por la otra, estupefacción y temor ante el cariz que tomaron las cosas, tanto la magnitud de la protesta como la represión oficial.
No obstante la inexperiencia, espontaneidad y obstinación que marcaran la actuación de los indignados, existen principios universales que rigen la expresión del derecho ciudadano a protestar y que no deben ser ignorados si se pretende que los actos transcurran en un clima de paz. Entre ellos destaco dos que considero fundamentales: el carácter pacífico, a partir de una actitud de no violencia, principio rector de una conducta cívica; y la no internacionalización del conflicto, menos aún la apelación a una intervención extranjera.
-II-
A tenor con el principio de la no violencia, hay que reconocer que, independientemente de la justeza de los móviles que lanzaron a las calles a miles de ciudadano/as, actuaron mal los que atentaron contra coches de la policía, rompieron y saquearon tiendas en MLC y apedrearon instituciones gubernamentales —aunque el supuesto asalto al hospital de Cárdenas, tan publicitado en los primeros días, terminara siendo sobreseído y desapareciera de los medios oficiales.
Es evidente que la falta de prácticas cívicas callejeras afectó a todos los participantes. En Cuba, donde los desfiles multitudinarios solo ocurren para congratular al Gobierno/Partido/Estado, los ciudadanos no protestaban masiva y públicamente contra el régimen desde el Maleconazo de 1994, veintiséis años atrás. Pero las diferencias entre ambos hechos son notables.
Los ciudadanos no protestaban masiva y públicamente contra el régimen desde el Maleconazo de 1994.
El 5 de agosto de 1994, miles de personas salieron a manifestarse en Centro Habana y Habana Vieja y se cometieron actos vandálicos. El clima imperante era de agudización de la confrontación política por los efectos de la crisis del Período Especial y una fuerte influencia subversiva externa, evidenciada en el fomento al secuestro de embarcaciones y aeronaves para la emigración ilegal, y otras acciones violentas que habían provocado varias muertes.
La más relevante fue el intento de secuestrar el remolcador «13 de marzo» en la bahía de La Habana, y su posterior hundimiento tras chocar con lanchas guardafronteras que le cerraban el paso. En el fatal acontecimiento murieron ahogadas treinta y dos personas —veinte de ellas infantes—, y treinta y una fueron rescatadas. La atmosfera social estaba soliviantada por ánimos de violencia.
En 1994 la reacción gubernamental también fue reprimir violentamente las manifestaciones con grupos de respuesta rápida y policías de civil, aunque sin llegar a las sádicas golpizas del 11-J. La presencia de Fidel en el lugar de los acontecimientos terminó de aplacar los ánimos. Hubo centenares de arrestos; pero casi de inmediato fueron liberados y muy pocos llevados a juicio y encarcelados.
La Crisis de los Balseros (julio-septiembre) terminó cuando el Gobierno firmó un nuevo acuerdo con EE.UU. que amplió la emigración legal; asimismo, implementó un paquete de medidas liberalizadoras que incluían la creación del Mercado Libre Agropecuario y la ampliación de las ventas en USD.
En julio de 2021 no existía tal grado de agudización previa de la confrontación Gobierno-disidentes ni de la intromisión externa; sin embargo, se hizo evidente que los niveles de obstinación —en su acepción cubana de cansancio, agotamiento, agobio— de la ciudadanía, eran tan altos y masivos que las protestas no se circunscribieron a la capital, sino que ocurrieron en unas cincuenta y cinco ciudades y poblados a lo largo del país. En lugar del centro comercial citadino, los escenarios principales fueron poblados y barriadas pobres, que yacían en la penuria agravada por el confinamiento pandémico y los apagones, en medio de la canícula veraniega.
Por eso, y ante la ausencia en el año transcurrido de un informe público oficial sobre los hechos que aporte nuevos datos, reitero que lo ocurrido el 11-J fue una manifestación espontánea de la ira popular que ni siquiera puede catalogarse de sublevación. A contrapelo de la versión oficial, sostengo que sucedió precisamente porque no estaba planificada, ni hubo concierto entre cientos de personas, menos aún integración en un plan subversivo coordinado y dirigido desde el exterior para generar acciones de violencia a nivel nacional.
Su sesgo espontáneo y popular tomó por sorpresa a las autoridades y al propio pueblo. De otra forma, siendo el Servicio de Seguridad interna lo que mejor funciona en el país, difícilmente hubieran podido acaecer hechos como aquellos.
En los doce meses transcurridos, el Poder ha mantenido un alto nivel de represión sobre los manifestantes del 11-J. Este incluye un repertorio diverso de medidas punitivas: vigilancia y acoso a ellos y sus familiares, tratos abusivos, arrestos domiciliarios, arbitrarias detenciones y prohibiciones de salir de la casa y transitar. En octubre/noviembre, de manera extremista, el Gobierno se negó a conceder el permiso solicitado por actores de la sociedad civil para realizar una protesta pacífica en varias ciudades: la Marcha cívica por el cambio.
A su vez, el nuevo Código Penal, aprobado en marzo de 2022, fortaleció el arsenal represivo al reformular antiguos delitos contra el Estado como delitos hacia el orden constitucional, en pos de adulterar la aplicación del derecho a la libertad de expresión política. Así, añadió figuras que admiten una amplia gama de interpretaciones extremistas por parte de las autoridades, entre ellas:
— el deliberado «uso abusivo de los derechos constitucionalmente reconocidos, con fines de subvertir el orden político, económico y social de la nación»;
— «el financiamiento de la actividad contrarrevolucionaria, subversiva o cualquier otra que no esté legalmente establecida, a través de sujetos que la realizan en nombre de un gobierno, organizaciones de carácter internacional, no gubernamentales u otras»;
En particular, fue terrible para detenidos y familiares el momento de los juicios y la proclamación de las largas condenas aplicadas a la inmensa mayoría de los más de setecientos que aún permanecían en prisión a fines de año; condenados por delitos de tan difícil probatura como la sedición.
-III-
En el contexto histórico-cultural cubano, no puede ignorarse que el principio de la no internacionalización del conflicto interno adquiere un sentido agónico. El intento de radicalizar cualquier protesta social y presentarla como evidencia de que Cuba es un Estado fallido, incapaz de mantener el orden interior, peligroso para la seguridad regional y, en consecuencia, merecedor de una intervención internacional humanitaria, debería ser inadmisible para cualquier patriota, independientemente de su sesgo ideológico.
El 11-J, la manifestación actual del viejo Síndrome de la Enmienda Platt: el mantra extremista de «la intervención humanitaria», fue repetido por diferentes agencias, políticos y cibernautas, e inundó las redes sociales. También brotó desde la Isla, unas veces por radicalismos ideológicos y otras al calor de la represión violenta y la difusión de imágenes y narraciones de los excesos cometidos.
La cuestión esencial es que el viejo conflicto entre los cubanos que —independientemente de sus ideas políticas y opinión sobre el gobierno— defienden la independencia y soberanía nacionales, y los que apuestan por la dependencia política respecto a EE.UU., continua vivo tras siglos de existencia. Los que rechazamos el actual modelo de socialismo estatizado, burocrático y militarista, al tiempo que defendemos el derecho de la Isla a la autodeterminación y la soberanía, hemos de lidiar con este fantasma una y otra vez.
Si bien es cierto que el Gobierno/Partido/Estado lo blande como anatema frente a cualquier crítica y/o disidencia, también lo es que destruir al régimen cubano por la fuerza de una intervención militar es una variante presente en el repertorio de opciones, no solo de sectores importantes del US Goverment, sino también de muchos cubanos opositores, tanto emigrados como residentes en la Isla.
Los radicales que prefieren, antes de soportar una Cuba socialista, verla destruida, masacrada y ocupada militarmente por fuerzas extranjeras, asumen una actitud no solo extremista en lo ideológico, sino profundamente antinacional. La historia de dos siglos de luchas del pueblo cubano por constituir una república independiente, ha costado sacrificios sin parangón para venir a terminar en un holocausto cuando el modelo obsoleto de socialismo estatizado no da para más. Solo una invasión extranjera y la consecuente guerra popular de resistencia podrían reservar a este régimen fracasado un final tan heroico e inmerecido como ese.
Por demás, los que clamaron ese día por la intervención humanitaria no deben hacerse ilusiones. La prioridad del actual gobierno norteamericano es disminuir la emigración masiva ilegal y lo menos que desea es una guerra en su inestable frontera sur. El propio Bob Menéndez dejó establecido que aquel país no pretendía intervenir ni permitir un éxodo masivo. Las soluciones tendrán que ser encontradas y aplicadas entre cubanos.
-IV-
El Gobierno/Partido/Estado debe garantizar la gobernanza y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales a todos los ciudadanos en un entorno de civilidad. Para ello es fundamental la implementación de mecanismos legales encaminados a la organización de actos de protesta y la protección a los participantes. Si a un año del 11-J el artículo constitucional que establece el derecho a las manifestaciones públicas ni siquiera ha sido habilitado, es porque no existe voluntad estatal de aprobar normas al respecto.
Cuando se proclamó la Constitución en 2019, el Decreto Ley del Consejo de Estado sobre derechos de manifestación y reunión —que regularía el mecanismo para la autorización y realización de manifestaciones y reuniones—, se programó para septiembre 2020. Llegada esta fecha, se planteó que no se aprobaría por la pandemia. Sin embargo, se oficializaron otras normas ligadas a la organización del aparato estatal que ni siquiera estaban en el cronograma inicial. De haber contado con un instrumento legal como este, el pueblo del 11-J quizás hubiera planteado sus demandas en un clima de libertad y tolerancia y no hubiera existido espacio para la violencia callejera y las detenciones masivas.
Por otra parte, a un año del 11-J continúan sin ejecutarse con celeridad una serie de reformas plasmadas en importantes documentos del Partido y el Estado y aprobadas por la voluntad popular. Algunas son leyes programadas por la propia Constitución 2019 y postergadas una y otra vez, como la de Reclamación de los derechos constitucionales ante los Tribunales; otras, como la creación de las mpymes, ya fueron proclamadas, pero su aplicación se dilata absurdamente, a través de un proceso que incluye la aprobación del Consejo de Ministros.
Lo más preocupante en este primer aniversario del estallido social, es que el verano 2022 promete ser aún más difícil que el anterior. La espiral inflacionaria provocada por la «Tarea Ordenamiento» ha alcanzado cifras inimaginables impulsadas por los pobres resultados productivos en las ramas agropecuaria e industrial, la caída de las importaciones y la crisis mundial provocada por la guerra en Ucrania.
La extensión imparable del uso de divisa extranjera —mediante tarjetas MLC, VISA o MASTERCARD—, introduce una distorsión en los mercados que deteriora sin freno el valor del peso cubano y, con él, de los ingresos de las familias trabajadoras. De ahí que la pobreza alcance ribetes extremos en numerosas comunidades urbanas y rurales. Recientemente, manifestaciones airadas en las redes sociales de madres y padres que reclamaban sus derechos conculcados –tanto políticos como económicos−, y la amplia aceptación social que ellas logran, muestran los altos niveles de radicalización alcanzados por amplios sectores sociales.
Ojalá las voces que claman por un diálogo nacional, por la liberalización de la vida económica, la sociedad civil y las opiniones políticas; sean más fuertes que las de los extremistas, de ambos bandos, que se atrincheran en la defensa a cualquier costo de sus dogmas anacrónicos. Es hora de organizar un gran debate nacional con la presencia del Gobierno y actores de la sociedad civil para reorientar los destinos de Cuba hacia una sociedad más plural, democrática y participativa; acorde al modo de producción mixto que se promueve y a los derechos plasmados en la Constitución 2019.
Al odio y la soberbia de los extremismos de cualquier signo político-ideológico, ha de imponerse la voluntad de la mayoría para acabar de sacar a nuestro pueblo de esta sima de odio en la que nos vamos precipitando. El país no es de un grupo particular. Sus campos y ciudades, calles y plazas, no son del Partido/Gobierno/Estado y de los que los respalden: son públicos; es decir, de todo el pueblo cubano.
