La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) se fundó en Cuba el 20 de diciembre de 1922. Surgió como resultado de contradicciones internas que marcaron la crisis del sistema republicano y por la influencia de la Reforma Universitaria impulsada en Córdoba, Argentina, ante el intento de subordinar la educación a cánones impuestos por elites locales, que reproducían patrones de dominación. Como consecuencia, ascendieron nuevas corrientes de pensamiento crítico y se fortaleció la capacidad del estudiantado en su resistencia contra los mecanismos de opresión política.

La imposición de un liberalismo a ultranza en un país sumido en la precariedad, después de más de treinta años de conflicto, dio paso a una sociedad con expresiones neo-coloniales en su estructura, iniciada en 1902 con el mandato presidencial de Tomás Estrada Palma. Su elección constituyó el triunfo de los grupos más conservadores de la lucha armada, al servicio de intereses apartados de los principios emancipatorios que movilizaron a las fuerzas revolucionarias. Se consagraban así los anhelos de la burguesía al sostener sus privilegios bajo el manto de una nueva potencia.

La antigua ecuación de sometimiento colonial derivó en un sistema que permitía a esa clase mejores condiciones para la reproducción de sus riquezas, dejando intacto el status quo, de forma tal que permanecieran sepultadas las aspiraciones de los sectores más radicales que tomaron parte en la contienda. La intervención norteamericana de 1898 sentó las bases para la consolidación de ese paradigma.

La firma de tratados político-económicos asimétricos marcó la tónica de las relaciones Cuba-Estados Unidos, al ser acuerdos en los que se reconocía su derecho a intervenir en los asuntos internos. Semejantes convenios potenciaron también el poder del capital bancario e industrial norteamericano en detrimento de los productores locales, agudizaron la dependencia y las condiciones estructurales de subdesarrollo.

Como consecuencia, figuras provenientes de la vanguardia estudiantil abrazaron corrientes radicales de acción. Tales fueron los casos de Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena y Pablo de la Torriente Brau, entre otros actores que protagonizaron la Revolución de los años 30, dirigida contra las restricciones a la libertad, la inequidad social, la penetración imperialista y la corrupción política.

Julio Antonio Mella

Este proceso logró expulsar del país al presidente Gerardo Machado, uno de los generales independentistas vinculado a la elite villareña, cuyo gobierno degeneró en expresión dictatorial contra toda manifestación opositora, con la anuencia corporativa de los partidos políticos.

La etapa significó el declive de la democracia liberal, sustentada en un modelo azucarero altamente dependiente, y recalcó el carácter anti-nacional de la burguesía republicana. Sin embargo, como parte de las frustraciones generadas luego del fracaso del proceso revolucionario, la federación estuvo marcada por el ascenso en sus filas de fenómenos como el bonchismo, presente hasta avanzada la década del cincuenta.

La FEU mantuvo su liderazgo como organización autónoma en la lucha contra la dictadura que impuso Fulgencio Batista en marzo 1952. La Carta de México, signada en 1956 entre Fidel Castro y José Antonio Echeverría, solidificó el compromiso para el enfrentamiento de un sistema que había agotado sus posibilidades de desarrollo, al mostrar una abrupta ausencia democrática y sostenida precarización, en contraste con las obras de infraestructura que constituían jugosos mecanismos de extracción económica para la clase gobernante, mientras aumentaban las desigualdades y expresiones de pobreza en la sociedad.

Ante esa realidad, emergieron actores favorables a una re-distribución de las riquezas, promotores de una profundización democrática que barriera con la dependencia y la corrupción. No obstante, los grupos que sustentaban la hegemonía se mostraban reacios ante estos sectores, lo que motivó la rebeldía de la clase trabajadora, el movimiento campesino y el sector estudiantil. La estrategia de lucha armada, apoyada por la mayoría de la población, se planteó entonces como única alternativa de enfrentamiento.

El triunfo revolucionario condujo a una pronta radicalización hacia la alternativa socialista, motivada por la hostilidad del imperialismo y la solidaridad soviética. El atrevimiento del naciente estado, de impulsar cambios estructurales que afectaban los intereses del capital estadounidense, provocó el antagonismo.

Sin embargo, los fundamentos que marcaron la construcción de este sistema, en un contexto internacional atravesado por la Guerra Fría, conllevaron a la implementación de un «socialismo de estado» cada vez más dependiente de la potencia euroasiática, sumado a la incapacidad del liderazgo nacional en promover una sociedad capaz de auto-sustentarse en los ámbitos económico y productivo.

De izquierda a derecha: José Antonio Echeverría, Fidel Castro y René Anillo, durante la visita de José Antonio en la que firmaron la Carta de México.

Este modelo se caracterizó por la implementación de políticas que resultaron en la fetichización de la propiedad social en estatal, la institucionalización de un marxismo vulgar en su corriente soviética, la militarización de sectores estratégicos de la producción, la implementación de políticas que afectaron la integridad de reconocidas figuras del ámbito cultural y la instrumentalización de asociaciones, entre otras prácticas.

En este contexto la FEU, como el resto de las organizaciones populares, quedó desarticulada en su capacidad de movilización autónoma y comenzó a desempeñar funciones institucionales cual estructura integrante del estado.[1]

La universidad para revolucionarios y los dilemas de la igualdad

El reconocimiento gratuito al disfrute de la educación superior constituyó uno de los derechos garantizados por el gobierno revolucionario. Se generaron oportunidades que permitieron ampliar el ingreso, construir instituciones de este tipo en todas las provincias, regular su acceso como un derecho universal y mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, mediante la implementación de un modelo asistencialista que durante décadas elevó los indicadores que dificultaban la superación.

Este conjunto de políticas puestas en función de la ciudadanía, masificó la entrada a las universidades debido a la renuncia de la lógica meritocrática. No obstante, la búsqueda constante de justicia social exige la superación de una mentalidad que encuentra mayores potenciales en personas que desarrollan su vida en contextos económicos favorables, elemento que conduce a la reproducción del saber/poder en las clases que tradicionalmente han ostentado privilegios.

Desde el triunfo revolucionario, el acceso a la educación superior ha estado regulado por principios que el estado entiende deben acompañar la formación académica, en muchos casos marcada por códigos excluyentes. Como consecuencia, han resultado las limitaciones en el ingreso de personas homosexuales, al considerar que su condición sexual lesionaba los principios de la «moral socialista». De la misma forma que han sido expulsados estudiantes por razones ideológicas.

En tal sentido, la condición de «revolucionario» indica una posición de privilegio ausente del mandato constitucional, lo que evidencia la práctica de un principio discriminatorio que requiere ser eliminado, pues el conocimiento no debe ser monopolio de ninguna clase política.

Asimismo, se ha procedido a la exclusión de profesores con posturas críticas. Un texto recién compilado por José Raúl Gallego Ramos ofrece información confirmatoria al respecto. Incluso han sido inaceptables las críticas enunciadas desde emplazamientos marxistas, alejados de los dogmatismos que caracterizan su implementación en la academia. En tal sentido resaltan los casos de los juristas René Fidel González, Julio César Guanche y Julio Antonio Fernández Estrada.

Julio Antonio Fernández Estrada

El tríptico de la utopía posible: Autonomía-Pluralidad-Democratización

La transición al socialismo en Cuba se ha caracterizado por la voluntad predominante del Partido/Estado en la conducción de los destinos de la nación, itinerario en que fue despojándose de toda heterodoxia. Recuérdese el cierre de la revista Pensamiento Crítico en 1971 y del Departamento de Filosofía de la Universidad de la Habana, que constituyeron espacios de gran prestigio internacional por la producción de un marxismo alejado de los moldes impuestos por la Academia de Ciencias de la URSS.

En ese transcurso, las ideas quedaron subsumidas a los criterios de autoridad que sobre su conceptualización ha ejercido el liderazgo político. Por ende, la crítica a esa instrumentación, se concibe per se como un acto «contrarrevolucionario», a pesar de las numerosas variaciones cualitativas que ha padecido el modelo.

Como resultado, los sindicatos, asociaciones gremiales y organizaciones estudiantiles —que desempeñaron un rol fundamental en la lucha por los derechos de los oprimidos—, quedaron subordinados a la autoridad estatal. En su configuración se difuminaron los intereses populares ante la ausencia de lo que debió ser una «socialización plena de los medios de producción».

La persistencia de la dominación bajo un socialismo saturado de contradicciones —estancamiento económico, unanimismo partidista, autoridad incuestionable del líder, entre otras características—, demuestra la necesidad de re-pensar la funcionalidad de las organizaciones sindicales y asociaciones civiles, de manera que sea posible su participación en el fortalecimiento de la democracia, así como la solidificación de los principios ecológicos y humanistas que persiguen su esencia de justicia global.

Que Cuba permanezca como actor estratégico en el sistema/mundo actual, exige la configuración de un socialismo que transite hacia fases de mayor democratización. Requiere el aumento en los niveles de participación popular, una socialización real y efectiva de los medios de producción, el impulso de las cooperativas como actores económicos de superior relevancia, la participación directa de los trabajadores en los procesos de planificación, así como el enfrentamiento integral a todas las formas de corrupción que genera el hermetismo empresarial.

En este empeño, las organizaciones políticas de la juventud ocupan un lugar esencial, a pesar de que su rol se ha visto reducido al respaldo incondicional hacia las instancias del gobierno.

Con la intención de quebrar la mentalidad enquistada en el imaginario estudiantil, propongo la gestión de nuevas formas de sociabilidad encaminadas a dinamizar su funcionamiento e impulsar hacia cauces más productivos la participación universitaria, de manera que su protagonismo esté a la altura del presente, lo que requiere el desmantelamiento de costumbres fosilizadas en su estructura.

Para lograrlo resultaría necesario:

– La conformación de medios de comunicación autónomos —espacios radiotelevisivos, revistas digitales, entre otros— que reflejen críticamente las realidades del ámbito universitario. Se necesita que tales espacios estén diseñados, concebidos y dirigidos por los propios estudiantes, aunque tengan la asesoría de especialistas, profesores y/o colaboradores de diversos ámbitos.

– La creación de mayores estímulos —materiales, profesionales, recreativos, entre otros— para el ejercicio de la investigación científica desde etapas tempranas de la formación, de modo que este reconocimiento constituya la mayor motivación en su paso por la enseñanza superior y sus trabajos se publiquen en medios que socialicen tales aportes.

– La eliminación de todas las formas de discriminación ideológico-política para determinar su permanencia en el ámbito universitario y evaluar los niveles de integralidad de los estudiantes, pues su mayor contribución está en el campo del conocimiento.

– La creación de asambleas periódicas en que los presidentes FEU y UJC de las facultades rindan cuenta de sus actividades, al tiempo que se vean en la obligación de atender las problemáticas de su representación social y responder ante las insuficiencias en el desempeño de sus cargos.

– La eliminación de todas las formas de privilegio otorgadas a los miembros de los Secretariados Nacionales de la FEU y UJC en el desempeño de sus funciones, puesto que ello provoca un comportamiento burocrático que los distancia del colectivo que representan y genera diferencias socioclasistas.

– Insertar en los planes de enseñanza las corrientes contemporáneas del marxismo, fundamentalmente en su vertiente latinoamericana descolonial, de forma que sea posible impartir una teoría científica más ajustada al presente, apartada de narrativas dogmáticas que limitan el ejercicio del pensamiento crítico y la agudeza intelectual.

– Fomentar la concepción de Universidad Popular ideada por Julio Antonio Mella, otorgando, mediante la aplicación de políticas públicas, mayores facilidades para el acceso de grupos poblacionales en desventaja.

– Profundizar la inclusión de todos los sectores que forman parte de la sociedad ante un creciente blanqueamiento,[2] elitismo y expresiones de desigualdad, como resultado de un sistema meritocrático en los exámenes que regulan el acceso a la enseñanza superior.

Recientes investigaciones sociológicas dan cuenta de una sub-representación de personas negras, miembros de la comunidad LGBTIQ+, entre otros grupos marginalizados,[3] también ausentes de visibilidad en los máximos cargos de las organizaciones estudiantiles.

– Insertar la participación de estudiantes y profesores en la elección de los rectores y dirección de los claustros universitarios.

– Promover nuevos espacios de acción popular y movilización autónoma, de manera que permitan quebrantar los resortes que subordinan las actividades de la FEU hacia mecanismos de la institucionalidad que laceran el vigor y la iniciativa estudiantil.

La implementación de estas propuestas, entre otras iniciativas que surjan del espacio universitario, generaría mejores condiciones para el ejercicio de la crítica de los futuros profesionales, al tiempo que fortalecería el funcionamiento democrático de sus organizaciones representativas.

De consumarse, esto abriría marcos autonómicos más adecuados para la expresión de su colectividad, de modo que sea posible establecer una funcionalidad más acorde con las dinámicas e intereses de la juventud, en su relación simbiótica con las instituciones del estado y las necesidades inminentes de la nación.

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[1] En la historia de la FEU después de 1959, varios de sus principales dirigentes fueron destituidos por actos de corrupción en el desempeño de posteriores responsabilidades gubernamentales, entre ellos: Carlos Lage Dávila, Roberto Robaina González, Felipe Pérez Roque, Otto Rivero Torres y Carlos Valenciaga Díaz.

[2] Serafín (Tato) Quiñones: «Sobre el blanqueamiento en las universidades cubanas», en Afrodescendencias, Aurelia Ediciones, España, 2019, pp. 140-144.

[3] Yulexis Almeida Junco: «Educación superior, género y color de la piel: Una breve reflexión sobre la implementación de políticas de amplio acceso en el contexto cubano, en Cuban Studies, no. 48, University of Pittsburgh Press, 2019, pp. 109-128.