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Inversiones en el primer semestre de 2022: se repite el desbalance

por Redacción 22 septiembre 2022

escrito por Redacción

Con más de 10 mil 600 millones de CUP invertidos entre enero y junio de este año, los servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler —que incluyen lo relativo a la construcción de hoteles—, encabezan la lista de distribución sectorial de inversiones en Cuba, según los últimos datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El número, que en puntos porcentuales equivale al 33.8% del total de las inversiones ejecutadas (se reduce en 1.4% con respecto a 2021 y en casi 12% con respecto 2020), resulta alarmante si se compara con los fondos destinados a la actividad agrícola y ganadera, que en un contexto de marcada escasez, representa apenas un 2.6% del total del presupuesto invertido, es decir, unos 830 millones de CUP.

De acuerdo con un análisis del economista cubano Pedro Monreal, el peso relativo de la inversión en servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler fue menor que en el pico de 2020 (45,6%), pero sigue «siendo irracionalmente alto». En aquel entonces, el primero superó al segundo en 7.7 veces, mientras que ahora, la brecha asciende a 13 veces.

Entretanto, el turismo internacional en la mayor de Las Antillas reporta una tasa de ocupación media de 14.4, que si bien supera al 5.1 reportado en 2021, continúa en desventaja con la de 2020 (25.4) y los años precedentes.

(Tabla: El Estado como tal)

Mientras las inversiones centradas en actividades empresariales y turismo siguen acaparando los focos de prioridad, aún en contextos desfavorables para esas actividades económicas, sectores clave para el sustento y desarrollo del país reciben una atención insuficiente.

Al 2.6% de presupuesto destinado a la agricultura, ganadería y silvicultura, se suman unos exiguos 0.7% para la industria azucarera y 0.65% a la pesca, dos actividades que tributan de forma directa a la alimentación.

La superación de la crisis agropecuaria en el país requiere de mayores inversiones en el sector agrícola y de políticas económicas encaminadas a la producción y distribución efectivas. De acuerdo con Monreal, el sector agrícola necesita para su recuperación del 8% de la inversión nacional total, es decir, de 5 a 6 mil millones de pesos anuales.

22 septiembre 2022 8 comentarios 1k vistas

El pensamiento de «la vitrina»

por Esther Suárez Durán 27 abril 2022

escrito por Esther Suárez Durán

Mi familia, tanto paterna como materna, procede de Candelaria, Pinar del Río. Ciudad de no muchas almas —sobre todo en la tercera década del siglo pasado—, todos se conocían. Luego de trasladarse a la capital, siguieron con las bromas y los dichos que referían el lugar donde habían espigado. Cada vez que alguno de los jóvenes de la familia tenía un comportamiento fuera de «la norma», era costumbre sazonarlo con la frase burlona «¡Ay, qué dirían Las Lleras! ¡Y las Fernández!»… y por ahí desfilaban unos cuántos apellidos más.

En esa atmósfera de sana libertad, acompañada de una disciplina y exigencia que pasaban siempre por el arbitrio de lo razonable, tuve la dicha de crecer, acompañada desde muy pequeña de libros, tanto de los que me correspondían, como de aquellos otros que cada quien —todos los miembros de la familia— leía en sus ratos de ocio. En cuanto tuve edad, les eché mano para fisgonear y casi siempre iniciar mi lectura cuando alguno lo dejaba descansar ante la necesidad de sumergirse en las faenas del día.

Esta digresión únicamente responde a la necesidad de explicar cómo era capaz de lidiar esta familia con el tema, muy presente aún, del «qué dirán». Ese «qué dirán» bien pronto me lo eché a la espalda, ayudada sobre todo por un nuevo contexto espiritual en el que los adolescentes se separaban de la familia para irse a alfabetizar a parajes desconocidos, las parejas multirraciales proliferaban, Occidente proclamaba el amor libre, mis nuevos maestros de primaria eran jovencísimos y no ocultaban sus deseos de andar a la moda; entre muchísimos otros signos del período.

Pero, en algún momento, en algún instante del curso de la historia político-social del país, comencé a vislumbrar inconsecuencias a mi nivel de ciudadana común; a sentir cómo «la lista no jugaba con el billete». Fue entonces que apareció ante mí el concepto de la vitrina: no importa cómo estemos aquí adentro, lo que importa es la imagen que demos hacia afuera.

Espérate, ¿eso no tenía un tufito pequeño burgués? ¿No se parecía al circo que arma la Madrastra de Cenicienta, disfrazando con lo que no tienen a las Hermanastras? ¿Sería que, con el paso del tiempo, «Las Lleras y las Fernández» iban ganando?

La reflexión viene a propósito de esta edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. En ella hemos padecido la suspensión de importantes homenajes a autores de larga data por una supuesta ausencia de transporte, sin que se avise siquiera al homenajeado, ni mucho menos se le brinden las excusas de rigor.

Han ocurrido también presentaciones programadas de libros sin el conocimiento de sus autores; en otras presentaciones los ejemplares no han llegado, ante la indiferencia absoluta de las personas a cargo en las sedes; ausencia de agua (sea en botellas o en jarras), en las mesas en que intervienen presentadores y autores, dizque por falta de presupuesto; restricción de invitaciones —tanto diarias como permanentes— para acceder a la Feria, limitadas a autores con libros a presentar, presentadores y Premios Nacionales de Literatura…

Una parte de estas calamidades tiene por causa, según se expresa, la escasez del presupuesto. Si no estamos en condiciones de realizar un evento semejante, puesto que, como se ve, hay necesidades primarias que no pueden satisfacerse, ¿qué nos obliga a mal realizarlo? ¿Cuál es el costo subjetivo y espiritual de los dislates? ¿Acaso por subjetivo carece de importancia?

¿Para quiénes y para qué se hace la Feria? La ceremonia de inauguración de esta vez, y algunos otros datos, ya nos dicen que no es para los escritores, pero ese sería tema de fondo y merecería un debate colectivo. Entonces, ¿es que se realiza, sin importar las consecuencias, para que «afuera» o «el enemigo» vean que aquí, sin importar las reales condiciones en que se desarrollan nuestras vidas, nada se detiene, se pospone, se cancela, cambia sus dimensiones? ¿Tanto nos importa «el qué dirán»?

El presupuesto de donde sale todo, es el mismo que no alcanza para que tanto los centros hospitalarios como la población dispongamos de los medicamentos elementales. El mismo que hace cada vez más reducida nuestra dieta y precarios nuestros niveles nutricionales. El que acaba de obligar a subir, aún más, el costo de los materiales de construcción.

El que hace que ni zapatos ni ropa de ninguna especie estén al alcance del bolsillo del cubano común en los sistemas institucionales de tiendas desde hace décadas. El que mantiene el transporte público ausente de nuestras avenidas y calles, nos crea un grave problema si necesitamos acudir a un hospital en la noche y nos limita asistir a un centro cultural los fines de semana —sea el que fuere, puede tratarse de un teatro que culmina funciones a las nueve y treinta de la noche—, a menos que usted esté en condiciones de caminar los kilómetros que le separan de la zona que concentra estas ofertas.

Vitrina

Es el mismo que por años ha impedido que las cubiertas de nuestros libros —la literatura nacional— sean atractivas, cumplan con los estándares de competitividad del mercado foráneo y logren venderse en las ferias internacionales. El que nunca ha alcanzado para que los autores de trayectoria cuenten con promociones donde aparezcan sus fotos y obtengan el conocimiento del público. El que nos obliga a que los libros vuelvan a esperar en las editoriales —como sucedía en los setenta y ochenta— cinco años y más para ser publicados. El que dificulta que se les pague, digna y prestamente, los derechos a sus autores sin que medie ningún infeliz regateo.

Y no menciono otra esfera de actividad y de vida porque la relación sería interminable, además de que es ocioso hablar lo que bien se ha dicho y bien se sabe.

Sobre la feria habría mucho más que exponer. Un análisis a fondo y de conjunto, donde tomen parte personas honestas, con argumentos y experiencias concretas, sin temor a decir lo que piensan, aportaría muchísimo y podría retroalimentar a sus organizadores. Pero ya se ha visto que no existe real disposición a escuchar, mucho menos a intentar ir al fondo de los asuntos, motivo por el cual cada vez crecen la alienación y el desinterés social.

Por mi parte, yo confío en las reservas de mi pueblo. Creo en los cubanos. De un lado, tengo la dicha de conocer personas formidables de todas las edades de quienes me siento orgullosa y, del otro, soy una inveterada optimista.

Coherencia y consecuencia son dos virtudes elementales. Su presencia en nuestras vidas resulta imprescindible.

27 abril 2022 22 comentarios 1k vistas

Cuba, razones de una crisis

por Alina Bárbara López Hernández 6 enero 2022

escrito por Alina Bárbara López Hernández

La pandemia de Covid-19 colocó al mundo ante una situación terrible. La crisis es global y sus consecuencias serán perdurables. Muchos argumentan, con razón, que las lecciones de esta época imprimirán cambios de toda índole a nivel mundial en las relaciones humanas, culturales, laborales y políticas.

Cuba no es una excepción. Soportar los embates de la pandemia ha tenido un costo altísimo para las personas, las familias y el Estado. Sin embargo, en nuestro caso, la epidemia encontró a la Isla en uno de sus peores momentos, tanto a nivel económico, como social y político.

En este texto examinaré los dos primeros ámbitos, en un próximo enfocaré la cuestión política. Me apoyaré para ello, sobre todo, en publicaciones del equipo de articulistas de LJC, que hemos acompañado desde nuestros análisis, con objetividad, responsabilidad y civismo, a la sociedad cubana.

-I-

Mucho antes de que el virus apareciera, la situación en Cuba era en extremo complicada. El desgaste del modelo de socialismo burocrático es de vieja data, y —dado el más elemental sentido de discernimiento—, requería cambiarse desde que ocurrió el derrumbe del campo socialista. Tenemos treinta años de retraso. De hecho, las reformas anunciadas por Raúl Castro en julio de 2007, casi quince años atrás, ya estaban rezagadas. Por si fuera poco, su demora en aplicarse en unos casos, y su no implementación en la mayoría, generarían resultados fatales. Nuestra burocracia dirigente nunca imaginó que un murciélago pudiera ser su más implacable catalizador.

Raúl Castro en el acto por el 26 de julio en Camagüey, en el 2007.

Un artículo que escribí el último día del 2018 me permite recordar que no necesitábamos de la pandemia para ir cuesta abajo:

«Otro año concluye y con él las esperanzas de que la situación económica de los cubanos mejore. A mediados del 2017 el anterior presidente del Consejo de Estado y de Ministros explicó que la economía decrecería en el segundo semestre de ese año y aún para el primero del 2018, pero que después de esa fecha se apreciaría una recuperación en los suministros y una tendencia hacia la mejoría.

Nuestro gobierno, una vez más, ha sido incapaz de un vaticinio correcto en el corto plazo. Los pronósticos del 2018 fueron particularmente erróneos y pendulares. Si el verano comenzó con una campaña totalmente enajenada del contexto insular, donde se le pedía a la familia cubana que disfrutara Cuba con alegría; el año casi finaliza y sabemos que la economía apenas creció un 1%, y en las reuniones del presidente Díaz-Canel con el Consejo de Ministros se ha insistido en que van a disminuir todavía más las importaciones.

Diciembre, que debería ser un mes alegre, se torna sombrío. La escasez de harina ha reducido la producción de pan y existen largas colas en las panaderías; el precio de la carne de cerdo asciende por días en un mes de tradicional aumento de la demanda, y ya es exorbitante; el importe de los vegetales es tal, que parecen cosechados en invernaderos del ártico para ser vendidos en el trópico; el detergente y el aceite son acaparados, pues vox populi dice que los proveedores vietnamitas de detergente no garantizan el producto hasta que no se les pague lo adeudado, ¿será cierto?».

El 2019 no sería mucho mejor. Nuestros medios lo anunciaban, apenas comenzado, como un año «de grandes desafíos». Casi en los meses finales se produjo una semiparalización del país, denominada eufemísticamente «situación coyuntural» por el presidente Miguel Díaz-Canel. Todos sabíamos que era una crisis estructural y sistémica.

Cuba no es ya una nación eminentemente agrícola, como fuimos durante casi toda nuestra historia, en la actualidad no logramos producir alimentos para el sustento de una población que, lejos de crecer, disminuye de manera constante; mucho menos para exportar. Aunque no éramos un país industrializado, al menos tuvimos una industria base como la azucarera, que generaba cadenas productivas, alimento para las personas y el ganado y energía renovable.

Como bien ha fundamentado el economista Juan Triana, investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana, la pérdida de esa industria afectó el desarrollo de diversos sectores asociados que se nutrían de ella:

«(…) además de azúcar, la industria de la caña puede producir energía, alcohol, CO2, levaduras —Torula forrajera y Saccharomyces, que nos permitiría sustituir la importación de alimento para pienso— tableros y composites de bagazo —ahora que necesitamos tanta madera para la construcción— sorbitol, bioestimulantes, productos químicos industriales, furfural y alcohol furfurílico, biofertilizantes, azospirillum, azotobacter y rizobium, compost, residuales líquidos, herbicidas, medicamentos de uso humano y animal, y alimento humano».

La decisión de desmontar la industria del azúcar fue uno de los mayores desastres económicos de la historia nacional. Ruinas del Central Josefita. (Foto: José Manuel González Rubines)

La decisión de desmontar la industria del azúcar, anunciada hace dos décadas —en abril de 2002—, bajo la fórmula: «reestructuración azucarera», fue uno de los mayores desastres económicos de la historia nacional. Nos convertimos, de un país exportador, en importador de azúcar.

La industria nacional, como explica el economista cubano Mauricio de Miranda, profesor titular de la Universidad Javeriana de Cali, en «El “modelo” económico cubano y la persistencia del subdesarrollo», está colapsada: «Muestra de ello es que muchas empresas industriales estatales se encuentran paralizadas por obsolescencia tecnológica y/o escasez de materias primas, mientras las exiguas divisas en manos del Estado impiden las inversiones necesarias para relanzar el sector industrial».

Nuestros paisajes, llenos de cañaverales, devinieron terrenos desatendidos donde no se distinguían los sembrados ni el ganado. En un artículo aparecido en el periódico Granma en diciembre de 2002, el periodista Juan Varela Pérez informaba sobre una intervención de Ulises Rosales del Toro, entonces ministro de la Industria Azucarera, en el Parlamento:

«Varios diputados preguntaron sobre las perspectivas del MINAZ en el uso de las tierras liberadas de caña y la producción de alimentos. Para cumplir esta misión, puntualizó Rosales del Toro, se trabaja desde mayo último, junto a otros organismos e instituciones, en varios subprogramas y esperamos, dijo, emplear óptimamente los recursos disponibles en beneficio de la alimentación del pueblo».

Otra meta incumplida. La burocracia cifraría sus esperanzas en el desarrollo del turismo y en la exportación de servicios profesionales, dos rubros fluctuantes ante influencias geopolíticas y altibajos globales.

La pérdida de la preferencia electoral por algunos gobiernos de izquierda en Latinoamérica, la crisis en Venezuela y la consiguiente disminución del suministro de petróleo a Cuba, el arreciamiento de la hostilidad de los gobiernos norteamericanos y el aumento del bloqueo, junto a la pandemia de Covid-19; han demostrado que una economía eminentemente de servicios es un error garrafal para un país como el nuestro, tan dependiente de alianzas ideológicas.

En los últimos años, la estructura de inversiones en Cuba se tornó asimétrica. El turismo devoró sumas millonarias materializadas en más hoteles, ya no solo en playas sino en ciudades, cada vez más lujosos y confortables, destinados a un sector de turistas de alto nivel adquisitivo. Mientras tanto, se invertía menos en sectores claves como agricultura, salud, educación y ciencia. Se disminuían los gastos sociales y la industria de medicamentos era incapaz de sustentar las necesidades crecientes de sectores poblacionales envejecidos y estresados, en un país donde los hipertensos y los diabéticos proliferan.

(Gráfico: Pedro Monreal)

En su exhaustivo reportaje sobre la crisis de medicamentos en Cuba, el periodista José Manuel Pérez Rubines nos dice: «El Portafolio de Inversiones de BioCubaFarma 2018, último publicado, (…) propone una inversión en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel para erigir una planta con capacidad productora de 5 mil millones de unidades». No obstante, aclara que tales datos «tienen una antigüedad de tres años, por lo que habría que constatar si el proyecto de construcción de la planta productora de medicamentos se concretó».

Todo parece indicar que no se hicieron las inversiones comprometidas, pues, según cifras ofrecidas por el periodista: «en febrero de 2020, un mes antes de que se detectara el primer caso de Covid-19 en la Isla, el reporte arrojaba un faltante de 78 fármacos; en marzo, 86; en abril, 98; en mayo, 94; en junio, 85; en julio, 88; en agosto, 84; en septiembre, 93; y 80 en octubre, fecha de su última publicación».

Si bien Raúl Castro ocupó la presidencia interina del Consejo de Estado y de Ministros desde 2006 —cuando enfermara su hermano Fidel—, y lanzó su proyecto de reformas en el 2007, durante el primer acto por el 26 de julio en que fungiera como tal; no fue hasta su nombramiento/elección oficial como presidente del Consejo de Estado, en febrero de 2008, que empezó a enfatizar en la necesidad de recortar gastos y «gratuidades indebidas».

Tal proceso fue paulatino pero expedito. Si en casi todo el resto del paquete de reformas hubo pausas, aquí sí se actuó con prisas. Entre 2016 y 2020, la inversión en Salud y Asistencia social disminuiría en dos tercios: de 232,6 a 84,5 millones de pesos.

En consecuencia, aumentaron en esos años la pobreza y la desigualdad. Parámetros exitosos hasta los ochenta, como la «tasa de mortalidad», con tendencia a la disminución —aunque con un repunte durante la crisis de los noventa—, comenzaron a crecer nuevamente. En el análisis de la variación de ese parámetro en Cuba, Mario Valdés Navia explica que «entre 2007 y 2008 se produjo un salto de 4 496 fallecidos, al incrementarse de 81,927 a 86,423. Otro pico ocurrió desde 2016 al 2017, cuando la cifra de decesos escaló de 99,388 a 106,949, es decir, 7561 fallecimientos más».

A partir de entonces ha continuado en ascenso. En 2020 resultaron 112,441 muertes. Esto significó 32,779 más defunciones que en el peor año del Período Especial —1996—, cuando fallecieron 79,662 cubanos y cubanas.

Desde hace tres años mueren en Cuba más personas que las que nacen.

El investigador relaciona este aumento de la TM con dos aspectos: «por un lado, la falta de mantenimiento de los hospitales, reducción de servicios municipales en muchas provincias, y escasez de medicinas, insumos y equipamiento; por otra, el crecimiento de la desigualdad y pobreza en los sectores más vulnerables de la sociedad cubana».

Uno de los servicios hospitalarios afectados fue el de obstetricia. En marzo del 2019, a raíz de la celebración del X Congreso de la FMC, apunté que no se evidenció en las sesiones una preocupación real por las condiciones de las mujeres cubanas al no mencionarse siquiera:

«La desaparición de los programas de atención obstétrica en los municipios donde existían, al menos es lo que ha ocurrido en la provincia de Matanzas, y su concentración en el hospital de la cabecera provincial. Esto ha generado un gran hacinamiento, a pesar del traslado del centro para otro más amplio, y las familias que viven lejos de la ciudad deben desembolsar de la ya precaria economía doméstica para sufragar gastos de transporte».

Evidentemente en todas las provincias aconteció algo parecido, y aunque el aumento de la mortalidad infantil y maternas, dadas a conocer hace pocos días, se relacionó con muertes por Covid-19, habría que profundizar más. Las cifras muestran una mortalidad infantil de 7,6 por cada mil niños nacidos vivos. Esto indica un crecimiento de 55,1% en comparación con el año 2020 (4,9 por cada mil) y de 91,77% con el 2018 (3,9 por cada mil).

La mortalidad materna fue aún superior: 175 defunciones por cada 100 000 nacidos vivos, que significa un incremento del 341%. La pandemia influyó indudablemente, eso se conoce, pero ¿cuánto lo hizo el inicio inesperado de un parto complejo lejos de servicios especializados?, ¿cuánto se deben los niños de bajo peso al nacer o prematuridad, a la desnutrición en algunos casos y a la falta de tratamientos prenatales y vitaminas para las embarazadas?

En el análisis de Mario Valdés, también se expone que el recorte en la inversión de salud ocurrió precisamente en etapas en que los ingresos por exportación de servicios médico-farmacéuticos fueron la principal fuente de divisas del país, por encima del turismo (2006-2018). Es lógico entonces que arribe a esta conclusión: «Todo indica que una parte sustancial de estos ingresos, lejos de consagrarse a modernizar el sector sanitario, fueron destinados a la inversión en el turismo, rama que apenas cubre sus ingresos por el alto índice de valor importado que tiene por peso de producción».

Un sector vulnerable en todos estos años fueron los asistenciados. Así lo expresa el profundo reportaje «El ordenamiento de la resistencia», de la estudiante de periodismo Karla R. Albert. En él se cita a Carmelo Mesa-Lago, economista cubano y catedrático por la Universidad de Pittsburg, que apunta que el valor de las pensiones entre 1989 y 2018, respecto a los precios, había descendido a la mitad ajustado a la inflación. ¿Cuánto representará ese valor actualmente?

En Cuba es difícil acceder a datos estadísticos sobre la pobreza, pues no existen cifras oficiales. Pero la socióloga cubana Mayra Espina, especialista en el tema, afirma que en La Habana el índice de pobreza ascendió del 6 al 20% entre 1988 y el 2002. Podemos imaginar la situación actual.

Ante esto se debió ampliar la asistencia social para proteger a la población vulnerable, sin embargo, como sostiene Karla en su trabajo, «ocurrió lo contrario»: «Entre 2006 y 2018, el gasto del presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo de 2.2% a 0.3%, mientras que el número de beneficiarios como proporción de la población decreció de 5,3% a 1,6%».

Ello se explica mayormente, según Mesa-Lago, «por el lineamiento aprobado en el VI Congreso del PCC en 2011 que terminó la asistencia social a los asistidos con una familia capaz de ayudarles».

La ley de presupuesto para 2011 evidenció el deterioro marcado de los indicadores asistenciales entre 2009 y 2010. El número de beneficiarios se redujo en un 61% en comparación con el 2005, y como porcentaje de la población total, pasó del 5,3% al 2,1%. En el propio 2010 se recortaron 237 millones de CUP por «depuración de beneficiarios».

Los jubilados constituyen otro sector vulnerable, que fue creciendo sostenidamente ante el envejecimiento poblacional. Actualmente existen alrededor de 1,7 millones de personas en esa condición. El economista Mauricio de Miranda dedicó su artículo «Los jubilados de la Revolución» a las medidas tomadas respecto a este sector. Demuestra ahí el desfase considerable del sistema pensional cubano frente al incremento sostenido del costo de la vida y concluye que las pensiones actuales son «insuficientes e injustas» y condenan a la pobreza.

¿Cómo entender estos inmensos recortes? Entre 2009 y 2017, la normalización de la deuda externa del país —declarada como «impagable» por Fidel durante años— tuvo un elevado costo, ya que su servicio alcanzó alrededor de 23,000 millones, lo que, como concluye Valdés, «limitó objetivamente la posibilidad de elevar el monto de las inversiones y el consumo con recursos públicos».

A ello se suma que a finales de 2015 Cuba renegoció su deuda con el Club de París, congelada desde hacía más de tres décadas. Se logró la condonación de 8.500 millones y el compromiso del gobierno de desembolsar 2.600 millones en dieciocho años para acceder a créditos.

Encaminados a cumplir estas obligaciones, desde el propio 2009 comenzó una política de ajustes que contrajo al sector estatal y redujo drásticamente su presupuesto de gastos e importaciones. A la par, disminuyó la oferta de bienes de consumo en el mercado interno, en particular los alimentos, al no realizarse en la secuencia lógica las reformas concebidas y prometidas, que debían estimular a los productores nacionales a sustituir importaciones.

Al unísono, se decidieron medidas que afectaron la alimentación pública. Una de las peores fue el cierre de los comedores obreros, iniciada en 2009 y generalizada al siguiente año. Solo en sectores específicos se sustituyó por el pago de un estipendio monetario.

Tres millones y medio de personas fueron afectadas por el cierre de 24 mil comedores obreros. La mayor parte de los cubanos debió llevar sus alimentos al trabajo… si podían hacerlo. Un factor agravante fue que también en 2009 se echó por tierra una conquista obrera que había establecido la edad de jubilación laboral en 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. Desde entonces fueron aumentados cinco años en cada categoría de género. Es decir, personas más envejecidas dejaron de contar con la seguridad de su almuerzo.

Raúl Castro había dicho en agosto de 2009, ante los diputados al Parlamento: «Hay subsidios para prestaciones sociales que son poco eficaces o, peor aún, hacen que algunos no sientan la necesidad de trabajar». Imagino que lo aplaudieron.

Apenas dos meses después, el 9 de octubre de 2009, el periodista Lázaro Barredo publicó en Granma el artículo «Él es paternalista, tú eres paternalista, yo soy paternalista…». Allí se quejaba de que «la Revolución fue desde sus inicios un torrente de justicia, que no siempre ha sido correspondido», y adjudicaba a la sociedad cubana una serie de «vicios o costumbres» que impedían «que nuestro proyecto socialista salga adelante», uno de ellos era: «El síndrome del pichón: andamos con la boca abierta porque buena parte de los mecanismos que hemos diseñado están concebidos para que nos lo den todo (…)».

Iniciaba la tendencia, hoy en su clímax, de culpar al pueblo por los resultados de las políticas erróneas, las pésimas decisiones y la ineptitud de la burocracia dirigente.

Muchos de nuestros políticos, y también algunas personas de buena fe, recuerdan con nostalgia el trienio del deshielo con Obama, entre 2014 y 2016, y aseguran que si al menos se quitaran las más de 243 medidas tomadas por Trump y mantenidas por Biden, la economía cubana enrumbaría un sendero exitoso. Pero las estadísticas hablan de una década perdida para la economía cubana que se extiende desde 2010 a 2020 y de un deterioro del pacto social del Estado con la ciudadanía que viene de antes. Trump asumió el poder en 2017, sería injusto atribuirle toda la responsabilidad.

-II-

Puestos entonces entre la espada y la pared, y ya en medio de la pandemia, nuestra burocracia decidió agilizar las cosas. Se habían perdido catorce años. O en realidad veintinueve. En diciembre de 2020 fue anunciada la «Tarea Ordenamiento», a comenzar en enero de 2021.

En su fugaz alocución televisiva del 11 de diciembre, sentado al lado de un silencioso primer secretario del Partido que muy pronto entregaría el mando —dudoso honor ante lo que se avecinaba— el presidente resaltó que «este proceso se propone ofrecer a los cubanos mayor igualdad de oportunidades, a partir de promover el interés y la motivación por el trabajo».

Creo innecesario enjuiciar esa declaración a la altura de los resultados que el Ordenamiento ha ocasionado. Solo citaría lo dicho al respecto por el investigador Mario Valdés: «Es penoso constatar cuánto tiempo se perdió entre los años 2011 y 2018 para reposicionar al peso cubano como divisa nacional y en qué momento tan difícil se decidió ejecutar la “Tarea Ordenamiento”».

Si la extensión de la pobreza y la desigualdad eran innegables desde antes de Trump y la pandemia; la determinación de abrir, en medio de esta crisis, comercios donde únicamente pueden adquirir productos —muchos de ellos de fabricación nacional— los poseedores de dólares y divisas, en ausencia además de otros aseguramientos en moneda nacional, ha creado un abismo de penurias, injusticia y corrupción en la sociedad cubana.

Ya el Informe Central al VIII Congreso del PCC, celebrado en abril de 2021, develó con toda crudeza que los objetivos fundacionales de la Revolución socialista molestaban a los intereses reales de la burocracia. En el artículo «La despedida de Raúl Castro» cuestioné su discurso, que mostró irritación, inflexibilidad y sobre todo, una falta tremenda de empatía.

Según Raúl en el informe: «La economía cubana en los últimos cinco años ha mostrado capacidad de resistencia frente a los obstáculos que representa el recrudecido bloqueo»; cuando debió reconocer que son las cubanas y cubanos los que hemos mostrado una heroica capacidad de resistencia, no solo contra el bloqueo, sino contra los errores, la lentitud y el dogmatismo de los que determinan la política económica en Cuba.

Convocó también a «borrar de nuestras mentes prejuicios del pasado asociados a la inversión extranjera y asegurar una correcta preparación y diseño de nuevos negocios con la capacitación del capital extranjero». Tales prejuicios fueron impuestos por la misma clase burocrática que hoy nos pide un cambio de mentalidad. Seguramente piensa que debemos borrar otras cosas, como el rechazo —del que nos enorgullecíamos—, al crecimiento de la desigualdad social.

La crítica del anciano político a la «cierta confusión» de algunos cuadros que alertaron de la «supuesta desigualdad» creada por la comercialización dolarizada en Cuba, desconoció un problema de primera magnitud que ha generado lo que Mario Valdés denominó, con amarga ironía, «un malestar general».

El modelo cubano actual, como argumenta De Miranda en su artículo «El “modelo” económico cubano y la persistencia del subdesarrollo», solo conduce a la persistencia del subdesarrollo y al mantenimiento de la pobreza generalizada. Nada diferente a eso hemos tenido en las últimas tres décadas.

-III-

El principal eslogan del presidente Miguel Díaz-Canel desde su llegada al gobierno ha sido presentarse como «continuidad». Pero claramente no se trata de continuidad respecto a los objetivos sociales fundacionales de la Revolución, sino de una prolongación del proceso de ajustes que se apartó de esos objetivos. En el momento en que fue designado como presidente del país, le dediqué un artículo, «El verdadero cambio», en el cual lo exhortaba:

«(…) rechacemos tanto las gratuidades indebidas, que no sabemos a ciencia cierta cuáles son, y aboguemos por el control y la participación de los trabajadores en las decisiones y en la gestión de los planes de producción. Abandonemos los privilegios con que vive la casta burocrática, empresarial y política, para que sintiéndose más cerca del pueblo, y en condiciones similares, se apresure en lograr resultados. En fin, más prisa y menos pausas. Ese es el verdadero cambio que necesitamos».

En el año que acaba de concluir se cumplieron treinta y cinco del anuncio del Proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, veintisiete de la dualidad monetaria (en su primera temporada), veintiséis de la creación del holding Gaesa, catorce del estreno del Proceso de actualización de la economía cubana, diez de la puesta en marcha del experimento interminable de Artemisa y Mayabeque y ocho de que se aprobara el decreto de creación de la zona de desarrollo del Mariel.

Ahora será el año I de la indicación de Raúl Castro para la salvación de la industria azucarera. Nos movemos sí, pero en un enorme círculo de consignas, proyectos y planes incumplidos, en el cual se desgastan generaciones, se frustran proyectos vitales y se separan familias. Desde hace tres años mueren en Cuba más personas que las que nacen. El círculo ha devenido órbita de extinción y para ese mal no se crean vacunas, como para la Covid-19.

Como explica Mauricio de Miranda: «El caso cubano ejemplifica la persistencia de un modelo económico con pésimos resultados en términos de prosperidad y bienestar, al punto de mantener la vida de la mayor parte de la población en constante lucha por la subsistencia cotidiana».

Igual a lo acontecido en otras experiencias del «socialismo real», en las que un partido único y antidemocrático usurpó el poder popular, la burocracia en Cuba paulatinamente se ha convertido en una clase, con modo de vida muy diferente al de la mayor parte de la ciudadanía, lo que es evidente entre sus retoños más nuevos. Con razón Mario Valdés la denominó «la burocracia conquistadora».

Es una clase que no desea perder ningún privilegio político que le impida el derecho a administrar la propiedad que legalmente se reconoce como social, pero que no logra transitar felizmente caminos de reforma, todos se van cerrando al final sin conseguir los objetivos propuestos.

La existencia de una clase de burócratas debe ser considerada también teniendo en cuenta su actitud ante la agudización de la crisis económica. ¿Cuál es su propuesta concreta para sumarse a la austeridad y al ahorro que tanto le piden al pueblo?

Es muy cierto lo que afirma en su texto «Ellos y nosotros, sus hijos y los nuestros…» la doctora e investigadora cubana Ivette García: «Una clase que no rinde cuentas, que no declara su patrimonio personal, que tiene un enemigo externo al que puede culpar de todo, que controla los medios, mantiene oculta su vida privada y no precisa del voto popular; no siente compromiso más que con ella misma. Puede construir un capitalismo de la peor especie y vestirse con desfachatez de socialista para la escena pública».

En Cuba existe un enorme aparato de dirección, partidista y estatal, que lejos de disminuir tiende a incrementarse. Un país empobrecido como el nuestro, cuya economía prácticamente no crece desde hace casi una década, no puede mantener tal derroche de recursos materiales y humanos al sostener dos formas de dirección, una que orienta y otra que gobierna.

No necesitamos que la doctora Mariela Castro, directora del CENESEX, nos pida más sacrificio; ni que el presidente Díaz-Canel ofrezca construir un monumento al pueblo. Precisamos que los que dirigen este país se hagan responsables de sus errores, que rindan verdadera cuenta de las finanzas públicas, que informen con transparencia de las decisiones relativas, por ejemplo, al pago de la deuda externa; y sobre todo, exigimos que sea la ciudadanía la que decida si pueden permanecer en sus cargos mediante elecciones generales y secretas para todos los altos cargos públicos.

La intención explícita de los cambios en Cuba, es que «las transformaciones que prevén los Lineamientos y el Modelo son económico-sociales, no políticas».[1] Eso precisamente ha hecho inviable a las reformas. Necesitamos transformaciones políticas, y con urgencia.

En su artículo «La realidad cubana actual y las lecciones de la historia», Mauricio de Miranda analiza cómo el derrumbe del socialismo en Europa Oriental demostró que «(…) cuando el liderazgo no está a la altura de las circunstancias; no evalúa objetivamente la realidad económica, política y social; no interpreta adecuadamente el sentir de la sociedad o de una parte de ella, se producen fracturas que conducen a protestas sociales. La represión de las mismas solo genera un agravamiento de los conflictos y estimula acciones violentas».

Una revolución, y los sacrificios que ella impone, se aceptan para cambiar y mejorar la vida de las personas. Los plazos para lograrlo no pueden ser eternos. Lo ocurrido el 11 de julio no fue, como afirma el gobierno, un golpe blando de mercenarios pagados desde el exterior, fue la reacción tardía de una parte del pueblo que no puede sufrir más los rigores de la pobreza y los ajustes de un semi-neoliberalismo con maquillaje socialista.

Fue el alarido de una ciudadanía que necesita cambios y seguridad en el futuro y que no confía en la clase burocrática que nos dirige hace demasiado tiempo. Los gritos de Libertad significan, primero que todo, libertad para elegir y sustituir a los corruptos, los ineficientes y los ineptos.

***

[1] Martha Prieto (Profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de La Habana), en la sección Controversia ¿Qué pasa con las leyes? Legislación, política y reordenamiento, en Temas, nros 89-90, enero-junio de 2017.

6 enero 2022 78 comentarios 7k vistas

Granlac: cuando la esperanza se evapora

por Arturo Mesa 2 agosto 2021

escrito por Arturo Mesa

De muy desalentadoras pudieran considerarse las declaraciones de Luis Rafael Virelles, director de la Empresa de Productos Lácteos Granlac, fechadas el 28 de julio. Ellas versan sobre la situación y las estrategias desarrolladas por el coloso industrial lácteo de la provincia de Granma, encargado de producir una inmensa gama de derivados de la leche que hoy constituyen productos deficitarios en el país.

«Estamos negociando un préstamo con el Banco —asegura el director— para hacer productos solo para expender en MLC». Y ya la acotación dispara las alarmas. En épocas en que el retorno de los quesos, las cremas untables, los yogures, las leches y mantequillas parecen distantes, el comentario resulta desestimulante dirigido a aquellos hogares que no cuentan con recursos que les permitan acceder a tales derivados de primera necesidad. Pareciera que la moneda libremente convertible llegó no solo para quedarse, sino para señorear en la economía doméstica y desplazar al peso cubano.

La frase indica la carencia de recursos propios de la empresa y, además, detalla la falta de una estrategia coherente encaminada al retorno de la moneda de curso natural con la cual todos los nacidos en la Isla pudiéramos tener un acceso más justo a las producciones de la industria doméstica.

Pero ahí no quedan las declaraciones, ni las implicaciones: «Esa leche que compremos en divisa —añade el directivo— debemos multiplicar su ingreso para pagar el crédito y para que nos quede algo para seguir desarrollándonos porque hasta la hoja de papel tiene un componente en divisas».

Y aquí las implicaciones ya sobrepasan la dimensión de estrategia comercial del Grupo y se adentran en proyectos de macro-desarrollo de la industria que competen a entidades superiores, y a la postre, a la estrategia de país.

Si se sobrecarga al productor con todo tipo de gastos de inversión que, en buen manejo financiero, deberían ir al presupuesto estatal o de la industria; lógicamente la empresa tendría que refugiarse en las mencionadas negociaciones de préstamos con el banco orientadas a adquirir insumos imprescindibles para desarrollar su objeto social. Es un asunto de visión integral.

Línea de producción de la Empresa de Productos Lácteos Granlac (Foto: Luis Carlos Palacios Leyva/La Demajagua)

De imponerse esa línea de pensamiento, muy pronto nuestras empresas tendrán que sufragar todos sus insumos a partir de una ganancia mínima con la que se quedarían luego de cumplir sus compromisos estatales, lo cual las pondría en amplia desventaja en el mercado de las producciones, incluso tratándose de emporios gigantescos como Granlac.

La implicación derivada de todo esto, es que trabajar en desventaja significa desaprovechar potencialidades que a la postre van a parar —o para ser más exactos, no van a parar— a la mesa del consumidor. Tampoco a las vidrieras de las desabastecidas tiendas de venta en moneda nacional.

Si el interés estatal es potenciar y desarrollar al máximo las industrias vinculadas con la alimentación, y en especial aquellas que se encuentran en crisis como es el caso de la láctea, —con un desplome del treinta por ciento teniendo como comparación el año 2016, según el Anuario Estadístico 2020—, entonces esas empresas deberían enfocar sus inversiones en lo que más les compete como productoras que son, y que el presupuesto estatal sea el que se encargue de las inversiones propias de su existencia física, así como de su funcionamiento.

Si hacemos una comparación sencilla con un productor independiente que decidiera aventurarse en el sector de los lácteos, encontraríamos que, si bien de su bolsillo debe salir todo lo que corresponda al montaje, producción y funcionamiento de su planta; no es menos cierto que el monto de casi toda la ganancia regresaría a su bolsillo, y no solamente un porciento de esos ingresos para que le quede algo para seguir desarrollándose, como sucede con la industria estatal, que remesa sus ganancias, salvo un pequeño monto, al estado.

Si a esto le sumamos que de ese pequeño monto la empresa debe extraer cuantías para inversiones en desarrollo, producción y funcionamiento, muy pronto sus decisiones oscilarán entre comprar lubricantes para el transporte o saborizantes para los yogures.

Nadie piense que las declaraciones —o las desilusiones— terminan ahí:

«Va a llegar un momento que, excepto las materias primas de la canasta básica, todo lo demás tendrá un componente en divisas», asegura el empresario. Para reafirmar su posición añade también que: «en junio vendimos 94 mil dólares…de aquí compramos neumáticos y baterías para camiones porque teníamos 60 % de los autos paralizados».

Y la pregunta retorna. ¿No deberían ir esos neumáticos y baterías a las asignaciones del presupuesto estatal, de modo que los dividendos obtenidos por la misma empresa se pudiesen reinvertir en la adquisición de materia prima, se evitaran así las negociaciones de préstamos con el banco y, por ende, las deudas?

Cabría preguntarse qué pasó con el supuesto compromiso de «paulatinamente ir aumentando las ventas en moneda nacional» (Foto: Noticias360)

Tratándose de una empresa del estado y, aun más, de una cuya producción es de vital importancia; lo que le corresponde a la misma es centrarse en el impulso a la elaboración y calidad de sus derivados. En tanto, esos asuntos de existencia y funcionamiento tendrían que ser preocupación y ocupación del presupuesto del estado que, al final, se forma tras los ingresos de tales entidades.

La noticia igualmente resulta desalentadora cuando se afirma que, por un motivo u otro, Granlac no llega ni a la mitad del acopio de leche de los años ochenta e incluso, se asegura que en el presente año el déficit es aún de dos millones de litros. ¡Dos millones de litros!

En este punto, es justo reconocer las presiones que se ejercen en los diversos sectores de la industria para entorpecer el acceso a productos y mercados indispensables. Sin embargo, si no se acopia la leche y no se llega a las cantidades esperadas, sea cual fuere la ineficiencia aducida, es la opinión de este comentarista que resulta verdaderamente panfletario culpar de estos males al bloqueo —como confirma el director— si antes de salir al mercado ni siquiera tenemos la leche que luego se va a convertir en queso o mantequilla.

Asimismo el directivo anuncia su estrategia de comercialización, que como jarro de agua fría cae sobre sus lectores: «Hoy la realidad es que la industria láctea tiene más mercado que ofertas, pues a la espera de sus excelentes productos están el Polo productivo de Moa, la zona de Desarrollo Mariel, las Tiendas Cimex y Caribe del país, Palmares y las instalaciones de Turismo…». Queda, como última opción, una muy tenue mención al mercado en moneda nacional.

Sin ser más o menos oficialistas, cabría preguntarse qué pasó con el supuesto compromiso de «paulatinamente ir aumentando las ventas en moneda nacional». O dónde quedó la intención de «con las recaudaciones de las tiendas de divisas ir reabasteciendo la oferta nacional»; esa a la que todos los cubanos, legítima y despreocupadamente, podemos acceder para garantizar nuestros merecidos, y hoy precarios, desayunos.

2 agosto 2021 43 comentarios 3k vistas

LJC se abre a donaciones en PayPal

por Consejo Editorial 6 julio 2020

escrito por Consejo Editorial

Efectivamente, La Joven Cuba está abierta a donaciones por PayPal. Desde nuestra fundación -hace ya una década- LJC siempre ha sido un proyecto sin fines de lucro. Todos los gastos- el hosting, los datos móviles, etc- corrían de nuestros bolsillos y más recientemente por los ingresos de publicidad. Y eso no está mal para un blog, pero ya LJC no es solo un blog.

Ahora pretendemos ser más, un medio de comunicación y análisis político. Expandir LJC es necesario para ofrecerles más contenidos, más autores, mejor calidad. Los gastos ya no son negligibles pero tampoco queremos supeditarnos a regulación externa. Por eso abrimos esta opción, para quien pueda y quiera contribuir.

En Cuba sigue siendo polémico todo financiamiento que no es gubernamental. Y en LJC tenemos claro dos puntos al respecto: primero que sin fondos es imposible crear un sistema de trabajo más profesional, segundo que hay orígenes más legítimos que otros en lo que se refiere a financiamiento. SI nos parece legítima cualquier ayuda económica que no condicione la línea editorial de un medio cubano y NO creemos que recibir fondos de la administración Trump para cambio de régimen sea compatible con el derecho internacional y cubano, o incluso con la tradición del patriotismo cubano.

Estos principios que acabamos de mencionar pueden no ser del agrado para algún ideólogo asalariado del presupuesto público cubano, y de los grupos que se benefician económicamente de la política de máxima presión que Trump ha impuesto sobre Cuba. LJC se siente muy orgullosa de no pertenecer a estos extremos. Ahora les explicamos los pasos a seguir en las donaciones. Pongamos una persona cualquiera, por ejemplo, un cubano llamado Javier.

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Gracias a todos de antemano por su apoyo, ya sea leyendo nuestros textos o contribuyendo al crecimiento de este medio. Apreciamos cualquier comentario o sugerencia que puedan tener sobre esta decisión: jovencuba@gmail.com

6 julio 2020 17 comentarios 665 vistas

Puesta en escena

por Alina Bárbara López Hernández 10 enero 2020

escrito por Alina Bárbara López Hernández

A finales de abril del 2019 se celebró el XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). El ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil, recién nombrado por entonces, afirmó en una intervención ante los delegados: “Para el año 2020 queremos desarrollar un plan de la economía más participativo y flexible”.

Entendí que se renunciaba a los viejos métodos informativos sobre la planificación económica y que, para variar, serían escuchados y tomados en cuenta los criterios de los trabajadores previos a la presentación del referido plan. Me equivoqué.

En los últimos días de diciembre, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aprobó el Plan y el Presupuesto. Inmediato a ello, la dirección nacional de la CTC convocó a los trabajadores a una discusión colectiva que se extenderá durante los meses de enero y febrero del 2020. ¿Aprobación primero y discusión después? Nada cambió, me dije.

El miércoles 8 de enero, los viceministros de Economía y de Finanzas y Precios (MFP) se reunieron con dirigentes sindicales de todo el país para explicar las novedades del plan y del presupuesto del Estado en el presente año. Seguí con atención el encuentro, el sitio Cubadebate informó acerca del mismo a través de la periodista Thalía Fuentes Puebla.

Según ella, Johana Odriozola, viceministra del MEP, expresó que el esfuerzo principal tenía “que estar dirigido a priorizar el análisis de las potencialidades y reservas, en función de incrementar las exportaciones de bienes y servicios y de esta manera aumentar los ingresos”. Odriozola enfatizó igualmente en la necesidad de un plan objetivo, atendiendo a los recursos disponibles y solicitó “una discusión menos formal y cuantitativa. Hay que hablar de indicadores de eficiencia y productividad y buscar el protagonismo de los trabajadores”. La funcionaria insistió en las medidas de ahorro y en evitar las inversiones que no sean factibles. “Es tarea de los cuadros políticos movilizar y comprometer a los trabajadores”, alegó.

Les pido a los lectores de LJC que no me pregunten cómo es posible que un plan sea objetivo, se hable en un debate sobre él de indicadores de eficiencia y productividad y, al mismo tiempo, sea una discusión menos formal y cuantitativa. Tampoco puedo responderles de qué modo compaginar el protagonismo de los trabajadores con el hecho de que estos sean movilizados y comprometidos por los cuadros políticos.

Quizás la periodista deba pasar un curso de redacción para ganar claridad en las ideas que expone, pero por mucho que leo no encuentro el sentido a esta información, y uso este término porque analizar la reunión no fue su objetivo: “Díaz-Canel, definió conceptos de la batalla económica como la fortaleza ideológica de las estructuras, dirigir y no cumplir tareas, la política de cuadros, el ahorro y evaluar estructuras, incentivos materiales y morales, e identificar trabas y soluciones”.

Lo que se informaba me llevó a una relectura del artículo “Ventrílocuos”, que dediqué al Congreso de la CTC, allí apuntaba:

No esperaba mucho del XXI Congreso de la CTC, ya lo dije. Pero no esperaba tan poco. Sobre todo no esperaba un acto de suplantación similar al que realiza un ventrílocuo en una función de circo. La burocracia puso a hablar con su discurso a una representación obrera que, cual boca de Saurón, repitió consignas y asumió compromisos que no está en sus manos cumplir: priorizar las exportaciones, autoabastecernos en los municipios, disminuir importaciones, controlar los plazos de las inversiones, lograr encadenamientos productivos… Ni siquiera a nivel de los centros de trabajo es posible para un trabajador el control de los planes de producción; mucho menos sensato es admitir —como lo acaba de hacer la dirigencia obrera en el congreso—, que pueden arrogarse una mirada macro, que se erige incluso por encima de los ministerios y depende, por estratégica, de los más altos niveles políticos de dirección.

Al parecer, los lectores de Cubadebate piensan algo similar, vistos los escasos comentarios que dejaron al pie del artículo de Thalía Fuentes. Solo citaré tres, Orieta Álvarez Sandoval dijo: “Para discutir hay que analizar los datos. ¿Se brindarán los principales datos a los trabajadores o solo se pedirá la mejor manera de cumplir con las metas?”. Su pregunta es apoyada por José Luis Amador: “De acuerdo con usted, los detalles de la eficiencia, que es lo primero que hay que arreglar no lo pueden definir ni los obreros calificados, ni los obreros ocupacionales. Para eso hay que tener conocimientos adquiridos en la universidad (…)”; y por Landry: “Creo que lo primero que se debe hacer para que esto funcione es poner la realidad de cada empresa en la mesa de reuniones. Hacer un plan realista y no que en mes de julio se reúnan una vez más para reajustar el plan de la economía (…)”.

¿Cuánto debemos?, ¿con qué financiamiento real contamos para invertir?, ¿podemos decidir sobre las prioridades y sobre la renovación tecnológica?, ¿las acciones del gobierno norteamericano influirán en el plan o se tuvo en cuenta esa variable en la planificación del mismo?… Las preguntas son muchas y de las respuestas depende la seriedad de este proceso y no que sea una puesta en escena más para decir que los trabajadores “fueron consultados”.

Insisto en un punto: en los debates del proyecto de Constitución se resaltó la necesidad de implementar el control obrero, lo que además fue incluido en el artículo 20: “Los trabajadores participan en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía. La ley regula la participación de los colectivos laborales en la administración y gestión de las entidades empresariales estatales y unidades presupuestadas”.

Sin embargo, ni en el congreso obrero ni en esta reunión del 8 de enero, algún dirigente sindical se refirió al modo en que el artículo 20 se concretará en leyes claras y precisas, que permitan a trabajadoras y trabajadores rescatar la propiedad de los medios de producción fundamentales y tener un protagonismo real en los planes de la economía, y no uno que solo viva en el discurso y en los conceptos.

Se llegó a decir ayer jueves, en la revista televisiva Buenos días, que “el aporte de los trabajadores define el desarrollo del país”. El presidente de la República pidió a la burocracia sindical: “Este proceso de discusión del plan con los trabajadores debe aportar, convocar y conmover a cada trabajador”. Le aseguro por mi parte que estoy conmovida. La indignación también conmueve.

10 enero 2020 17 comentarios 1k vistas

El Año de la Prosperidad

por Mario Valdés Navia 8 enero 2020

escrito por Mario Valdés Navia

Según la astrología, el año 2020 se muestra promisorio para los cubanos. En el horóscopo chino será de La Rata (shú) −25 de enero 2020 al 11 de febrero 2021−, signo protector y facilitador de prosperidad material. Por su parte, la Comisión Organizadora de la Letra del Año lo declaró gobernado por Oshún (belleza y pasión), acompañada por Obbatalá (moderación e inteligencia), en un dúo de orishas muy halagüeño.

Pero nada promete más a la gente optimista que las palabras del presidente en sus últimas intervenciones del 2019 cuando prometió que este año se desatarían las fuerzas productivas del país. A unos días de conocerse el lento programa legislativo que aprobó la Asamblea Nacional para implementar la nueva Constitución −que se extiende hasta el 2028− sus declaraciones sonaron como música para los oídos de la mayoría del pueblo/población.

No obstante, será ardua la tarea del ejecutivo (presidente, primer ministro, gobernadores, intendentes) si de veras pretenden entrarle de frente a demoler las retrancas que frenan el crecimiento económico. Pueden hacerlo a golpe de decretos y resoluciones. Con tal de que se ponga orden y se rompan trabas, el pueblo los apoyaría decisivamente. A fin de cuentas, es lo que se ha hecho hasta ahora por el gobierno, sin tener que esperar nunca por las leyes correspondientes para su cometido.

Si la implementación de lo planteado en los documentos rectores de la nación (Constitución) y del partido/Estado (Conceptualización, Lineamientos y Plan 2030) tiene que esperar por un cuerpo de leyes aprobado por el legislativo, me atrevo a pronosticar –aún cuando soy agnóstico y con perdón de gurús y babalaos− que lejos de desatarse las fuerzas productivas sociales, lo único que crecerá será la economía sumergida, la emigración económica y la salida de recursos del país en forma de capital comercial y dividendos por el capital extranjero que se ha invertido, por la izquierda, en el sector no estatal.

El largo compás de espera para aprobar tan grande cuerpo de leyes podría disminuirse a menos de la mitad sin inversión alguna. Bastaría con poner a trabajar a nuestros legisladores en esa responsabilidad, en lugar de un mes al año, en jornadas de ocho horas diarias, cinco días a la semana, tal y como hacen los demás trabajadores y sus colegas del resto del mundo.

Realmente, esperar un salto en la prosperidad material por una determinación volitiva del gobierno es una quimera y el pueblo lo sabe, aunque la respeta, comparte y apoya. Pero la prosperidad no es solo una estación a la que se llega; es también una forma de llegar. Si en el sector estatal se lograra vincular más el ingreso a la magnitud del aporte de cada uno al producto de todos, los trabajadores se sentirían mucho más satisfechos.

Ya en 2018, con la subida de pensiones y sueldos en el sector presupuestado se dio un paso arriesgado, pero fructífero. La inflación esperada no logró opacar el éxito de la medida y sí se sintieron los efectos positivos en las familias beneficiadas tras largos años sin incrementar ingresos. También en las empresas los salarios han ido subiendo y son más los beneficiados por la disminución del número de empresas irrentables.

Lo que más me preocupa es que se prometa liberalizar las fuerzas productivas mientras se posponen medidas imprescindibles para lograrlo, tales como: unificación monetaria, reforma general de precios y salarios, empoderamiento de los colectivos laborales, extensión y apoyo al sector no estatal, y mayor descentralización de empresas y municipios. A base de visitas de los dirigentes a empresas y localidades y reportajes televisivos más exhaustivos de las reuniones no se aumenta el PIB.

Mas, el consenso entre el pueblo/población y los dirigentes en torno a la urgencia de aplicar nuevos métodos para lograr mejores resultados parece irse imponiendo al inmovilismo tradicional. Solo el ir eliminando las trabas burocráticas a la participación de los individuos y colectivos en la gestión económica de sus empresas haría más feliz la vida de los trabajadores y crearía mayores expectativas de progreso en el seno de la sociedad cubana.

Ojalá la conjunción propicia entre el signo de La Rata, los orishas del año, las iniciativas del gobierno y el clamor popular hagan el milagro de desatar las fuerzas productivas sociales a pesar de la coyuntura internacional desfavorable por el incremento del bloqueo del imperio norteamericano y la contracción de las relaciones con los países de Latinoamérica gobernados por la derecha. Vale la pena intentarlo, pero habría que cambiar resueltamente mucho de lo que debe ser cambiado. Y muchos que deben ser cambiados.

8 enero 2020 12 comentarios 693 vistas

La educación cubana y sus retos

por Yasvily Méndez Paz 10 septiembre 2019

escrito por Yasvily Méndez Paz

Medios oficiales y alternativos han publicado disímiles noticias sobre el tan esperado aumento salarial del sector presupuestado en Cuba. Particular atención ha tenido el impacto que la medida provocó en la labor del magisterio a todos los niveles, una de las profesiones más deprimidas en la sociedad cubana actual. Un acto de justicia para maestros y profesores, cuya entrega incondicional ha estado presente, a pesar de sinsabores, ilusiones rotas y sueños que cumplir.

Mientras continuaba el éxodo de maestros hacia sectores mejor remunerados –dentro y fuera del país—, aumentaba el descrédito social por la labor del profesor y la desmotivación hacía mella en no pocos maestros que se mantuvieron incólumes en colegios y universidades.

El Ministerio de Educación aplicó medidas paliativas –como envío de profesores jóvenes de oriente hacia occidente, graduación de planes emergentes y utilización de estudiantes universitarios para suplir el déficit en las aulas, entre otras— que no solucionaban el problema de manera definitiva. No se atacaban las causas que permitieran extirpar el mal de raíz.

Desde hacía bastante tiempo, el gobierno y los economistas en Cuba se debatían en una contradicción que parecía no tener fin. Algunos consideraban que el aumento salarial al sector presupuestado era insostenible sin el respaldo de la producción nacional en determinadas ramas de la economía, y otras tesis defendían que impactaba en lo ideopolítico y era una cuestión impostergable para la sociedad cubana.

Durante mucho tiempo los maestros tuvieron que implementar sus estrategias para sobrevivir; de ahí que la ansiada medida constituía una necesidad, pues sus niveles de ingresos estaban por debajo del aporte e impacto social.

El retorno de miles de profesores a las aulas constituye uno de los resultados tangibles del aumento salarial en Cuba. Fuentes oficiales reconocen que más de 8 mil profesores se reincorporan a este curso 2019-2020, lo que representa una cobertura escolar superior al 90%. Sin dudas, esas cifras posibilitarán el cumplimiento de las plantillas en muchas escuelas y municipios –situación no vista desde hacía varias décadas— y el aseguramiento de la calidad en la Educación Cubana.

La medida representa una forma de reconocimiento social a los trabajadores del sector educacional, lo que constituirá un incentivo para los estudiantes que acceden a la Educación Superior, impacto que se verá reflejado en el incremento de la matrícula a las carreras pedagógicas. No podemos soslayar que los bajos ingresos a esas carreras universitarias eran resultado del desprestigio del sector educacional y la poca apreciación con que era percibida por la sociedad la labor del magisterio.

Justo en momentos en que se adoptan políticas para la restricción de importaciones y búsqueda del incremento de las exportaciones, la medida ha provocado un significativo impacto en la sociedad. Sus resultados han sido palpables y hubiera atenuado el éxodo de los profesores de haberse aplicado en otro contexto histórico, pero no nos dejemos llevar por los cantos de sirenas.

La medida en sí misma no cumple todas las expectativas si no se solucionan otros problemas materiales que afectan a los sectores más deprimidos de la sociedad cubana. Me refiero a cuestiones muy sensibles como: la vivienda, el calzado, la alimentación, la vestimenta, entre otros. El aumento salarial representa un alivio, es cierto, pero no soluciona el problema de manera definitiva, cuestión reconocida por el propio presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Si importantes resultan los cambios de tipo material, el sector de la educación necesita con urgencia transformaciones sustanciales en la dirigencia de sus ministerios. Entre «miedos, medios y modos», los anticuados métodos de la burocracia no han cambiado en los últimos años y los niveles de impunidad han traspasado los límites.

Si bien se han criticado en las redes sociales las parrafadas plagadas de imperfecciones de la Viceministra Primera de Educación Superior en Cuba, retomo el tema porque me preocupa que el aumento salarial sea tomado como una condición sine qua non para imponer formas de pensar, apegadas a encasillamientos pusilánimes que fragmentan a la sociedad cubana.

Por su parte, la Ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, publicó en su cuenta en Twitter: «Los que no viven en Cuba no tienen derecho a criticarnos». Como le respondí en aquel momento: «Solo deberíamos preguntarnos: ¿sin la crítica estuviéramos aquí hoy?

Reflexionemos sobre la importancia de la crítica, y quitemos el adjetivo constructivo. La crítica a secas, a la que no debemos temer los que llevamos en el corazón, las conquistas del maestro». Los que hoy vivimos fuera de Cuba también aportamos mucho mientras estuvimos allí, somos tan cubanos como las palmas y nada ni nadie nos quitará el derecho y el deber de desear lo mejor para nuestro país.

10 septiembre 2019 23 comentarios 898 vistas