Según el cronograma legislativo establecido por el acuerdo IX-115 y publicado en la Gaceta Oficial no. 5 de 2022, la aprobación del proyecto de Código Penal está prevista para este mes de abril. Poco se ha dicho en la prensa oficial cubana sobre el mismo, silencio que contrasta con la propaganda que ha recibido el proyecto de Código de Familias. Pero tanto la prensa independiente como algunos exponentes del gremio jurídico no vinculados al Estado, han expuesto datos alarmantes sobre el referido Código Penal.
Legalización de la violencia política
El código en cuestión exhibe algunos aciertos, como la desaparición del «Estado Peligroso», las «Medidas Predelictivas» (1), los delitos que penalizan la Bigamia, la Homosexualidad (2), así como la regulación de un mejor marco penal contra la violencia intrafamiliar, sexual y de género (3); no obstante, estos aspectos positivos quedan opacados ante un proyecto legislativo de naturaleza draconiana.
El marco sancionador de casi todos los delitos anteriormente previstos aumenta de forma notable, tanto en los llamados delitos comunes como en los políticos; la pena de muerte está prevista para veinticuatro figuras delictivas, cuatro más que en el Código de 1987, vigente hasta la fecha; la sanción de privación perpetua de libertad está diez veces más presente que en el vigente; aumentan los tipos delictivos, lo que incluye nuevas tipificaciones penales que pueden ser empleadas para reprimir el ejercicio de los derechos humanos y constitucionales.
Si bien el Código Penal de 1987 podemos considerarlo un texto jurídico poco garantista de la libertad de expresión y los derechos fundamentales, el proyecto en discusión llega a un nuevo nivel, institucionalizando la violencia a favor de los intereses del Estado.
En su artículo 23.1.4 se exime de responsabilidad penal a aquellos que actúen para «repeler o impedir un peligro o daño a los intereses sociales del Estado». Como contraparte, incluye un apartado nuevo al delito de «Atentado», encaminado a sancionar a quienes a través de «violencia o intimidación» intenten impedir que personas que no ostentan autoridad actúen «en cumplimento de su deber ciudadano, contribuya al enfrentamiento de actos de indisciplina que afecten la tranquilidad ciudadana, el orden y la convivencia».
Tomando como ejemplo el escenario del 11-J, se exoneraría de responsabilidad a quienes agredieran a manifestantes en interés del Partido y el Gobierno, en tanto se sancionaría por «Atentado» a aquellos que intentaran impedirlo.
Y no solo eso, en el artículo 27 del nuevo proyecto se conserva la eximente de responsabilidad penal por «obrar en cumplimiento de un deber», lo que libra de cualquier castigo a quienes violen derechos o cometan delitos en cumplimiento de órdenes. Nuevamente tomando como contexto al 11-J, esto supondría que aquellos oficiales de la PNR y el Ministerio del Interior responsables de la muerte de Diubis Laurencio pueden quedar impunes pues «cumplían órdenes»; como contraparte, se castiga a quienes no acaten las órdenes de un superior, sin importar su contenido.
Diubis Laurencio (Foto: Facebook / Yissell Fernández)
Esta es una línea que el Código Penal de 1987 nunca había cruzado: proteger el ejercicio de la violencia por parte de los ciudadanos contra otros habitantes en cumplimiento de la voluntad o interés del Partido y el Estado. Aunque el proyecto no se refiere textualmente al Partido Comunista, basta remitirse al artículo 5 de la Constitución, que declara que el Partido es la «fuerza dirigente de la sociedad y del Estado»; por ende, no existe diferencia alguna entre «intereses» estatales y partidistas. La violencia institucionalizada contra el disenso ya no se oculta, sino que ahora se premia.
«Tolerancia cero» al disenso
En el Código de 1987 existen múltiples figuras delictivas empleadas en la represión de los derechos fundamentales. En algunos casos se usaban arbitrariamente —como el delito de Desacato—, y en otros convenientemente —como el delito de Asociaciones, Reuniones y Manifestaciones Ilícitas. La Constitución de 2019 reconoce no solo el derecho a la libertad de expresión y manifestación en sus artículos 54 y 56 respectivamente, sino que incluye un mandato constitucional dirigido a establecer mecanismos legales para el amparo de estos derechos.
Ello dio a pie a una dicotomía: por un lado las normativas penales y la práctica judicial en sede penal son extremadamente represivas, mientras que el texto constitucional es más garantista.
Según el artículo 7 de la Constitución, la Ley de leyes tiene supremacía sobre otras normativas, por ende, la aplicación de normas penales, al ser de menor jerarquía, deberían respetar los derechos constitucionalmente reconocidos. Sin embargo, la abierta y brutal represión llevada a cabo desde 2020 hasta la fecha, ha puesto en evidencia que es el Partido Comunista y no la Ley quien goza de supremacía.
Se esperaba que la reforma del Código Penal eliminara la contradicción con los derechos cívicos y políticos que la Constitución reconoce. Pero resulta todo lo contrario: la dicotomía que en la práctica se observaba es resuelta en favor del Partido y no de los derechos constitucionales. Mientras que la Ley de Amparo Constitucional ha sido pospuesta, el Código Penal se prioriza, lo cual evidencia la voluntad del Estado de reprimir en lugar de proteger.
En vez de eliminar de las figuras penales aquellas lesivas a los derechos fundamentales, estas se potencian, se aseveran o se agregan nuevas. Si el Código de 1987 es poco garantista, el nuevo penaliza por completo la existencia del disenso.
El intercambio de información de cualquier tipo a un Estado extranjero, organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales, asociaciones o personas naturales o jurídicas, se sanciona con penas de diez a treinta años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o muerte, bajo el delito de «Espionaje». Esto quiere decir que por el acto de suministrar datos públicos a ONGs de Derechos Humanos, o intercambiar con personal diplomático de otro país, un ciudadano cubano podría ser condenado a muerte.
(Imagen: accionverapaz)
En el artículo 120.1 del nuevo Código, se sanciona de cuatro a diez años de privación de libertad al que «ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la Constitución de la República y ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del Estado y el Gobierno cubano». El legislador indica que para el ejercicio de los derechos en Cuba (incluidos los humanos) es preciso contar con una autorización por parte de la autoridad, es decir, que no se reconocen «derechos» sino «permisos».
El delito de Sedición se conserva íntegramente en el artículo 121, el cual equipara a civiles que se manifiesten pacíficamente y formulen exigencias o practiquen la desobediencia civil, con un motín militar. Para tal delito se establecen sanciones de diez a treinta años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o muerte. De esta forma, se da el mismo tratamiento a un asalto armado contra un cuartel que a una manifestación pacífica.
El artículo 124 del nuevo Código reforma el delito de «Propaganda Enemiga» (4) nombrándolo «Propaganda contra el Orden Constitucional»; el mismo sanciona de dos a cinco años a todo aquel que «incite» contra el orden establecido, la solidaridad internacional o el Estado socialista, sea de forma oral o escrita. El verbo rector incitar es poco claro y permite una interpretación arbitraria por parte de las autoridades contra cualquier ejercicio de expresión del pensamiento.
Se conserva el delito de «Difusión de Noticias Falsas» en el artículo 133, que permite sancionar a quien difunda tales noticias con el propósito de «poner en peligro el prestigio o el crédito del Estado Cubano, o sus buenas relaciones con otro Estado». A sabiendas de que el régimen cubano califica de falsa cualquier noticia que no coincida con las emitidas por sus órganos de propaganda, es de iure y de facto una forma de represión contra la libre emisión del pensamiento y el periodismo independiente.
El artículo 143 permite sancionar a cualquier persona con penas de cuatro a diez años de privación de libertad por el mero hecho de apoyar, fomentar, financiar, proveer, recibir o tener en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional. Al amparo de esta figura, el Estado puede sancionar y encarcelar a cualquier persona incómoda por el solo hecho de recibir, por ejemplo, una recarga del exterior.
Invitación a la violencia
La sociedad cubana se encuentra en una crisis sin precedentes, que ha convertido la supervivencia en un calvario. Desde el 11-J el ejercicio del disenso se ha naturalizado, lo cual pone en peligro las bases de un sistema político incompatible con la libertad en cualquiera de sus manifestaciones. En consecuencia, el Estado reacciona agresivamente contra cualquier signo de malestar.
En lugar de respetar la desobedienca civil, la protesta pacífica y la libertad de expresión como válvulas de escape naturales, ha decidido recrudecer el control y el miedo, apostándolo todo a la emigración, una opción que no está al alcance de todos y cuyos efectos a largo plazo serán devastadores.
Si como es el caso, manifestarse pacíficamente será sancionado con la misma severidad que un alzamiento armado, si la libertad de expresión es tratada al mismo nivel de la violencia física, si la crítica será castigada con igual severidad que un sabotaje, entonces se está cerrando la puerta a la protesta cívica al tiempo que se la abre a actitudes mucho más radicales.
Se está cerrando la puerta a la protesta cívica al tiempo que se la abre a actitudes mucho más radicales. (Foto: Internet)
Si bajo ningún concepto es posible expresar el desacuerdo a través de vías pacíficas, el Estado está enviando una clara invitación a hacerlo a través de la violencia y la clandestinidad. Eso ya está ocurriendo. Mientras se recrudece la represión contra activistas, opositores y disidentes; ocurren hechos de naturaleza violenta y de causa misteriosa, principalmente en forma de incendios o carteles antigubernamentales.
Aprobar un proyecto de Código Penal con tales características en un contexto semejante —en que el deterioro de las condiciones sociales de existencia es creciente y no se avizora la capacidad del gobierno para establecer políticas que reviertan este escenario a corto plazo—, es un suicidio político y marcará el inicio de una escalada de violencia política en Cuba.
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(1) El «Estado Peligroso» y las medidas «pre-delictivas» son figuras ampliamente condenadas nacional e internacionalmente por implicar una severa violación de principios penales básicos, como la presunción de inocencia, tutela judicial efectiva y derecho a la defensa. Bajo el régimen de medidas pre-delictivas el Estado puede castigar arbitrariamente a personas sin que exista un hecho delictivo, sin juicio contradictorio y sin garantías legales; en la práctica, la aplicación de las mismas estaba determinada por prejuicios raciales, sexuales, culturales y políticos, estando reportados por la ONG Prisoners Defenders más de 18 mil personas bajo tales medidas.
(2) Otro de los aciertos de esta nueva Ley es la mejor tipificación de delitos en el entorno sexual y familiar, así como la desaparición de tipos delictivos carentes de sentido que penalizaban la homosexualidad (artículo 303,inciso a del Código Penal vigente), la bigamia (artículo 306) y el matrimonio ilegal (artículo 307).
Es especialmente válida la regulación de figuras penales relacionadas con la violencia de género y contra las violaciones de derechos en el marco intrafamiliar, dado que hasta el momento las leyes penales carecen de un marco legal de protección mínimo para este ámbito. No obstante, no fue capaz de eliminar el delito de Sacrificio Ilegal de Ganado Mayor, ni de elevar la edad penal.
(3) No deja de ser curioso como ya se incorporan terminologías establecidas en el proyecto de Código de Familias, cuya aprobación está pendiente de votación y referendum en julio; lo que los voceros del aparato jurídico estatal valoran positivamente puede interpretarse como que las autoridades están dando por sentado que el Código de Familias se aprobará, lo cual no deja de levantar suspicacias respecto a la pre-aprobación de un Código tan polémico.
(4) Luis Robles, después de más de un año en prisión provisional, ha sido sancionado a cinco años de privación de libertad por este delito.
