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Libertad de Expresión

Libertad

Expresarse en libertad

por Manuel García Verdecia 1 diciembre 2022
escrito por Manuel García Verdecia

Una de las demandas cardinales de las luchas emancipadoras contra los poderes absolutistas a lo largo de siglos —fundamentalmente como resultado del largo proceso de concienciación que trajo la actividad intelectual del Siglo de las Luces en el esfuerzo por hallar en la razón el sustento, no solo del conocimiento, sino de la edificación de una vida más humana—; ha sido el derecho de las personas a expresar sus juicios con total libertad como parte de su plena realización ciudadana.

Tal derecho se refrenda asimismo en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de 1776, y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1779, documento fundamental de la Revolución Francesa, en cuyos artículos 10 y 11 se consignan los derechos a la libertad de opinión, conciencia y prensa.

De igual modo lo establecen la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en 1948 por la asamblea fundadora de la OEA, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, certificada por la asamblea General de la ONU en 1948, de la cual Cuba es firmante, y que ha sido paradigma básico para la concepción, tratamiento y legitimación de estas atribuciones; por citar solo algunos ejemplos.

De igual manera, la actual Constitución de la República de Cuba, en su artículo 54, establece: «El Estado reconoce, respeta, y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión». Esto patentiza la significación social, relevancia vital e implicación para el desarrollo humano que tiene el poder manifestar los sentimientos e ideas que mueven a la persona en un ámbito de absoluta y respetuosa posibilidad. El cumplimiento de esta facultad resulta primordial para el desempeño de una sociedad cívica y democrática.

La libre expresión es consecuencia lógica del pensamiento activo. Pensar no es una actividad circunscrita ni restringida por otras circunstancias que no sean nuestras limitaciones intelectuales. La mente asume uno u otro objeto, uno u otro fenómeno según se enfrenta a ellos, y delibera ad libitum sobre los mismos. Unas veces enfocamos nuestro discernimiento a algo que nos interesa; otras, es nuestro propio cerebro el que nos coloca ante asuntos a los que no habíamos atendido.

Pero de todos modos pensar es incorporar el mundo a nuestra subjetividad, formándonos conceptos y juicios. Se piensa en esto y lo otro porque sí, sin que ningún elemento externo pueda impedirlo, y solo lo condiciona nuestra capacidad de percepción y análisis.

Además, entre pensamiento y palabra hay un vínculo inseparable: se piensa en palabras, así que, de hecho, las ideas llevan esa libertad interior. Esto quiere decir que el pensamiento siempre es absolutamente libre. Si se piensa algo se hace imprescindible exteriorizarlo en algún momento. El hombre es un ser para el intercambio.

Si se entiende la natural conexión entre pensamiento y expresión, ¿por qué imponer trabas a la exteriorización de lo que, de todas formas, se piensa, cuando el pensamiento en definitiva rige la acción? Es diferir lo que a fin de cuentas buscará una vía de materialización.  

En esencia, ¿qué es la libertad de expresión? Pues ni más ni menos que la desembarazada posibilidad de exponer aquellos juicios que nos formamos sobre distintos aspectos de la realidad con total espontaneidad y derecho, sin impedimentos ni silenciamientos que se opongan a ellos. Se trata de exteriorizar sinceramente nuestras ideas acerca de un asunto cualquiera, de forma razonada, lógica y desprejuiciada, a partir de nuestra experiencia, intuición e información, sin temor ni condicionamientos.

Dicho asunto puede ser cultural, científico, social, económico, político, etc., pues la expresión de ideas, tal como el pensamiento, no está atenida a un solo orbe de la existencia. Esta difusión de lo que concebimos no está centrada únicamente en lo político, aunque ese es un supuesto bastante generalizado, quizás por las implicaciones que el intercambio de ideas tiene en la opinión pública y las amplias reacciones que juicios contrarios generan, y por la forma en que pueden llegar a decidir situaciones que determinan el acceso al poder de un grupo determinado.

Es así, por lo general, que los que mejor consiguen la difusión de sus plataformas ideológicas sean los que más fácil acceden al control del poder.

Libertad

La libertad de expresión no implica el total albedrío para decir lo que nos venga en ganas, del modo en que lo entendamos o en que lo podamos hacer. La falacia, el irrespeto, la difamación no son componentes de la libertad de expresión, más bien resultan anomalías en el comportamiento comunicacional. Dichas actitudes resultan indeseables y son rechazadas por la mayoría de las personas, pues atentan no solo contra la posibilidad de cada quien de manifestarse con franqueza, sino contra la propia esencia de expresarse atenidos a la verdad, la justeza y el respeto.

Expresarse libremente no significa descalificar, limitar, intimidar o vapulear a los que tienen otras opiniones. Como todo en la vida, el respeto a la diversidad y la corrección en la forma favorecen a que lo dicho sea mejor atendido y, quizás, incorporado como estímulo a reconsiderar posturas y conceptos.

La práctica de esta posibilidad abierta de manifestarse tampoco conlleva necesariamente impugnar o desacreditar otras formas de concebir las cosas. Pensar libremente también es un modo de expandir, modificar, perfeccionar, argüir más sustancialmente, un asunto expuesto; por lo que acrecienta el bagaje de ideas, opiniones y criterios en circulación, y ofrece a disposición de la opinión pública un caudal más amplio de opciones para discernir y discurrir.

Muchas veces se confunden los conceptos de libertad de expresión y pensamiento crítico. Debe tenerse en cuenta que el primero se refiere básicamente a la no imposición de censura o limitaciones a la comunicación honesta, continua y variada de criterios; sin que comporte necesariamente una actitud crítica. La expresión libre es por esencia proposicional, expositiva, argumentativa.

Por su parte, el pensamiento crítico está dirigido no solo a exponer un asunto, sino a valorarlo de manera concienzuda y argumentada. Por tanto es analítico, reflexivo, refutatorio, encaminado a transformar una opinión o situación que se aprecia como incorrecta o ineficaz. Obviamente, un argumento expresado libremente puede conllevar una perspectiva crítica.

Cuando un pensamiento crítico es fundamentado, lógico y sensato, halla la oportunidad de expresarse sin cortapisas y se convierte en una herramienta eficaz para la formulación, organización e instrumentación de opciones que promuevan el avance de determinadas condiciones sociales, científicas, culturales, económicas, políticas y otras.

El vínculo de la libre expresión con el pensamiento crítico es enriquecedor del flujo del pensar y, sobre todo, del repertorio de posibilidades de solución a los problemas que genera la continua evolución de la sociedad. Por tanto, la libre expresión del pensamiento propende a la dinámica y evolución de las ideas, y permite consensuar vías convenientes para la conquista de determinadas metas.

Es así que la libre expresión de ideas propende al progreso del pensamiento, a su despliegue dialéctico, a su más amplia difusión, a su asunción más activa; así como también a la confrontación de diversos juicios y pareceres de forma que posibiliten hallar siempre mejores proposiciones. Es este sustancioso fluir de ideas, en su más desobstruida ventilación y en su diversa y múltiple interacción, que evoluciona el pensamiento.

Una sociedad que practica, estimula y defiende la libre expresión de ideas, es más consciente, participativa, consensual, dinámica y respetuosa de las diferencias, alentadora de la actitud cívica. De tal modo garantiza un clima ético más sano, que disuelve el ocultismo, la doble moral y el oportunismo; donde las divergencias se resuelven civilizadamente y los que opinan distinto no sean satanizados ni tenidos por adversarios, sino por conciudadanos que reflexionan desde otras perspectivas y bajo otras concepciones. Un debate serio, justo y reflexivo puede conllevar a unos y otros a desarrollar nuevos juicios y conceptos que consoliden un conocimiento más certero y fructífero.

Constreñir a una persona a no poder emitir con total libertad lo que piensa es, además de una infracción de compromisos internacionales firmados por Cuba, una violación de los derechos estipulados en nuestra propia Carta Magna.

Constituye no solo una injusticia contra la libre circulación del conocimiento que impide un mejor intercambio social de sus ciudadanos; es también un acto inhumano, pues priva al individuo del despliegue de sus potencialidades cognitivas, comunicativas y relacionales, por tanto lo elimina de su participación en el desarrollo del proceso social. De tal manera, lo convierte en un recluso de doctrinas ajenas prefijadas y lo excluye de la posibilidad de enriquecer y desarrollar las ideas del ámbito donde hace su vida.

Obstaculizar la libre expresión de ideas es vedar la dialéctica del pensamiento. Obstaculizar la dialéctica del pensamiento es negar el desarrollo del conocimiento. Obstaculizar el desarrollo conocimiento es encerrarnos en las tinieblas de la ignorancia y la parálisis. Debemos romper ese círculo perverso.

1 diciembre 2022 25 comentarios 1k vistas
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Libertad

En defensa de la libertad de expresión

por Consejo Editorial 27 octubre 2022
escrito por Consejo Editorial

Tras negarse en dos ocasiones a asistir a supuestas «entrevistas» a las cuales nuestra coordinadora, la profesora Alina Bárbara López Hernández, fue convocada por oficiales de la Contrainteligencia cubana, y luego de acudir en la mañana de ayer a la Fiscalía Provincial de la ciudad de Matanzas para presentar una Formal Queja y Acción de nulidad contra dichas citaciones, estas fueron suspendidas dado su carácter ilegal.

Ningún ciudadano puede ser citado bajo invocación de la Ley de Proceso Penal (LPP), recientemente aprobada, si no existe, como su nombre lo indica, un proceso penal abierto al cual esté siendo convocado como testigo o imputado en la acusación. Tampoco es la Contrainteligencia un actor reconocido por esa legislación para citar si el proceso se abriera, ni existe en el cuerpo legal un acto llamado «entrevista».

La Joven Cuba rechaza este y cualquier otro intento de intimidar a nuestros miembros y colaboradores por sus opiniones políticas, las cuales expresamos haciendo uso de los derechos que establece la Constitución de 2019. Asimismo, aseguramos que ante cualquier acto futuro de similar naturaleza responderemos del mismo modo que en esta ocasión: unidos como el equipo sólido que somos y con la ley como arma.

Consideramos además que la ruta legal abierta con este caso sienta un precedente importante en la lucha cívica por el respeto al derecho a la libertad de expresión. Para ello es imprescindible que cada ciudadano conozca la ley.

Sin embargo, no desconocemos que personas en condiciones de vulnerabilidad y con menor nivel de instrucción tienen posibilidades menores para hacer valer sus derechos, leyes mediante, ante la arbitrariedad y los excesos de la represión. Por y para ellos seguiremos trabajando. El compromiso de todo ciudadano debe ser no dejar atrás a ninguno de sus iguales que esté en situación desventajosa.

La construcción de un Estado de Derecho y de una ciudadanía activa es un imperativo impostergable. Por ello, consideramos de suma utilidad la actitud de nuestra coordinadora en su comportamiento cívico, así como el accionar de la Fiscalía que ha cumplido su función de respeto al Estado de Derecho. Compartimos con nuestros lectores el documento entregado a ese órgano.

Libertad de expresión

***

A LA FISCALÍA PROVINCIAL DE MATANZAS:

Alina Bárbara López Hernández, ciudadana cubana, mayor de edad, de estado conyugal casada y vecina de calle…, Matanzas. Vengo por medio del presente escrito a establecer FORMAL QUEJA y ACCIÓN DE NULIDAD contra la citación oficial que me fuera entregada el 25 de octubre de 2022 por oficiales de la «Contrainteligencia». Fundo mi reclamo en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Que a las 12 m. del día de ayer, 25 de octubre de 2022, luego de haber intentado citarme a través de una llamada telefónica, se presentaron en mi domicilio dos oficiales que se identificaron como miembros de la «Contrainteligencia». Inmediatamente me entregaron una cédula de citación en la que se me instruyó acudir a la Unidad de la PNR de Matanzas a las 2:00 p. m. de ese mismo día.

Al preguntar a los oficiales si existía alguna investigación penal en mi contra o de la cual yo pudiera tener conocimiento en calidad de testigo, me dijeron que no existía ninguna investigación en mi contra y que solo querían «entrevistarme». Unas horas más tarde (4:00 p. m.), volvieron nuevamente dos personas, que esta vez ni siquiera se identificaron ni mostraron su carnet, y dejaron una nueva cédula con igual apremio, pero bajo otro nombre y cargo, y esta vez sin firma ni cuño; en ella me convocan para hoy, 26 de octubre a las 4:00 p. m.

SEGUNDO: A pesar de la inexistencia de un proceso penal en mi contra o del cual yo pueda tener conocimiento en calidad de testigo, los oficiales alegaron que yo estaba obligada a comparecer ante ellos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Proceso Penal. No obstante, al entender que no existe causa legítima ni legal que sustente la obligación que dicen los oficiales que tenía, informé a ellos que no reconocía la legitimidad de la citación, que me asesoraría y que decidía no hacer algo a lo que la ley alegada no me obliga.

TERCERO: Mi negativa se basa en el hecho de que la Ley del Proceso Penal está diseñada para regir los cauces del proceso penal y no las interacciones que puedan desarrollarse entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad al margen de un proceso de ese tipo.

El artículo 2.1 de dicha Ley es muy claro al establecer que el «proceso penal es el conjunto de actos que se ejecutan para la investigación de una denuncia o noticia sobre la comisión de un presunto hecho delictivo, con el objetivo de determinar la verdad material y la responsabilidad o no de los imputados y acusados; la aplicación y ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan y otras soluciones basadas en la disposición de la acción penal y acuerdos entre las partes en los casos autorizados por esta Ley».

Atendiendo a la recta lectura de ese precepto, resulta jurídicamente inaceptable utilizar la ley del proceso para justificar una «entrevista» que no responde a ninguna denuncia o noticia sobre la comisión de un hecho delictivo con el que yo tenga relación.

CUARTO: No obstante y atendiendo al hecho de que se ha utilizado la Ley del Proceso Penal como justificación para impulsar un acto que entiendo ilegal e ilegítimo, he decidido recurrir a la Fiscalía por dos razones fundamentales: la primera, porque tiene como función constitucional la de velar por el cumplimiento y restablecimiento de la legalidad cuando es quebrantada; y segundo, porque tiene una misión especial encomendada por la Ley del Proceso Penal: la de declarar la nulidad de los actos procesales que se desarrollen en incumplimiento de las formalidades legales.

QUINTO: El artículo 63 de la Ley del Proceso Penal establece que «cuando el acto que se estima nulo haya sido efectuado por la Policía o el instructor penal, la solicitud de nulidad se interesa al fiscal». No obstante, con independencia de que desconozco la vinculación laboral real de los actuantes, entiendo que es la Fiscalía la encargada de anular los actos procesales viciados que, amparados en la Ley del Proceso Penal, realicen las autoridades del Ministerio del Interior.

SEXTO: Por la razón previamente señalada es que hago notar que la cédula que se me entregó adolece de algunos elementos formales que son de obligatorio cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Ley del Proceso Penal como por ejemplo una correcta identificación de la institución y la autoridad actuante.

El artículo 13.1 de dicha Ley es claro al reconocer únicamente como autoridades a los efectos de la ley, a la Policía, el Instructor penal, el fiscal o el tribunal. Sin embargo, los individuos que se presentaron en mi inmueble se identificaron como oficiales de la Contrainteligencia y en la cédula que me entregaron, contrariando lo dispuesto en la ley, no señalaron la institución a la que pertenecen muy probablemente porque la misma no está reconocida como autoridad en la norma invocada por ellos para legitimarse.

Tampoco identificaron correctamente al oficial actuante mencionando únicamente los grados y un nombre, datos que no pueden ser utilizados para verificar la legitimidad y la identidad del funcionario ante el que debería comparecer. La identificación de la institución y del actuante no es un simple requisito legal, sino un mecanismo de defensa del ciudadano ante los ejercicios arbitrarios de funciones y, por ende, su vulneración resulta un atentado contra las garantías del debido proceso.

SÉPTIMO: La cédula establece además que el objeto de la citación es «ser entrevistada». Sin embargo, la «entrevista» no es una diligencia de las reconocidas en la Ley del Proceso Penal y, segundo, depende de un acto volitivo del entrevistado. En lo personal, no tengo ningún interés en ser entrevistada por oficiales de la contrainteligencia, incapaces de identificarse correctamente y que no cuentan con amparo legal para hacerlo ni cumplen con las formalidades que la ley que invocan establece.

La ley regula la obligatoriedad de señalar el objeto de la citación porque sus redactores entendieron que estos detalles son indispensables para proteger los derechos del citado de posibles actuaciones arbitrarias e infundadas legalmente. Por eso, incluso si el fiscal entiende que una «entrevista» es una diligencia de investigación válida, debería entonces verificar el para qué de la misma, a qué proceso penal responde y en calidad de qué debería comparecer.

Todos esos elementos son indispensables para evaluar la legalidad de la citación e impedir que, como en este caso, las citaciones oficiales se utilicen como un mecanismo de coacción y discriminación política.

POR TANTO

DE LA FISCALÍA INTERESO: Que atendiendo a lo anteriormente expresado investigue y restablezca el quebrantamiento de la legalidad y a su vez anule la citación oficial cuya copia se acompaña como anexo.

OTROSI PRIMERO: Cualquier diligencia de notificación puede llevarse a cabo a través de la dirección electrónica siguiente: …

Matanzas, 26 de octubre de 2022

27 octubre 2022 21 comentarios 1k vistas
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Reforma

Cuba: reforma económica, derechos, protestas y cambio político

por René Fidel González García 20 septiembre 2022
escrito por René Fidel González García

En 2019, aprobada la Constitución que cambió el régimen económico, político y social del Estado cubano, un nuevo equipo de gobierno dispuso no ya solo de los amplísimos poderes que le otorgó, al menos formalmente, el diseño del poder ejecutivo resultante de la actualización de la antigua matriz de concentración de poder en la última etapa de la transición política generacional ocurrida en Cuba; sino además —sin los límites del antiguo cuerpo constitucional—, de un margen de maniobra para acometer la reforma económica.

Contaba también con un expandido catálogo de derechos y garantías constitucionales a desarrollar normativamente. El mismo no solo tenía numerosos puntos de contacto con los contenidos y demandas del proceso de cambio social que se venía produciendo en el país desde décadas anteriores, sino que había logrado conectar con las expectativas y esperanzas de transformación de la realidad que la socialización del debate y discusión del texto constitucional cubano generaría.

No era precisamente este un punto de partida escuálido, tampoco un capital político propio despreciable para el nuevo gobierno, siempre que avanzara con suficiente coherencia y celeridad.

En los siguientes meses, mientras el gobierno trabajaba en la etapa final de una prolongada sistematización y comparación de alternativas y distintas experiencias que le permitirían finalizar la elaboración y concreción de un plan de reforma económica, y también en el pronóstico y estimación de sus efectos sociales, el manejo de la conflictividad política de la población se estaba volviendo disfuncional y peor aún, contradictorio. Ocurría que desde inicios de la década de los 2000, se habían expandido y fortalecido un enjambre de blogs, publicaciones, el acceso a Internet y el uso de las redes sociales.

Lo que en el pasado había sido una gestión de la opinión pública sin apenas fisuras y capaz de imponer, en ausencia de competidores, una hegemonía mediática indiscutible, era para entonces un campo de batalla. Primero intelectuales, activistas y periodistas, y luego ciudadanos en general, encontraron ahí el dinamismo y la posibilidad de expresión, articulación e incidencia, que los espacios públicos, institucionales y políticos reconocidos legalmente, eran incapaces de proporcionar por su propio diseño, o a medida que perdían importancia y se devaluaban.

Para ese entonces, una estrategia basada en expulsiones de centros de trabajo y estudio, advertencias, multas, procesamientos penales selectivos, campañas contra plataformas digitales, acoso, decomisos de equipos, y otras formas de control político, había agotado sus posibilidades disuasorias hasta llegar a ser una rutina punitiva.

Ciertamente financiamientos provenientes de programas foráneos para el cambio del régimen político en Cuba habían estado en el surgimiento y sostenimiento de muchas de las plataformas que existían; sin embargo, la consolidación de un entorno digital que funcionaba como suerte de ágora tan plural como la sociedad cubana, y su capacidad contestataria, crítica y propositiva, fue visto como desafío insoportable, humillante y extremadamente peligroso tanto para el gobierno, como para un aparato ideológico que, ante el desafío, optó por apostar a la polarización política.                                                                     

Cuando a inicios del 2020 el ejecutivo cubano instrumentó la primera medida del plan de reforma económica, que dio en llamar reordenamiento monetario, la dinámica de polarización inducida creada como respuesta al incremento de conflictividad política era ya, de diversas formas, un fracaso. Este funcionaría en los siguientes meses como uno de los catalizadores para que se produjera en el país la compleja unión de los tiempos, demandas y exigencias, de lo político y lo económico.

Incluso hoy, tomando en cuenta el grado de penetración de la Internet y el aumento del tráfico y tamaño de las redes sociales, es muy difícil creer que, por ejemplo, un pequeño y micro-localizado grupo de artistas, activistas y académicos, opuestos en principio a la entrada en vigor del Decreto-Ley 349 y agrupados bajo el nombre de Movimiento San Isidro (MSI), hubiese llegado a ser conocido nacional e internacionalmente. Ello hubiera sido difícil sin las presiones y acosos que recibieron sus integrantes por parte de los órganos policiales y de Seguridad del Estado, y sobre todo por la inédita sobre-exposición que le dieron medios nacionales de prensa.

Reforma

Protesta de miembros del MSI contra el Decreto Ley 349. (Foto: ADN Cuba)

El antecedente más inmediato de la dinámica de polarización política inducida, había sorprendido a los lectores del Granma unos años antes, cuando leyeron atónitos, como si se tratara de una discusión entre terceros a la que eran profundamente ajenos, una serie de artículos dedicados a la existencia de una corriente de pensamiento: el centrismo, y a sus actores, los centristas.  

Aquel esfuerzo, aparentemente solitario, sirvió sobre todo para enrarecer y tensionar el ambiente político en universidades, centros de investigación e instituciones culturales; mientras se atajaba oficialmente la existencia de distintos espacios y proyectos en los que intelectuales y académicos de diferentes orientaciones estaban confluyendo.

Su nivel ideológico más alto conocido, aunque aparentemente circunscrito a una rama estratégica de la reproducción ideológica, había sido un artículo escrito por la —en aquel momento— vice-ministra primera de la Educación Superior; sin embargo, de ahí en adelante crecería en importancia una matriz comunicativa que vertería, a través de medios públicos y estructuras para-estatales con presencia en Internet y las redes sociales, acusaciones de mercenarios, contrarrevolucionarios y agentes de cambio, a cualquiera que criticara al Gobierno.

Dentro de tal matriz, la posterior exposición mediática y el sobredimensionamiento oficial de la importancia del MSI, parecía en realidad el torpe intento de construir el perfil de una oposición que pudiera ser denostado y desacreditado ante un sector de la opinión pública cuyo consumo político estaba mayormente conectado a los medios estatales y su flujo de propaganda e información. Para lograrlo se apeló a estereotipos negativos sobre aspectos raciales, sociales, morales, clasistas y culturales.

Muy poco tiempo después, cuando un grupo de artistas e intelectuales protagonizó una nutrida protesta frente al Ministerio de Cultura, a raíz del allanamiento policial de la casa en la que miembros del MSI se habían enclaustrado ante la persecución y el hostigamiento del que eran objeto, los estrategas de la polarización política redoblarían su apuesta.

Si por un lado se hicieron cotidianos diferentes tipos de presiones a intelectuales y activistas, sus familiares y vecinos; al mismo tiempo se dejaba abierta, y en algunos casos hasta se facilitaba, la migración como especie de exilio exprés no declarado. A la par, el diseño de algunos programas de televisión pretendió detener y re-encauzar la experiencia de socialización y la calidad de un debate político público que, a través de intelectuales, activistas y artistas, amenazaba con salir de los confines digitales.

Rara vez se puede apreciar con tanta nitidez la incapacidad de un adversario que cuando este apela a la vulgarización y simplificación, no solo en tanto medio de expresar o contrarrestar argumentos, sino como método para destruir la posibilidad misma del debate y lograr el empobrecimiento de la política.

El manejo reactivo, sesgado, ilógico, falaz, sarcástico, y no pocas veces banal de los acontecimientos de la realidad cubana que estos programas propusieron, no estaba sin embargo dirigido a aportar argumentos o a convencer a sus públicos potenciales. Su objetivo real pretendía conectar con destinatarios que compartían sus puntos de vista y sistema de valores, y que difícilmente repudiarían, o serían refractarios, a los medios que les eran propuestos para reafirmar sus ideas.

Reforma

El manejo reactivo, sesgado, ilógico, falaz, sarcástico, y no pocas veces banal de los acontecimientos de la realidad cubana que estos programas propusieron, no estaba sin embargo dirigido a aportar argumentos o a convencer a sus públicos potenciales. (Foto: Captura del NTV)

Que tales programas y sus presentadores, o articulistas y líderes de medios digitales y de grupos en las redes sociales, funcionaran como una versátil interfaz a través de la cual el Gobierno —y sus agencias—  manejaron frecuentemente temas, situaciones y aspectos de interés gubernamental y social, u ofrecieron informaciones y dirigieron ataques contra individuos y grupos en clave de negación plausible, sería considerado por algunos como una zona crepuscular, en la que resultaba cada vez más difícil advertir la existencia de una única dirección del flujo de influencia política.

Lo que pareció una adecuación del discurso político a los novedosos códigos de comunicación impuestos como válidos y efectivos, o acaso un bizarro trasplante de sus formas y fórmulas más empobrecedoras y básicas, o simplemente una contaminación de la política con los más viejos presupuestos del periodismo amarillista; acabó por ser un perturbador indicador de la forma de hacer política en Cuba, mucho más cuando el liderazgo actual, distaba sobremanera de las posibilidades y dotes comunicativas que caracterizaron su ejercicio durante las primeras décadas.

La antigua formación de intelectuales y pensadores de enorme prestigio nacional e internacional que durante años habían socializado ideas, perspectivas y contenidos éticos particularmente importantes por su diversidad y calado a la reflexión política e ideológica nacional, cederían paso —en un momento de glorificación de la opinión, la adulación y la falta de escrúpulos para mentir, tergiversar y fragmentar los hechos—, a personajes anodinos y desconocidos, que parecían ser, por su retórica y los recursos de que se valían, el reflejo de conocidas contrapartes mediáticas foráneas.

Bien pronto, el frenesí oportunista de extremismo y sospecha política que ellos ayudarían a desatar, estaría alcanzando y emplazando con los mismos métodos a personas que hasta hacía poco eran sus compañeros de viaje.

A no pocos de estos personajes le fueron asignados puestos culturales y académicos, además de salarios y distintos tipos de gratificaciones por su trabajo. No obstante, el saldo de empobrecimiento de la cultura y de los recursos de interacción política de la población, y el para nada despreciable resultado colateral del desarrollo de una tendencia de memeficación de la política oficial y popular, había sido hecho a costa de un dogma de Fidel Castro hasta ese momento inalterable: no reconocer nunca la existencia de la oposición.

A escasos siete meses de aplicado por el Gobierno el primer paquete del plan de reforma económica, en medio de la terrible tensión de la epidemia del Covid-19 y del cómodo realismo político de una nueva administración estadounidense —que esperó recoger sin mayor exposición los frutos de las medidas tomadas por su predecesora a costa del sufrimiento del pueblo cubano—, la población ocupó masivamente durante horas las calles de muchas ciudades y pueblos de la Isla.

Esto lo haría, en realidad, sin convocatoria ni liderazgo político alguno, pero la apuesta a la polarización, y las reacciones y dinámicas que generó, habían sido suficientemente intensas como para proporcionar a miles de personas soportes identitarios, simbólicos, e imaginarios, que supondrían al sistema político insular un serio problema para el futuro.

Un año más tarde, con el país conmovido por una estampida migratoria tan extraordinaria como inédita en la historia nacional, que muchos consideraron también resultado del desquiciante golpe que la represión a las protestas había asestado a las esperanzas de democratización de la sociedad cubana, una de las preguntas que interpelaba a la gobernabilidad y al propio funcionamiento del sistema político, no era ya qué hacer con los excluidos, sino qué harían los excluidos frente a la exclusión.

No era esta una pregunta cualquiera. Después de todo, parafraseando a Eliot Weinberger, una pregunta es siempre un anhelo articulado.

***

Este artículo es un ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución.

20 septiembre 2022 7 comentarios 1k vistas
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libertad

La libertad y el diálogo

por Mario Valdés Navia 29 julio 2022
escrito por Mario Valdés Navia

-I-

Aunque las condiciones materiales agobian al infinito la vida cotidiana de los cubanos y cubanas de hoy, el grito que más se escucha en boca de los obstinados durante manifestaciones tipo 11-J, cacerolazos o tánganas por los apagones, no es ¡Comida!, o ¡Corriente!, sino ¡Libertad!

Poco a poco, el miedo a la libertad va desapareciendo en cada vez más personas. Pero los que emprenden este viaje han de saber que está lleno de obstáculos y sacrificios. No en balde Martí advertía: «La libertad cuesta muy cara, y es necesario o resignarse a vivir sin ella, o decidirse a comprarla por su precio» (OC, T21, p. 108).

Si, según él: «La libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresías» (OC, T18, p. 304), entonces las libertades de pensamiento y expresión constituyen sus expresiones básicas. Ambas florecen en un entorno de diálogo y persuasión honrados; pero se secan en ambientes opresivos, de pensamiento único y doble moral. Libertad sin diálogo útil y honrado es como pájaro sin alas.

La libertad y el diálogo se desarrollan con la práctica social, mediante la estimulación del pensamiento crítico y la lucha cívica. La ciudadanía adquiere estas capacidades entrenando la mente y el cuerpo en esas lides, corriendo riesgos, cayendo y levantándose para volver a pelear,  perdiendo hoy para ganar mañana. Familia, escuela y comunidad han de fomentar tales experiencias como valores individuales, familiares y sociales.

En momentos en que la salud de la nación requiere con urgencia de hombres y mujeres preparados para dialogar en libertad y debatir sus diferentes puntos de vista con inteligencia, honestidad y valor; es importante que ellos estén disponibles. Al referirse a los debates suscitados durante la elaboración de la constitución de Estados Unidos, Martí enfatizaba:

No ha de temerse la sinceridad; sólo  es tremendo lo oculto. La salud pública requiere ese combate en que se aprende el respeto, ese fuego que cuece las  ideas buenas y consume las vanas; ese oreo que saca a la luz a los apóstoles y a los bribones. En esos debates apasionados los derechos  opuestos se ajustan  en el choque, las teorías artificiosas  fenecen ante las realidades, los ideales grandiosos, seguros de su energía, transigen con los intereses que se les oponen. (OC, t.13, p. 322).

Como político que preparaba a su pueblo para una guerra republicana, Martí buscaba la unidad entre los revolucionarios por encima de sus diferencias, pero nunca la identificaba con la imposición de una voluntad superior sobre las demás. Para él: «Abrir al desorden el pensamiento del Partido Revolucionario Cubano sería tan funesto como reducir su pensamiento a una unanimidad imposible en un pueblo compuesto por factores diversos, y en la misma naturaleza humana».

Procedimiento fundamental sería el diálogo libre, regido por el conocimiento profundo de los problemas a dilucidar, pues ningún grupo encumbrado podría pensar y decidir por el pueblo: «O se habla lo que está en el país, o se deja al país que hable». Solo en esta atmósfera de fomento de la libertad de expresión se consolidaría una voluntad popular fundada en la razón, no en entusiasmos pasajeros, promesas incumplibles o consignas rimbombantes.

libertad

-II-

La sociedad cubana actual, a pesar de su alto nivel de instrucción y de la existencia de Internet y las redes sociales, no está preparada para ejercer las libertades de pensamiento y expresión. Estas han sido extinguidas, menguadas o tergiversadas en la conciencia y las experiencias de vida de los habitantes de la Isla, habido el largo ejercicio de los instrumentos de violencia física y cultural con que cuenta el Poder para dominar a la mayoría subalterna.

Llegados a un punto de grave problemática sociológica, antropológica y de psicología colectiva, es preciso efectuar a nivel social un proceso de deconstrucción espiritual capaz de modificar las estructuras mentales aprendidas y aprehendidas por varias generaciones. Este asunto exige de influencias externas, pero más aún de la voluntad y empeño de los individuos. Mientras ello no se consiga, las orientaciones y demandas del grupo de poder hegemónico seguirán siendo aceptadas y/o acatadas por la mayoría, aunque en su fuero interno muchos sospechen que están erradas y que nada bueno podrá esperarse.

Habrá incluso quienes tengan la mente tan adoctrinada por los que saben, que hasta disfruten y agradezcan su triste destino de manera masoquista. Según Martí: «El que vive en un credo autocrático es lo mismo que una ostra en su concha, que sólo ve la prisión que la encierra y cree, en la oscuridad, que aquello es el mundo; la libertad pone alas a la ostra». (OC, t.13, p.136).

Uno de los mayores temores que sienten los individuos formados en entornos totalitarios, dictatoriales y radicalizados, al ser puestos en un escenario de necesaria confrontación de ideas, es a quedar en minoría o, peor aún, en soledad, por defender sus criterios. Los cubanos no somos una excepción.

A los aún temerosos de faltar a la sempiterna unanimidad por algún gesto de disidencia o rebeldía, les recomiendo acordarse de Oscar Wilde: «Cuando la gente está de acuerdo conmigo siempre, siento que debo haberme equivocado». y de Goethe: «No preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino tan sólo si marchamos por el mismo camino».

Sin embargo, el problema no es peculiar de la Revolución Cubana. Cuando la de Octubre empezó a derivar hacia un Estado burocrático militarizado y se prohibieron las opiniones críticas y divergentes, Rosa Luxemburgo planteaba: «Sin una confrontación de opinión libre, la vida se marchita en todas las instituciones públicas y la burocracia queda (…) la libertad siempre ha sido y es la libertad para aquellos que piensen diferente».

Libertad

Rosa Luxemburgo

La represión a la libertad de expresión y la falta de diálogo en los países del Socialismo Real fueron de las condicionantes principales que condujeron al fracaso estrepitoso de aquel modelo en la URSS y Europa del Este. También en la Isla son factores que erosionan las posibilidades de reformar las diferentes esferas de la vida social y devolver las expectativas de crecimiento y desarrollo a la nación.

Si bien el respeto a la diversidad se ha ampliado actualmente con el reconocimiento de problemáticas referidas a religiones, géneros, animalistas, racialidades, etc.; el desconocimiento de la diversidad política —perteneciente a la primera generación de derechos humanos— constituye una rémora que nos convierte en un pecio totalitario en pleno siglo XXI.

La falta de libertad de expresión y diálogo interno, retarda la transformación del modelo estatizado y burocrático, fosiliza las mentes de amplios sectores de la población, divide a los cubanos y cubanas en extremos irreconciliables, estimula la emigración de la juventud y dilata la solución colectiva y participativa de problemas económicos y sociales, tanto de vieja como de nueva data.

Con el fin de encauzar las soluciones a la aguda crisis actual, es tarea de primer orden lograr echar a andar una mesa de debate libre y abierto de todos los problemas del país y la nación, que son de todos, con la participación de figuras representativas de diversos sectores del pueblo cubano, la Isla y la emigración. Baste recordar este mensaje martiano sobre el respeto a las opiniones diversas en el análisis y tratamiento de los problemas más acuciantes del país:

¡Que los pueblos no son como las manchas de ganado, donde un buey lleva el cencerro: y los demás lo siguen!: más bello es el valle, rodeado de montañas, cuando lo pasea, en grupos pintorescos, encelándose y apaciguándose, el ganado airoso y libre. Si se desgrana un pueblo, cada grano ha de ser un hombre. La conversación importa; no sobre el reglamento interminable o las minimeces que suelen salirles a las asociaciones primerizas, sino sobre los elementos y peligros de Cuba, sobre la composición y tendencias de cada elemento, sobre el modo de componer los elementos, y de evitar los peligros. (OC, t.2, p.17).

29 julio 2022 33 comentarios 2k vistas
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Libertad

¡Libertad!

por José Manuel González Rubines 8 junio 2022
escrito por José Manuel González Rubines

En algún sitio de la gran biblioteca que albergue la historia de estos tiempos, seguramente habrá un estante reservado a las rarezas cubanas. Puedo imaginar el asombro del investigador del futuro que se tropiece con los tuits de quien sin ser la Primera Dama asiste a recepciones de Estado y se le estropaja el corazón con apagones que no sufre; o con la canción del rapero que paralizaría Cuba —sin el más remoto éxito— con su deseo de compartir bendiciones con sus panas y andar en un lamborghini por Varadero.

Me parece ver su rostro estupefacto cuando se cruce con la noticia de que un promedio de 100 mm de lluvia en un día provocaron alrededor de 150 derrumbes en La Habana e inundaciones en muchas zonas —¿cómo resolverán el problema los habitantes de Mawsynram, en la India?—;  asimismo, le será difícil digerir que un senador de la Florida vea, con la preocupación de un gato agazapado, que en la administración Biden haya personas que podrían querer, nada más y nada menos, suavizar las medidas de aquel país contra el de sus padres.

Intuyo, sin embargo, que probablemente no se genere demasiada sorpresa en él cuando se tope con la imagen del concierto del trovador Carlos Varela, algunas de cuyas canciones fueron coreadas por enardecidos gritos de «¡Libertad!». ¿Qué propiciaría que el incidente fuera una noticia? ¿Cuál es la razón para que de un lado y otro se le dedicara tanta atención? ¿Por qué libertad se clamó a gritos aquella noche?

A lo largo de los siglos, cada generación de cubanos ha luchado por una libertad diferente. Cuando en 1959 triunfó la Revolución, el 92.9% de los habitantes había nacido durante la República, por tanto, sus luchas no eran contra un sistema esclavista y colonial, como fueron las de sus padres y abuelos del siglo XIX.

Para aquellas personas, el referente de opresión del que ansiaban liberarse era un régimen inconstitucional y asesino, que tenía sumidos a muchos en la pobreza y entregada una buena parte de la riqueza nacional al capital extranjero. Las botas de los militares golpistas del 10 de marzo debieron ser barridas, como lo habían sido las de la última generación de mambises políticos gracias a la Revolución del Treinta.

La generación que se congregó en las calles para vitorear a la Caravana de la Libertad —el nombre no es casual ni inmerecido—, estaba tan feliz por lo conquistado y segura de que sus anhelos se materializarían en un tiempo cercano o medio, que llenó de hijos las casas de Cuba. Así, para 1970 el 27.6% de la población tenía nueve años o menos (hoy en ese grupo está apenas el 10.2%). Aquel Baby Boom fue una demostración de confianza, como las oleadas migratorias posteriores lo han sido de decepción.

Libertad

¿Por qué libertad se clamó a gritos aquella noche? (Foto: Facebook / Carlos Varela)

Del mismo modo que para los cubanos del 59, los días oscuros de la esclavitud y la Reconcentración de Weyler eran historias lejanas y trascendidas, lo son el capitalismo republicano y la dictadura de Batista para el 83.5% de los actuales, nacidos durante la Revolución. De esos, el público en el concierto de Varela estaba compuesto en su mayoría por el 40.4% que ha conocido únicamente al Período Especial, pues llegó al mundo después de 1990. Entonces, ¿por qué libertad clamaron esas personas, nacidas en un socialismo supuestamente emancipador? ¿Cuáles son sus referentes de opresión?

Hace algunos días ví los instantes finales de la transmisión en que la activista Sahily González —con cuyas opiniones políticas no estoy familiarizado, pero que son tan legítimas como las de cualquier militante de la UJC, la Asociación Católica o el Partido Verde—, era parcialmente ahorcada por el más inepto de los agentes de la Seguridad del Estado. Al percibirlo con tanta nitidez, recordé la escena del Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, en que la esposa del oftalmólogo le dice al matón que nunca olvidaría su cara. Varias páginas después lo asesinó de un tijeretazo.

El hombre creado por el escritor portugués —física y moralmente ciego—, es la representación del opresor; ella, que decide matarlo aun cuando con eso trasgrede sus más asentados límites, lo hace compulsada por la necesidad de sobrevivir en libertad pese al caos que la circundaba. «Donde hay poder, hay resistencia», dice Foucault.   

Lo sucedido a la activista González es un botón de muestra. Dado que por obvio no requiere un análisis ético, cabe preguntarse desde el pragmatismo político: ¿sirve para algo? ¿Cuál es la relación costo/beneficio en acciones como esa? La represión violenta, las persecuciones, la prisión, los despidos laborales, el acoso o los linchamientos mediáticos; funcionan tan bien a largo plazo como el alcantarillado habanero con 100 mm de lluvia. La historia de Cuba tiene ejemplos sobrados que lo ilustran.

La libertad es tan intrínsecamente humana que quienes la reprimen han debido despojar primero a sus víctimas de cualquier atisbo de humanidad. Bárbaros, negros, rebeldes, gusanos, mercenarios, comunistas, maricones, ciberclarias, son algunas de las herramientas del idioma utilizadas para tal fin. La palabra es la mano que moldea el barro del pensamiento, y del mismo modo que forja la empatía en las relaciones sociales, también puede malograrla hasta el fratricidio.

Sentenciaba Rosa Luxemburgo, con el acierto de una profetisa, que «la libertad sólo para los partidarios del gobierno, sólo para los miembros de un partido, por muy numerosos que sean, no es libertad en absoluto». Sin embargo, como condición inherente a los hombres, la libertad encontrará su sitio natural a cualquier precio, como río que recupera el cauce pese a la urbanización.

Los jóvenes congregados alrededor de Carlos Varela clamaban por el derecho a gritar «¡Libertad!» sin que ello constituya un acto subversivo o noticioso, y menos en un país constitucionalmente socialista, puesto que socialismo debiera ser libertad en todas sus dimensiones. Recuperar los sueños que unieron a nuestros abuelos en torno al proyecto de aquella caravana, hace más de sesenta años, no es trabajo ajeno sino de cada ciudadano. Unos pocos no pueden ser usufructuarios de lo que es de todos, pues, como dice el poeta, «la libertad nació sin dueño».

8 junio 2022 19 comentarios 2k vistas
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Código Penal

El nuevo Código Penal: la «orden de combate» legislada

por Fernando Almeyda Rodríguez 4 abril 2022
escrito por Fernando Almeyda Rodríguez

Según el cronograma legislativo establecido por el acuerdo IX-115 y publicado en la Gaceta Oficial no. 5 de 2022, la aprobación del proyecto de Código Penal está prevista para este mes de abril. Poco se ha dicho en la prensa oficial cubana sobre el mismo, silencio que contrasta con la propaganda que ha recibido el proyecto de Código de Familias. Pero tanto la prensa independiente como algunos exponentes del gremio jurídico no vinculados al Estado, han expuesto datos alarmantes sobre el referido Código Penal.

Legalización de la violencia política

El código en cuestión exhibe algunos aciertos, como la desaparición del «Estado Peligroso», las «Medidas Predelictivas» (1), los delitos que penalizan la Bigamia, la Homosexualidad (2), así como la regulación de un mejor marco penal contra la violencia intrafamiliar, sexual y de género (3); no obstante, estos aspectos positivos quedan opacados ante un proyecto legislativo de naturaleza draconiana.

El marco sancionador de casi todos los delitos anteriormente previstos aumenta de forma notable, tanto en los llamados delitos comunes como en los políticos; la pena de muerte está prevista para veinticuatro figuras delictivas, cuatro más que en el Código de 1987, vigente hasta la fecha; la sanción de privación perpetua de libertad está diez veces más presente que en el vigente; aumentan los tipos delictivos, lo que incluye nuevas tipificaciones penales que pueden ser empleadas para reprimir el ejercicio de los derechos humanos y constitucionales.

Si bien el Código Penal de 1987 podemos considerarlo un texto jurídico poco garantista de la libertad de expresión y los derechos fundamentales, el proyecto en discusión llega a un nuevo nivel, institucionalizando la violencia a favor de los intereses del Estado.

En su artículo 23.1.4 se exime de responsabilidad penal a aquellos que actúen para «repeler o impedir un peligro o daño a los intereses sociales del Estado». Como contraparte, incluye un apartado nuevo al delito de «Atentado», encaminado a sancionar a quienes a través de «violencia o intimidación» intenten impedir que personas que no ostentan autoridad actúen «en cumplimento de su deber ciudadano, contribuya al enfrentamiento de actos de indisciplina que afecten la tranquilidad ciudadana, el orden y la convivencia».

Tomando como ejemplo el escenario del 11-J, se exoneraría de responsabilidad a quienes agredieran a manifestantes en interés del Partido y el Gobierno, en tanto se sancionaría por «Atentado» a aquellos que intentaran impedirlo.

Y no solo eso, en el artículo 27 del nuevo proyecto se conserva la eximente de responsabilidad penal por «obrar en cumplimiento de un deber», lo que libra de cualquier castigo a quienes violen derechos o cometan delitos en cumplimiento de órdenes. Nuevamente tomando como contexto al 11-J, esto supondría que aquellos oficiales de la PNR y el Ministerio del Interior responsables de la muerte de Diubis Laurencio pueden quedar impunes pues «cumplían órdenes»; como contraparte, se castiga a quienes no acaten las órdenes de un superior, sin importar su contenido.

Código Penal

Diubis Laurencio (Foto: Facebook / Yissell Fernández)

Esta es una línea que el Código Penal de 1987 nunca había cruzado: proteger el ejercicio de la violencia por parte de los ciudadanos contra otros habitantes en cumplimiento de la voluntad o interés del Partido y el Estado. Aunque el proyecto no se refiere textualmente al Partido Comunista, basta remitirse al artículo 5 de la Constitución, que declara que el Partido es la «fuerza dirigente de la sociedad y del Estado»; por ende, no existe diferencia alguna entre «intereses» estatales y partidistas. La violencia institucionalizada contra el disenso ya no se oculta, sino que ahora se premia.

«Tolerancia cero» al disenso

En el Código de 1987 existen múltiples figuras delictivas empleadas en la represión de los derechos fundamentales. En algunos casos se usaban arbitrariamente —como el delito de Desacato—, y en otros convenientemente —como el delito de Asociaciones, Reuniones y Manifestaciones Ilícitas. La Constitución de 2019 reconoce no solo el derecho a la libertad de expresión y manifestación en sus artículos 54 y 56 respectivamente, sino que incluye un mandato constitucional dirigido a establecer mecanismos legales para el amparo de estos derechos.

Ello dio a pie a una dicotomía: por un lado las normativas penales y la práctica judicial en sede penal son extremadamente represivas, mientras que el texto constitucional es más garantista.

Según el artículo 7 de la Constitución, la Ley de leyes tiene supremacía sobre otras normativas, por ende, la aplicación de normas penales, al ser de menor jerarquía, deberían respetar los derechos constitucionalmente reconocidos. Sin embargo, la abierta y brutal represión llevada a cabo desde 2020 hasta la fecha, ha puesto en evidencia que es el Partido Comunista y no la Ley quien goza de supremacía.

Se esperaba que la reforma del Código Penal eliminara la contradicción con los derechos cívicos y políticos que la Constitución reconoce. Pero resulta todo lo contrario: la dicotomía que en la práctica se observaba es resuelta en favor del Partido y no de los derechos constitucionales. Mientras que la Ley de Amparo Constitucional ha sido pospuesta, el Código Penal se prioriza, lo cual evidencia la voluntad del Estado de reprimir en lugar de proteger.

En vez de eliminar de las figuras penales aquellas lesivas a los derechos fundamentales, estas se potencian, se aseveran o se agregan nuevas. Si el Código de 1987 es poco garantista, el nuevo penaliza por completo la existencia del disenso.

El intercambio de información de cualquier tipo a un Estado extranjero, organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales, asociaciones o personas naturales o jurídicas, se sanciona con penas de diez a treinta años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o muerte, bajo el delito de «Espionaje». Esto quiere decir que por el acto de suministrar datos públicos a ONGs de Derechos Humanos, o intercambiar con personal diplomático de otro país, un ciudadano cubano podría ser condenado a muerte.

Código Penal

(Imagen: accionverapaz)

En el artículo 120.1 del nuevo Código, se sanciona de cuatro a diez años de privación de libertad al que «ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la Constitución de la República y ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del Estado y el Gobierno cubano». El legislador indica que para el ejercicio de los derechos en Cuba (incluidos los humanos) es preciso contar con una autorización por parte de la autoridad, es decir, que no se reconocen «derechos» sino «permisos».

El delito de Sedición se conserva íntegramente en el artículo 121, el cual equipara a civiles que se manifiesten pacíficamente y formulen exigencias o practiquen la desobediencia civil, con un motín militar. Para tal delito se establecen sanciones de diez a treinta años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o muerte. De esta forma, se da el mismo tratamiento a un asalto armado contra un cuartel que a una manifestación pacífica.

El artículo 124 del nuevo Código reforma el delito de «Propaganda Enemiga» (4) nombrándolo «Propaganda contra el Orden Constitucional»; el mismo sanciona de dos a cinco años a todo aquel que «incite» contra el orden establecido, la solidaridad internacional o el Estado socialista, sea de forma oral o escrita. El verbo rector incitar es poco claro y permite una interpretación arbitraria por parte de las autoridades contra cualquier ejercicio de expresión del pensamiento.

Se conserva el delito de «Difusión de Noticias Falsas» en el artículo 133, que permite sancionar a quien difunda tales noticias con el propósito de «poner en peligro el prestigio o el crédito del Estado Cubano, o sus buenas relaciones con otro Estado». A sabiendas de que el régimen cubano califica de falsa cualquier noticia que no coincida con las emitidas por sus órganos de propaganda, es de iure y de facto una forma de represión contra la libre emisión del pensamiento y el periodismo independiente.

El artículo 143 permite sancionar a cualquier persona con penas de cuatro a diez años de privación de libertad por el mero hecho de apoyar, fomentar, financiar, proveer, recibir o tener en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional. Al amparo de esta figura, el Estado puede sancionar y encarcelar a cualquier persona incómoda por el solo hecho de recibir, por ejemplo, una recarga del exterior.

Invitación a la violencia

La sociedad cubana se encuentra en una crisis sin precedentes, que ha convertido la supervivencia en un calvario. Desde el 11-J el ejercicio del disenso se ha naturalizado, lo cual pone en peligro las bases de un sistema político incompatible con la libertad en cualquiera de sus manifestaciones. En consecuencia, el Estado reacciona agresivamente contra cualquier signo de malestar.

En lugar de respetar la desobedienca civil, la protesta pacífica y la libertad de expresión como válvulas de escape naturales, ha decidido recrudecer el control y el miedo, apostándolo todo a la emigración, una opción que no está al alcance de todos y cuyos efectos a largo plazo serán devastadores.

Si como es el caso, manifestarse pacíficamente será sancionado con la misma severidad que un alzamiento armado, si la libertad de expresión es tratada al mismo nivel de la violencia física, si la crítica será castigada con igual severidad que un sabotaje, entonces se está cerrando la puerta a la protesta cívica al tiempo que se la abre a actitudes mucho más radicales.

Código Penal

Se está cerrando la puerta a la protesta cívica al tiempo que se la abre a actitudes mucho más radicales. (Foto: Internet)

Si bajo ningún concepto es posible expresar el desacuerdo a través de vías pacíficas, el Estado está enviando una clara invitación a hacerlo a través de la violencia y la clandestinidad. Eso ya está ocurriendo. Mientras se recrudece la represión contra activistas, opositores y disidentes; ocurren hechos de naturaleza violenta y de causa misteriosa, principalmente en forma de incendios o carteles antigubernamentales.

Aprobar un proyecto de Código Penal con tales características en un contexto semejante —en que el deterioro de las condiciones sociales de existencia es creciente y no se avizora la capacidad del gobierno para establecer políticas que reviertan este escenario a corto plazo—, es un suicidio político y marcará el inicio de una escalada de violencia política en Cuba.

***

(1) El «Estado Peligroso» y las medidas «pre-delictivas» son figuras ampliamente condenadas nacional e internacionalmente por implicar una severa violación de principios penales básicos, como la presunción de inocencia, tutela judicial efectiva y derecho a la defensa. Bajo el régimen de medidas pre-delictivas el Estado puede castigar arbitrariamente a personas sin que exista un hecho delictivo, sin juicio contradictorio y sin garantías legales; en la práctica, la aplicación de las mismas estaba determinada por prejuicios raciales, sexuales, culturales y políticos, estando reportados por la ONG Prisoners Defenders más de 18 mil personas bajo tales medidas.

(2) Otro de los aciertos de esta nueva Ley es la mejor tipificación de delitos en el entorno sexual y familiar, así como la desaparición de tipos delictivos carentes de sentido que penalizaban la homosexualidad (artículo 303,inciso a del Código Penal vigente), la bigamia (artículo 306) y el matrimonio ilegal (artículo 307).

Es especialmente válida la regulación de figuras penales relacionadas con la violencia de género y contra las violaciones de derechos en el marco intrafamiliar, dado que hasta el momento las leyes penales carecen de un marco legal de protección mínimo para este ámbito. No obstante, no fue capaz de eliminar el delito de Sacrificio Ilegal de Ganado Mayor, ni de elevar la edad penal.

(3) No deja de ser curioso como ya se incorporan terminologías establecidas en el proyecto de Código de Familias, cuya aprobación está pendiente de votación y referendum en julio; lo que los voceros del aparato jurídico estatal valoran positivamente puede interpretarse como que las autoridades están dando por sentado que el Código de Familias se aprobará, lo cual no deja de levantar suspicacias respecto a la pre-aprobación de un Código tan polémico.

(4) Luis Robles, después de más de un año en prisión provisional, ha sido sancionado a cinco años de privación de libertad por este delito.

4 abril 2022 29 comentarios 5k vistas
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Política

Defiéndame mi vida. Civismo y política

por Teresa Díaz Canals 31 marzo 2022
escrito por Teresa Díaz Canals

Yo firmo todo lo que pienso.

A la Iberia, José Martí

***

¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando?

Todavía no pasa la consternación, la indignación, la tristeza. En algún artículo escribí sobre la falta de ética presente en el hecho de divulgar por la televisión cubana nombres de personas a quienes se acusa de mercenarios, odiadores, genízaros, traidores, fascistas, contrarrevolucionarios; sin que tengan derecho a réplica por esa misma vía.

Este mes me tocó a mí misma por haber firmado, junto a un grupo de artistas e intelectuales, el Manifiesto contra el silencio, por la justicia. Los presentadores de ese programa, todos jóvenes, pudieran haber sido estudiantes míos. Me da mucha pena verlos decir tales improperios dirigidos a seres humanos que solo aspiran a contribuir al mejoramiento de esta nación.

Nuestro dolor no es artístico, no sale de maniquíes, no se encuentra sujeto a reglas rigurosas; sale del alma, de lo más profundo del pueblo. No somos una casta por encima del que sufre. Practicamos la ética de la deferencia que significa el respeto al Otro no desde la superioridad, sino a partir de la cordialidad.  

En mi caso particular, no es que defienda al pueblo, es que soy pueblo. A veces me pregunto por qué el humanismo es tan frágil frente a la frialdad y la bestialidad de la política, por qué las palabras nos han protegido tan poco de lo inhumano.

Ojalá algún día se ofrezca una disculpa por esas ofensas que solo demuestran lo alejados que están de José Martí, de su pensamiento democrático, de aquel que escribió en El presidio político en Cuba que «el dolor del presidio es el más rudo, el más devastador de los dolores, el que mata la inteligencia, y seca el alma, y deja en ella huellas que no se borrarán jamás», y afirmó: «si yo odiara a alguien, me odiaría por ello a mí mismo».

A esos jóvenes que se prestan para semejante violencia verbal, les pidiera que se acerquen también a la ética en tanto teoría, que indaguen acerca de la esencia del civismo, que no es más que el arte de la convivencia,  el cual no se puede enseñar como una asignatura más porque se fundamenta en normas no escritas, costumbres y maneras que nadie desconoce, pero que son fácilmente ignoradas en la vida cotidiana, como es vuestro caso. Vivir es convivir. Si hay violencia en las redes, ataques y odio, jamás se podrá responder con la misma moneda. Solo en cuanto diálogo la palabra es esencial.

Al hablar discursivo le pertenecen las posibilidades del escuchar y del callar. También me hubiera gustado que los que redactaron la infausta respuesta de la UNEAC hubieran escuchado la demanda justa, el pedido noble, libres de esa soberbia y prepotencia que manifestaron hacia el «grupo fascista y contrarrevolucionario de artistas e intelectuales» que firmó el Manifiesto, como si hubiéramos hablado en nombre de la mayoría.

Allí donde el «nosotros» sea una especie de comunidad fusional, donde la responsabilidad se ahoga, veo un peligro… Llamaría aceptable a un «nosotros» hecho de interrupciones, donde los que dicen esa palabra sepan que son singularidades que entran en una relación interrumpida, porque la distancia infinita permanece.

Ahora recuerdo esa idea de Hannah Arendt: el espacio entre dos, referida a la existencia de una cierta separación de los seres humanos, tan unidos y tan lejanos. Decimos «nosotros» y es una promesa, una esperanza, un pedido.

Considero una vergüenza el mutismo de una parte de la intelectualidad que se muestra incapaz de exigir la construcción de un hogar común por mediación de la compasión. No solo se van cuerpos de cubanos al exilio; a la palabra también la exilian. En su lugar, bombardean los noticieros con explicaciones de jueces acerca de la transparencia con que actuaron en esos penosos juicios a las personas encarceladas por los acontecimientos del 11 de julio del 2021.  

Es indudable que estamos ante la necesidad de un cambio. Una época social nueva requiere una nueva época jurídica. El comportamiento institucional de ninguna manera puede ser salir con palos y tropas especiales a defender la desesperación de una sociedad carente de lo más elemental.

Lo que usualmente permanece intacto en las épocas de petrificación y ruina, es la facultad de la libertad en sí misma, la pura capacidad de comenzar, que anima e inspira muchas actividades humanas y constituye la fuente oculta de la producción de acciones grandes y bellas. No es casualidad que la reacción de muchos de los que leyeron posteriormente el documento mencionado, fuera la de suscribirlo, la de apoyarlo.

Mujeres y hombres, a lo largo de la historia, son ejemplos de esta conducta cuya plenitud la resume José Martí cuando fue injustamente acusado en el periódico habanero La Lucha de que lo más probable, cuando recomenzara la guerra, sería su ausencia en territorio cubano, pues afirmaban que él se mantendría en EE.UU., dando lecciones de patriotismo a los emigrados. Su respuesta fue: «Si mi vida me defiende nada puedo alegar que me ampare más que ella. Y si mi vida me acusa, nada podré decir que la abone. Defiéndame mi vida».

El concepto de civismo tiene una afinidad muy estrecha con el de ciudadanía. Las circunstancias de la Cuba actual nos condujeron a una situación límite. En medio de este complejo contexto nacional e internacional, es importante tener en cuenta una de las virtudes sociales fundamentales: la templanza, la cual nos inclina a conducirnos con mesura. El poder en manos de unos pocos, demasiada miseria, militarismo, burocracia, corrupción, sanciones, multas; son ejemplos de desmesura.

Cuando el mal tiene futuro, en este momento no puedo maldecir, pero tampoco alegrarme. He permanecido por mucho tiempo triste, expulsada, decepcionada, impaciente, preocupada, desesperada. Sin embargo, cómo expresar algo esperanzador que no sea un interés apasionado por la literatura, por la filosofía, por otra cosa que la posibilidad de decir a este grupo que piensa, como lo hago aquí otra vez: yo firmo.

31 marzo 2022 22 comentarios 2k vistas
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Derechos humanos (1)

Derechos humanos: conmemorar o festejar un aniversario

por Ivette García González 10 diciembre 2021
escrito por Ivette García González

No es lo mismo conmemorar que celebrar o festejar. El gobierno cubano conmemora a veces lo que debía celebrar y festeja lo que hoy solo merece conmemorar. Es el caso del Día Internacional de los Derechos Humanos, por la aprobación, el 10 de diciembre de 1948, de la Declaración Universal.

En realidad el tema estuvo ausente de la agenda doméstica durante décadas, de ahí que gran parte de la población cubana no lo dominara, ni siquiera a través del sistema educativo, mucho menos de los medios oficiales. Formó parte de la agenda exterior, donde se construyó una imagen triunfalista, disociada en parte de la realidad interna.

Durante los últimos años el gobierno modificó tal rutina de silencio interno y convirtió la fecha en celebración. Se apoya en la propaganda a través de los medios, sus instituciones y la red de organizaciones sociales, políticas y de masas que al subordinársele son legales. 

No hay dudas de que se trata de uno de las más importantes conquistas de la humanidad. La Revolución cubana, al triunfar, respondió a demandas de las mayorías que reivindicaban derechos conculcados por la tiranía de Fulgencio Batista, de ahí su inicial carácter liberador. Con lo que esas mayorías no contaban era con el costo que habrían de pagar en materia de derechos fundamentales. Tampoco con el rédito político que dejaría aquel impulso emancipador a los gobiernos sucesivos hasta hoy, cuando en su nombre se violentan con impunidad.  

Derechos humanos (2)

El gobierno cubano conmemora a veces lo que debía celebrar y festeja lo que hoy solo merece conmemorar. (Fotos: Abel Rojas Barallobre)

  -I-

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada sin votos en contra (Res. 217), fue expresión del mejor espíritu de la época. Surgió en un contexto convulso y contradictorio: salida de la Segunda Guerra Mundial, fundación de la ONU, reconfiguración de las esferas de influencia de las grandes potencias y diseño de la Guerra Fría, que signaría la política internacional durante décadas.

Cuba, miembro fundador de la ONU, tuvo una presencia y actuación sobresalientes en ese proceso. Ocurrió bajo el gobierno de Ramón Grau San Martín, que del reformismo y el nacionalismo —que lo hizo confrontar los dictados de Washington en varias ocasiones— fue derivando a estado de corrupción escandaloso, con un ascenso de la violencia política, la represión y el gansterismo a su servicio, inspirados en el ideal anticomunista liderado por los EE.UU.

Aun cuando el marco de relaciones de Cuba con otros países estaba limitado a América, Europa y algunas naciones de Asia, su cuerpo diplomático se había profesionalizado y contaba con figuras reconocidas dentro y fuera de la Isla y con experiencia en la diplomacia multilateral, como Cosme de la Torriente (1872-1956) y Ernesto Dihigo y López-Trigo (1896-1991).

Este último sirvió en la comisión que elaboró la Declaración Universal entre 1946 y 1948. Su proyecto fue uno de los primeros considerados cuando la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la ONU comenzó a sesionar en 1946. También promovió que la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptara su propia Declaración y estableciera el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos.

La Declaración fue y es trascendental por los valores que consagró y porque se ha ido complementando e influyendo en el desarrollo jurídico, social y político, tanto a niveles nacionales como internacionalmente, de ahí que sea el documento más traducido en la historia. De ella derivó la Carta Internacional de Derechos Humanos, que la incluye junto con los pactos de derechos económicos, sociales y culturales y el de derechos cívicos y políticos, que entraron en vigor en 1976. Cuenta con tratados vinculantes e instrumentos para temas específicos.

En la Edición ilustrada del 2015, el entonces Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, enfatizó en su pertinencia por el hecho de que consagra de modo claro «los derechos y las libertades a los que todo ser humano puede aspirar de manera inalienable y en condiciones de igualdad». También apuntó: «Ha pasado a ser la referencia para medir lo que está bien y lo que está mal (…) No son una recompensa por un buen comportamiento. No son específicos de un país concreto (…). Son los derechos inalienables de todas las personas, en todo momento y en todo lugar (…)».

Al establecer o consagrar derechos y libertades a todos los seres humanos y continuar actualizándose, propició que el tema adquiriera visibilidad. En la región latinoamericana se incluyó en la agenda política en la segunda mitad del siglo XX, período en que se sucedieron varias dictaduras.

Derechos humanos (3)

Ernesto Dihigo y López-Trigo (1896-1991)

Cuba más bien se vio obligada a incorporar el tema a su discurso externo cuando comenzó a ser interpelada. El nacionalismo y la presencia de un enemigo externo —fuera el comunismo o los EE.UU.—, sirvió, y todavía se utiliza, para violentar derechos y pretender la aceptación de tal sistema de dominación por las mayorías. 

El tema siempre concita debates en torno a su aplicación, fiscalización, enunciación y enfoque; que pueden ser: historicista, jerárquico o, como es frecuente, de acuerdo a las Tres Generaciones de derechos, que combina mejor todas las perspectivas para su protección.

Los de primera generación son los más antiguos y emanan del legado de la Revolución francesa. Comprenden los derechos civiles y políticos de todas las personas en cualquier modelo social. Al Estado corresponde respetarlos y al individuo reclamarlos. Incluye derechos y libertades fundamentales y derechos de ese tipo, entre ellos: circulación y residencia, asociación y reunión, igualdad ante la ley, participación en el gobierno, no ser detenido arbitrariamente, preso ni desterrado, presunción de inocencia, etc.

Los de segunda generación son los colectivos: económicos, sociales y culturales, que amplían las responsabilidades del Estado para elevar la calidad de vida de las personas que son titulares de tales derechos. Se contemplan al respecto: el derecho a salario justo, al trabajo, libertad de sindicalización, a disfrutar y formar parte de la vida cultural del país, salud, educación, etc. 

Los de tercera generación surgen como respuesta a la necesidad de colaboración entre naciones. Son proclamados como derechos de los pueblos y engloban aspiraciones y acciones en relación con la paz, el desarrollo y el medioambiente: autodeterminación, cooperación internacional y regional, paz, coexistencia pacífica, independencia económica y política, medioambiente, al patrimonio común de la humanidad, a la identidad nacional y cultural, y otros.

El gobierno cubano muestra en sus discursos una visión amplia, pero en realidad asume los del tercer grupo y parte de los segundos con reservas. Pone énfasis allí donde tiene más holgura y facilidad para el triunfalismo.

Firma pactos en la materia, incluida la Convención contra la tortura, como abordé en un texto anterior, pero no ratifica o suscribe aquellos que lo obligarían a aceptar mecanismos de verificaciones imparciales o independientes. Más allá de las simulaciones del presidente y el Canciller, están las medias verdades y sobre todo las omisiones, fórmula que en términos de manipulación política ha dado muchos frutos a través de la historia.

Es cierto que los derechos son interdependientes y universales, que no son una receta perfecta; es verdad igualmente que no todos los cumplen y que no debería existir un trato selectivo. También que el país obtuvo logros en materia social y cultural principalmente. Es real que el bloqueo afecta la realización plena de ciertos derechos económicos y sociales porque la ciudadanía tiene una altísima dependencia del Partido/Estado/Gobierno. Pero esa no es siquiera la mínima parte del problema.  

-II-

Hace dos años, en esta fecha, la agencia EFE describió los festejos en el país por el Día de los Derechos humanos, organizados en medio de críticas por la represión.

En un tuit del 2020, el presidente aseguró que «la obra de la Revolución es la principal garantía para los derechos humanos», y el canciller afirmó que Cuba «continuará defendiendo la necesidad de preservar los principios de objetividad, no selectividad y universalidad al abordar los DDHH y de privilegiar la cooperación internacional y el diálogo respetuoso».

La obra de la Revolución es la principal garantía para los derechos humanos en Cuba #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/Jjga9biHLR Via @Granma_Digital

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 10, 2020

De cara a la conmemoración de hoy, el Estado carga con violaciones cometidas contra artistas, intelectuales y ciudadanos en general, tras la ola represiva iniciada desde el estallido social del 11-J. Una buena noticia en esta fecha sería la aprobación por el Parlamento de leyes urgentes y de interés para la ciudadanía, como las del derecho de reunión y manifestación y la de reclamación de derechos constitucionales.

Ambas quedaron pendientes desde el año pasado en el calendario legislativo, y la segunda se reubicó para este diciembre pero tampoco será respetado el plazo. Como en otros temas que atañen a derechos fundamentales, se dilatan a conveniencia del poder. Sin embargo, ya se anunció la próxima aprobación de normativas referidas a los tribunales militares o al ordenamiento territorial, por ejemplo.

No se puede celebrar la fecha cuando no solo se violentan derechos cívicos y políticos, sino también económicos y sociales. Tampoco cuando durante los últimos doce meses —según Informe de Prisoners Defenders del pasado 7 de diciembre—, han formado parte de la lista 805 prisioneros políticos en Cuba. Y no es lo único.

Tolerar las violaciones de derechos humanos bajo cualquier pretexto del gobierno, no hace más que amparar la impunidad y empeorar el problema. Invito a verificarlo releyendo un análisis de la Dra. Alina López publicado en diciembre de 2019, y contrastándolo desde el prisma actual, incluidos los comentarios de entonces.

La política exterior debería corresponder con los valores que se defienden en la agenda interna. Pero no siempre es así. Políticas muy condenables en el plano doméstico conviven con posturas externas que pueden pasar incluso por altruistas. Así ocurrió cuando el gobierno de Grau San Martín que firmó la Declaración y así ocurre hoy. La política exterior sirve para proteger la imagen del gobierno actual, que irrespeta los derechos humanos de su ciudadanía con impunidad.

Se trata de un gobierno que ocupa nuevamente un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y cuyas organizaciones, llamadas «sociedad civil socialista», como los CDR y la FMC son usadas para reprimir. Así como esta última no debería tener estatus consultivo en Naciones Unidas en calidad de ONG, ni ser beneficiaria de mecanismos de cooperación internacional; tampoco el gobierno debería continuar con mandato hasta el 2023 en el Consejo de Derechos Humanos.

El problema de Cuba no es de izquierda, derecha o centro, políticamente hablando. Es de derechos humanos, de humanidad y decencia. No es para celebrar sino para llamar la atención de los cubanos y del mundo ante la indefensión que padecen los ciudadanos en la Isla. Es una vergüenza nacional ante la cual «todo espectador —al decir de Franz Fanon—, es un cobarde o un traidor». 

Para contactar con la autora: ivettegarciagonzalez@gmail.com

10 diciembre 2021 52 comentarios 2k vistas
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