Libertad de Expresión

marcha

Activando alarmas contra una marcha cívica

por Ivette García González
escrito por Ivette García González

Una marcha cívica es noticia corriente en el mundo y debe protegerse como ejercicio de derechos humanos fundamentales. En Cuba, sin embargo, la convocatoria no lo es para la prensa nacional oficial y se activan enseguida alarmas con enfoque represivo.

El pasado día 20, veinte ciudadanos, casi todos jóvenes, presentaron a las autoridades de la Capital una solicitud —basada en los artículos 56 de la Constitución y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos— para marchar pacíficamente el 20 de noviembre. Anunciaron sus demandas: contra la violencia, por los derechos de todos los cubanos, liberación de los presos políticos y solución de las diferencias por vías democráticas y pacíficas. Piden protección al Estado y mantener la conexión a internet.

Otra vez los medios masivos de comunicación insulares —subordinados al Partido/Gobierno/Estado— demoran o no informan. Siguen la fórmula tradicional de esperar orientaciones para contrarrestar sin informar, preparar respuestas e interpretaciones convenientes sin que el pueblo conozca el contenido original. Se rigen por la infantilización y manipulación de los ciudadanos con un fin político.

La prensa independiente y las redes sociales —donde también tiene espacio el oficialismo—, son los únicos ámbitos en que se informan quienes pueden acceder a internet. En ellos se suscitan debates, también a riesgo de la represión que ahora el gobierno incrementa apoyado en su Decreto- Ley 35.

-I-

Medios y sitios oficiales en la red de redes, activaron mecanismos en los primeros cinco días posteriores a la entrega de la referida carta.

Cubadebate publicó el viernes un texto de Fabián Escalante Font, general de división (retirado) del MININT, fundador de la Seguridad del Estado y jefe del departamento homónimo durante veinte años.

Con apenas seiscientas palabras, el artículo es alarmista, calumnioso y amenazante. Intenta manipular con el propósito evidente de desarmar-aislar a los inconformes y sembrar el temor en el resto de las personas. Repite mensajes y estilos usados durante décadas: cero mención al hecho y contenido original del documento, lo cita desde un «periodiquillo miamense» para transmitir la idea de supeditación al enemigo externo; son «contrarrevolucionarios» como los medios «afines» (léase alternativos); es una «masiva actividad contrarrevolucionaria»; un plan «estructurado por la CIA» que financia  a «estos líderes» para «crear un ambiente de desestabilización».

El nombre de Yunior García no es mencionado, se alude a él como «uno de los participantes», viejo estilo —cuando al menos había inteligencia— para no visibilizar liderazgos ante la ciudadanía.

El cierre también es añejo, pero ahora desde su autoridad y expresión de continuidad. Convoca a «no subestimar al enemigo», «pasar a la contraofensiva» porque se pretende «propinar el golpe final a la Revolución, en tanto nos suponen débiles» y «aunque a algunos no les guste: la calle es de los revolucionarios, como alertara Díaz-Canel. Entonces, ¡Al COMBATE!»

El post generó ese día treinta comentarios, casi todos elogiosos y del mismo corte. Llamados al combate, consignas, acusaciones de «mercenarios» y «confundidos», exhortaciones a no autorizar o a confrontar la marcha, incitaciones a incrementar la represión, afirmaciones de que no será pacífica, invocación del derecho del gobierno a defenderse y amenazas de que «van a tener respuesta como las del Contingente Blas Roca» porque así «nos enseñó Fidel».

Cinco comentaristas marcaron la diferencia al expresarse con convicciones y honestidad. Uno sugirió:«dialoguemos con respeto pero públicamente, en vivo por ambas partes para que no puedan manipular el dialogo y la marcha». Otro afirmó que «manifestarse en contra de lo que sea de forma pacífica es un derecho, los revolucionarios deberíamos ser los primeros en respetar, recuerden el por qué se hizo la Revolución».

Félix Sautié Mederos, sociólogo, laico y ex funcionario del gobierno y del PCC, puso un comentario en su blog. Lo ilustró con una imagen de Cuba amenazada por aviones de combate y lo tituló: «¿Sería pacífica? una manifestación contra la apertura del turismo en Cuba en noviembre 2021…Algunos «olvidan»; que estamos en una plaza sitiada…». Concluyó con «la guerra de cuarta generación» y el llamado «A luchar».

Ambas figuras pertenecen a la generación histórica. Aunque profesional y teóricamente tienen enormes diferencias, comparten y reproducen en sus discursos la noción de «plaza sitiada»; para los dos revolución es gobierno; todo disenso es contrarrevolución y mercenarismo en pro del enemigo, por tanto debe ser aplastado.

-II-

En el medio oficial digital Las razones de Cuba aparecieron dos textos los días 22 y 23: «Yunior García Aguilera, el “patriota preocupado”» de Marco Velázquez Cristo —que con otro título lo publicó también en PostCuba— y «Un nuevo Mesías y una democracia raptada», de Fernando Grass.

Tales escritos tienen rasgos similares: criminalizadores, con autores de identidad cuestionable y vulgaridad rampante. A diferencia de la vieja guardia, arremeten violentamente contra el joven dramaturgo, participante en los sucesos del MINCULT, miembro del 27N y líder de Archipiélago, nuevo grupo que ha logrado sumar miles de miembros en poco tiempo.

No aparece alusión alguna a las ideas y opiniones de Yunior García, ni a la marcha en sí. Se le ataca sinofrecer pruebas que evidencien su mercenarismo, afán de protagonismo o conducta cívica indebida. Velázquez y Grass actúan como voceros de lo peor del dogmatismo y el extremismo político nacional.

Se califica con infames epítetos, se apela a la consabida gratitud infinita de los mortales que nacimos en la Cuba post 1959, invaden su vida privada y propagan sospechas en el lector acerca de la existencia de otros detalles. Contra semejante práctica no parecen contar la Constitución, la Declaración universal ni el Decreto-Ley 35.

Comparten además el típico negacionismo: no hubo represión, no hay presos políticos, los detenidos tienen un proceso adecuado y ninguno es por causa política sino por delitos comunes. Grass desafía a marchar por las vacunas, contra el bloqueo y por remesas. Asegura que la «marchita» no será pacífica porque está al servicio de la «revolución de colores» y porque sus promotores son «afines a medios independientes financiados».

¿Quiénes son Cristo y Grass? Aparecen como autores en publicaciones de sitios oficiales, pero son figuras desconocidas en la realidad y en internet. Así que se los presento según clasificación de la Dra. Alina López: Agentes Cubanos del Ciberespacio (ACCE).

-II-

La reedición de métodos y estilos de épocas pasadas, en contexto y con sujetos políticos muy diferentes, son lamentables. Todavía funcionan, pero solo en parte.

Pueden atemorizar a muchos, empezar a extender la opinión  del peligro que provocará la marcha, de los costos humanos que podría significar, de la imprudencia, de que la Revolución (léase gobierno) tiene derecho a defenderse (¿frente al pueblo desarmado?), de usar otros métodos o esperar por los frutos de los diálogos que está sosteniendo el gobierno, o seguir solicitando que las reformas, por fin, corrijan sus falencias.

Nada de eso resta legitimidad a una marcha cívica, máxime cuando existen cientos de presos y familias perjudicadas por la represión, cuando el destierro es habitual y público, cuando la violencia sigue sustituyendo al civismo y la indefensión ciudadana se naturaliza.

Los textos examinados amenazan la integridad de las personas y los derechos humanos. Lo interesante es que, fuera del de Escalante, que tuvo comentarios en el propio medio, los otros no provocaron ni eso, y el primero inclusive no trascendió a Cubadebate.

Solo los dedicados a Yunior García repercutieron ampliamente, a partir de ser confrontados, en las redes y medios independientes. Como resultado, se generaron numerosos comentarios de apoyo al ofendido, cada vez más conocido y admirado.

Estas prácticas, además de provocar repulsa en los lectores, generan un efecto no deseado: solidaridad,porque «los muertos que vos matáis, gozan de buena salud».

-III-

Faltan casi dos meses, la capacidad y vocación represiva está fresca. Sería ingenuo pensar que no habrá otras acciones contra promotores y participantes.  Sin embargo, debería reconocerse que:

  1. En Cuba debe naturalizarse el ejercicio de los derechos cívicos y políticos.
  2. Urge disminuir las tensiones y eliminar el discurso amenazante y excluyente.
  3. Lo más inteligente y acertado políticamente sería autorizar y garantizar la seguridad y protección a los manifestantes. Derechos tienen, tanto quienes apoyan al gobierno como quienes lo adversan.
  4. El viejo discurso de que es «el pueblo» el que enfrenta a los que disienten ya pocos lo creen. Se ha comprobado que ese pueblo, e incluso las fuerzas represivas, no actúan violentamente si no son convocados a hacerlo.
  5. La Constitución es inviolable y el Estado es responsable del control de la violencia. Si no es capaz de lograrlo, es disfuncional.

La manifestación pacífica es una de las formas concretas de la libertad de expresión, y la del 20N es la mejor iniciativa cívica de las últimas décadas. El Estado tiene la obligación de protegerla como un derecho humano, como a la vida, la integridad y dignidad humana, la libre circulación y otros.

La prensa nacional oficial tendrá ocasión de mostrar si su reciente diálogo con el presidente fue efectivo. Significaría asumir la marcha como noticia en desarrollo y darle cobertura ese día. Veremos si ocurre y si también podrán reportar los hechos la prensa alternativa y la internacional.

Prohibir la marcha cívica solo perjudicará al Partido/Gobierno/Estado; reprimirla tendrá un alto costo político para el gobierno y autorizarla será una oportunidad para todos. Debemos acostumbrarnos a la diferencia y comprender que —como expresara el jurisconsulto Benjamín Cardoso— «la libertad de expresión es la matriz, la condición indispensable de casi cualquier otra forma de libertad».

Para contactar a la autora: ivettegarciagonzalez@gmail.com

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Eslabón perdido

El eslabón perdido de la crisis en Cuba

por Domingo Amuchastegui
escrito por Domingo Amuchastegui

El estallido social del 11 de julio ha tenido entre sus muchas consecuencias que el Partido/Estado emprendiera un grupo de medidas económicas de alguna trascendencia, pero conservando intacto en lo esencial el modelo estatista-absolutista. No es ocioso recordar que de este modelo afirmó Fidel Castro en famosa entrevista con uno de los editores de la reputada revista norteamericana The Atlantic: «El modelo cubano ya no funciona más ni siquiera para nosotros». Ciertamente, fue una reflexión bien crítica que lamentablemente no se tradujo en cambios.

Un componente no menos importante de las acciones emprendidas, ha sido el maratón de reuniones y debates encabezados por el presidente Díaz-Canel con numerosos sectores (religiosos, juveniles, vecinales, estudiantiles, campesinos, obreros, economistas y periodistas). Ha sido una suerte de catarsis colectiva en que los tonos críticos se han expresado en mayor o menor medida. Es como si, de repente, la dirigencia cubana descubriera una abultada agenda de problemas no resueltos e ignorados durante décadas (como el caso de los barrios marginales). Cabe preguntarse, ¿hará falta otro 11 de julio para profundizar el ritmo y alcance de las reformas?

No obstante, más allá de ahondar en esto último, es imprescindible abordar la dimensión política de la actual situación, ella representa el eslabón perdido para una efectiva superación del estado de crisis acumulada.

En la neo-lengua oficial prevaleciente, el término Revolución es abusado hasta la saciedad, lo que ignora que desde los años setenta una dinámica de revolución se agota (las grandes transformaciones se completan hacia fines de los sesenta) y sobreviene entonces lo que comenzó a denominarse como institucionalización. Esa última, mal que bien, identifica hasta hoy el funcionamiento institucional del país (Partido, Constitución, Poder Popular y su Asamblea Nacional, planes económicos, congresos, presupuesto y otros; en medida considerable copiando del modelo soviético).

Desde entonces se perfila la actual estructura de Partido/Estado; el estatismo-absolutista que culmina proclamando al Partido como fuerza superior de la sociedad y Partido de la Nación, como si este partido político —más allá de sus méritos y respaldo popular— fuera capaz de encarnar una rectoría por encima de la Nación, el Estado y el Gobierno, con un ejercicio verticalista e inapelable del poder hasta sus más mínimos detalles. La máxima del rey francés Luis XIV: «El Estado soy yo», empequeñece ante el enunciado de «Partido de la Nación».

Eslabón perdido (1)

«El Estado soy yo» es una máxima atribuida al rey Luis XIV de Francia. Luis XVI, su sucesor no inmediato en el trono, fue guillotinado por los revolucionarios franceses.

Por otra parte, el grado de homogenización económico-social de inicios de los setenta —donde casi todo el mundo era empleado del Estado—, podía tal vez permitirse enunciados tan absolutistas y que nada tenían que ver ya con la noción de «Partido de vanguardia». Aclaro: el enunciado de vanguardia entraña un nivel de competencia respecto a otros contendientes y actores; sin esto, la referida condición se suplanta por la percepción de poder absoluto. Pero aún esa homogenización no era capaz de conciliar desencantos, creciente hostilidad y oposición al modelo dominante.

Desde las primeras emigraciones masivas (Boca de Camarioca – Vuelos de La Libertad), se comenzaba a advertir en el deseo masivo de ir al exilio o emigrar una importante modificación relacionada con la composición social de los que se marchaban.

En 1969, el entonces ministro del Interior, comandante Sergio Del Valle, apuntaba a semejante modificación al alertar —en una reunión a puertas cerradas— que la mayoría de los que marchaban no eran ya burgueses o sus servidores, sino mucha gente trabajadora. Tal planteamiento preocupó momentáneamente pero fue ignorado. Luego vendrían el éxodo del Mariel (1980) y el llamado Maleconazo (1994), con sus secuelas migratorias de decenas de miles de cubanos.

Esa homogenización o uniformidad económico-social quedó atrás hace décadas. Comenzó con la entrada de los dólares de exiliados y emigrados —además de sus múltiples influencias en términos culturales y políticos— y ha continuado hasta nuestros días, cuando cerca de un millón de cubanos se vinculan al emergente sector privado y donde la población rural se libera paulatinamente de mecanismos estatales. Más aún, con la aparición de la industria turística y la todavía muy modesta e incompleta inversión extranjera (IE). Es elemental concluir que, en estas circunstancias, la sociedad cubana está muy distante de aquella de comienzos de los setenta.

Es válido recordar que en las primeras elecciones de los setenta se registró un 98% de participación y aprobación. Las elecciones del 2018, por su parte, aportarían cifras elocuentes:

– De 8 millones 926 mil 575, votaron 7 millones 399 881 para un 82.90%.

– Por el listado oficial —orientado en la consigna «Votar por todos los candidatos»—, votó el 60.44%.

– Votó selectivamente —contrariando la consigna oficial—, el 19.56%.

– No votó —ignorando los repetidos llamados—, el 18.10%.

Eslabón perdido (2)

Esas tendencias estadísticas mostraban importantes variaciones en el comportamiento del electorado, tanto entre los que votaron como en la creciente abstención y votos negativos. Tales cifras aconsejaban algunas importantes e imperiosas modificaciones al sistema electoral, pero, una vez más, fueron desestimadas.

Cualquiera puede especular acerca de los resultados a esperar para el 2023, pero no resulta disparatado imaginar que los mismos serán mucho menos favorables. ¿Se llegará a una coyuntura —como predijera a comienzo de los noventa el entonces miembro del Buró Político, Jorge Lezcano— de «gobernar en minoría»?

Si aquello que aprendimos los más mayorcitos sobre «base y superestructura» le asiste no poca razón, no es posible continuar aferrados a un modelo económico probadamente inoperante y mucho menos a una superestructura política, instituciones y legislación que en muy poco se corresponden con semejante base.

A esa diversidad económico-social tiene necesariamente que corresponder una diversidad política, que debe expresarse en una pluralidad política, institucional y legislativa. Dicha realidad fue ignorada y sofocada en el momento de proceder a adoptar una nueva constitución, que de nueva tiene poco.

Se rechazaron todas las propuestas realizadas por muchos ciudadanos en el proceso de consulta popular, por ejemplo, sobre la necesidad de un reordenamiento integral de los mecanismos electorales de elección indirecta, —dedazos en buen cubano— y la ausencia de diversidad entre los candidatos. Fue olvidado algo que razonara el propio Fidel Castro en los preparativos de la primera Constitución, cuando afirmó que sería muy aburrido votar por candidatos únicos.

Eslabón perdido (3)

Promulgación de la Constitución Socialista el 24 de febrero de 1976. (Foto: Liborio Noval/Granma)

Hoy se impone la necesidad de expresar esa diversidad en instituciones, asociaciones, medios de información y sus expresiones políticas; capaces de ventilar sus consensos, inquietudes, desacuerdos y oposición a todos los niveles, desde la Asamblea Nacional hasta la presidencia, desde la formación del gobierno hasta ejercicios legislativos con derecho al veto de las mayorías.

No propongo —entiéndase bien— una vuelta al relajo de las instituciones hasta 1952, ni tampoco que se me tilde de abogar por la democracia burguesa. Los campesinos y cooperativistas, los pequeños y medianos propietarios, empresarios y profesionales, creyentes y no creyentes, podrán tener sus espacios políticos, parlamentarios y de asociación (no aquella ficción de inicios de los noventa). Todo ello se podrá expresar y discutir en la Asamblea Nacional, donde las votaciones serán secretas y no a mano alzada.

La gente revolucionaria y los propios militantes del Partido podrán expresarse sin temor a sanciones o represalias. Será muy saludable tener un «partido de herejes» (en el buen sentido del término) dentro de las filas del Partido Comunista, o de cualquier partido, y no miembros obedientes y silentes.

Granma puede continuar siendo un órgano oficial, la TV o Cubadebate (que nada debate) y otros órganos oficiales —todo lo aburrido y monótonos que quieran—, pero los «herejes» tendrían todo el derecho a sus espacios dentro de esos órganos, o a medios informativos propios, y no limitados únicamente a blogs y redes sociales en los cuáles escuchar informaciones y criterios alternativos. Y que prevalezca el mejor, el más eficiente, el más persuasivo, con los mejores argumentos.

Es este el eslabón perdido que esencialmente falta en la experiencia de Cuba, que salve las realizaciones esenciales, so pena de perderlo todo a corto o mediano plazo.

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Inxilio (1)

Inxilio ciudadano y diálogo nacional

por Mario Valdés Navia
escrito por Mario Valdés Navia

Casi la quinta parte de los cubanos y cubanas vive en la emigración. La mayoría de ellos se reconoce como exiliados, tanto por sus motivaciones políticas como por el trato discriminatorio que reciben del gobierno; en particular, la prohibición de participar en la vida económica, social y política de la Isla, lo que desconoce su cualidad de ciudadanos cubanos.

Existe, sin embargo, otra parte sustancial de la población que vive en el archipiélago y tampoco participa cívica y políticamente como quisiera y debiera; muchos ni siquiera lo intentan. A ese sector es al que denomino inxilio ciudadano.

Cuando se levantan voces que claman por un diálogo nacional incluyente, que permita discutir y resolver los acuciantes problemas de la nación, es llamativa la falta de participación de amplios sectores sociales en esta lucha crucial. ¿Será que no existe una voluntad mayoritaria sobre la necesidad de convocarlo y basta con el remedo de diálogo que organiza el gobierno con grupos de sus parciales? ¿O será que para la mayoría apenas comienza el proceso de resurgir del inxilio ciudadano en que vive?

-I-

Aristóteles dejó sentado que «el hombre es un animal político», en alusión a los derechos y deberes de todos los ciudadanos griegos de participar en el gobierno de sus respectivas ciudades-Estado (polis). Este principio ha constituido la quintaesencia de la democracia, en correspondencia con su carácter de clase (esclavista, feudal, burguesa, obrera).

Las revoluciones y las profundas reformas democrático-burguesas que destruyeron el Feudalismo y crearon las modernas naciones capitalistas en Europa, América y Asia; elevaron los derechos políticos de los ciudadanos —de expresión, imprenta, elegir y ser elegidos por el voto individual, etc.— a la categoría de derechos humanos universales.

La lucha incesante de los trabajadores y sectores marginados por hacer realidad estas conquistas ante gobiernos elitistas y soberbios, ha dado lugar a la actual legislación sobre los derechos humanos, enriquecida luego con el añadido de los de segunda (económico-sociales) y tercera generación (diversidad).

Rebeliones, manifestaciones callejeras, huelgas, cartas de demandas, movimientos sociales, partidos políticos, campañas electorales, ascenso y entronización de líderes populares; son vías de participación política utilizadas por sectores populares en el mundo moderno. Nunca el enajenante inxilio en una supuesta zona de confort personal (casa, familia, amigos) y el olvido/rechazo del deber de luchar por sus derechos conculcados, han sido atributos de los ciudadanos que claman por cambios políticos.

Inxilio (2)

Para hacer realidad los principios de «Igualdad, Libertad, Fraternidad» —transformados por la reacción burguesa-terrateniente en libertad de explotar a los trabajadores y el resto del mundo—, surgió y se desarrolló el movimiento socialista. La propia Revolución de Octubre se hizo bajo la consigna: «¡Todo el poder a los soviets!», no al Partido Bolchevique.

La constitución del estado burocrático en la URSS fue un proceso complejo y gradual de sustitución del poder de los órganos de autogobierno de obreros, campesinos y soldados, por burócratas del PCUS y el Estado soviético, quienes lograron neutralizar y aplastar los mecanismos democráticos populares y sustituirlos por sus instrumentos amañados para eternizarse en el poder.  Con cada limitación sobre el control obrero y la crítica revolucionaria, la revolución proletaria fue cediendo paso a la contrarrevolución burocrática.

En el ejercicio del poder burocrático socialista se torna vital la cuestión de quiénes ejercen la participación a plenitud: funcionarios, expertos o ciudadanos. La experiencia histórica del «socialismo real» muestra que, mientras las tesis de los funcionarios de alto rango se transforman en orientaciones para la mayoría; los expertos son convocados únicamente cuando se requieren sus conocimientos, pero, por lo general, sus conclusiones son engavetadas y tenidas en cuenta solo si los cuadros superiores lo estiman conveniente.

Por último, los ciudadanos simples tienen escasas posibilidades reales de participar eficazmente, pues sus opiniones son ignoradas o recogidas para engrosar estadísticas. En el mejor de los casos, son recepcionadas y luego respondidas casi siempre mediante explicaciones que rechazan lo planteado.

La alta burocracia socialista sabe que los enemigos mortales de su hegemonía son la libertad de expresión e información y el control obrero; de ahí que los enfrente resueltamente por métodos cada vez más sofisticados, falaces y truculentos. Para ella, el pueblo existe como mayoría silenciosa/ruidosa, cuyas opiniones pueden ser loables siempre que vengan llenas de agradecimiento y lealtad; de lo contrario, son fastidiosas y solo se canalizan debidamente por las vías establecidas, en el momento y lugar adecuados.

Con el decursar de tal estilo de gobernanza, la ciudadanía es sometida a un proceso de castración de su espíritu cívico-político, carácter crítico y hábito de pensar por sí misma. En tanto, los burócratas hegemonizantes la entretienen, conduciéndola de una tarea en otra, como las hormigas pastoras a las bibijaguas.

En el afán de perpetuar su hegemonía, la burocracia empoderada minimiza el valor de la participación crítica de los trabajadores mediante un discurso híper optimista, que suele ocultar sus yerros con el fin de sostener vivas las expectativas de mejoramiento social a partir de prometer transformaciones que luego no son aplicadas, o se tergiversan durante su puesta en práctica.

Inxilio (3)

El pueblo existe como mayoría silenciosa/ruidosa, cuyas opiniones pueden ser loables siempre que vengan llenas de agradecimiento y lealtad. (Foto: ACN)

-II-

Hace un tiempo apunté que el socialismo cubano:

[…] también requiere socializar los sueños pues los seres humanos se mueven, ante todo, por las expectativas de prosperar y el socialismo necesita, como ningún otro sistema, la participación activa de la mayoría de los ciudadanos en los procesos sociales, económicos y políticos. Los actores principales de la transición son los trabajadores conscientes y sus familias, no los burócratas satisfechos con su alter ego social: la muchedumbre de exiliados internos. Esos que no se quejan de nada porque ya se sienten exiliados de la Revolución desde hace rato y, en el peor de los casos, solo piensan en irse allende los mares.

Ese inxilio cívico-político resulta contraproducente, mucho más en la actualidad, cuando la participación ciudadana como alternativa para superar la obsoleta representación tradicional —asambleas del Poder Popular, elecciones parciales cada cuatro años, convocatorias a debates multitudinarios devenidos catarsis colectivas— se torna un enfrentamiento esencial en la lucha de clases entre los sectores empoderados de la burocracia y el resto del pueblo. 

Para lograr un diálogo nacional es necesario que la ciudadanía exprese sus opiniones políticas con mayor énfasis y eficacia. No basta con la lucha ideológica sostenida en el ciberespacio entre los que pretenden eternizar el actual modelo socialista estatista/burocrático, los que desean reformarlo para hacerlo verdaderamente democrático y participativo, o los que procuran destruirlo hasta que no queden rastros de la Revolución Cubana.

Superar el inxilio ciudadano en pos de transformar para bien de las mayorías el estado de cosas actual, es un imperativo de estos tiempos y del futuro de Cuba. El empoderamiento de los componentes de la sociedad civil es vía ineludible para vislumbrar un diálogo entre compatriotas que piensan diferente, sin compromisos ni ataduras a las exigencias de ninguna potencia extranjera.

Cuando la crisis de los partidos políticos se vuelve un fenómeno generalizado ante actores surgidos y promovidos desde la sociedad civil, es impostergable que los cubanos y cubanas se organicen para defender y conquistar sus derechos. Sin interlocutores reconocibles el gobierno no cederá a la realización de un verdadero diálogo nacional, pero debe admitir el derecho de los actores de la sociedad civil a organizarse libres de ataduras estatistas/burocráticas.

Es imprescindible que los ciudadanos y ciudadanas que permanecen en un inxilio pierdan el miedo a salir del closet político en que se han dejado acorralar, y se arriesguen a expresarse con libertad en los diferentes espacios del país, tanto digitales como físicos: centros de trabajo, organizaciones sociales, calles, plazas, redes sociales…

Superar la postración política en que vive y muere la mayoría de la ciudadanía, no es una tarea para las nuevas generaciones, sino para todas las que convivimos en la Cuba de hoy. Solo con la contribución de todos y todas a un diálogo nacional inclusivo, nuestra niñez y juventud podrán forjar sus proyectos de vida en una patria digna, próspera y sostenible, que sus padres les entregarán de pie.

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Prensa (1)

El presidente y la prensa

por José Manuel González Rubines
escrito por José Manuel González Rubines

Recuerdo que hace algunos años, durante uno de los últimos congresos de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), en un reportaje del NTV se incluyó un fragmento de la intervención de la doctora Ana Teresa Badía, periodista y profesora. Ella afirmaba que la visita de un dirigente no era noticia porque este simplemente hacía su trabajo. Después de una breve transición, el próximo reporte reseñaba: fulano visitó tal lugar. Aquello, quizás una irónica casualidad, me pareció lamentablemente ilustrativo.

El pasado martes, la televisión transmitió dos de las cuatro horas de reunión sostenida entre profesionales de la prensa estatal y el presidente de la República. Aun cuando desde hace semanas es habitual ver al mandatario ante representantes de sectores sociales, ninguna de sus reuniones ha despertado tanto interés como esta. Ninguna había sido tan polémica.

Los periodistas

«Aquello fue un pequeño congreso de la UPEC», me dijo alguien del gremio. El espacio fue aprovechado no solo para señalar insatisfacciones en torno al modelo de prensa cubano y la relación de los medios y los periodistas con el Partido y las instituciones —debates de muy larga data—, sino también para expresar opiniones sobre el desempeño del gobierno ante cuestiones puntuales, algunas sin relación directa con la comunicación.

Resulta llamativo que la palabra «transparencia» —glásnost en ruso, vale recordar— se mencionara ocho veces en este 50% de encuentro al que hemos tenido acceso. Intervenciones enteras versaron acerca de lo necesario de esa cualidad de la información y sobre los daños que ocasionan el secretismo y la opacidad en los manejos públicos. Tales cuestiones, también antiguas, últimamente se han acentuado de modo alarmante. Menciono como ejemplos la publicación exprés del decreto-ley 35, realizado sin consultas populares ni debates parlamentarios, o el escueto anuncio de Perlavisión de que los cienfuegueros serían inmunizados con la vacuna china.

Asimismo fueron recurrentes las referencias al diálogo, el respeto a la pluralidad y la necesidad de atender la crítica.

Prensa (2)

Lirians Gordillo Piña, periodista de la Editorial de la Mujer.

Como en toda reunión, hubo intervenciones destacables. Una fue la de Lirians Gordillo Piña, de la Editorial de la Mujer, quien en referencia a las protestas del 11 de julio señaló: «La justicia debe prevalecer desde una mirada interseccional y humanista, vigilante a cualquier prejuicio ideológico. (…) A los problemas políticos necesitamos responder con acciones políticas, culturales y sociales, no con acciones policiales».

«Nada puede dañar más a este país que una injusticia o un exceso que no se asuma en voz alta, un error que no se repara», aseveró.

Por otra parte, sobre la base de un diagnóstico realizado a partir de las opiniones de los trabajadores —profesionales y personal de servicio— de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), su directora Edda Diz Garcés, apuntó, entre otros interesantes tópicos: «No basta con la existencia de normas, decretos, leyes, si estas no se cumplen de forma real, efectiva y sistemática».

La doctora Ana Teresa Badía, que se apoyó en un trabajo de minería de datos, reveló los términos más repetidos en las opiniones obtenidas de la población: «desconfianza, ineficiencia, mentira, especulación, ineptos, improvisados, bloqueo, éxodo, hay que irse, huérfanos sin Fidel, desconfianza». Sobre esa base, convocó a transformar la manera en que los políticos comunican y alertó que pudiera repetirse dolorosamente otro 11 de julio.

Sin dudas, ha sido la de Cristina Escobar la intervención más replicada. La periodista apuntó algo esencial, que ya algunos habíamos advertido, especialmente después del 27 de noviembre, de la campaña que tuvo como centro el espacio de Humberto López en el NTV, y del llamado del presidente el 11 de julio: «Todo ejercicio que desde los medios públicos y oficiales reproduzca y ayude a ese discurso de odio [el que imponen las agendas establecidas con fondos procedentes de EE.UU.] está contribuyendo con el enemigo. No podemos normalizar el odio en nuestros discursos periodísticos».

También hizo referencia a la veracidad informativa: «Cada mentira que sale ahí [en los medios estatales] nos desacredita, y desacredita al presidente, y desacredita a la Revolución».

El presidente

Pese al aire acondicionado del salón, el presidente transpiraba contrariedad. Su lenguaje corporal mostró no solo desconcierto, sino franca molestia. Por ello, justificó y explicó en su intervención más de lo que proyectó. «Es que la prensa ha sido siempre de los sectores más fieles. Él nunca esperó que ellos tuvieran esas opiniones sobre su gestión y se atrevieran a dárselas», me comentó un amigo.

Su análisis tiene razón en parte: fidelidad no implica asentir ante todo; de hecho, es más fiel quien señala deficiencias para que estas sean superadas, que aquel que aplaude en público y descuartiza o sabotea en privado. Allí se realizó un ejercicio de crítica y alerta informada, pero, desgraciadamente, no siempre esa práctica, a la que no estamos acostumbrados por estos lares, es bien recibida.

Después de mencionar hechos lejanos en el tiempo y los contextos, el presidente afirmó ante personas muy bien informadas que las manifestaciones del 11 de julio no fueron para nada pacíficas. «Eso es un cuento», dijo, y argumentó que no existen imágenes que lo demuestren, por lo que se ha debido recurrir a la manipulación.

Es lamentable que los asesores del mandatorio no le hayan mostrado los cientos de videos que fácilmente se encuentran en internet, o los centenares de fotos tomadas por la prensa extranjera, sobre todo en la capital. En ellos se observan inaceptables actos de violencia perpetrados por manifestantes y también por fuerzas de seguridad, así como el carácter pacífico de la mayoría de las protestas.

Para sorpresa de muchos, reivindicó la «orden de combate» que diera en su alocución de ese día y tras la cual se desataron numerosos enfrentamientos. Sin embargo, aun cuando asegura no arrepentirse, su discurso —baste revisar la evolución de sus tweet— se movió de aquella convocatoria al combate en un inicio hasta una dulzona apología al amor social, postura más acorde a su puesto como jefe de un Estado del cual son parte tanto los manifestantes que gritaban a su favor como en su contra.

Respecto a la informatización de la sociedad, confesó tener una contradicción personal, ya que la concibe como un mecanismo «para que los procesos sean más eficientes (…), no para esas cosas que son tan vulgares y tan banales y que lo que siembran es odio». En una sociedad plural las personas emplean Internet del modo que estimen pertinente, el deber del Estado es velar porque en el ciberespacio no se comentan delitos tipificados en la legislación internacional —sin violar los derechos y libertades individuales de los ciudadanos—, pero no hay por qué imponer visiones subjetivas como las que manifestó el presidente.

En consonancia con lo planteado por la mayoría, resaltó la importancia del acceso a la información y la necesidad de desterrar el secretismo. «Que haya transparencia, todo el mundo tiene que rendir cuentas», dijo. Ojalá esta afirmación conlleve a que, finalmente, sea atendido el antiguo reclamo de que, por ejemplo, las empresas militares rindan cuenta de su gestión ante la Asamblea Nacional.

La prensa

Según el presidente de la UPEC, Ricardo Ronquillo: «el horizonte del sistema de prensa público de la Revolución tiene que ser que forme parte de los mecanismos de control social y de control popular». Ese es el objetivo de todo buen periodismo y más en un contexto y sistema social como el nuestro.

Tal deseo, sin embargo, ha animado infructuosamente a generaciones de periodistas y comunicadores cubanos. ¿Por qué no se ha logrado? ¿Por qué se repiten las mismas deficiencias en cada congreso de la UPEC? Para entenderlo hay que ir a la esencia del modelo de prensa.

La intervención de Adonis Subit Lamí, director del periódico Girón, medio provincial de Matanzas, arroja un poco de luz sobre el tema. Contó su experiencia en las relaciones con el Partido provincial y alentó al resto a actuar sin insubordinaciones pero sin dejarse dirigir desde fuera. Podría parecer ese el ideal de autorregulación, aunque sobre él pende una espada de Damocles.

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Adonis Subit Lamí, director del periódico Girón, medio provincial de Matanzas (Foto tomada de Twitter)

La Constitución de 2019 establece que el Partido Comunista es «la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado». Por su parte, la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos, regente de ese ejercicio en la Isla, consigna al Partido como: «rector de la comunicación social en el país, traza la política general para su desarrollo y ejerce su control». Entonces, ¿puede la prensa cubana controlar a quien la controla?

Entre los medios estatales y la dirección partidista existe una relación de subordinación. El directivo matancero mencionado socializó su experiencia, que es también la de otros que han conseguido hacer un periodismo medianamente crítico. No obstante, un sistema de medios, para ser funcional, no puede basarse en relación de subordinación alguna ni depender de especificidades personales de funcionarios y directivos.

Julio García Luis, reconocido decano de la Facultad de Comunicación de la UH cuyo nombre fue mencionado varias veces en el encuentro, asegura en su libro Revolución, Socialismo, Periodismo: «Las pretensiones de arbitrar contenidos han tenido históricamente resultados paralizantes y desastrosos».

Un profesor de la misma facultad cuenta esta interesante anécdota: durante una pasantía en un periódico norteamericano, conoció de la investigación desarrollada por uno de los periodistas del medio sobre las deficiencias de un modelo de avión que había sufrido algunos accidentes. Cuando presentó su trabajo al director, este elogió la rigurosidad pero lo engavetó: el fabricante de ese modelo de aviones era accionista del periódico.

Todo medio responde a intereses, sin embargo, dada la pluralidad del ecosistema mediático norteamericano, a ese periodista no le faltarían opciones para la publicación de su investigación. Sucede de forma muy diferente cuando el control es monopolizado por una sola entidad que domina todo el sistema.

En el caso de la prensa estatal cubana sucede lo mismo: mientras esté subordinada al Partido existirán excepciones de periodismo crítico pero con límites muy bien definidos en sus relaciones con el poder y los cuestionamientos que sobre este realice. Puede jugarse con la cadena, pero nunca con el mono. Es perfectamente lógico, no por eso justo ni cívico.

Prensa (3)

Julio García Luis, reconocido decano de la Facultad de Comunicación de la UH cuyo nombre fue mencionado varias veces en el encuentro. (Foto: Cubadebate)

A tenor con ello, en los congresos de la UPEC continuarán señalándose las mismas deficiencias, resueltas en algunos lugares con la intervención de directivos capaces y periodistas valientes. Nada más.

En el artículo 2.14 de la Política de Comunicación… se establece que los medios se financiarán fundamentalmente por el presupuesto del Estado. ¿Por qué entonces no someter el sistema mediático a control de una comisión permanente de la Asamblea Nacional, que es donde supuestamente el pueblo ha depositado su poder como soberano de la República y la cual también debería reformarse para contener lo muy diverso de la sociedad que está llamada a representar?

Solo así los medios serán auténticamente públicos y la política editorial se decidirá dentro de cada uno, al servicio de los intereses ciudadanos y no mediada por condicionamientos ideológicos.

El ejercicio fuerte, responsable y ético del periodismo únicamente puede traer buena salud para la República. Constituiría una fortaleza para la ciudadanía —ante la arbitrariedad posible de poderes externos e internos—, que se vería reflejada y representada en él, y un mecanismo de control efectivo y democrático, que proteja y reproduzca los principios y denuncie excesos o trasgresiones, independientemente de quién sea el culpable.

Alcanzar un modelo de prensa pública como el que la nación necesita es una empresa difícil en la cual se han embarcado generaciones de periodistas. Las ataduras que le impiden realizarse son sólidas; sin embargo, la ciudadanía lo exige y por ello capitular no es opción. Diría Martí que «Un águila no anda a trote: —y esa es la vida— ¡hacer trotar un águila!».

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Libertad de expresión

Ciberseguridad y libertad de expresión en Cuba

por Alina Bárbara López Hernández
escrito por Alina Bárbara López Hernández

En una resolución no vinculante del 2016, la ONU declaró el acceso a Internet como un derecho humano cuya prohibición o impedimento será considerado una violación de los derechos humanos. El texto expresa que los mismos derechos que tienen las personas offline, deben ser protegidos online, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión.

La aprobación del decreto-ley 35 —«De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del espectro radioeléctrico»—, ha avivado el debate sobre las consecuencias de tal normativa en el ejercicio de la libertad de expresión en Cuba, una especie de Santo Grial que los modelos de Socialismo burocrático no logran encontrar aunque sus constituciones la anuncien.

Amén de esa preocupación existen diversas interrogantes: ¿deben los estados desentenderse de las derivaciones que el uso de internet y las redes sociales ocasionan? ¿Cuál ha sido la práctica internacional al respecto? ¿Cómo coligar los intereses de los estados y de la ciudadanía? ¿Lo legal es justo per sé?

Delitos en el ciberespacio y cómo combatirlos

En el ámbito del ciberespacio se manifestaron muy pronto delitos tradicionales: fraude, robo, chantaje, falsificación y malversación. Surgieron entonces términos como cibercrimen, ciberdelito o ciberdelincuencia, a los que se añadieron luego otros de naturaleza más política, como ciberterrorismo.

El carácter de red global indica una dimensión supranacional, y a ello tendieron los tratados y convenios multilaterales para combatir la ciberdelincuencia. El más importante de ellos es el «Convenio sobre Cibercriminalidad de Budapest» (2001), que cuenta con un Protocolo adicional, firmado en Estrasburgo en 2003, para penalizar actos racistas y xenófobos.

En su preámbulo reconoce la necesidad de aplicar «una política penal común, con objeto de proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia». A tenor con ello, se estipularon tipos de delitos y se determinó que serían: acceso ilícito, interceptación ilícita, ataques a la integridad de los datos, ataques a la integridad del sistema, abuso de los dispositivos, falsificación informática, fraude informático, delitos relacionados con la pornografía infantil, delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines y tentativa y complicidad.

Libertad de expresión (2)

En el ámbito del ciberespacio se manifestaron muy pronto delitos tradicionales: fraude, robo, chantaje, falsificación y malversación.

Las sanciones podían ser penales y no penales, e incluían la posibilidad de privación de libertad. Pero se aclaraba entre las condiciones y salvaguardas, la protección adecuada de los derechos humanos y de las libertades, en particular las derivadas de las obligaciones que cada parte hubiera contraído en los diferentes pactos internacionales.

El 12 de agosto de 2013, una nueva Directiva de la UE actualizó el listado de tipicidades al incluir: el «cibergrooming» (acoso sexual infantil), el «ciberstalking» (acoso predatorio o acecho) o el «ciberbullying» (hostigamiento, agresión o maltrato), con distintas variantes como el «sexting» (difusión inconsentida de imágenes íntimas), el «revenge porn» (porno revancha) o el «spoofing» (suplantación o uso de identidad de terceros).

El ciberterrorismo

Atención especial ha despertado el ciberterrorismo, un delito que puede alterar la estabilidad política de los estados. El FBI lo define como: «el uso ilícito de la fuerza o la violencia contra personas o bienes para intimidar o coaccionar a un gobierno, a la población civil o a cualquier segmento de la misma, en apoyo de objetivos políticos o sociales».

Javier Lesaca, de la Universidad de Columbia, en su artículo «Terroristas en la red: el modelo de comunicación digital que hace temblar las democracias», considera las trasformaciones que han ocasionado las redes sociales en el ámbito comunicacional.

Hasta finales del siglo XX, la opinión pública se formaba mediante la interacción de tres actores sociales: instituciones públicas, medios de comunicación y ciudadanos. En el proceso de creación de mensajes hegemónicos existía una relación vertical: las instituciones por lo general enfocaban el debate público y los medios ejercían de mediadores entre la administración y los ciudadanos.

La expansión de internet y las redes sociales, así como la democratización en el acceso a tecnologías para grabar, editar y difundir material audiovisual; han dejado obsoletos estos modelos de comunicación. Como resultado, las instituciones públicas han perdido el monopolio en la creación de mensajes hegemónicos y los medios no desempeñan el rol de mediadores, ya que nuevos agentes políticos pueden comunicarse directamente con los ciudadanos.

Ese nuevo panorama ofrece oportunidades para que grupos violentos y extremistas desarrollen guerras de comunicación que erosionan la base de los estados nacionales y de los sistemas políticos establecidos, de cualquier signo ideológico.

Dos ejemplos dan fe de lo anterior: la estrategia de comunicación de Al Qaeda a inicios del siglo XXI, y la del Estado Islámico en 2014. Esta última manifestó particular eficacia en la construcción de una narrativa de construcción nacional alternativa en torno a un proyecto político totalitario y extremista.

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Ese nuevo panorama ofrece oportunidades para que grupos violentos y extremistas desarrollen guerras de comunicación.

Ante tales contextos, ¿deben los estados defenderse de intentos desestabilizadores y extremistas? A mi juicio la respuesta es afirmativa. ¿Cómo lo harán?, ese es el quid del asunto.

En su texto «Delincuencia informática: estándares internacionales para su tipificación y límites para su persecución», Marcelo A. Riquert —catedrático de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y Juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata—, ofrece algunas pautas.

Según él, la forma en que se consolida en cada país o región la propuesta internacional para evitar la impunidad de los delitos en el ciberespacio, es condicionada por filtros valorativos propios, en los que intervienen factores de distinta naturaleza: ideológicos, políticos, económicos y culturales. A su juicio:

«El acento en la vigencia de las garantías constitucionales propias de un “Estado de Derecho” o en la “eficacia” en la persecución penal es el resultado de ese condicionante multifactorial, y la ley penal con relación al ciberespacio funciona del mismo modo que respecto de la criminalidad tradicional en el mundo material: tensionada entre el derecho penal liberal o de acto y el derecho penal autoritario o de autor. En síntesis, una concepción del poder punitivo que se corresponda con la visión de su destinatario como un ciudadano o como un enemigo».

¿Cómo un ciudadano o cómo un enemigo? Es evidente que esto dependerá de dos aspectos fundamentales: el grado de participación de la ciudadanía en la elaboración de la normativa y el grado de libertad que se le reconozca. Veamos algunos ejemplos.

Normativas para la ciberseguridad en algunos países

La ley que regula el uso de Internet en Brasil fue aprobada en 2014, luego de un proceso de deliberación que incluyó dos consultas públicas. Lleva el nombre de «Marco civil de Internet» y es considerada una ley de vanguardia a nivel mundial. Dichas consultas online generaron 2.095 comentarios —disponibles en el fórum que las hospedó— y 4.177 tweets con la etiqueta #marcocivil.

Leticia Capone y Sergio Lifschitz, especialistas en Comunicación e Informática respectivamente, en su investigación «El marco civil de Internet: contribuciones de las consultas públicas online para el debate sobre el tema», hacen un exhaustivo análisis de los comentarios y tweets.

El análisis resultó en 322 indicadores y a partir de ahí fue estudiada su relación e influencia en los contenidos de los discursos y pronunciamientos parlamentarios: 167 en la Cámara de Diputados y ocho en el Senado. Como resultado de esa construcción colectiva, e incluyendo todas las vías de participación, se establecieron principios, garantías, derechos y deberes para el uso de internet en Brasil. Entre ellos:

1) La neutralidad de la red, que garantice que todas las informaciones circulen de modo isonómico, independientemente de su contenido, origen o destino, servicio, terminal o aplicación.  

2) La protección de los registros, siempre preservando la honra, la vida privada y la imagen de los usuarios.

3) La responsabilidad de las publicaciones, que solamente pueden ser retiradas por el proveedor de los servicios de internet en el caso de una orden judicial, garantizando la libertad de expresión de los usuarios e impidiendo la censura.

4) La guarda de dados, que responsabiliza al proveedor en ese sentido.

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En NetMundial, Dilma Rousseff firma la ley Civil Marco de Internet. (Foto: Roberto Stuckert Filho / PR)

El artículo 2do de la ley expresa: «La disciplina en el uso de Internet en Brasil tiene como fundamento el respeto a la libertad de expresión». Otro aspecto abordado se enfoca en la actuación del poder público, al que se apremia, en todas las instancias, a priorizar la tecnología, los formatos abiertos y libres; a divulgar públicamente datos; a desarrollar acciones de capacitación para el uso de internet; a establecer mecanismos de gobernanza transparente; y a usar Internet para promover la educación y el fomento cultural, democratizando el acceso a las redes.

Existen ejemplos de menor participación ciudadana en la elaboración de las normativas, pero ellos implican, por lo general, a diversas instancias. Chile es un caso. La filtración de tarjetas de crédito que sufrió el banco de ese país, aceleró la preocupación en materia de ciberseguridad.

La cronología del proceso abarcó, desde octubre de 2018 en que se presentó vía mensaje presidencial el Proyecto de Ley, y pasó por una serie de filtros intermedios —profesores de universidades, instituciones financieras, Corte Suprema y Senado—, hasta abril de 2019.

La normativa argentina reconoce el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información, a la privacidad de las comunicaciones y a la seguridad de los datos. Del mismo modo que se reconocen estos ciberderechos, también hay una serie de obligaciones que se exigen a los ciudadanos: la no discriminación, el respeto a la privacidad e integridad de terceras personas, la convivencia civilizada y el debate sin amenazas.

Una buena parte de los países ha creado —en el caso de Italia mediante un decreto Ley—, Agencias Nacionales para atender ciberseguridad, pero esa nación lo complementará con una Comisión Parlamentaria de Vigilancia.

Alemania estableció igualmente mecanismos de defensa ante ciberataques. Pero tiene tres elementos clave en su agenda digital: seguridad del ciberespacio, derechos humanos universales y oportunidades económicas. De hecho, en 2013 y 2014, la Asamblea General de Naciones Unidas —mediante una iniciativa germano-brasileña—, adoptó resoluciones sobre el derecho a la privacidad en la era digital.

En esencia, ha sido práctica internacional —con gradaciones, como acabamos de ver— la implicación de instancias ciudadanas, privadas y gubernamentales en la elaboración de las normativas sobre ciberseguridad. También lo es la primacía de la defensa de los ciudadanos y sus derechos de expresión constitucionalmente reconocidos.

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En 2013 y 2014, la Asamblea General de Naciones Unidas —mediante una iniciativa germano-brasileña—, adoptó resoluciones sobre el derecho a la privacidad en la era digital.

El caso de Cuba

Como en el minicuento de Augusto Monterroso, cuando los cubanos despertamos ya el decreto-ley 35 estaba allí. Incluso publicado en la Gaceta Oficial, donde a veces otros decretos y leyes, después de aprobados, han debido esperar días para presentarse. ¿Es legal hacerlo de esa forma? Totalmente legal. ¿Es justo y legítimo? No lo creo.

No siempre lo legal es legítimo, ello depende de la eticidad y de la justicia en el contenido de la ley. Lo legal se apega al Derecho, está dentro de un marco jurídico establecido. Fueron legales los campos de concentración en Alemania, la segregación racial en los EE.UU., el Apartheid en Sudáfrica y, aún lo es la lapidación por adulterio en algunos países. Pero no fueron, ni son, justos o legítimos.

No haber tenido en cuenta a la ciudadanía en el proceso de elaboración de la norma, ni siquiera haberla consultado; no someter a debate en la Asamblea Nacional del Poder Popular un documento de tanta importancia, resta legitimidad al decreto ley al mostrarlo como resultado de las prácticas de un Estado autoritario.

Como bien afirma Alexei Padilla, especialista en temas de comunicación:

«A diferencia de sus homólogas de Bolivia, Brasil y Ecuador, la Constitución de Cuba no reconoce derechos y garantías imprescindibles cuando de democratización de la comunicación se trata. Son ellos: la prohibición de la censura previa, la cláusula de conciencia de los periodistas (inviolabilidad del secreto de la fuente) y el derecho de réplica. No se puede separar lo anterior del texto y espíritu del Decreto-ley 35».

De catorce objetivos declarados en el Decreto-ley 35, el primero de ellos es: «Coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un ins­trumento para la defensa de la Revolución». Entiéndase, para la defensa del gobierno.

Igualmente se pretende: «Satisfacer las necesidades generales del Estado y el Gobierno y las relacionadas con la Seguridad y la Defensa Nacional, el Orden Interior y la Defensa Civil en materia de las telecomunicaciones/TIC y del uso del espectro radioeléctrico»

Solo el séptimo se enfoca en «Proteger los intereses de los ciudadanos y asegurar el acceso a los servicios de te­lecomunicaciones/TIC y los derechos constitucionales; en particular el principio de igualdad, privacidad y secreto en las comunicaciones».

En ningún objetivo se explicita el respeto a la libertad de expresión. Cuba no ha ratificado el Pacto internacional de Derechos civiles y políticos, que permite convertir en vinculantes los contenidos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El decreto contiene también la Resolución 105, o «Reglamento sobre el modelo de actuación nacional para la respuesta a incidentes de ciberseguridad», que se encarga de su tipificación. Gran parte de estos incidentes corresponden con las normativas internacionales. Sin embargo, en la categoría «Daños éticos y sociales», y tenida como de nivel alto de peligrosidad, se incluye la «Difusión dañina» que se categoriza como:

«Difusión a través de las infraestructuras, plataformas o servicios de telecomunicaciones/TIC de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público; difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas».

Esta tipificación es ambigua e imprecisa, cosa muy peligrosa en materia legal, pues en interpretaciones posteriores de funcionarios y agentes del orden, podrá penalizarse la crítica social y política que hacen los ciudadanos en las plataformas virtuales.

Al respecto, apunta el traductor, guía de turismo y activo usuario de Facebook, donde realiza agudos análisis sobre la realidad cubana, Arturo Mesa, refiriéndose al tratamiento que se hizo del asunto en el programa televisivo Mesa Redonda:

 «Leída bien la parte que decía que resulta altamente peligroso difundir contenidos que atentan contra los preceptos económicos, a lo cual nadie allí se refirió, mientras seguían ejemplificando con decretos similares (manipulación de ellos) en países en donde no está explicitado nada de eso. ¿Qué significa ese postulado? Pues yo lo veo como: “Acepta el ordenamiento que to’ está bien, cuidadito con criticar el plan”. ¿Es eso? ¿O quién va a definir qué significa subvertir el orden constitucional?   ¡Interpretaciones todas las que quieras!».

Este decreto y su resolución 105 privilegian un enfoque de seguridad y dan la espalda a las perspectivas que resaltan el derecho a la comunicación y al funcionamiento democrático y trasparente de las instituciones públicas. El jurista Julio César Guanche, desde la aparición del fenecido decreto-ley 370, dedicó a esta problemática su artículo «La biblia de la libertad de un pueblo».

Internet y las redes sociales, con sus inconvenientes reconocidos, son esenciales para cubanas y cubanos, pues se han convertido en el ágora pública por excelencia. En ausencia de espacios reales de participación, las plataformas virtuales son las que miden el termómetro de la opinión ciudadana, por ello, cualquier intento de coerción atenta contra la libertad de expresión en un nivel más alto que en países que disponen de otros espacios políticos y cívicos. 

Me parece pertinente en tal sentido, este análisis del jurista Eloy Viera:

«La Resolución 105/2021 contrasta con las regulaciones europeas no solo por su alcance, sino porque en el caso cubano —a diferencia del europeo en el cual predomina la pluralidad— algunos de los contenidos protegidos por la norma como “los principios constituciones, sociales y económicos del Estado cubano”, justifican la existencia de una única ideología, de un único partido político y de la centralización de la economía como vías exclusivas para el futuro del país. Cualquier idea contraria a esos principios —que deberían considerarse un ejercicio de la libertad de expresión y de pensamiento— podría ser entonces —de acuerdo con la Resolución 105/2021— monitoreada, investigada y criminalizada de ser necesario, así como removida del espacio virtual si el Gobierno cubano pudiese».

Es deseable que en el ciberespacio no se propaguen noticias falsas, que se penalicen los perfiles simulados o anónimos, que no se calumnie o se denigre a las personas, que los debates no sean groseros u ofensivos en sus términos, que no se discrimine, que no se difundan mensajes de odio. Pero es necesario respetar el criterio ajeno, la opinión discrepante y la crítica social y política ante decisiones gubernamentales y partidistas.

Desde antes que aparecieran el decreto-ley 35 y la resolución 105, periodistas independientes, opositores y personas que hacían críticas en redes sociales ya habían sido multados y sus medios de comunicación incautados. Ahora la situación será peor. Tengo un amigo médico al que se le levantó hace pocos días un «acta de advertencia» en base a la nueva normativa. Su «Difusión dañina» fue haber compartido una carta de galenos cienfuegueros que hacían fuertes críticas al gobierno por el manejo de la pandemia.

La resolución de la ONU del 2016 expresa que los mismos derechos que tienen las personas offline, deben ser protegidos online, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión. En Cuba, paradójicamente, son las personas online las que luchan por los derechos que no tienen las personas offline, por eso es imprescindible mantener la libertad de expresión en el ámbito del ciberespacio, cuestión que puede afectarse con la nueva normativa cubana.

Cualquier intento por detener las críticas y la participación ciudadana en las redes sociales será en vano, como bien afirmara en su muro de Facebook la economista y profesora Katia del Llano:

«Una mala noticia (para algunos): las redes sociales llegaron para quedarse. No importa que se les bautice con otro nombre, son el presente y el futuro espacio donde hay que librar batallas. Si los obreros no pudieron detener la revolución industrial, luchando contra las máquinas, menos se podrá detener el avance de la revolución digital».

Estaremos atentos a la aplicación del decreto-ley 35. Sabremos denunciar cada caso en que se violente un derecho. En ausencia de otro que nos represente, el ciberespacio es nuestro Parlamento.

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Reforma (3)

Derechos, consignas y palabras mágicas

por Rodolfo Alpízar Castillo
escrito por Rodolfo Alpízar Castillo

La vieja consigna «la calle es de los revolucionarios», acaso justificable décadas atrás, cuando Cuba no se regía por ninguna constitución, fue recordada por el Presidente de la república en una comparecencia televisiva. De inmediato se lanzó la campaña: Había llamado al enfrentamiento callejero entre ciudadanos.

Él matizó la consigna en las intervenciones posteriores, y ha repetido que no fue esa su intención, pero el daño estaba hecho. La frase ha sido y es usada y abusada constantemente: Ya vimos las consecuencias.

Prefiero creer que fue un exabrupto propio de la excitación del momento, pues regresaba de un encuentro, posiblemente el primero en su vida, con una manifestación de protesta contra el gobierno. Había descubierto la existencia de una realidad diferente de la registrada en los informes oficiales a que tiene acceso, y de la dibujada por la prensa autorizada.

Una realidad que, estoy convencido, no tiene oportunidad de ver en sus «encuentros con las masas».

Los «encuentros con las masas»

Nuestros dirigentes políticos y estatales viven inmersos en una realidad que no es la del resto de los ciudadanos. En parte es la que desean ver, en parte es la que les permite ver su círculo inmediato de «colaboradores», entre ellos la prensa. Ese desconocimiento no es el único problema del país, pero está entre los más importantes.

Resulta que fue una de las causas que llevaron al derrumbe del llamado «campo socialista»…, pero se dice que nadie escarmienta por cabeza ajena.

Los noticieros muestran cómo, constantemente, los dirigentes se «relacionan con las masas», pero solo para prensa y dirigentes es un secreto que pocas veces esas masas actúan con espontaneidad.

Tales «encuentros», en sentido general, se producen en medio de la parafernalia de seguridad (imprescindible, pues hay que resguardar sus vidas), de «aseguramiento» (para acomodar la realidad al gusto del dirigente: calles y aceras limpias, caras sonrientes, niños con banderitas, viejita agradecida…) y de prensa acompañante, sobre todo cuando se trata de las principales figuras políticas del país.

Una cosa es pasear en medio de una «masa complacida» que corea consignas preparadas de antemano, y otra muy diferente encontrarse de sopetón, frente a frente, en plena calle y sin muchos preparativos, con gente insatisfecha que hace colas, sufre carencias y maltratos de funcionarios cuyos oídos son sordos a sus quejas, y descubrir que «la masa» reclama derechos y exige solución a sus problemas, no discursos que exhorten al sacrificio en aras de un futuro mejor que, cual línea del horizonte, nunca se alcanza.

No es lo mismo tomar un voto de pobreza que ser pobre, me comentaba hace años una amiga presbiteriana. La frase podría referirse a nuestros dirigentes. No es lo mismo «compartir los sentimientos del pueblo» que vivir la vida del pueblo. Se piensa como se vive, y no al contrario, como a veces nos han querido hacer creer.

Se puede pensar en el pueblo con sentido de solidaridad y responsabilidad hacia él, no lo niego; pero jamás se podrá sentir con la misma intensidad, desde una oficina refrigerada y con las necesidades vitales garantizadas, la frustración y el dolor del ciudadano de a pie cuando, luego de perder varias irrecuperables horas de su única vida en una cola para llevar algo de comer a su familia, llega un empleado y anuncia: «Se acabó», o «Es la hora de cerrar».

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«(…) la frustración y el dolor del ciudadano de a pie cuando, luego de perder varias irrecuperables horas de su única vida en una cola…» (Foto: Yamil Lage/AFP)

Cuando al ciudadano le ocurre eso un día sí y otro también, y no encuentra vía por dónde encauzar su frustración, por muy respetuoso de las leyes que sea, llega un momento en que en su interior despierta la fiera atávica que todos llevamos dentro. Entonces grita, en el mejor de los casos: Las condiciones para el disturbio callejero están creadas.

Con esa realidad también se encontró el Presidente aquel día.

No reclamo que él o sus ministros hagan horas de cola para comprar un medicamento necesario para el abuelo, y ni así adquirirlo, para que experimenten en carne propia el sentir del pueblo, sería populismo pueril (aunque no sería mala idea que a algunos dirigentes los «castigaran» a vivir como un ciudadano común durante un tiempo, para comprobar si su «firmeza revolucionaria» se sostiene). Pero exijo que sean más cuidadosos al hablar o decidir en nombre del pueblo, pues viven en realidades diferentes.

(Está claro que el fenómeno de las realidades paralelas gobierno/población ocurre en cualquier lugar del mundo; la diferencia radica en que en otros lugares sus figuras principales no se hacen ilusiones con el espectáculo a que asisten cuando se producen sus «encuentros» con las masas en actos públicos, pues tienen oposición legal y prensa no oficialista que se lo recuerda).

Equivocaciones, tradición y palabras mágicas

Retomo la idea: Por una parte, encuentro comprensible el exabrupto del Presidente, como reacción primaria de un ser humano ante una situación inesperada: El pueblo real y concreto es ese, capaz de una respuesta airada, hasta de actuar irracionalmente contra sí mismo, no la entelequia que mencionan discursos y prensa lisonjera.

Pero el presidente de un país no es cualquier ser humano, sino su principal figura pública. El cargo otorga poder y privilegios, pero también limitaciones. Cada palabra, silencio o gesto suyo tiene consecuencias imprevisibles.

Las equivocaciones de un presidente restan lustre a su imagen, algo inconveniente en términos generales, pues de ella depende en parte su autoridad. Pero sus equivocaciones también pueden afectar a la ciudadanía. Por tanto, si expresa/hace algo desacertado, su obligación como servidor público es enmendarlo de inmediato y sin dejar lugar a dudas.

El Presidente demoró 24 horas en matizar sus palabras. En siguientes comparecencias amplió el matiz, pero dio tiempo a que sus palabras provocaran terribles consecuencias cuyo alcance estamos lejos de imaginar. Aunque no se quiera admitir, hoy existe una fractura en la sociedad.

Sin embargo, a pesar de la demora, pudo haber salido airoso del empeño, y haber eliminado parte del daño que hizo a su figura y a su pueblo, si hubiera acompañado esa rectificación (llamémosla así) con unas pocas palabras mágicas. Esas que algunos padres intentamos inculcar en nuestros hijos cuando los preparamos para la vida.

Acaso pido demasiado. En más de sesenta años, no recuerdo una sola vez en que la dirigencia del país haya usado esas palabras mágicas. Hasta habría que reconocerle al Presidente que su intento de enmendarse la plana, aunque demorado e insuficiente, lo convierte en rara avis en el catálogo de nuestros dirigentes.

Así es: En seis décadas, los máximos dirigentes cubanos han admitido muy pocas veces (en realidad no recuerdo ninguna) que algo que dijeron/hicieron estuvo mal.

Como ciudadano, me hubiera gustado oír estas palabras mágicas:

Pido disculpas a mis compatriotas por mis palabras, espero que no se entiendan como una incitación a oponer unos cubanos contra otros o limitar los derechos de unos y privilegiar los de otros. Todos somos ciudadanos cubanos y tenemos el mismo derecho a expresar públicamente nuestro pensamiento, como establece la Constitución, siempre dentro del marco del respeto al derecho de los demás.

No soy tan ingenuo que imagine que esas palabras hubieran detenido un fenómeno ya en marcha, pero hubieran restado argumentos a sus opositores, al mostrarlo como persona capaz de reconocer sus errores y consciente de que entre sus principales obligaciones están velar por la paz ciudadana, procurar el bienestar de todos y garantizar el disfrute de los derechos sin exclusión de nadie, sean opositores o seguidores del gobierno; consciente, en fin, de que es presidente de un país, no solo de quienes lo apoyan.

La tradición de no disculparse y, en cambio, «convertir el revés en victoria» (que muchas veces ha llevado a nuestros dirigentes a lo que llamo «aplaudir el autogol») merece reflexión aparte, por eso no me extiendo ahora. De momento, quiero referirme a por qué, para mí, esa consigna ha provocado tanto rechazo incluso entre las filas de los verdaderos revolucionarios (recalco el adjetivo: verdaderos).

Ocurre que la consigna no aparece como una nube de tormenta en cielo despejado: Circunstancias muy recientes muestran un cielo cualquier cosa menos despejado. Me refiero a la campaña mediática en los principales órganos de difusión del país que intentó tergiversar hace poco la frase martiana «con todos y para el bien de todos».

Hay pues, una conexión conceptual muy evidente entre ambas frases.

A ellas se suma la impresionante «metedura de pata» pública de un ministro, la cual, en lugar de ser enmendada mediante un pedido de disculpa, se convirtió en «muestra de intransigencia revolucionaria ante las maniobras provocadoras del enemigo». Y la presencia de una funcionaria en la televisión para justificar la violación de los derechos constitucionales de una ciudadana.

Se prefirió aplaudir el autogol y mostrarlo como expresión de buen juego, antes que admitir que era un error de palmatoria (ese por el cual en otros tiempos el maestro golpeaba con la regla en la mano al alumno poco aplicado). 

La frase «la calle es de los revolucionarios» cayó, pues, en terreno abonado donde podía crecer y fructificar cuanta interpretación negativa se produjera. Ese terreno nunca debió existir. Pero ahí estaba, listo para recibir la semilla.

Está bien la denuncia del oportunismo exógeno en la actual situación, pero solo servirá para desviar la mirada del objetivo principal, si no se acompaña de una mirada autocrítica del gobierno y un esfuerzo mayor en la erradicación de las condiciones endógenas que contribuyeron a la situación actual.

Si, como es de suponer, el Presidente desea convertir el actual reto en oportunidad para su gobierno y la nación, es su obligación cortar el paso a quienes, pretendiendo dar una imagen de unanimidad monolítica en la ciudadanía y de «fervor revolucionario», actúan de manera inconstitucional y, en esencia, contraria a los intereses de la república.

Derecho del Estado y Estado de derecho

Afirmar que la república no es de todos sus ciudadanos, o que sus calles, o sus universidades, son solo para un sector de la población es una pretensión violatoria de los preceptos de la constitución vigente en el país.

Promocionar la respuesta primaria de una figura pública como acto digno de aplauso e imitación es cerrar el paso a cualquier intento de reconciliación entre cubanos. Es ceder posiciones ante quienes desean confrontación en lugar de diálogo. Justificar públicamente la violación de un derecho ciudadano es inconcebible.

La república es de todos (sus calles, sus universidades…). La Constitución rige por igual para todos los ciudadanos (artículos 33 al 44). Es la expresión de la voluntad del verdadero soberano, el pueblo. Ninguna norma jurídica, mucho menos una consigna, puede ir contra lo dispuesto en ella.

Cualquier Estado tiene el derecho de defenderse contra quienes intenten subvertir el orden establecido. Pero un Estado de derecho, para defenderse, debe atenerse a lo establecido por la constitución y las leyes del país de que se trate.

Si el Estado cubano es de derecho (artículo 1 de la Constitución), no reprime la oposición pacífica. La violenta la reprime, pero también dentro de los límites impuestos por la Constitución.

Derechos (2)

Manifestación pacífica frente al Capitolio de La Habana el 11 de julio (Foto: AFP)

Me gusta repetir que el Estado tiene el monopolio de la fuerza; si hace dejación de él se convierte en fallido. Entre sus obligaciones se encuentra la represión, en uso de dicho monopolio, de cuanto vaya en contra de la paz ciudadana, la constitución y los fundamentos legales de la sociedad. Pero jamás debe aplicarla contra quienes ejercen pacíficamente el derecho ciudadano a manifestarse.

Ese derecho está consignado en el artículo 56 de la Constitución cubana: «Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley». Ese artículo complementa el 54: «El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión».

Cuba está urgida, lo demuestran los hechos recientes, de una norma jurídica que establezca cómo se garantiza a la ciudadanía el disfrute pacífico de lo establecido en esos artículos, y las reglas para una adecuada relación entre manifestantes y fuerzas represivas. Mas la carencia de esa norma no inhabilita del disfrute del derecho reconocido en la Constitución.

Si tiene interés en cumplir lo establecido en nuestra Carta Magna, el Estado cubano debe crearla cuanto antes. De momento no es posible aspirar a una ley, cuya elaboración podría llevar años. En cambio, mediante un decreto presidencial se podrían establecer los requisitos mínimos exigibles (y cumplibles, para no convertirse en un formalismo que enmascare la anulación del derecho) para organizar una manifestación legal, sea en favor del gobierno, sea en su contra.

Ese decreto debe establecer, por ejemplo, los lugares donde no se permiten manifestaciones por razones comprensibles. También los horarios y requisitos organizativos cuando una manifestación sea grande (por ejemplo, existencia de una comisión de orden que vele por la disciplina de los manifestantes).

Y no debe olvidar que el derecho a la libre expresión del pensamiento es tanto individual como colectivo; esto es, si una persona desea pararse en un lugar autorizado para ello con una pancarta o un altavoz para protestar contra algo o para reclamar un derecho que considera vulnerado, tampoco debería ser molestado por ningún agente de la autoridad, pues está ejerciendo su derecho constitucional.

Puesto que no existe una bancada opositora en el Parlamento cubano, y nunca un diputado ha levantado su voz para defender un derecho vulnerado de sus electores, o para exigir explicaciones a un ministro de desacertada actuación, la libre manifestación pública pacífica permitiría a las autoridades del país conocer las ideas diferentes, los disgustos, las expectativas de la ciudadanía.

Actuaría también como un antídoto contra el engaño de una prensa domesticada que se cuida mucho para no ser tildada de opositora, y de unos parlamentarios que no se sienten comprometidos con las necesidades de sus electores y no las expresan en las sesiones de la Asamblea Nacional.

Quizás algunos opinen que facilitar el cumplimiento de los artículos 54 y 56 de la Constitución significa una «concesión al enemigo». Se equivocan: Es cumplir una obligación del Estado de derecho. Bien vistas las cosas, resulta también una manera de «aliviar presión a la caldera» de las tensiones sociales.

Quien tenga oídos para oír, que oiga.

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Libre albedrío

El derecho al libre albedrío

por Mario Valdés Navia
escrito por Mario Valdés Navia

Desde que Eva convenció a Adán de morder la manzana del Paraíso, la voluntad de los humanos de ejercer su libre albedrío llenó de ira a los dioses y sus representantes: sacerdotes, monarcas y servidores. En la Cuba actual parece reproducirse esta pugna milenaria. Según muchos piensan, el pueblo de la Isla solo actúa si ejecuta órdenes; para unos, las provenientes del gobierno cubano; para otros, del estadounidense.

Si para el Gobierno/Partido/Estado los protestantes del 11-J eran «mercenarios pagados por el Imperio», ciertos opositores tradicionales perciben a quienes se manifiestan a favor del modelo como «obligados por el Estado», que los mantiene a condición de que permanezcan tranquilos y obedientes, como el buey manso del poema martiano Yugo y Estrella.

Ambas posturas reflejan una visión elitista y soberbia y un desprecio manifiesto por los hombres y mujeres del pueblo, al que dicen servir pero al que consideran incapaz de expresar directamente sus más caros deseos y aspiraciones por considerarlo más un rebaño de carneros que una multitud de individuos que ejercen su libre albedrío. ¡Qué casualidad que para los soberbios siempre los que actúan por encargo de sus jefes son los que piensan diferente!

Libre albedrío (2)

«(…) para los soberbios siempre los que actúan por encargo de sus jefes son los que piensan diferente» (Foto: Estudios Revolución)

El 11-J sacó a la calle a tantos cubanos y cubanas de todas las edades y profesiones, que no bastaría el presupuesto de la CIA/USAID para pagarles el servicio. Puede haber existido un grupo de instigadores de lo acontecido, ladrones que aprovecharan para vandalizar donde único hay algo —las tiendas en MLC— y extremistas que atacaran a policías y hasta un hospital, pero la inmensa mayoría de los manifestantes expresaban sus más caras aspiraciones gritando pacíficamente en un arrebato de libertad. 

Casi todos los que hallan en el 11-J la expresión de un plan urdido en la sombra por una red de espías, lo hace por tres factores concomitantes: la estupefacción ante una explosión social sin antecedentes luego de 1959; la larga historia de agresiones y planes subversivos aupados por el gobierno de los Estados Unidos para acabar con la Revolución; y la incapacidad para asumir que alguien en Cuba se atreva a salir a la calle por propia voluntad a expresar opiniones políticas contrarias al gobierno.

Los dos primeros son hechos, el tercero es expresión de la eficacia con que han funcionado durante décadas los aparatos ideológicos del Estado —sistema de propaganda, escuela, prensa, medios de difusión, etc.— para imponer un sentido común acorde a sus intereses hegemónicos. A medida que lo ocurrido sale a la luz en vídeos, entrevistas y testimonios, todo parece indicar que la desesperación ante la situación existente, la agudización de la pandemia y la falta de concreción de los derechos plasmados en la Constitución de 2019, compulsaron a miles de personas a salir a las calles imponiéndose a sus miedos acumulados.

El agravamiento sostenido de la crisis, y sus consecuencias sobre los sectores más humildes y preteridos por las medidas tomadas —sobre todo las vinculadas a la venta de artículos de primera necesidad en tiendas en MLC y la consiguiente subestimación del peso cubano—, crearon el caldo de cultivo para este grito de los obstinados.

«Yo soy yo y mis circunstancias. Y si mis circunstancias cambian, cambio yo», decía Ortega y Gasset. Por eso no fue casual que los lugares donde se suscitaron las mayores protestas sean localidades y barriadas pobres, como puede apreciarse en los vídeos que proliferan en internet. De ahí que el Gobierno/Partido/Estado deba estipular medidas que favorezcan el consumo popular, no solo con el incremento de la producción nacional, sino también de las importaciones por vías que no sean las empresas comerciales monopólicas estatales, sancionadas por Trump y con sus arcas exhaustas.

Múltiples iniciativas se han propuesto. Todas implican superar el anacrónico monopolio estatal del comercio exterior, elemento del modelo que en seis décadas de funcionamiento ha demostrado su incapacidad para gestionar las necesidades de una economía abierta como la cubana, más allá de establecer enormes contratos con poderosos socios extranjeros —casi siempre de países aliados— que resultan obsoletos en la actual dinámica de la economía mundial y cubana en particular. También aquí es preciso confiar en el libre albedrío de los productores nacionales —estatales, cooperativos y privados— para escoger los proveedores y compradores extranjeros que mejor satisfagan sus intereses y las demandas del país.

Más allá de la implementación definitiva y eficaz de esta y otras reformas económicas pendientes, para que las protestas callejeras no se repitan y el país no entre en una espiral de violencia que no sería beneficiosa para nadie que quiera de veras a Cuba, hay que trazar una hoja de ruta conjunta del Estado y la sociedad civil.

Entre sus tareas deberían priorizarse el respeto y legalización de la libre expresión de las ideas políticas mediante una norma jurídica que establezca el procedimiento para hacerlo. Al mismo tiempo, determine los deberes y derechos de los participantes y de las fuerzas del orden que los protegerán e impedirán cualquier tipo de excesos.

Aunque la ANPP tiene su propio calendario legislativo, en el cual la implementación de los derechos de manifestación y reunión estaba prevista para septiembre de 2020 y fuera pospuesta por la pandemia, es preciso que los diputados se ocupen con urgencia de adelantar su discusión, aprobación y puesta en práctica. Es una deuda de los legisladores con sus electores, que son tanto los que salieron el 11-J a protestar pacíficamente, como las víctimas de actos violentos, los golpeados y encarcelados y sus represores.

También un compromiso para honrar los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Cuba es signataria. Más aún, llevar el derecho al libre albedrío político al cuerpo de la ley es una deuda con Martí quien previniera: «De nada servirían la libertad y el derecho, si el derecho y la libertad no se ejercieran; si todavía tuviera el pensamiento sobre sus espaldas el látigo de la censura».[1]

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[1] “Los tiempos se acercan”, El Socialista, México, 11 de junio de 1876, OCEC, T2, p. 274.

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