La pandemia de Covid-19 colocó al mundo ante una situación terrible. La crisis es global y sus consecuencias serán perdurables. Muchos argumentan, con razón, que las lecciones de esta época imprimirán cambios de toda índole a nivel mundial en las relaciones humanas, culturales, laborales y políticas.

Cuba no es una excepción. Soportar los embates de la pandemia ha tenido un costo altísimo para las personas, las familias y el Estado. Sin embargo, en nuestro caso, la epidemia encontró a la Isla en uno de sus peores momentos, tanto a nivel económico, como social y político.

En este texto examinaré los dos primeros ámbitos, en un próximo enfocaré la cuestión política. Me apoyaré para ello, sobre todo, en publicaciones del equipo de articulistas de LJC, que hemos acompañado desde nuestros análisis, con  objetividad, responsabilidad y civismo, a la sociedad cubana.

-I-

Mucho antes de que el virus apareciera, la situación en Cuba era en extremo complicada. El desgaste del modelo de socialismo burocrático es de vieja data, y —dado el más elemental sentido de discernimiento—, requería cambiarse desde que ocurrió el derrumbe del campo socialista. Tenemos treinta años de retraso. De hecho, las reformas anunciadas por Raúl Castro en julio de 2007, casi quince años atrás, ya estaban rezagadas. Por si fuera poco, su demora en aplicarse en unos casos, y su no implementación en la mayoría, generarían resultados fatales. Nuestra burocracia dirigente nunca imaginó que un murciélago pudiera ser su más implacable catalizador.

Un artículo que escribí el último día del 2018 me permite recordar que no necesitábamos de la pandemia para ir cuesta abajo:

«Otro año concluye y con él las esperanzas de que la situación económica de los cubanos mejore. A mediados del 2017 el anterior presidente del Consejo de Estado y de Ministros explicó que la economía decrecería en el segundo semestre de ese año y aún para el primero del 2018, pero que después de esa fecha se apreciaría una recuperación en los suministros y una tendencia hacia la mejoría.

Nuestro gobierno, una vez más, ha sido incapaz de un vaticinio correcto en el corto plazo. Los pronósticos del 2018 fueron particularmente erróneos y pendulares. Si el verano comenzó con una campaña totalmente enajenada del contexto insular, donde se le pedía a la familia cubana que disfrutara Cuba con alegría; el año casi finaliza y sabemos que la economía apenas creció un 1%, y en las reuniones del presidente Díaz-Canel con el Consejo de Ministros se ha insistido en que van a disminuir todavía más las importaciones.

Diciembre, que debería ser un mes alegre, se torna sombrío. La escasez de harina ha reducido la producción de pan y existen largas colas en las panaderías; el precio de la carne de cerdo asciende por días en un mes de tradicional aumento de la demanda, y ya es exorbitante; el importe de los vegetales es tal, que parecen cosechados en invernaderos del ártico para ser vendidos en el trópico; el detergente y el aceite son acaparados, pues vox populi dice que los proveedores vietnamitas de detergente no garantizan el producto hasta que no se les pague lo adeudado, ¿será cierto?».

El 2019 no sería mucho mejor. Nuestros medios lo anunciaban, apenas comenzado, como un año «de grandes desafíos». Casi en los meses finales se produjo una semiparalización del país, denominada eufemísticamente «situación coyuntural» por el presidente Miguel Díaz-Canel. Todos sabíamos que era una crisis estructural y sistémica. 

Cuba no es ya una nación eminentemente agrícola, como fuimos durante casi toda nuestra historia, en la actualidad no logramos producir alimentos para el sustento de una población que, lejos de crecer, disminuye de manera constante; mucho menos para exportar. Aunque no éramos un país industrializado, al menos tuvimos una industria base como la azucarera, que generaba cadenas productivas, alimento para las personas y el ganado y energía renovable.

Como bien ha fundamentado el economista Juan Triana, investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana, la pérdida de esa industria afectó el desarrollo de diversos sectores asociados que se nutrían de ella:

«(…) además de azúcar, la industria de la caña puede producir energía, alcohol, CO2, levaduras —Torula forrajera y Saccharomyces, que nos permitiría sustituir la importación de alimento para pienso— tableros y composites de bagazo —ahora que necesitamos tanta madera para la construcción— sorbitol, bioestimulantes, productos químicos industriales, furfural y alcohol furfurílico, biofertilizantes, azospirillum, azotobacter y rizobium, compost, residuales líquidos, herbicidas, medicamentos de uso humano y animal, y alimento humano».

La decisión de desmontar la industria del azúcar, anunciada hace dos décadas —en abril de 2002—, bajo la fórmula: «reestructuración azucarera», fue uno de los mayores desastres económicos de la historia nacional. Nos convertimos, de un país exportador, en importador de azúcar.

La industria nacional, como explica el economista cubano Mauricio de Miranda, profesor titular de la Universidad Javeriana de Cali, en «El “modelo” económico cubano y la persistencia del subdesarrollo», está colapsada: «Muestra de ello es que muchas empresas industriales estatales se encuentran paralizadas por obsolescencia tecnológica y/o escasez de materias primas, mientras las exiguas divisas en manos del Estado impiden las inversiones necesarias para relanzar el sector industrial».

Nuestros paisajes, llenos de cañaverales, devinieron terrenos desatendidos donde no se distinguían los sembrados ni el ganado. En un artículo aparecido en el periódico Granma en diciembre de 2002, el periodista Juan Varela Pérez informaba sobre una intervención de Ulises Rosales del Toro, entonces ministro de la Industria Azucarera, en el Parlamento:

«Varios diputados preguntaron sobre las perspectivas del MINAZ en el uso de las tierras liberadas de caña y la producción de alimentos. Para cumplir esta misión, puntualizó Rosales del Toro, se trabaja desde mayo último, junto a otros organismos e instituciones, en varios subprogramas y esperamos, dijo, emplear óptimamente los recursos disponibles en beneficio de la alimentación del pueblo».

Otra meta incumplida. La burocracia cifraría sus esperanzas en el desarrollo del turismo y en la exportación de servicios profesionales, dos rubros fluctuantes ante influencias geopolíticas y altibajos globales.

La pérdida de la preferencia electoral por algunos gobiernos de izquierda en Latinoamérica, la crisis en Venezuela y la consiguiente disminución del suministro de petróleo a Cuba, el arreciamiento de la hostilidad de los gobiernos norteamericanos y el aumento del bloqueo, junto a la pandemia de Covid-19; han demostrado que una economía eminentemente de servicios es un error garrafal para un país como el nuestro, tan dependiente de alianzas ideológicas.

En los últimos años, la estructura de inversiones en Cuba se tornó asimétrica. El turismo devoró sumas millonarias materializadas en más hoteles, ya no solo en playas sino en ciudades, cada vez más lujosos y confortables, destinados a un sector de turistas de alto nivel adquisitivo. Mientras tanto, se invertía menos en sectores claves como agricultura, salud, educación y ciencia. Se disminuían los gastos sociales y la industria de medicamentos era incapaz de sustentar las necesidades crecientes de sectores poblacionales envejecidos y estresados, en un país donde los hipertensos y los diabéticos proliferan.

En su exhaustivo reportaje sobre la crisis de medicamentos en Cuba, el periodista José Manuel Pérez Rubines nos dice: «El Portafolio de Inversiones de BioCubaFarma 2018, último publicado, (…) propone una inversión en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel para erigir una planta con capacidad productora de 5 mil millones de unidades». No obstante, aclara que tales datos «tienen una antigüedad de tres años, por lo que habría que constatar si el proyecto de construcción de la planta productora de medicamentos se concretó».

Todo parece indicar que no se hicieron las inversiones comprometidas, pues, según cifras ofrecidas por el periodista: «en febrero de 2020, un mes antes de que se detectara el primer caso de Covid-19 en la Isla, el reporte arrojaba un faltante de 78 fármacos; en marzo, 86; en abril, 98; en mayo, 94; en junio, 85; en julio, 88; en agosto, 84; en septiembre, 93; y 80 en octubre, fecha de su última publicación».

Si bien Raúl Castro ocupó la presidencia interina del Consejo de Estado y de Ministros desde 2006 —cuando enfermara su hermano Fidel—, y lanzó su proyecto de reformas en el 2007, durante el primer acto por el 26 de julio en que fungiera como tal; no fue hasta su nombramiento/elección oficial como presidente del Consejo de Estado, en febrero de 2008, que empezó a enfatizar en la necesidad de recortar gastos y «gratuidades indebidas».

Tal proceso fue paulatino pero expedito. Si en casi todo el resto del paquete de reformas hubo pausas, aquí sí se actuó con prisas. Entre 2016 y 2020, la inversión en Salud y Asistencia social disminuiría en dos tercios: de 232,6 a 84,5 millones de pesos.

En consecuencia, aumentaron en esos años la pobreza y la desigualdad. Parámetros exitosos hasta los ochenta, como la «tasa de mortalidad», con tendencia a la disminución —aunque con un repunte durante la crisis de los noventa—, comenzaron a crecer nuevamente. En el análisis de la variación de ese parámetro en Cuba, Mario Valdés Navia explica que «entre 2007 y 2008 se produjo un salto de 4 496 fallecidos, al incrementarse de 81,927 a 86,423. Otro pico ocurrió desde 2016 al 2017, cuando la cifra de decesos escaló de 99,388 a 106,949, es decir, 7561 fallecimientos más».

A partir de entonces ha continuado en ascenso. En 2020 resultaron 112,441 muertes. Esto significó 32,779 más defunciones que en el peor año del Período Especial —1996—, cuando fallecieron 79,662 cubanos y cubanas.

El investigador relaciona este aumento de la TM con dos aspectos: «por un lado, la falta de mantenimiento de los hospitales, reducción de servicios municipales en muchas provincias, y escasez de medicinas, insumos y equipamiento; por otra, el crecimiento de la desigualdad y pobreza en los sectores más vulnerables de la sociedad cubana».

Uno de los servicios hospitalarios afectados fue el de obstetricia. En marzo del 2019, a raíz de la celebración del X Congreso de la FMC, apunté que no se evidenció en las sesiones una preocupación real por las condiciones de las mujeres cubanas al no mencionarse siquiera:

«La desaparición de los programas de atención obstétrica en los municipios donde existían, al menos es lo que ha ocurrido en la provincia de Matanzas, y su concentración en el hospital de la cabecera provincial. Esto ha generado un gran hacinamiento, a pesar del traslado del centro para otro más amplio, y las familias que viven lejos de la ciudad deben desembolsar de la ya precaria economía doméstica para sufragar gastos de transporte».

Evidentemente en todas las provincias aconteció algo parecido, y aunque el aumento de la mortalidad infantil y maternas, dadas a conocer hace pocos días, se relacionó con muertes por Covid-19, habría que profundizar más. Las cifras muestran una mortalidad infantil de 7,6 por cada mil niños nacidos vivos. Esto indica un crecimiento de 55,1% en comparación con el año 2020 (4,9 por cada mil) y de 91,77% con el 2018 (3,9 por cada mil).

La mortalidad materna fue aún superior: 175 defunciones por cada 100 000 nacidos vivos, que significa un incremento del 341%. La pandemia influyó indudablemente, eso se conoce, pero ¿cuánto lo hizo el inicio inesperado de un parto complejo lejos de servicios especializados?, ¿cuánto se deben los niños de bajo peso al nacer o prematuridad, a la desnutrición en algunos casos y a la falta de tratamientos prenatales y vitaminas para las embarazadas?       

En el análisis de Mario Valdés, también se expone que el recorte en la inversión de salud ocurrió precisamente en etapas en que los ingresos por exportación de servicios médico-farmacéuticos fueron la principal fuente de divisas del país, por encima del turismo (2006-2018). Es lógico entonces que arribe a esta conclusión: «Todo indica que una parte sustancial de estos ingresos, lejos de consagrarse a modernizar el sector sanitario, fueron destinados a la inversión en el turismo, rama que apenas cubre sus ingresos por el alto índice de valor importado que tiene por peso de producción». 

Un sector vulnerable en todos estos años fueron los asistenciados. Así lo expresa el profundo reportaje «El ordenamiento de la resistencia», de la estudiante de periodismo Karla R. Albert. En él se cita a Carmelo Mesa-Lago, economista cubano y catedrático por la Universidad de Pittsburg, que apunta que el valor de las pensiones entre 1989 y 2018, respecto a los precios, había descendido a la mitad ajustado a la inflación. ¿Cuánto representará ese valor actualmente?

En Cuba es difícil acceder a datos estadísticos sobre la pobreza, pues no existen cifras oficiales. Pero la socióloga cubana Mayra Espina, especialista en el tema, afirma que en La Habana el índice de pobreza ascendió del 6 al 20% entre 1988 y el 2002. Podemos imaginar la situación actual.

Ante esto se debió ampliar la asistencia social para proteger a la población vulnerable, sin embargo, como sostiene Karla en su trabajo, «ocurrió lo contrario»: «Entre 2006 y 2018, el gasto del presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo de 2.2% a 0.3%, mientras que el número de beneficiarios como proporción de la población decreció de 5,3% a 1,6%».

Ello se explica mayormente, según Mesa-Lago, «por el lineamiento aprobado en el VI Congreso del PCC en 2011 que terminó la asistencia social a los asistidos con una familia capaz de ayudarles».

La ley de presupuesto para 2011 evidenció el deterioro marcado de los indicadores asistenciales entre 2009 y 2010. El número de beneficiarios se redujo en un 61% en comparación con el 2005, y como porcentaje de la población total, pasó del 5,3% al 2,1%. En el propio 2010 se recortaron 237 millones de CUP por «depuración de beneficiarios».

Los jubilados constituyen otro sector vulnerable, que fue creciendo sostenidamente ante el envejecimiento poblacional. Actualmente existen alrededor de 1,7 millones de personas en esa condición. El economista Mauricio de Miranda dedicó su artículo «Los jubilados de la Revolución» a las medidas tomadas respecto a este sector. Demuestra ahí el desfase considerable del sistema pensional cubano frente al incremento sostenido del costo de la vida y concluye que las pensiones actuales son «insuficientes e injustas» y condenan a la pobreza.

¿Cómo entender estos inmensos recortes? Entre 2009 y 2017, la normalización de la deuda externa del país —declarada como «impagable» por Fidel durante años— tuvo un elevado costo, ya que su servicio alcanzó alrededor de 23,000 millones, lo que, como concluye Valdés, «limitó objetivamente la posibilidad de elevar el monto de las inversiones y el consumo con recursos públicos».

A ello se suma que a finales de 2015 Cuba renegoció su deuda con el Club de París, congelada desde hacía más de tres décadas. Se logró la condonación de 8.500 millones y el compromiso del gobierno de desembolsar 2.600 millones en dieciocho años para acceder a créditos.

Encaminados a cumplir estas obligaciones, desde el propio 2009 comenzó una política de ajustes que contrajo al sector estatal y redujo drásticamente su presupuesto de gastos e importaciones. A la par, disminuyó la oferta de bienes de consumo en el mercado interno, en particular los alimentos, al no realizarse en la secuencia lógica las reformas concebidas y prometidas, que debían estimular a los productores nacionales a sustituir importaciones.

Al unísono, se decidieron medidas que afectaron la alimentación pública. Una de las peores fue el cierre de los comedores obreros, iniciada en 2009 y generalizada al siguiente año. Solo en sectores específicos se sustituyó por el pago de un estipendio monetario.

Tres millones y medio de personas fueron afectadas por el cierre de 24 mil comedores obreros. La mayor parte de los cubanos debió llevar sus alimentos al trabajo… si podían hacerlo. Un factor agravante fue que también en 2009 se echó por tierra una conquista obrera que había establecido la edad de jubilación laboral en 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. Desde entonces fueron aumentados cinco años en cada categoría de género. Es decir, personas más envejecidas dejaron de contar con la seguridad de su almuerzo. 

Raúl Castro había dicho en agosto de 2009, ante los diputados al Parlamento: «Hay subsidios para prestaciones sociales que son poco eficaces o, peor aún, hacen que algunos no sientan la necesidad de trabajar». Imagino que lo aplaudieron.

Apenas dos meses después, el 9 de octubre de 2009, el periodista Lázaro Barredo publicó en Granma el artículo «Él es paternalista, tú eres paternalista, yo soy paternalista…». Allí se quejaba de que «la Revolución fue desde sus inicios un torrente de justicia, que no siempre ha sido correspondido», y adjudicaba a la sociedad cubana una serie de «vicios o costumbres» que impedían «que nuestro proyecto socialista salga adelante», uno de ellos era: «El síndrome del pichón: andamos con la boca abierta porque buena parte de los mecanismos que hemos diseñado están concebidos para que nos lo den todo (…)».

Iniciaba la tendencia, hoy en su clímax, de culpar al pueblo por los resultados de las políticas erróneas, las pésimas decisiones y la ineptitud de la burocracia dirigente.

Muchos de nuestros políticos, y también algunas personas de buena fe, recuerdan con nostalgia el trienio del deshielo con Obama, entre 2014 y 2016, y aseguran que si al menos se quitaran las más de 243 medidas tomadas por Trump y mantenidas por Biden, la economía cubana enrumbaría un sendero exitoso. Pero las estadísticas hablan de una década perdida para la economía cubana que se extiende desde 2010 a 2020 y de un deterioro del pacto social del Estado con la ciudadanía que viene de antes. Trump asumió el poder en 2017, sería injusto atribuirle toda la responsabilidad.

-II-

Puestos entonces entre la espada y la pared, y ya en medio de la pandemia, nuestra burocracia decidió agilizar las cosas. Se habían perdido catorce años. O en realidad veintinueve. En diciembre de 2020 fue anunciada la «Tarea Ordenamiento», a comenzar en enero de 2021.

En su fugaz alocución televisiva del 11 de diciembre, sentado al lado de un silencioso primer secretario del Partido que muy pronto entregaría el mando —dudoso honor ante lo que se avecinaba— el presidente resaltó que «este proceso se propone ofrecer a los cubanos mayor igualdad de oportunidades, a partir de promover el interés y la motivación por el trabajo».

Creo innecesario enjuiciar esa declaración a la altura de los resultados que el Ordenamiento ha ocasionado. Solo citaría lo dicho al respecto por el investigador Mario Valdés: «Es penoso constatar cuánto tiempo se perdió entre los años 2011 y 2018 para reposicionar al peso cubano como divisa nacional y en qué momento tan difícil se decidió ejecutar la “Tarea Ordenamiento”».

Si la extensión de la pobreza y la desigualdad eran innegables desde antes de Trump y la pandemia; la determinación de abrir, en medio de esta crisis, comercios donde únicamente pueden adquirir productos —muchos de ellos de fabricación nacional— los poseedores de dólares y divisas, en ausencia además de otros aseguramientos en moneda nacional, ha creado un abismo de penurias, injusticia y corrupción en la sociedad cubana.

Ya el Informe Central al VIII Congreso del PCC, celebrado en abril de 2021, develó con toda crudeza que los objetivos fundacionales de la Revolución socialista molestaban a los intereses reales de la burocracia. En el artículo «La despedida de Raúl Castro» cuestioné su discurso, que mostró irritación, inflexibilidad y sobre todo, una falta tremenda de empatía.

Según Raúl en el informe: «La economía cubana en los últimos cinco años ha mostrado capacidad de resistencia frente a los obstáculos que representa el recrudecido bloqueo»; cuando debió reconocer que son las cubanas y cubanos los que hemos mostrado una heroica capacidad de resistencia, no solo contra el bloqueo, sino contra los errores, la lentitud y el dogmatismo de los que determinan la política económica en Cuba.

Convocó también a «borrar de nuestras mentes prejuicios del pasado asociados a la inversión extranjera y asegurar una correcta preparación y diseño de nuevos negocios con la capacitación del capital extranjero». Tales prejuicios fueron impuestos por la misma clase burocrática que hoy nos pide un cambio de mentalidad. Seguramente piensa que debemos borrar otras cosas, como el rechazo —del que nos enorgullecíamos—, al crecimiento de la desigualdad social.

La crítica del anciano político a la «cierta confusión» de algunos cuadros que alertaron de la «supuesta desigualdad» creada por la comercialización dolarizada en Cuba, desconoció un problema de primera magnitud que ha generado lo que Mario Valdés denominó, con amarga ironía, «un malestar general».

El modelo cubano actual, como argumenta De Miranda en su artículo «El “modelo” económico cubano y la persistencia del subdesarrollo», solo conduce a la persistencia del subdesarrollo y al mantenimiento de la pobreza generalizada. Nada diferente a eso hemos tenido en las últimas tres décadas.

-III-

El principal eslogan del presidente Miguel Díaz-Canel desde su llegada al gobierno ha sido presentarse como «continuidad». Pero claramente no se trata de continuidad respecto a los objetivos sociales fundacionales de la Revolución, sino de una prolongación del proceso de ajustes que se apartó de esos objetivos. En el momento en que fue designado como presidente del país, le dediqué un artículo, «El verdadero cambio», en el cual lo exhortaba:

«(…) rechacemos tanto las gratuidades indebidas, que no sabemos a ciencia cierta cuáles son, y aboguemos por el control y la participación de los trabajadores en las decisiones y en la gestión de los planes de producción. Abandonemos los privilegios con que vive la casta burocrática, empresarial y política, para que sintiéndose más cerca del pueblo, y en condiciones similares, se apresure en lograr resultados. En fin, más prisa y menos pausas. Ese es el verdadero cambio que necesitamos».

En el año que acaba de concluir se cumplieron treinta y cinco del anuncio del Proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, veintisiete de la dualidad monetaria (en su primera temporada), veintiséis de la creación del holding Gaesa, catorce del estreno del Proceso de actualización de la economía cubana, diez de la puesta en marcha del experimento interminable de Artemisa y Mayabeque y ocho de que se aprobara el decreto de creación de la zona de desarrollo del Mariel.

Ahora será el año I de la indicación de Raúl Castro para la salvación de la industria azucarera. Nos movemos sí, pero en un enorme círculo de consignas, proyectos y planes incumplidos, en el cual se desgastan generaciones, se frustran proyectos vitales y se separan familias. Desde hace tres años mueren en Cuba más personas que las que nacen. El círculo ha devenido órbita de extinción y para ese mal no se crean vacunas, como para la Covid-19.

Como explica Mauricio de Miranda: «El caso cubano ejemplifica la persistencia de un modelo económico con pésimos resultados en términos de prosperidad y bienestar, al punto de mantener la vida de la mayor parte de la población en constante lucha por la subsistencia cotidiana».

Igual a lo acontecido en otras experiencias del «socialismo real», en las que un partido único y antidemocrático usurpó el poder popular, la burocracia en Cuba paulatinamente se ha convertido en una clase, con modo de vida muy diferente al de la mayor parte de la ciudadanía, lo que es evidente entre sus retoños más nuevos. Con razón Mario Valdés la denominó «la burocracia conquistadora».

Es una clase que no desea perder ningún privilegio político que le impida el derecho a administrar la propiedad que legalmente se reconoce como social, pero que no logra transitar felizmente caminos de reforma, todos se van cerrando al final sin conseguir los objetivos propuestos.

La existencia de una clase de burócratas debe ser considerada también teniendo en cuenta su actitud ante la agudización de la crisis económica. ¿Cuál es su propuesta concreta para sumarse a la austeridad y al ahorro que tanto le piden al pueblo?

Es muy cierto lo que afirma en su texto «Ellos y nosotros, sus hijos y los nuestros…» la doctora e investigadora cubana Ivette García: «Una clase que no rinde cuentas, que no declara su patrimonio personal, que tiene un enemigo externo al que puede culpar de todo, que controla los medios, mantiene oculta su vida privada y no precisa del voto popular; no siente compromiso más que con ella misma. Puede construir un capitalismo de la peor especie y vestirse con desfachatez de socialista para la escena pública».

En Cuba existe un enorme aparato de dirección, partidista y estatal, que lejos de disminuir tiende a incrementarse. Un país empobrecido como el nuestro, cuya economía prácticamente no crece desde hace casi una década, no puede mantener tal derroche de recursos materiales y humanos al sostener dos formas de dirección, una que orienta y otra que gobierna.

No necesitamos que la doctora Mariela Castro, directora del CENESEX, nos pida más sacrificio; ni que el presidente Díaz-Canel ofrezca construir un monumento al pueblo. Precisamos que los que dirigen este país se hagan responsables de sus errores, que rindan verdadera cuenta de las finanzas públicas, que informen con transparencia de las decisiones relativas, por ejemplo, al pago de la deuda externa; y sobre todo, exigimos que sea la ciudadanía la que decida si pueden permanecer en sus cargos mediante elecciones generales y secretas para todos los altos cargos públicos.

La intención explícita de los cambios en Cuba, es que «las transformaciones que prevén los Lineamientos y el Modelo son económico-sociales, no políticas».[1] Eso precisamente ha hecho inviable a las reformas. Necesitamos transformaciones políticas, y con urgencia.

En su artículo «La realidad cubana actual y las lecciones de la historia», Mauricio de Miranda analiza cómo el derrumbe del socialismo en Europa Oriental demostró que «(…) cuando el liderazgo no está a la altura de las circunstancias; no evalúa objetivamente la realidad económica, política y social; no interpreta adecuadamente el sentir de la sociedad o de una parte de ella, se producen fracturas que conducen a protestas sociales. La represión de las mismas solo genera un agravamiento de los conflictos y estimula acciones violentas».

Una revolución, y los sacrificios que ella impone, se aceptan para cambiar y mejorar la vida de las personas. Los plazos para lograrlo no pueden ser eternos. Lo ocurrido el 11 de julio no fue, como afirma el gobierno, un golpe blando de mercenarios pagados desde el exterior, fue la reacción tardía de una parte del pueblo que no puede sufrir más los rigores de la pobreza y los ajustes de un semi-neoliberalismo con maquillaje socialista.

Fue el alarido de una ciudadanía que necesita cambios y seguridad en el futuro y que no confía en la clase burocrática que nos dirige hace demasiado tiempo. Los gritos de Libertad significan, primero que todo, libertad para elegir y sustituir a los corruptos, los ineficientes y los ineptos.

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[1] Martha Prieto (Profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de La Habana),  en la sección Controversia ¿Qué pasa con las leyes? Legislación, política y reordenamiento, en Temas, nros 89-90, enero-junio de 2017.