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Tortura

Insistir sobre el tema de la tortura en Cuba

por Ivette García González 26 mayo 2022
escrito por Ivette García González

Volver a afrontar el tema de la tortura en Cuba es necesario. Recién fue examinado nuevamente en Naciones Unidas. En un texto de agosto de 2021 referí algunas prácticas de las que muchos cubanos tuvimos evidencias por primera vez. Derivaron de la represión y primeros testimonios de manifestantes del 11-12J, pero no eran inéditas. 

Dicho tema es tabú en la Isla, donde el gobierno ha asumido históricamente una postura negacionista y manipuladora frente a tópicos que —al igual que este— contradicen la Cuba ideal que es presentada al pueblo y al mundo.

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1984, define la «tortura» como:

(…) todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.  

Se trata de uno de los principales tratados de derechos humanos, que establece obligaciones en la materia para los «Estados Parte». Se ampara en la Declaración Universal, la Carta de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De ella derivó el Comité contra la Tortura (1) (CAT, por sus siglas en inglés) —órgano encargado de velar por su cumplimiento en los 156 países adherentes— y desde 2006 su Protocolo Facultativo, que compromete a los gobiernos a recibir visitas de observadores internacionales independientes.

Los «Estados Parte» deben presentar ante el CAT informes periódicos sobre cómo se realizan en su territorio los derechos que consagra el Tratado —un año después de adherirse y luego cada cuatro— y comparecer a examen, donde también pueden participar organizaciones de la sociedad civil internacional, por ejemplo. Cuba no ha suscrito el Protocolo, pero se adhirió a la Convención en 1995 —once años después de aprobada— y ha presentado hasta el momento solo tres informes (1996, 2010 y 2018).

Tortura-I-

Casi todas las prácticas de tortura y malos tratos que referí en mi texto del año pasado tienen un largo historial. A fines de los noventa, investigaciones de Human Right Watch (2) daban cuenta, entre otras, de las siguientes prácticas: palizas, abusos sexuales, aislamiento prolongado, falta de atención médica, limitación de visitas, hostigamiento a los familiares, privaciones sensoriales (luz, ventilación), retirar camas o colchones, requisar ropa o pertenencias, prohibir la comunicación entre presos, reducir alimentos y agua, y desorientación inducida.

Hacia el 2012 se reiteraron y/o agregaron denuncias, incluidas las de la Organización Mundial Contra la Tortura, que presentó un informe alternativo al segundo de Cuba. Se fundamentó el incremento de detenciones de corta duración sin orden judicial contra opositores políticos, activistas de derechos humanos y periodistas independientes, restricciones a la libertad de circulación, operativos de vigilancia invasiva, agresiones físicas y otros actos de intimidación y hostigamiento por agentes de la PNR y miembros de la Seguridad del Estado.

Asimismo, continuidad de «actos de repudio», uso de métodos coercitivos en interrogatorios (privación del sueño, reclusión en aislamiento, exposición a cambios bruscos de temperatura), violaciones en arrestos, detenciones y diligencias penales en particular contra los «disidentes»; detención preventiva prolongada —a veces indefinida por delitos contra la seguridad del Estado—, y excarcelaciones bajo «licencia extrapenal» con restricciones arbitrarias.

Respecto a las prisiones, se señalaron varias dificultades: hacinamiento, malnutrición, falta de higiene y atención médica inadecuada, limitaciones injustificadas a visitas de familiares, traslados a prisiones alejadas del entorno familiar y social del detenido, internamiento en celdas de aislamiento en condiciones degradantes y abusos físicos y verbales a los reclusos.  

-II-

El Comité ha coincidido con el gobierno cubano en que el embargo/bloqueo de los EE.UU. impacta sobre la salud y alimentación de los presos. Pero también transmitió durante todos esos años numerosas y reiteradas preocupaciones (3) derivadas de las denuncias, que aludían a factores internos y a su gestión. Ellas giraron en torno a los siguientes tópicos:    

1.- Incremento permanente de la represión y riesgo para los actores de la sociedad civil, así como de las malas condiciones y violaciones en los centros de detención. El gobierno lo niega, pero no provee información sobre población penal, muertes en prisiones y sus causas; tampoco respecto a denuncias de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes. A tenor con ello, no responde a las alegaciones presentadas a sus informes y se rehúsa a visitas de organizaciones de derechos humanos internacionales y nacionales independientes.

2.- En la legislación interna se mantuvieron: la no tipificación del delito de tortura; definición nebulosa de figuras penales para justificar medidas de seguridad; delitos con los que se intenta limitar la libertad de los ciudadanos; y pena de muerte para un elevado número de delitos, algunos de vaga formulación relacionados con la seguridad del Estado.

3.- Sobre la institucionalidad relacionada con el tema: falta de independencia de los poderes ejecutivo y legislativo, tanto de la judicatura como de la función de los abogados; inexistencia de mecanismos independientes y eficaces para recibir denuncias, realizar investigaciones rápidas e imparciales y sancionar debidamente a los responsables; falta de garantías o salvaguardias procesales fundamentales para detenidos por motivos presuntamente políticos (4); inexistencia de una institución nacional de derechos humanos conforme a los Principios de París.

Tortura

-III-

De lo anterior derivaron recomendaciones (5) al Estado cubano, en su mayoría reiteradas. Entre ellas:

1. Examinar urgentemente las quejas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes señaladas, tomar medidas según obligaciones contraídas por la Convención e informar los resultados.

2. Adoptar las medidas necesarias para que cesen las formas de represión, intimidación y hostigamiento contra actores de la sociedad civil. Garantizar que todas las personas estén protegidas de la intimidación y la violencia por sus actividades o el simple ejercicio de sus libertades de opinión y expresión y sus derechos de asociación y reunión pacífica, lo que supone también autorizar la inscripción de las ONGs de derechos humanos nacionales que así lo soliciten.

3. Adoptar medidas legislativas para garantizar la independencia del poder judicial, adecuando sus reglas a los principios rectores de la ONU en la materia. En tal escenario, crear un procedimiento y órgano permanente, transparente e independiente para recibir quejas, que sean examinadas con prontitud y juzgados los responsables.

4. Establecer vigilancia e inspección a los lugares de detención, así como permitir la visita de verificadores internacionales y nacionales independientes y cooperar con ellos.

5. Adoptar las medidas necesarias a fin de que las condiciones en instituciones penitenciarias y otros centros de detención se ajusten a las reglas mínimas establecidas por la ONU para el tratamiento de los reclusos y las reclusas.

6. Crear un registro centralizado de datos estadísticos sobre muertes en prisión, quejas, encuestas asociadas, duración y diligencias penales a que hayan dado lugar, así como sus resultados.

7. Elaborar un programa global de educación y formación del personal encargado de aplicar las leyes, y de toda persona con alguna función en el interrogatorio, la detención o el trato de cualquier ciudadano arrestado, detenido o encarcelado.

8. Ratificar los tratados fundamentales de derechos humanos de la ONU, en particular el Protocolo Facultativo de la Convención, con miras a crear un sistema de visitas periódicas sin notificación previa de observadores nacionales e internacionales.

Tortura

(Imagen: Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo)

-IV-

Las denuncias y preocupaciones en relación con los derechos humanos, y concretamente con prácticas que califican como torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, confirman a lo largo de esos años que el Estado cubano tiene un historial de violaciones en la materia, en especial contra opositores, disidentes y personas inconformes con el sistema que lo expresan de algún modo.  

Las negativas del gobierno respecto a la existencia de presos políticos y a las violaciones expuestas, contrastan con su silencio en asuntos cruciales y  con su resistencia a la verificación. Siguen apostando a que los ciudadanos crean que solo el Partido/Gobierno/Estado dice la verdad; todos los demás —presos, familiares, activistas, detenidos, relatores especiales, organizaciones y prensa independientes y organismos internacionales— mienten.

Recientemente concluyó el período de sesiones del CAT, donde fue examinado y debatido el tercer informe de Cuba. Nunca tema y gobierno estuvieron en peores condiciones. Junto a la crisis sistémica y al crecimiento del acceso a Internet, desde 2018 se han incrementado las protestas, devenidas estallido social en julio de 2021, y, en consecuencia, así mismo lo han hecho la represión y la violencia política, incluso contra menores de edad.

Las prácticas de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes son inaceptables. Cuando asuntos como este se conocen y describen, unos se asombran, otros se ofenden y otros reclaman que siempre existió. El dolor e indignación de quienes se entregaron durante décadas al proyecto de la Revolución se cuadruplica: por las víctimas, por la inocencia, por la terrible sensación de sentirse engañado y utilizado, y por el espíritu de aquella Revolución, que se perdió en el camino. Es duro aceptarlo, pero peor sería callar o hacer que no vemos o no sabemos.  

Para contactar con la autora: ivettegarciagonzalez@gmail.com

***

(1) El Comité sesiona regularmente dos veces al año y recibe informes periódicos de los gobiernos Al examen y debate correspondiente pueden ser invitados otros actores, como organismos de la ONU, organizaciones intergubernamentales y ONGs con estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas; Folleto informativo no.17, Comité contra la Tortura.  

(2) La investigación de Human Right Watch (HRW) se basó en testimonios de docenas de ex presos y familiares, encarcelados en esa fecha y activistas de derechos humanos del país, además de información sobre veinticuatro de las prisiones de máxima seguridad y numerosos centros de detención (estaciones de policía y oficinas de la seguridad estatal).  

(3) Compilación de observaciones finales del Comité contra la Tortura sobre países de América Latina y el Caribe (1988-2005), Santiago de Chile, 2005.   y Observaciones finales del Comité contra la Tortura Cuba, CAT/C/CUB/CO/2, 25 de junio 2012. Comité contra la Tortura, 48.º período de sesiones 7 de mayo a 1.º de junio de 2012. 

(4) Tales como: pronto acceso a un abogado y examen médico independiente, notificación de la detención a un familiar, información sobre sus derechos y cargos en su contra y a comparecer inmediatamente ante un Juez, y derecho a un recurso inmediato para impugnar la legalidad de su detención.

(5) La Maquinaria Represiva de Cuba: Los Derechos Humanos Cuarenta Años Después de la Revolución, 1999; Compilación de observaciones finales del Comité contra la Tortura sobre países de América Latina y el Caribe (1988-2005), Santiago de Chile, 2005. y Observaciones finales del Comité contra la Tortura Cuba, CAT/C/CUB/CO/2, 25 de junio 2012. Comité contra la Tortura, 48.º período de sesiones 7 de mayo a 1.º de junio de 2012. 

26 mayo 2022 28 comentarios 2k vistas
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Testimonio

¿Continuidad o ruptura? Testimonio de una revolucionaria

por Gladys Marel García 22 marzo 2022
escrito por Gladys Marel García

A sesenta y tres años del triunfo de nuestra Revolución ––guiados por la ideología patriótica mambisa martiana de libertad política, justicia social y antimperialismo–– y como veterana del proceso revolucionario, no puedo entender que los tribunales hayan condenado a esa barbaridad de años a un grupo de jóvenes que participaron, hace ocho meses, en las manifestaciones espontáneas del 11 y 12 de julio del 2021, reclamando la solución a la crisis de vulnerabilidad por la que atraviesan su familia y el pueblo cubano, de escasez y altos precios de los alimentos,  medicamentos y  otras necesidades que los condenan a la pobreza.

Los tribunales los han condenado por sedición y hurto. El estallido social provocó manifestaciones espontáneas en toda la Isla. No conozco evidencia alguna que demuestre la participación de todos estos encausados en hechos vandálicos, en lanzar piedras, palos y cocteles Molotov. Aun así los tribunales los han juzgado y condenado injustamente, pues la manifestación ocurrió de manera espontánea por el derecho a exigir sus derechos, y no fue por sedición (o sea insurrección, rebelión o conspiración), Tampoco por hurto, aunque unos delincuentes aprovecharon para asaltar las tiendas y llevarse las mercancías, por lo que sí deben responder ante la ley.

Los manifestantes no portaban armas, tampoco estaban vinculados y orientados por el imperialismo estadounidense, ni liderados por organización contrarrevolucionaria en Cuba. Nada de esto vimos los días 11 y 12 de julio   por televisión, ni en los noticieros y publicaciones posteriores, ni en ningún parte oficial y en las redes sociales. Como tampoco una organización contrarrevolucionaria se arrogó el liderazgo del estallido social y de las manifestaciones.

Quien sí portaba armas y objetos para agredir a los manifestantes fue la policía, así como hombres y mujeres vestidos de civil, que los atacaron a golpes sin respetar a menores de edad. Uno de ellos mató a tiros a un participantes en el estallido, y hasta hoy no ha sido juzgado.

Ante estos hechos vuelve a mi memoria la manifestación fúnebre que por primera vez se produjo en Santa Clara, el 27 de mayo de 1957. La dictadura, y por ende el aparato policíaco y represivo, había dado la orden de enterrar a los mártires solo con la familia.

La juventud que se fue congregando en la funeraria, donde se velaban los cuerpos de Agustín Gómez Lubian, Chiqui, y Julio Pino Machado —muertos por la explosión ocurrida en una de las acciones que realizamos el día anterior—, se negaba a cumplir las órdenes del Tte. Coronel Cornelio Rojas de quitarse los brazaletes y otras exigencias, por lo que el militar se vio forzado a dirigirse a Margot Machado (una de las dirigentes provinciales del MR 26-7 y madre de Julio, jefe de acción insurreccional en la ciudad) para que lo obedecieran.  

Transcurrían las horas y los jóvenes se enardecían cada vez más ante la insistencia de Cornelio Rojas de enterrar a los muchachos solo con la familia, como había orientado desde la capital de la República el Brigadier Pilar García.

Fue así como decidieron —junto con Margot—, rebelarse a esa orden y recorrer el camino al cementerio acompañando los cuerpos de los jóvenes caídos. Así lo hicieron. Hombres, mujeres y niños emocionados se fueron aglomerando en las aceras, desde donde muchos se incorporaron durante el trayecto, mientras se escuchaba por la radio la música fúnebre. Cornelio Rojas, acompañado del cuerpo policíaco, los custodió durante el recorrido y situó en el cementerio perseguidoras y ambulancias ante la posibilidad del estallido revolucionario.

Testimonio

De izquierda a derecha: De la Policía Nacional en Santa Clara: tte. Hernández, tte. coronel Cornelio Rojas; de traje civil Humberto Pérez Ríos, ex presidente de la Asociación de Alumnos de la Escuela Normal para Maestros de Las Villas; Gladys Marel, sobreviviente de la acción; a mi derecha el agente del SIM conocido como «Ojos lindos»;  el sargento La Rosa con espejuelos y el cabo que me hizo prisionera.

De aquellos acontecimientos solo yo permanecí prisionera y fui juzgada durante dos meses.(1) En el último juicio, efectuado el 29 de julio de 1957,  me enfrenté a mis acusadores y al fiscal que me pedía diez años de privación de libertad, pero el Dr. Espinosa, mi abogado criminalista, logró sacarme absuelta.  

A pesar de las evidencias encontradas —entre otras: fósforo vivo, cartas del contacto con Santiago de Cuba, proclamas, el documento manuscrito de Fidel Castro con las orientaciones al aparato militar clandestino para la ejecución de acciones y sabotajes, y otros documentos y notas—; el abogado, contratado con el dinero que teníamos para los gastos de la graduación de la Escuela Normal para Maestros de Las villas, logró influir en los magistrados argumentando que estas supuestas evidencias fueron introducidas en mi habitación por los que hicieron los registros.

En este sumario influyeron las gestiones que se hicieron con los magistrados, entre otros de mi compañera de estudios María Luisa Trelled, hija de uno de ellos; gestiones con el Fiscal, por su primo, el sacerdote de la Iglesia del pueblo de Esperanza; el  apoyo de profesores y alumnos, manifestaciones, y otras.

Soy testigo y participante de numerosas manifestaciones de calle, a gritos contra el Golpe de Estado, por el restablecimiento de la Constitución y contra la dictadura. No me es posible entender que al líder de la insurrección, rebelión y Revolución Cubana, Fidel Castro, se le haya condenado a quince años por los tribunales, y que en menos de dos años se liberara a los moncadistas por una amnistía; en tanto a los jóvenes que se manifestaron en julio de 2021 se les condene a penas tan elevadas por una insurrección que no existió.

Por mi honor, al juramentarme con Chiqui y Julio para seguir luchando a nombre de los tres contra la injusticia, escribo este testimonio demandando la liberación de estos jóvenes, cuyo delito ha sido defender el sustento y las necesidades de sus hijos, padres, familias, amigos y el pueblo de Cuba.

Es necesario que se revise el proceso de condenas, se libere a los detenidos que solo se manifestaron y se establezcan penas ajustadas al delito a los que cometieron actos de vandalismo.

***

(1) Ver mi expediente judicial por estos hechos, en la Causa 545 del Tribunal de Urgencia, en  la Audiencia de Santa Clara, en mi  archivo personal y en el archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado.

22 marzo 2022 60 comentarios 5k vistas
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Manifiesto

Manifiesto contra el silencio, por la justicia

por Redacción 21 marzo 2022
escrito por Redacción

A la Comunidad Artística e Intelectual cubana:

Los días 11 y 12 de julio del 2021 Cuba fue sacudida por un estallido social, que tuvo como respuesta un despliegue represivo de las fuerzas militares del Estado. Estos sucesos desembocaron en el uso desmedido de la violencia que trajo como consecuencia inmediata la muerte del ciudadano Diubis Laurencio, allanamientos de moradas, golpizas a manifestantes y detención de más de mil ciudadanos. A este episodio de desobediencia civil le han seguido procesos judiciales a más de quinientos ciudadanos, donde se han dictado penas ejemplarizantes que, en varios casos, superan los veinte años de cárcel.

En Cuba el derecho a manifestación continúa, pese al anuncio de las autoridades, pendiente de regulación. Y ante los sucesos del 11/12J el Estado responde con una violencia política y jurídica desproporcionada y metódica, que rebasa con mucho los episodios puntuales y espontáneos de violencia cometidos durante el estallido por algunos ciudadanos. No son equiparables las responsabilidades de un manifestante que daña un objeto o bien ajeno, con las de quien agrede —siendo agente del orden o civil— a otro ciudadano.

Por todo lo anterior, los abajo firmantes declaramos:

I- Esos cubanos y cubanas solo han ejercido su derecho a tener derechos, del mismo modo que cotidianamente se manifiesta la ciudadanía en nuestra región latinoamericana y en el mundo. Y en cualquier república, cuando se cometen excesos en las manifestaciones, los implicados —sean ciudadanos o agentes estatales— deben ser procesados de modo proporcional y conforme a derecho, jamás punitivamente.

II- Las penas dictadas son escarnios públicos contra toda la sociedad cubana —más allá de simpatías ideológicas o militancias políticas— para impedir cualquier intento de protagonismo activo de las personas en los destinos de su país. En su mayoría, los jóvenes procesados provienen de barrios vulnerables, afectados por la aguda crisis económica y por la mala gestión gubernamental. Hay desproporción de las condenas, vulneraciones en los estándares procesales vigentes —según la legislación cubana e internacional— y una exhibición ejemplarizante de los procesos por la prensa estatal nacional.

III- Es un deber intelectual general de académicos y artistas, en cualquier época y sociedad, condenar la violencia y la arbitrariedad sin dobles raseros; sin dispensas ideológicas o subterfugios de realpolitik. Condenarlo, además, porque las víctimas de esta violencia casi siempre son aquellos sujetos cuya vida, necesidades e intereses son objeto de nuestras investigaciones y obras.

IV- Es un deber humanista concreto acompañar a las víctimas de la violencia de Estado si entendemos que lo sucedido entre el 11 y el 12 de julio fue, como en toda Latinoamérica, un estallido social expresado mediante la desobediencia civil, resultado de la mala gestión gubernamental de la economía y de modos autoritarios de gestionar el conflicto y participación socio-políticos en Cuba.

V- En este momento inédito y triste de la historia cubana, llamamos a nuestros colegas intelectuales y artistas a acompañarnos. Los presos son —o pueden ser— nuestros familiares, vecinos, amigos. Nosotros mismos. En esta era de conectividad digital, todos sabemos lo que está ocurriendo. Nadie es ajeno en la actualidad a los acontecimientos, los testimonios y los desenlaces.

Desde cualquier ideología es posible condenar o avalar la violencia del poder. Las posturas de disimulo, silencio o complacencia ante el procesamiento punitivo a los manifestantes del estallido social, en lugar de defender a la ciudadanía vulnerable y hacer rectificar a las autoridades, solo perpetuará y ampliará los abusos y los conflictos. Y nos convertirá a cada uno de nosotros, personas de ideas y palabras, en cómplices, conscientes o disimulados, de la violencia y la injusticia.

Por ello, dada la prolongación y vicio de los juicios, la connotación punitiva de los mismos y las lecciones de procesos similares en nuestra región, exigimos la excarcelación de nuestr@s compatriotas. Y la delimitación ulterior, precisa, proporcional y estrictamente apegada a Derecho, de las responsabilidades privadas y públicas ante la violencia asociada al estallido. La forma concreta de iniciar tal proceder —por una Amnistía o fórmula similar— puede ser objeto de debate; su sustancia no. El Derecho no puede subordinar a la Justicia.

Adriana Ortega Normand

Alberto Abreu Arcia

Alejandro Pérez Díaz

Alex Fleites Rodríguez

Alexander Hall Lujardo

Alexei Padilla Herrera

Alfredo López de la Rocha

Alina Bárbara López Hernández.

Amaury Pacheco Del Monte

Armando Chaguaceda Noriega

Boris González Arenas

Camila Rodríguez

Carmelo Mesa-Lago

Carolina Barrero Ferrer

Dany Roque Gavilla s.j

Eloy Viera Cañive

Fernando Pérez Valdés

Gladys Marel García Pérez

Harold Cárdenas Lema

Haroldo Dilla Alfonso

Helen Ochoa Calvo

Ivette García González

Jorge Fernández Era

José Manuel González Rubines

Juan Pin Vilar

Juliette Isabel Fernández Estrada  

Leonardo Manuel Fernández Otaño

Leonardo Romero Negrín

Mario Valdés Navia

Marta María Ramírez García

Mauricio de Miranda Parrondo

Miguel Alejandro Hayes

Nelda Castillo

Omar Everleny Pérez Villanueva

Pedro Manuel Monreal González

Rafael Rojas Gutiérrez

Raudiel Peña Barrios

Raúl Prado Rodríguez

Sandra Ceballos

Tania Bruguera

Teresa Díaz Canals

Uva de Aragón y Hernández-Catá

 También firman y respaldan está exigencia cívica:

Abdiel González Maimó

Adriana Fonte Preciado

Aíxa Negrín Ortueta

Alberto Hernández Osorio

Alejandra Pino Díaz

Alfredo Castellanos Collazo

Alfredo Castellanos Collazo

Álvaro Tejeda Sardiña

Amílkar Feria Flores

Aminta D’Cárdenas

Anamelys Ramos González  

Aydana Hernández Febles

Camila Ramírez Lobón

Carlos Antonio Amador Rodríguez

Carlos Ricardo Molina Rodríguez

Carmen Corella

Carolina Sansón Aguiar

Cirenaica Moreira

Claudio Gaitan Garmendia

Daína Chaviano

Daniel Triana Rubio

Daniela Rojo Varona

Danilo Pompa

Danny Echerri Garcés

David Horta Pimentel

Elaine Acosta González

Flavio Garciandía de Oraá

Gerardo Mosquera

Giselle González García

Glenda Caridad Boza Ibarra

Hamed Oriol Toledo Torres

Hamlet Fernández Díaz

Hamlet Lavastida Cordoví

Hasn Carrillo Guach

Iván de la Nuez

Ivette Corcho

Jorge Carpio

Jorge Dalton

Jorge Ferdecaz

Jorge Gómez de Mello

José Alejandro Estévez

José Leandro Garbey Castillo

José M. Fernández Pequeño

Juan Carlos Sáenz de Calahorra

Juan Manuel Tabío

Julio Llopiz Casal

Karla Rodríguez Albert

Kianay Anandra  Pérez

Laideliz Herrera

Lázaro Saavedra González

Lilian María Martinó Lechuga

Llamirka Peñate Saavedra

Luis Cino Álvarez  

Luis Roberto Gómez Alarcón

Lynn Cruz

Magdiel Jorge Castro

Manuel Alejandro Rodríguez Yong

Manuel García Verdecia

Manuel Jorge Mesías

Marcela García Olivera  

María Antonia Borroto Trujillo

Mariela Brito

Marta Castillo

Marta Luisa Hernández Cadenas

Massiel Carrasquero Ramos

Miguel Alejandro Montero Ochoa

Miguel Augusto Gómez Fernández

Miguel Coyula

Miryorly García Prieto

Pedro Pablo Bacallao

Rachel Alfonso

Reinier Díaz Vega

Remy Ramses Hernández Lois

Ricardo Figueredo Oliva

Ricardo Franco Leyva

Roberto Viña Martínez

Rodolfo Gómez Schlittler

Rosario María Cruz Matos

Royma Cañas

Saily González Velázquez

Samuel Farber

Serguei Martínez Castillo

Teresa Cárdenas

Víctor Manuel Viera Potestad

Yanet Rodríguez

Yelanys Hernández Fusté

Yunior Morales

 Desde la comunidad internacional apoyan este manifiesto:

Antonio Tonga – Movimiento Migrantes, Portugal

Atenágoras Lópes – Coordinación Nacional del sindicato Conlutas, Brasil

Daniel Ruiz – Preso político excarcelado, Argentina

Eduardo Almeida – Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), Brasil

Herbert Claros – Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas

Jessica Barquero – Candidato a la vicepresidencia, Costa Rica

Jhon Vega – Candidato a la Presidencia, Costa Rica

María Rivera – Convencional Constituyente, Chile

Miguel Sorans – Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional

Pablo Almeyda – Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional

Sebastián Romero – Preso político excarcelado, Argentina

Sérgio Carlitos Pereira – UPRG Cassacá 64, Guinea Bissau, África

Soraya Misleh- Periodista y activista, Palestina-Brasil

Vera Lúcia – Precandidata presidencial, Brasil

Zé María de Almeida – Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), Brasil

* La redacción de La Joven Cuba ha recibido este manifiesto que ponemos a disposición de los lectores. Varios de los miembros del equipo decidieron acompañarlo con su firma.

21 marzo 2022 123 comentarios 6k vistas
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criminalizacion

La criminalización de la política opositora

por Samuel Farber 28 diciembre 2020
escrito por Samuel Farber

Hay estados anti-democráticos que no solo reprimen la oposición política, sino que también la criminalizan, una manera muy efectiva de evitar la divulgación y discusión de las ideas políticas que divergen de la ideología en el poder.  Ese fue el caso en la Unión Soviética y sigue siendo el caso de los regímenes que adoptaron las estructuras principales del modelo soviético, tales como China, Vietnam y nuestra propia Cuba.

Es así como, bajo la dirección del gobierno cubano, los integrantes del Movimiento San Isidro (MSI) fueron detenidos por la policía bajo cargos criminales –supuestamente por haber violado «el protocolo de salud de los viajeros internacionales», adoptado por el gobierno para combatir la pandemia del COVID-19–. En realidad fueron detenidos por razones políticas, por protestar en grupo y públicamente contra la represión del gobierno hacía uno de sus integrantes. Este es un típico ejemplo de la manera en que el gobierno cubano se enfrenta a la crítica: reemplazando el lenguaje político con el administrativo policíaco.   

Cuba viene de una larga tradición latinoamericana que concede un trato especial a la conducta política y evita reducirla a la delincuencia o criminalidad común. Es por eso que esta tradición respalda el derecho al asilo político, así como la diferenciación en el trato de los presos políticos y los comunes.

La dictadura batistiana, por ejemplo, respetó el asilo político al que recurrieron cientos de cubanos opuestos a la dictadura para salvar su vida en las embajadas de países latinoamericanos. Por supuesto, hubo violaciones a ese derecho, como lo fue el caso excepcional del asalto policíaco a la Embajada de Haití, el 29 de octubre de 1956, donde fueron asesinados todos los opositores que se habían asilado. Ahí murió también a manos de uno de los asilados que tenía en su posesión un arma de fuego, el Jefe de la Policía Nacional a la cabeza de ese ataque, Rafael Salas Cañizares, uno de los esbirros más notorios de la dictadura batistiana.

En el caso de América Latina, la excepción más notable a la regla de conceder asilo fue la de Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador y líder de la APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), quien para protegerse del gobierno peruano bajo la dictadura de Manuel Odría, se asiló en la Embajada de Colombia a principios de 1949. Haya de la Torre permaneció en esa embajada durante 5 años hasta que por fin obtuvo el salvoconducto para salir del país hacia México, aunque solo después de que la Corte Internacional de Justicia rechazó la demanda de Odría para que Colombia le entregara al líder opositor peruano.

El gobierno revolucionario cubano abandonó la tradición de conceder el asilo político cuando adoptó el modelo soviético a principios de los sesenta. Un ejemplo claro de ese viraje fue lo sucedido en la Embajada del Perú en La Habana, en abril de 1980, cuando bajo las órdenes de Fidel, las fuerzas del Estado impidieron en las afueras de la embajada, la entrada de los cubanos que querían asilarse. En un inicio solo pudieron hacerlo los que entraron por la fuerza en un encuentro armado que causó varias muertes. Eventualmente, el gobierno retiró la vigilancia de la embajada. Fue entonces que cerca de diez mil cubanos entraron en la sede diplomática demandando asilo para poder salir de la Isla, lo que hicieron a través del puerto de Mariel, entre abril y junio de 1980.     

Además de reconocer el derecho al asilo político, la tradición latinoamericana distingue entre los presos políticos y los comunes. Esta distinción ha sido reconocida también en otras partes del mundo. Por ejemplo, la Rusia zarista periódicamente concedía un cierto grado de autonomía a los presos y exilados políticos. Fue así como, durante su condena de exilio en Siberia de 1897 a 1900, Lenin pudo estudiar y escribir entre sus varias obras, «El Desarrollo del Capitalismo en Rusia». También se le permitió asesorar a los campesinos del área en cuestiones legales y preparar documentos pertinentes a sus casos.

El gobierno bolchevique continuó parcialmente esa tradición desde el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917, durante la Guerra Civil de 1918 a 1920 y poco tiempo después, permitiéndole a los presos políticos que habían sido deportados a los campos de trabajo de las islas Solvetsky –anteriores al Gulag– entre otros, a conducir actividades políticas. Asimismo, reconoció el derecho de los presos políticos de izquierda –anarquistas, mencheviques y socialistas revolucionarios de izquierda– a no tener que trabajar, a organizarse y a elegir a sus representantes para negociar con los administradores de esos campos la solución a sus quejas y condiciones de vida.

La dictadura batistiana también reconoció la distinción entre presos políticos y comunes. Es bien sabido que en muchas ocasiones violó los derechos tradicionales de dichos presos, como en el caso de Fidel Castro y los Moncadistas presos de 1953 a 1955, en el llamado Presidio Modelo de la otrora Isla de Pinos. Pero en general se les respetó su condición de presos políticos con el derecho de vestirse de civiles, rehusar el trabajo forzado y reunirse dentro de la cárcel para organizar clases y otras actividades políticas, estudiadas en detalle por el historiador cubano Mario Mencía.

Esta tradición acabó cuando Fidel Castro, haciendo a un lado su propia historia, decidió no reconocer ni siquiera la categoría de preso político, mucho menos cualquier derecho tradicional que estos reclamaran por su condición política, como vestir ropa de civil y rehusar el trabajo forzado. Muchos de los presos políticos posteriores a 1959 resistieron ser tratados como presos comunes, lo que dio lugar al fenómeno de los «plantados». Estos también se opusieron a los planes de «rehabilitación», promulgados en 1964 por el gobierno con la intención de presionarlos a renunciar a sus ideas políticas a cambio de mejorar sus condiciones en la cárcel y acortar sus condenas.

Los «plantados» protestaron contra esos planes y contra sus condiciones carcelarias con huelgas de hambre y vestidos solamente con su ropa interior para evitar los uniformes de los presos comunes. Estas protestas fueron reprimidas, frecuentemente de manera brutal por los guardias carcelarios. En una de esas huelgas de hambre murió, en 1972, Pedro Luis Boitel, un antiguo líder estudiantil universitario y antibatistiano opuesto al comunismo.

El trasfondo ideológico de esas prácticas del gobierno cubano es que sólo existe un único pensamiento político legítimo. Cualquier oposición a este automáticamente implica el poner en peligro y traicionar a la Revolución y se convierte en un crimen común en el momento en que alguien actúa, aunque sea pacíficamente, para persuadir a otros cubanos de ideas diferentes u opuestas a las oficiales. La presunción de que hay un solo pensamiento político legítimo penetró desde muy temprano, todos los aspectos del discurso oficial con respecto a la naturaleza y destino de la sociedad cubana.

Por ejemplo, la lucha armada que tuvo lugar en la Sierra del Escambray en los años sesentas fue bautizada por el gobierno como una «lucha contra bandidos». La realidad es, sin embargo, que esta no fue una lucha contra bandidos, sino contra aquellos a quienes el gobierno pudiera haber calificado como contrarrevolucionarios, un término que asume la existencia de una política contrarrevolucionaria en lugar de reducir y falsificar la realidad con un término de índole criminal.

Lo curioso del caso es que, en realidad, el gobierno cubano nunca sostuvo seriamente que la del Escambray haya sido simplemente una lucha contra cuatreros, asaltantes y ladrones para quienes el término «bandidos» hubiera sido apropiado. Es irónico que la CIA, que invirtió tantos recursos en asistir y proveer ayuda material a esos grupos armados, no los vio como delincuentes comunes sino precisamente como contrarrevolucionarios. Es claro que el régimen conscientemente usó el término «bandidos» para desprestigiar y situar más allá de la política a los rebeldes del Escambray, y para legitimar cualquier tratamiento que les impusiera a ellos y a sus partidarios, como fue el traslado forzado en los años setentas, de miles de campesinos que vivían en la zona del Escambray a cientos de kilómetros al oeste después de que las hostilidades habían cesado.       

La situación contemporánea

El gobierno cubano continúa criminalizando las actividades políticas de los críticos del régimen y con mayor frecuencia lo justifica legalmente aduciendo que estas actividades son financiadas y organizadas por el imperialismo norteamericano. Así, la Ley 88 de 1999, justificadamente llamada «Ley Mordaza» por muchos, establece en el capítulo 11 la privación de libertad por un término de 3 a 8 años y/o una multa de mil a tres mil cuotas para aquellos que participen en la distribución de recursos financieros o de otra índole, procedentes del gobierno de Estados Unidos. 

En varios casos, esta acusación ha sido bien fundada con respecto a la procedencia de los recursos involucrados. Aún así, es necesario, por lo menos desde el punto de vista socialista y democrático, establecer el tipo de actividades políticas que han sido financiadas u organizadas con esos fondos. Por lo general, las actividades oposicionistas adjudicadas por los tribunales cubanos en años recientes han sido pacíficas y han consistido en la distribución de materiales impresos o de otra índole no violenta. Como tales serían consideradas completamente legales en cualquier país latinoamericano, salvo en aquellos gobernados por sistemas antidemocráticos. No son comunicaciones incitando a la violencia o tráfico de armas, son exhortaciones e ideas eminentemente políticas, dirigidas a un público del que buscan apoyo.

A la luz del carácter pacífico de estas actividades, es sumamente injusto, así como antidemocrático, que el sistema judicial cubano castigue a aquellos que han acudido a fuentes como el gobierno de los Estados Unidos para obtener los recursos necesarios para conducir este tipo de actividades políticas. Dicho gobierno es clara y contundentemente condenable por su motivación hostil a la auto-determinación de la nación cubana. Pero los disidentes y opositores que reciben esos fondos están siendo condenados en Cuba por llevar a cabo actos políticos que serían legales en cualquier país democrático.

La recepción del apoyo material del gobierno norteamericano en circunstancias donde los ciudadanos cubanos no tienen derecho a expresarse en público independientemente del gobierno, es una cuestión política que debe discutirse como tal y no castigarse a través del sistema penal. Después de todo, el gobierno cubano a través de su monopolio de medios de comunicación, puede decir todo lo que quiera contra los ataques a la soberanía del país, denunciando la intromisión de Washington en los asuntos internos de Cuba. Pero al mismo tiempo, como parte de ese monopolio, no permite que el pueblo cubano escuche y sea testigo de la defensa de los acusados contra las imputaciones en su contra, tanto en este como en todos los casos políticos.

Es una vieja práctica que Fidel instituyó en los tiempos tempranos de la Revolución cubana cuando impidió que el pueblo escuchara la defensa del Presidente Manuel Urrutia contra las graves acusaciones que el máximo líder revolucionario presentó contra él en julio de 1959.

Pero para la izquierda cubana independiente, lo más importante más allá de la defensa de los derechos políticos democráticos para todos, es que los cubanos tengan acceso a aquellos que critican al régimen cubano desde un punto de vista socialista, democrático y antiimperialista. Este es un punto de vista que, en primer lugar, se opone a la injerencia norteamericana en los asuntos internos de Cuba basada en el derecho de autodeterminación nacional.

Contra lo que arguyen muchos integrantes de la oposición de derecha, la defensa de la autodeterminación de la nación cubana no supone de manera alguna la aprobación o apoyo al gobierno cubano, sino que propala la consigna de mantener el destino de Cuba en manos de los cubanos sin permitir que otros países, mucho menos potencias imperiales, controlen a Cuba como lo hicieron en la época pre-revolucionaria.

Cuando en el año 1935 la opinión democrática internacional, sobre todo los afro-descendientes y la izquierda, apoyaron sin reserva alguna la resistencia de Etiopía contra la invasión de la Italia fascista, ciertamente no fue porque querían defender o disculpar al régimen monárquico y hasta esclavista del Emperador Haile Selassie –brillantemente descrito por el autor polaco Ryszard Kapuscinski en su obra de semi-ficción «El Emperador»–, sino para oponerse al imperialismo fascista y defender la autodeterminación de la nación etíope. 

Los gobiernos de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, podrán proclamar que el bloqueo y la Ley Helms Burton –medidas que han empeorado las condiciones de vida de todos los cubanos en la Isla– fueron tomados en aras de la democracia y del llamado «mundo libre».  El hecho es, sin embargo, que la política exterior norteamericana persigue sus propios intereses para promover y defender su imperio, el resto es pura verborrea ideológica e hipócrita. 

Esto lo corrobora la larga trayectoria histórica de la política estadounidense con su intervención para derrocar gobiernos democráticamente electos, como el de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 y el de Salvador Allende en Chile en 1973, con la subsecuente ejecutoria asesina de Pinochet. Por supuesto, aquí hay que incluir su apoyo a la dictadura batistiana, la invasión de Playa Girón en 1961, así como las numerosas incursiones armadas y terroristas contra Cuba. Esa trayectoria imperialista también se extiende a otras partes del mundo con el apoyo de Washington a regímenes sumamente reaccionarios y antidemocráticos como la Arabia Saudita y su agresión genocida en Yemen, así como su intervención y destrucción de Iraq en los últimos treinta años.   

Es cierto que es difícil sobrevivir como opositor o disidente en la Cuba de hoy. Pero existen alternativas a la ayuda del gobierno norteamericano. Después de todo, hay más de dos millones de personas de ascendencia cubana fuera de Cuba de las que se podría recabar apoyo financiero independiente para mantener las actividades políticas de oposición en la Isla.  Eso fue lo que José Martí hizo en la década de 1890, recabando fondos de los obreros tabaqueros cubanos en la Florida.

Existe también una extensa sociedad civil norteamericana –sindicatos, iglesias, organizaciones fraternales, de derechos humanos, mujeres, gays, entre otras– la gran mayoría de las cuales operan independientemente del Departamento de Estado, la CIA, o de la Fundación Nacional Cubano Americana que actúa como vehículo de los gobiernos norteamericanos de ambos partidos.

Los grupos que siguen la vía fácil de acudir a estas agencias gubernamentales y organizaciones que las auxilian, así como a las embajadas norteamericanas, no solamente comprometen la independencia de la oposición al gobierno cubano, sino que también exhiben una fuerte tendencia a «vivir del cuento», pues al contar con los fondos no se molestan en desarrollar su propia base de apoyo y acaban con pocos partidarios tanto en Cuba como en el exterior.

28 diciembre 2020 56 comentarios 2k vistas
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