En 1884, al reportar una manifestación obrera en New York donde se arremetía contra el poder de los monopolios como destructor de la república, Martí comenta: «La tiranía, acorralada en lo político, reaparece en lo comercial».[1] Esa correlación entre ambas esferas es fundamental para entender cualquier sociedad.
En la Cuba actual, la tiranía económica es caldo de cultivo y garantía de la política. El establecimiento de un modo de producción altamente centralizado y autoritario, dirigido por un oligopolio de origen militar, no funciona de otra forma que no sea mediante empresas monopolistas. De ahí que nuestro archipiélago sea uno de los pocos países donde, en lugar de leyes antimonopolio, se extiendan normas y prácticas promonopolio.
Al unísono, cualquier medida de descentralización económica —autonomía empresarial, fomento del sector privado/cooperativo, apertura a la inversión extranjera, o de cubanos residentes fuera, etc.— encuentra de inmediato opositores en el poderoso clan de usurpadores de la propiedad pública. La contradicción entre oligarcas monopolistas y emprendedores independientes no es nueva, pero nunca ha tenido tanta repercusión negativa en los problemas del país como en la actualidad. Repasemos someramente cómo llegamos hasta aquí.
-I-
La economía mercantil está concebida para funcionar en condiciones de competencia, más o menos libre, entre productores/vendedores y consumidores/compradores. Por ello, la preponderancia de monopolios —entidades capaces de modificar el precio de venta de un bien o servicio cambiando la cantidad que oferten en el mercado— es contraria al funcionamiento estable del mecanismo económico.
Para evitar las prácticas monopólicas de los poderosos en detrimento del resto, fundamentalmente de los consumidores, existen las leyes antimonopolio, que intentan maximizar el beneficio social. Esto último implica evitar las pérdidas de eficiencia social, es decir, que se reduzcan las ventas y/o se sustituya el bien por otros de inferior calidad, disminuya la producción y crezcan los gastos improductivos en aras de sostener posiciones monopólicas.
No obstante, el monopolio no es malo per se; por el contrario, es recomendable en muchos casos (patentes y derechos de autor, recursos naturales agotables, acuerdos tipo cárteles que evitan daños entre grandes competidores, etc.). El problema surge cuando la empresa monopolista erige barreras —por sus medios o con ayuda estatal—, para la entrada al mercado de empresas competidoras y alcanza efectos devastadores al ejercer la sobreexplotación de los consumidores dados el incremento exagerado del precio de venta y/o reducciones artificiales de la producción.
El régimen colonial español estableció un rígido monopolio comercial sobre los productores criollos e intercambios internacionales, a fin de comprar y vender a precios leoninos. La respuesta de los habitantes de la Isla fue ejercitar intensamente los intercambios furtivos con comerciantes extranjeros —piratas, corsarios y bucaneros de la peor especie— en cuanta ensenada o desembocadura era factible hacerlo.
La Casa de Contratación de Sevilla monopolizó el comercio de España con sus colonias.
El calificativo de rescate hacía alusión al derecho que creían tener los pobladores a practicarlo ante las imposiciones del gobierno colonial, que menoscababan sus prerrogativas como productores libres a vender y comprar al mejor postor. Con el tiempo, se convirtió en uno de los más tercos eventos de larga duración en nuestra historia económica y, desde 1959, encontró nuevos aires.
Los intentos de la Corona por monopolizar la economía fueron un serio obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas y enfrentaban la decidida oposición de los productores cubanos de todas las clases. En 1717, ante el establecimiento del Estanco del Tabaco, la repulsa fue generalizada y los vegueros se sublevaron.
En aras de imponer su monopolio, la Corona y sus aliados de la élite peninsular y criolla crearon la Real Compañía de Comercio de La Habana (1740-1757). Su objetivo era controlar la exportación de los productos del campo (azúcar, mieles, café, tabaco, cueros) y la importación de bienes manufacturados e insumos industriales y agrícolas para la creciente agroindustria azucarera. El auge del contrabando y sus ineficaces mecanismos de control a los productores nativos la harían quebrar.
Tantos fracasos convencieron a la monarquía de renunciar al monopolio del comercio exterior y ofrecer libertad comercial a los puertos cubanos a cambio de pagar elevados aranceles de aduana por exportaciones (azúcar, café y tabaco) e importaciones (esclavos, maquinarias y productos industriales). Al aflojarse el monopolio colonial, Cuba expandió su economía y llegó a ser la Perla de la Corona española.
Dicho autoritarismo económico sería respaldado políticamente por la dictadura militar del Régimen de las Facultades Omnímodas. Por ello Céspedes, al redactar el «Manifiesto del Diez de Octubre», proclama al mundo que la lucha armada se inicia porque:
España gobierna a la Isla de Cuba con un brazo de hierro ensangrentado (…) teniéndola privada de toda libertad política, civil y religiosa, sus desgraciados hijos se ven expulsados de su suelo a remotos climas o ejecutados sin formación de proceso por comisiones militares en plena paz (…) la tiene privada del derecho de reunión como no sea bajo la presidencia de un jefe militar, no puede pedir remedio a sus males sin que se la trate como rebelde y no se le concede otro recurso que callar y obedecer.
Ya durante la República, el control monopolista sobre la tierra por latifundistas nacionales y compañías estadounidenses, y el de las principales industrias por subsidiarias criollas de monopolios yanquis, se convirtió en fuente de expoliación de la renta nacional y principal barrera para una redistribución más equitativa de los ingresos. La Constitución del 40 proscribió este estatus y estableció normas antimonopólicas —Artículos 274-276— que nunca fueron cumplidas.
Importantes pensadores y líderes de diferentes tendencias lucharon contra las manifestaciones monopolistas: Enrique José Varona, Manuel Sanguily, Ramiro Guerra, Julio A. Mella, Rubén Martínez, Antonio Guiteras, Jesús Menéndez, entre otros, bregaron por democratizar la economía y la política para que Cuba fuera realmente de todos sus ciudadanos. Con ese espíritu se luchó contra la tiranía de Batista y se alcanzó el triunfo de enero del 59.
Enrique José Varona
-II-
Desde entonces, se promovió un proceso de expropiación iniciado en el propio 1959 y que alcanzó su madurez un año después, con la nacionalización de la gran propiedad extranjera y nacional y el establecimiento del monopolio sobre el comercio exterior.
Se implantó así el socialismo de Estado, que usa la estatización para universalizar el acceso a bienes y servicios fundamentales, como: educación, salud, cultura y vivienda. El Estado actúa entonces cual supramonopolio único —patrono, comerciante y empleador— en manos de una casta burocrática que hegemoniza la economía, la sociedad y la política mediante la planificación centralizada y el empleo de todos los aparatos de control físico y simbólico de que dispone.
En todo el período revolucionario, nunca se ha puesto en duda el principio del predominio absoluto de la propiedad estatal en forma de grandes empresas monopolistas en todos los sectores de la economía. Por el contrario, su implantación se concibió como pase de magia que convertiría al país en un dechado de virtudes económicas, capaz de poner de rodillas a las trasnacionales en ramas tan disímiles de la producción como el azúcar, carne de res, lácteos y hasta el vino y las fresas.
Pronto las pérdidas de eficiencia social, que las leyes antimonopolio suelen amortiguar, proliferaron en las enormes propiedades agrarias y empresas industriales nacionales «consolidadas», que comenzaron a mostrar decrecimientos de la producción y la productividad del trabajo, achacables tanto a problemas externos (bloqueo imperialista, gastos de defensa, éxodo de especialistas, etc.), como a factores ligados a la falta de motivación interna.
Ni siquiera el cooperativismo caló en los decisores fundamentales, en momentos en que la extensión de grandes empresas estatales parecía el camino expedito para alcanzar el desarrollo económico y construir el socialismo. La sostenida suspicacia hacia las cooperativas radica en que es un paso hacia la descentralización, y la alta burocracia, apegada a la estatización verticalista, aspira a una gestión directa, es decir, al monopolio absoluto de todos los medios de producción.
La mayoría de las transformaciones posteriores tuvieron marcado carácter centralizador: inauguración de industrias de gran tamaño, integración de los campesinos a planes estatales, desmonte inmisericorde de enormes extensiones de tierras donde aplicar la agricultura extensiva con alta tecnología, etc. En correspondencia la burocracia, empoderada económicamente, empezó a apropiarse del término Revolución, ahora apellidada: en el Poder. De esa forma, el monopolio del poder político por los burócratas se identificaría demagógicamente con los objetivos del pueblo, la nación y hasta la revolución mundial.
Etecsa, monopolio cubano de las telecomunicaciones
En contraposición, crecería inexorablemente un sector de economía informal/sumergida que ha suplido, por décadas, muchas de las insuficiencias del monopolio estatal aunque, paradójicamente, sus fuentes de suministro principales sean los propios almacenes y recursos —técnicos y humanos— del sector estatal.
Así, el comercio de contrabando volvió por sus fueros en la república socialista, llegando a involucrar a millones de cubanos que han considerado que sus derechos como actores del mercado han sido violados por las imposiciones monopólicas del Estado. En lo informal, las leyes del mercado actúan con más objetividad y, en su competencia con el gran monopolio estatal, suelen llevar la mejor parte.
El Gobierno/Partido/Estado asumió la creencia mecanicista de que la instauración de la propiedad estatal monopolista, y el control sobre los aparatos ideológicos, darían por sentada su hegemonía eterna. De ahí los repliegues sucesivos en el campo de la ideología/cultura y la psicología social ante las supuestas ventajas y bondades del capitalismo de Estado, pequeña propiedad, economía sumergida y los símbolos provenientes del mundo capitalista exterior.
Las demoras y zigzagueos del tren de las reformas en Cuba durante los últimos años, tienen su causa última en la resistencia de los oligarcas monopolistas estatales, encabezados por el holding militar GAESA, a renunciar a sus posiciones monopólicas en la economía, obtenidas no en la competencia con otros sujetos económicos, sino gracias a la voluntad política del más alto nivel para permitirles la absorción de otras empresas claves de importantes sectores de la producción, el comercio y los servicios, directamente relacionadas con los ingresos en divisas convertibles del país.
Con ese supermonopolio parasitario, será muy difícil que la economía cubana pueda desvirtuar el bloqueo, crear condiciones para la inversión extranjera masiva y fomentar sectores estatales y privado/cooperativos verdaderamente eficaces y eficientes. Es preciso pensar un país diverso económicamente, con una legislación antimonopolio que desmonte los monopolios ineficaces y abra espacios a nuevos actores económicos en sectores largamente monopolizados de la economía cubana.
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[1] Carta a La Nación, New York, 26 de octubre 1884, OC, T. 10, p. 85.
