En los últimos días varios intelectuales y activistas de diversas posturas dentro del espectro político cubano —pero predominantemente de izquierdas— han reportado citaciones a estaciones policiales, limitaciones temporales de libertad y detenciones para evitar que asistieran al juicio de la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández, el cual tuvo lugar el día de hoy, y culminó con una sentencia de culpabilidad por el presunto delito de Desobediencia.
Cuba hoy vive la crisis más aguda de su historia luego de 1959. A una economía mellada por años de medidas unilaterales coercitivas externas y errores en la administración interna, se le suma la ausencia de sólidos liderazgos políticos, el mal funcionamiento de muchas instituciones clave, la incapacidad para detener y revertir el empobrecimiento de sectores en situación de vulnerabilidad…
El salario medio sigue sin poder satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos y las transferencias sociales que ayudaron a hacer más llevadero para las clases populares el llamado «período especial» —como los subsidios a productos de primera necesidad— hoy son cada vez más exiguas, y en cambio, el mercado avanza silenciosamente, incluso, sobre servicios que se creían garantías ya conquistadas —como la salud y la educación—. Si bien la mayoría de los problemas que hoy tiene la Isla están mediados por la economía, reducirlos solo a una cuestión de números es no entender sus causas estructurales.
En medio de esta situación es natural que, más allá de sus militancias o afiliaciones ideológicas, una zona de la ciudadanía, y sobre todo de la intelectualidad, se pronuncie críticamente sobre la realidad de su país. Debería ser un derecho garantizado plenamente en todos los escenarios, pero en contextos de crisis se hace aún más necesario e inevitable. Hacer uso de este derecho no debería ser motivo de acoso, ni el Estado debería entender a quienes lo ejercen como «enemigos» per se.
En un entorno político marcado por la polarización y el extremismo —algo también inherente a las crisis— consideramos que recurrir a procedimientos legales y policiales para resolver disputas políticas, no solo erosiona la integridad de un sistema jurídico —aquel que debe velar por la protección de los derechos ciudadanos—, sino que además será una venda mal puesta que, lejos de sanar la herida, la infectará hasta dejarla sin cura posible. El rechazo que provocan estos métodos y acciones, solo consigue desalentar la disposición de diálogo, atrincherar a los afectados en sus ideas y alimentar el camino de la violencia política como única salida posible ante conflictos.
Cuando un Estado debe utilizar sus órganos policiales para silenciar a sus ciudadanos inconformes es porque las estructuras políticas que deberían garantizar su participación en el debate público no están funcionando adecuadamente. Esa táctica, además de condenable desde la ética, no es sostenible en el tiempo; las ideas y quienes las portan seguirán ahí, e incluso se volverán más radicales.
Mientras nos desgastemos como cubanos haciendo política desde la soberbia y la cancelación del otro, se deterioran las posibilidades de crear consensos entre diferentes actores sociales, y al final, se lacera esa integridad y soberanía nacional que todos deberíamos defender.
La Joven Cuba (LJC) es una organización que, desde visiones diversas, aborda la realidad cubana. No somos un medio opositor —como se nos ha querido etiquetar en algunas ocasiones— ni afiliado al Estado cubano —como también se ha dicho en otras—. Creemos que Cuba debe contarse y analizarse desde la mayor cantidad posible de visiones —incluso contrapuestas— y siempre potenciando la mirada crítica hacia los actores políticos que median sobre el país, y esto incluye tanto al Estado cubano, como a la oposición.
Nuestra agenda está marcada en primera instancia por el rechazo a la violencia política sobre los cubanos: desde cualquier forma de injerencia de un gobierno extranjero sobre decisiones soberanas, hasta la violación de derechos que consideramos elementales e imprescindibles para garantizar un desarrollo democrático en el país.
Nadie debería padecer represalias por expresar sus criterios o apoyar las causas que cree justas. Por esta razón rechazamos el uso del sistema policial y judicial como intento —por demás ineficaz— para la solución de conflictos políticos, inherentes a cualquier forma de democracia.
