Las autoridades económicas cubanas anunciaron hace días que se establecería un mercado formal —léase estatal— de divisas. Sin embargo, en el programa Mesa Redonda de la tarde del 3 de agosto, al que acudieron el ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil y la ministra-presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson, confirmaron que, «de momento», las instituciones bancarias del país y las casas de cambio solo comprarían divisas a partir de una tasa de cambio de referencia entre un dólar estadounidense (USD) por 120 pesos cubanos (CUP); que en realidad se convertirían en 110,40 debido a la aplicación de un «margen» por la operación.
Llama poderosamente la atención que el gobierno cubano, en lugar de intervenir el mercado cambiario para reducir la brecha existente entre el tipo de cambio del mercado informal y el oficial, adopte, en la práctica, el informal que, dicho sea de paso, había sido desautorizado por el propio ministro en exposiciones anteriores cuando lo denominara «especulativo». ¿Ahora deja de serlo porque es oficial o más bien el gobierno ha decidido extraer las rentas que produce la adopción de un tipo de cambio al que el banco central no es capaz de vender la divisa extranjera y que es responsable de la existencia de un mercado paralelo?
A este mercado podrían acudir las personas naturales, los turistas e incluso los trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agrícolas, micros y pequeñas empresas; es decir, todos los actores económicos, con excepción del Estado que se seguirá rigiendo por la tasa ficticia de 1 USD por 24 CUP. Sin embargo, Alejandro Gil reconoció textualmente que «el mercado cambiario no puede operar a ese tipo de cambio».
Valdría la pena que le respondiera al país por qué entonces se mantiene un tipo de cambio ficticio, por demás sobrevalorado, que afecta a los exportadores que reciben menos pesos de los que deberían si esos dólares se vendieran en el mercado y, al mismo tiempo, beneficia a los importadores porque les permite adquirir los dólares a un precio inferior, aunque en este caso deberían esperar por una asignación discrecional.
Por el momento —dijeron los funcionarios— solo se comprarían las divisas, debido a que la venta se producirá en un impreciso después, como también será para después la soberanía del peso cubano en todas las transacciones domésticas, que el ministro definió como «objetivo estratégico» pero que en este momento —según él— no puede lograrse. Entonces nos sugiere «ir del Punto A al Punto B, es decir, no hacerlo de un salto».
Una vez más las autoridades cubanas parecen decididas a persistir en el error al desconocer las realidades objetivas de la economía, creyendo que las pueden vulnerar y que tienen todo el tiempo del mundo para llegar a los «objetivos estratégicos», en un largo camino que cada vez menos ciudadanos están dispuestos a aceptar. En medio de este proceso, combinan el excesivo voluntarismo y la irresponsabilidad política con una notoria debilidad teórica y conceptual.
La soberanía plena del peso y el tipo de cambio único
La conversión del peso cubano en la única moneda en la que se produzcan todas las transacciones en la economía es urgente e imprescindible. No es cierto que no existan las condiciones en el país para adoptar una medida de este calado. La existencia de un segmento del mercado al que solo se puede acceder con divisas es una de las razones, además de su escasez, para que la moneda nacional se desvalorice en el mercado doméstico y se reduzca su capacidad adquisitiva.
Adicionalmente, esto significa una inaceptable marginación para aquella parte de la población que no recibe remesas, que no tiene familiares en el exterior o que no tienen ingresos en divisas, lo cual, además de un problema económico es también político.
La existencia de una moneda única permite a los Estados usar tanto la política monetaria como cambiaria junto a otras, como la fiscal, comercial, laboral, etc., cual instrumentos para orientar la coyuntura en función de objetivos estratégicos definidos. No obstante, para ello es imprescindible la existencia de un tipo de cambio único, que refleje las condiciones del mercado, opere para todas las transacciones internacionales en la economía y permita el establecimiento de los precios relativos que aseguran la conexión entre la economía doméstica y la global.
Un tipo de cambio establecido por el mercado, cualquiera que este sea —y no por una decisión discrecional de las autoridades—, permitiría al peso cubano tener una convertibilidad real en el territorio nacional, de manera que los bienes importados puedan ser pagados a su precio real en pesos.
Como ese tipo de cambio seguramente será más alto que el que el gobierno se empecina en fijar como oficial, las empresas que generen exportaciones —sean estatales, cooperativas o privadas—, quienes ofrezcan servicios turísticos con independencia del tipo de propiedad, u otros servicios transables internacionalmente, se beneficiarían de mayores ingresos en moneda nacional por cada dólar ingresado.
Por el contrario, quienes realizan importaciones de bienes o servicios, deberían destinar más pesos por cada dólar, con el consecuente encarecimiento de las mismas, lo que debería permitir a los productores nacionales que estén en capacidad de sustituir esas importaciones con producción nacional, competir en precios con los bienes extranjeros. Obviamente, para que ello sea posible debería existir un sector productivo con capacidad de sustituir importaciones, porque de lo contrario se incrementaría el déficit comercial, se deterioraría el balance de pagos y, en consecuencia, la capacidad financiera externa del país.
Por tales razones, resulta imprescindible que se eliminen las inmensas restricciones que en la actualidad obstaculizan el emprendimiento en las diversas actividades productivas, muy especialmente en la industria, la agricultura, el transporte y las comunicaciones, entre otros.
En lugar de esto, las autoridades cubanas apelan al fracasado expediente de los tipos de cambio múltiples, que crearán nuevas distorsiones en los precios relativos con un impacto nocivo sobre la estructura de la economía, la competitividad de la producción nacional y los equilibrios macroeconómicos.
Es absurdo que los sectores económicos que resultan transables internacionalmente deban operar en un tipo de cambio ficticio que no resulta de las condiciones de un mercado libre —aunque pueda ser regulado, no controlado— y transparente; mientras que la población, los turistas y los actores económicos no estatales deban operar internamente a otra paridad, cinco veces superior.
¿Qué incentivo tendría un inversionista institucional para colocar su capital en el país —incluso haciendo abstracción de la ausencia de condiciones institucionales que favorezcan las inversiones foráneas— y recibir 24 pesos por dólar invertido cuando en un mercado paralelo podría recibir 110,40 CUP? Con esta decisión le están asestando un golpe, también, a la inversión extranjera directa.
Por otra parte, muy probablemente quienes han estado operando en el mercado informal comiencen a subir el precio al que pagan la divisa extranjera, toda vez que quienes necesitan comprarla deberán continuar acudiendo —por ahora— a ese mercado.
Así las cosas, el efecto de corto plazo podría ser una elevación del tipo de cambio informal y un mayor deterioro de la capacidad adquisitiva de la población, que debe concurrir a las tiendas en monedas libremente convertibles para satisfacer necesidades básicas; así como un mayor costo para esa inmensa cantidad de cubanos que a diario emigran buscando una opción de vida que su propia tierra no les ofrece.
Ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson González.
La estabilidad del tipo de cambio
La pretendida estabilidad cambiaria no se asegura —como pareciera interpretarse de las palabras del ministro— estableciendo tipos de cambio fijos por decreto, sino a partir de la estabilidad del mercado cambiario que resulta de la de la economía en su conjunto.
Los tipos de cambio flexibles funcionan en la mayor parte del mundo, y que haya flexibilidad cambiaria no implica que haya inestabilidad, porque las variaciones suelen no ser sustanciales, salvo en el caso de crisis cambiarias que resultan de crisis de balanzas de pagos.
La razón por la que la mayor parte de los países abandonaron los tipos de cambio fijos después de la crisis del sistema de Bretton Woods y de la desvinculación del dólar y las demás divisas internacionales del oro; radica en que mientras las monedas estaban atadas al oro, eran el metal precioso, o las divisas plenamente convertibles en él, los que aseguraban el valor relativo de las demás monedas, en tanto, a partir de dicha crisis, han sido la producción de bienes y servicios, y muy especialmente los resultados de la balanza de pagos, los que crean las condiciones para la determinación de los tipos de cambio en los mercados.
A lo largo de estos más de cincuenta años, es mucha la experiencia acumulada por los bancos centrales en la utilización de mecanismos de regulación de los mercados cambiarios para evitar oscilaciones exageradas que conlleven a una volatilidad claramente nociva para el desarrollo de los negocios.
Establecer un tipo de cambio fijo oficial que resulte de una decisión administrativa, es una medida errónea y para nada asegura la estabilidad de la economía. Todo lo contrario, genera distorsiones en el establecimiento de los precios relativos, afecta negativamente las operaciones de comercio exterior y desvincula la economía nacional de las condiciones de los mercados internacionales. Cuando esto ocurre en una economía abierta, como la cubana, el efecto negativo adopta mayores proporciones.
El problema es el modelo, ¡una vez más!
En la argumentación de las autoridades cubanas para tratar de explicar este nuevo desatino, se evidencia la pretendida intención de acomodar las realidades económicas al mantenimiento de un modelo económico probadamente ineficaz y agotado histórica y políticamente. La administración centralizada de la economía no funciona. Persistir en ella es un error económico y una irresponsabilidad política.
Lo más importante para el bienestar de un pueblo es que la economía funcione, que mejore el nivel de vida de las personas y que estas puedan desarrollarse en condiciones de libertad, que las fuerzas productivas se desplieguen sin los absurdos obstáculos que impone la burocracia, ávida de mantener el control a toda costa sin advertir que, en cada retroceso o en cada situación que agrave las condiciones de vida de la población, se está conduciendo al país al colapso, lo cual suele traducirse en estallidos sociales.
A partir de lo que se constata, las autoridades cubanas parecen no estar a la altura de las necesidades de la sociedad y, con sus errores, son las principales responsables del agravamiento de las condiciones de vida de la población. Por ello es imprescindible reconocer que no hay soluciones económicas posibles sin transformaciones políticas e institucionales.
