Reformar la economía nacional ha sido una especie de Santo Grial para la dirigencia del país. A pesar de ello, el término reforma no es comúnmente utilizado en el discurso oficial. Según explica el sociólogo y politólogo Juan Valdés Paz: «En la historia del socialismo real las escasas reformas o políticas de reformas, han respondido a crisis económicas o a cambios en las estrategias de “transición socialista”, tales como en la experiencia cubana».
Sin denominarlos como reformas, treinta y cuatro años atrás, con Fidel al frente, fue anunciado el «Proceso de rectificación de errores y tendencias negativas». Hace trece años, esta vez con Raúl al mando, se declaró el «Proceso de actualización de la economía cubana». Ante el destino de tales propósitos, ya es hora de que pensemos que algo se está haciendo mal. La cuestión a dilucidar es: ¿qué ha fallado?
Las medidas económicas anunciadas por el presidente distan mucho de ser nuevas.
Varias generaciones de compatriotas pasamos por medidas similares en los duros años noventa. En todo caso, el cambio fundamental es del entorno, con otro tipo de complicaciones añadidas. Más allá de las tarjetas para comprar en dólares —una especie de corralito financiero que tendrá una peligrosa incidencia social, que ya la está teniendo—, recuerdo que tras la caída del socialismo europeo se fue aquí más expedito en los cambios. No se había declarado aún la consigna “Sin prisa pero sin pausas” que ha mostrado ser la maquillada tesis del inmovilismo.
El economista Juan Triana Cordoví en su artículo: “Marchas y contramarchas: el pa’trás y pa’lante de la política económica. Si todos estamos de acuerdo, ¿por qué no sucede lo que debe ocurrir?”, analiza con certera mirada la fuente de las contradicciones entre el declarado deseo de avanzar y los retrocesos:
«Con la existencia de culturas políticas e ideológicas resistentes a “actualizarse”, con comportamientos incluso personales marcados por aprendizajes anteriores, con prejuicios, con legislaciones muchas veces obsoletas, pero aún vigentes, con espacios grises que permiten “interpretaciones personales” y que condicionan, dificultan, retrasan los mejores propósitos que un país pueda tener y hacen extraordinariamente difícil alcanzar la coherencia deseada y con intereses personales creados difíciles de renunciar».
Varios países del antiguo campo socialista europeo intentaron procesos reformistas sin que pudieran evitar finalmente el colapso del sistema. Alguna experiencia debió dejarnos aquello. A mí me inquieta desde hace mucho esta interrogante: ¿Se puede reformar la economía de un país socialista sin proponer también reformas políticas? Cuando el periodista cubano-holandés Sergio Acosta me solicitó una pregunta para la conversación que tendría con el economista Janos Kornai[1] fue esa la que le entregué.
Kornai respondió: «Poder se puede, pero no tendrá éxito […] Si preguntas si puede funcionar, pues le cuento que en su momento también hubo ese debate en Hungría. Depende de qué usted define por la expresión “funcionalidad”.
Sergio Acosta: ¿Viabilidad?
Kornai: Exacto, viabilidad. Puede funcionar pero no funciona bien […]».
Mi duda se acrecentó más. La Nueva Política Económica (NEP) proceso de reformas puesto en práctica en la URSS entre 1921 y 1927, tuvo indudables éxitos al liberalizar el comercio interior, aceptar la creación de pequeñas empresas privadas y la colaboración con capitales extranjeros a través de formas mixtas de propiedad, aplicar el sistema de autogestión empresarial para luchar contra el burocratismo y las tendencias autoritarias de la administración y reconocer el interés personal en los resultados del trabajo. A pesar de sus efectos positivos, el paulatino fortalecimiento de Stalin frente al Partido tras la muerte de Lenin influiría decisivamente en el fin de estas reformas.
En 1928, durante una reunión, el secretario general del Partido dijo: “mandemos al diablo a la NEP”, cosa que, de hecho, había determinado el PCUS unos meses antes en su XV Congreso (diciembre de 1927), al aprobar las directrices del Primer Plan Quinquenal. Se iniciaba así el denominado modelo económico estalinista, férreamente centralizador.
Seis años de reformas se desplomaron ante la voluntad de una persona.
Ocurre que la propia NEP llevaba en sí la semilla de su destrucción. Un interesante debate me aportó otros elementos a la hora de enjuiciarla. Se produjo entre el profesor, historiador e investigador Samuel Farber, nacido en Cuba y residente desde muy joven en EE.UU. y John Marot, profesor del departamento de Historia de la Universidad Riverside de California.[2]
Farber sostiene que la NEP debió estar resguardada por una apertura política que permitiera la organización independiente de trabajadores y campesinos para oponer resistencia al estalinismo: « […] la adopción de la NEP debería haber sido acompañada de lo que llamé una Nueva Política Política (NPP). Esencialmente, de la libertad de organización política pacífica para todos aquellos grupos dispuestos a respetar la forma original de democracia soviética que llegó al poder en octubre de 1917».
Lenin, en la misma medida que había abogado por las concesiones económicas de la NEP, defendió la restricción de libertades políticas: eliminación total de partidos y grupos de oposición, control de los sindicatos obreros y del campesinado en los límites establecidos por el Partido y monopolio de los medios de comunicación.
En consecuencia, el Partido se tornó una organización cada vez más burocrátizada y antidemocrática, mientras que el resto de la sociedad derivó en una disciplinada colectividad, incapacitada para organizarse y presionar por cambios. Así fue en todos los países que aplicaron el modelo de socialismo burocratizado. Así sería hasta la implosión del socialismo, al que nadie defendió pues no habían sido convocados a su defensa.
Como dice Kornai, un proceso reformista exclusivamente económico «no funciona bien». Creo que una de las razones de su inviabilidad es el riesgo de que, aun marchando exitosamente en apariencia, puede ser desmontado por obra y gracia de una decisión de gobierno.
Cuando no se implica activamente a la ciudadanía como controladora de la dirección, resultados y velocidad de las transformaciones económicas, estas corren el riesgo de ser desmanteladas, como sucedió en la URSS. Pero no solo allí. En Cuba también «mandamos al diablo» un proceso de reformas que se inició en los noventa y que —si bien no tuvo nombre propio ni bautismo oficial— fue la respuesta del gobierno a la situación pos-derrumbe del socialismo europeo.
Sobre todo en la segunda mitad de esa década, se sintió una mejoría gracias a la relativa descentralización de la economía, un mayor peso del mercado, el permiso a la iniciativa privada y la diversificación de sus socios comerciales. Sin embargo, después del acercamiento a la Venezuela chavista se fueron abandonando aquí ciertas políticas de flexibilidad en la economía.
El acercamiento a Venezuela regresó a Cuba hacia sus fueros centralizadores.
La iniciativa privada sería frenada aunque no desapareció. Cuba se alejó con rapidez del relativo pragmatismo que emergió por poco tiempo en el último lustro del XX y que generara incipientes índices de reactivación económica y confianza en encontrar una salida propia.
Un gran conflicto irresuelto donde quiera que se entronizara el socialismo burocrático es el de convertir la propiedad estatal en verdadera propiedad social. Esta aspiración ha sido utópica por la falta de democratización, los fallos de la participación ciudadana en las decisiones económicas y el hecho de que los sindicatos dejan de ser organizaciones que defiendan los intereses de los trabajadores.
Cuba no ha sido una excepción. La burocracia se ha convertido entre nosotros en una «clase para sí» y obstaculiza cambios y reformas que, aunque acepta en el discurso, ralentiza en la práctica en perjuicio de la mayoría. Las reformas económicas concebidas doce años atrás no han demostrado su eficacia pues la mayor parte de lo deseado ni siquiera se ha implementado. Y esto avizora un futuro incierto para un proceso de cambios que se apoyaba en la concepción de una economía abierta a la entrada de capitales foráneos. Esos capitales, reacios desde antes de la pandemia, ahora lo serán mucho más.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, señaló que los efectos de la pandemia «generarán la recesión más grande de la región desde 1930 (la Gran Depresión) y desde 1914, con la Primera Guerra Mundial». La CEPAL considera así mismo que la salida de la crisis dependerá de la fortaleza económica de cada país, su capacidad productiva instalada, el acceso al financiamiento de los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial) y la contundencia de su respuesta económica, en la que la política fiscal tendrá un papel fundamental.
Para Cuba se anuncia un decrecimiento de – 8% respecto al PIB, muy drástico en términos de una economía pequeña y ya deprimida. No quedará otra salida que echar a andar las reformas, de una vez y por todas, si no queremos someter a los cubanos a un proceso de privaciones al estilo del sufrido en los noventa, o mucho peor.
La Constitución cubana de 2019 es mucho más flexible en materia económica y de formas de propiedad que su antecesora, pero mucho más rígida en materia política. El Partido no solo es declarado como antes la fuerza dirigente, sino que se le adicionó el apelativo de superior respecto a la sociedad y al Estado.
Esta actitud arrogante del Partido fue propia de un modelo político que fracasó.
En febrero de 1989, la revista soviética Sputnik dedicó un número al inmovilismo que caracterizara al período de dirección de Leonid Brezhnev, allí se hacían estas preguntas: « ¿Debe la dirección del Partido convertirse en un órgano especial del poder, que estará por encima de los restantes órganos? ¿Si el Comité Central es un órgano especial de poder, cómo controlarlo? ¿Se puede protestar su resolución por inconstitucional? ¿Quién responde en caso de fracasar una medida decretada? Si este órgano superior de hecho dirige al país, ¿no debe entonces todo el pueblo elegirlo?».
En este modelo político el Partido es selectivo, «de vanguardia», y no un partido popular abierto a todos, entonces, si se declara como fuerza Superior a la sociedad también se erige por encima del pueblo. Para que no fuera así el pueblo debería poder elegir a los que encabezan al Partido, y ello no ocurre. Si está por encima de todos, y no es «un partido electoral», queda fuera del control popular.
En la Constitución del 2019 aumentaron los cargos por designación y se blindó a la burocracia ante la ciudadanía al considerar contenidos pétreos o inmutables cualquiera de los concernientes al sistema político. Ello, unido a la relativa apertura en cuanto a las formas de propiedad, y a la posibilidad de que unas formas se conviertan en otras, le otorga un peligroso estatus a los dirigentes políticos, sean o no de la denominada generación histórica. Así se fortalece una clase política que condiciona los cambios a la posibilidad de ver afectados sus privilegios.
Ante el disturbio que significa, para este modelo y para la clase política establecida por él, la visibilidad de opiniones ciudadanas a través de medios digitales —que debilita su control monopólico de los medios de comunicación— la respuesta ha sido represiva (Decreto 370) aunque infructuosa. Ahora podemos influir en las decisiones políticas y ser un factor significativo en la marcha de las reformas.
Un proceso de reformas no es una meta sin fecha de vencimiento.
Los que dirigen las reformas deben mostrar competencia y efectividad para realizar lo acordado. Deben establecerse plazos para vencer los objetivos y, sobre todo, debe ser posible demover de sus cargos a aquellos que no evidencien su compromiso real con las trasformaciones. Pero nada de eso es posible en un modelo político como el que tenemos.
Han tratado de convencernos durante mucho tiempo de que renunciar a ese modelo político es abrirle las puertas al capitalismo. Ya es hora de que tomemos conciencia de que ese modelo lo que ha logrado en realidad es cerrarle las puertas al socialismo al evitar que ese sistema se reforme y se torne verdaderamente participativo y próspero.
[1] Importante economista húngaro de 93 años de edad. Profesor emérito de la universidad Corvinus de Budapest y de la universidad de Harvard, donde enseñó por casi quince años. Es autor de textos como Economía de la escasez (1988) y El sistema socialista, la economía política del comunismo (1988). En este último argumenta que la economía de control de un partido comunista lleva al predominio de una administración burocrática de empresas estatales, con planificación centralizada y la fijación de precios para eliminar los efectos del mercado, lo que conduce a la economía de la escasez. Fue el principal experto consultado por China para sus reformas de la década del ochenta.
