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Instituciones

Instituciones no inclusivas y subdesarrollo en Cuba

por Mauricio De Miranda Parrondo 8 abril 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

La teoría económica y la experiencia histórica demuestran que las instituciones importan y que su calidad constituye uno de los principales factores que impulsan o frenan el proceso de desarrollo. El estudio del papel de las instituciones en el proceso económico ha sido el objetivo de la llamada Escuela Institucionalista y de su versión más reciente Neo-institucionalista del pensamiento económico.

En 1859, en su Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política, Marx había definido la relación entre lo que denominó la estructura económica de cualquier sociedad, esto es, las relaciones sociales de producción, que constituyen «la base real sobre la que se alza el edificio jurídico y político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social».

Respecto a esta relación apuntó: «No es la conciencia social la que determina su ser, sino por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia», algo sobre lo que también había escrito junto a Engels en La Ideología Alemana. Este excesivo determinismo les impidió considerar los posibles efectos de las instituciones jurídicas y políticas, e incluso religiosas, en las relaciones económicas.

Para Douglass C. North, Premio Nobel de Economía, «las instituciones son las reglas de juego en una sociedad, o más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que da forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, ya sea político, social o económico». Más adelante afirma que el cambio institucional «conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio histórico».

En el establecimiento de esas reglas influyen los valores, las tradiciones culturales y religiosas y, en general, las convenciones sociales existentes. Para que ese conjunto de reglas se convierta en instituciones, resulta necesario que sean conocidas y aceptadas por la sociedad de forma voluntaria, a través de un determinado contrato social o por imposición del Estado. Pero evidentemente existe una notable diferencia entre una y otra forma de establecer determinado orden institucional.

Los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson han analizado durante años el carácter inclusivo o extractivo de las instituciones y la medida en que las primeras contribuyen al progreso económico mientras las segundas lo frenan. Las instituciones inclusivas son aquellas que promueven sociedades plurales, que facilitan la participación soberana de los ciudadanos en la vida económica, social y política de un país, con poderes distribuidos y existencia de contrapesos entre ellos. En contraposición, las extractivas son las que favorecen a una parte de la sociedad que ejerce el poder y a través de él extrae rentas al resto de la sociedad.

En la lógica de estos autores, las instituciones políticas inclusivas crean condiciones para que se desarrollen instituciones económicas también inclusivas. Existe consenso en la escuela institucionalista en el sentido de que la garantía de los derechos de propiedad, el imperio de la ley y el orden, la libertad y facilidades para la creación de empresas, el buen funcionamiento y transparencia de los mercados, el cumplimiento de los contratos y la igualdad de oportunidades para el desarrollo de los negocios; crean un clima adecuado que se traduce en progreso económico.

En oposición a las visiones neoliberales que apuestan a la existencia de mercados desregulados «libres», Dani Rodrik afirma: «esas instituciones son necesarias porque los mercados no se crean, regulan, estabilizan ni legitiman a sí mismos».

Instituciones

Dani Rodrik

Instituciones políticas y jurídicas no inclusivas de Cuba

Cuba tiene severos problemas estructurales que limitan su desarrollo y ahora mismo agravan la más profunda crisis económica de las últimas tres décadas. A ello se une el efecto nocivo del recrudecimiento de las sanciones económicas que estableció el gobierno de Donald Trump y que Joseph Biden no ha desmontado. Estas últimas no son modificables por Cuba, solo las autoridades estadounidenses pueden realizar cambios en el sentido de una normalización de relaciones entre ambos países. Mientras tanto, las autoridades cubanas sí están en la capacidad de adoptar medidas de política económica que contribuyan a remontar la crisis.

No obstante, incluso en el caso de que sean adoptadas políticas económicas que corrijan los errores más recientes y apunten a la solución de los problemas estructurales, ello no sería suficiente porque el sistema de instituciones políticas y económicas de Cuba no es incluyente.

Aunque es necesario reconocer que la Constitución de 2019 fue ratificada por una innegable mayoría de votantes, el proceso de debate previo no permitió una pedagogía del NO en los medios de comunicación a los que accede toda la población. Adicionalmente, la elaboración del proyecto constitucional no fue resultado de una Asamblea Constituyente elegida democráticamente, sino de una comisión designada por las autoridades y de la que hacían parte los principales dirigentes del país.

En consecuencia, el texto constitucional adoptado refleja los intereses del grupo de poder y está lejos de constituir un esfuerzo integrador del amplio espectro político real del país que, por demás, no es reconocido por las autoridades que insisten en una visión totalitaria y monolítica del sistema político. Esto queda demostrado claramente en los artículos 4 y 5, que establecen la irrevocabilidad del llamado sistema socialista y el carácter del Partido Comunista como único y fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado.

Es decir, esta Constitución, elaborada desde el centro del poder, impone el modelo político y de Estado no solo a toda la sociedad cubana actual, excluyendo a la parte de ella que no apoya el sistema dominante; sino que prohíbe a las generaciones venideras decidir soberanamente sobre el sistema político y la organización estatal que consideren convenientes.

Una vez más, vale la pena resaltar que el ejercicio democrático no resulta del simple voto, sino de un proceso en el que se pueda construir un contrato social desde el proceso mismo de su concepción. En la elaboración de ese «nuevo» contrato social se excluyó una parte considerable de la Nación, sobre todo porque no se permitió el voto de los cubanos no residentes en la Isla, a pesar de que como ciudadanos están obligados a cumplir los deberes que les impone la ley fundamental pero no gozan de todos los derechos. A partir de aquí, toda la arquitectura del sistema institucional cubano resulta no inclusiva.

Los rasgos no inclusivos de este sistema de instituciones políticas y jurídicas son los siguientes:

1. Las reglas de juego no se han establecido como resultado de un contrato social alcanzado democráticamente, sino impuestas por el centro del poder.

2. El sistema institucional no garantiza la pluralidad y reprime toda participación económica, política o social que no se acomode al «modelo» diseñado desde el poder.

3. No existe un equilibrio de poderes independientes que permita el contrapeso entre ellos, sino que todos están sometidos a la autoridad de un Partido que pareciera estar por encima de la Constitución.

4. El pueblo, en el que supuestamente recae toda la soberanía y del que dimana todo el poder del Estado (artículo 3), carece de los mecanismos para hacer valer esa soberanía: no puede elegir directamente a las máximas autoridades del país; nies libre de crear movimientos sociales, políticos o profesionales que no estén bajo el control del Partido Comunista.

Asimismo, carece de los medios reales para hacer valer incluso una serie de libertades que la Constitución reconoce, tales como las de pensamiento, conciencia y expresión, de reunión, manifestación o asociación, o una supuesta libertad de prensa que no es posible ejercer porque los medios de comunicación se definen como «propiedad socialista de todo el pueblo», eufemismo con que se alude a la propiedad estatal.

Instituciones

5. La Asamblea Nacional está formada por diputados elegidos en listas únicas cerradas, conformadas en cada territorio por comités de candidatura, por lo que la sociedad carece del derecho a elegir verdaderamente a sus representantes entre alternativas diferentes. La obediencia de los diputados, manifiesta en la unanimidad y el escaso debate real de informes y proyectos de leyes, impide a este órgano ejercer su función como órgano supremo del poder del Estado (artículo 102).

6. El Banco Central de Cuba hace parte de el gobierno, por lo que debe cumplir sus directrices, a diferencia de las mejores experiencias internacionales que sugieren su necesaria independencia como órgano técnico responsable de la política monetaria y el control de la inflación.

7. Tanto los Tribunales de Justicia como la Contraloría General de la República carecen de independencia, pues ambas rinden cuenta ante la Asamblea Nacional y al Partido que ejerce el poder pareciera que por derecho divino, lo que afecta su credibilidad y transparencia, sobre todo cuando se trata de litigios en los que se involucra al gobierno como una parte en el caso del sistema jurídico, o cuando se constata la existencia de cotos cerrados en los que el órgano de control y auditoría del Estado carece de competencias.

En semejante arquitectura institucional, las garantías de los derechos ciudadanos dependen de la «buena voluntad» del centro de poder y no de un sistema legal con pesos y contrapesos, que evite que el gobierno desconozca las leyes cuando se trata de reprimir opciones políticas disidentes.

Instituciones económicas no inclusivas y extractivas en Cuba

El sistema de relaciones sociales de producción predominante en Cuba padece de una contradicción estructural que conduce a la conformación de instituciones económicas no inclusivas, e incluso extractivas; y es la no realización de la propiedad sobre los medios de producción a través de la propiedad estatal.

La propiedad social solo puede realizarse como tal si los supuestos propietarios colectivos, esto es, los miembros de la sociedad, recibieran la rendición de cuentas y tuvieran la capacidad de ejercer, al menos, un control sobre la gestión del gobierno o sus representantes, y de revocarlos si fuera necesario. Sin embargo, la sociedad cubana carece de esas posibilidades y, en consecuencia, la propiedad estatal está muy lejos de tener un verdadero carácter socialista.

Esta contradicción económica está relacionada con la inexistencia de un sistema democrático en el que existan mecanismos que aseguren tanto la soberanía del pueblo, sus libertades, así como su carácter de propietario colectivo de los medios de producción fundamentales.

En la historia del socialismo «realmente existente» se ha demostrado que la no realización de la propiedad social sobre los medios de producción ha impedido que se supere la enajenación de los trabajadores típica de los sistemas basados en la propiedad privada, que para Marx significaba una contradicción con el carácter cada vez más social de la producción.

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(Imagen: Filip Hellman)

Esa enajenación desincentiva la producción y afecta la productividad y calidad del trabajo. En consecuencia, el modelo de socialismo real se ha caracterizado por la estatización y no por la socialización de los medios de producción y por la conformación de un sistema burocrático que, en ausencia de democracia, ha permitido la conversión de la burocracia de una «clase en sí» en una «clase para sí». Y su existencia y conservación solo son posibles mediante instituciones no inclusivas y a través de mecanismos de extracción de rentas procedentes del resto de la sociedad.

En el caso de Cuba, los mecanismos de extracción de rentas se evidenciaron desde el programa de «nacionalizaciones», a través de expropiaciones y confiscaciones que, al estatizar sin socializar, han permitido a la naciente burocracia usufructuar dichos recursos sin que ello se traduzca en un mayor desarrollo económico del país y, por tanto, en un mayor bienestar material para la sociedad. La llamada «Ofensiva Revolucionaria» terminó por destruir lo que quedaba de emprendimiento e iniciativa empresarial y ello se tradujo en un notable retroceso en la satisfacción de las necesidades materiales de la sociedad.

A partir de estos procesos originarios, la dirigencia política cubana ha impuesto su visión de un modelo de desarrollo encerrado en una serie de dogmas que la historia se ha encargado de refutar. No existe experiencia alguna que demuestre que la empresa estatal debe ser el actor principal del modelo económico en el socialismo, y sí existen evidencias de la ineficacia de tal estructura productiva, sobre todo cuando estas empresas están sometidas a un entramado burocrático que frena su autonomía económica y financiera y su capacidad de gestión.

Por otra parte, no por controlada centralmente una economía es realmente planificada. Desde los años sesenta del siglo pasado hubo serios cuestionamientos a los sistemas de planificación centralizada en los países europeos con economías centralmente dirigidas, que llevaron a reformas fracasadas porque fueron incapaces de superar los dogmas que resultan del modelo burocrático más que de la teoría económica del socialismo.

En realidad, la supuesta planificación centralizada se ha manifestado como administración centralizada de la economía, en la que el centro de poder pretende decidir la asignación de recursos y factores de producción a nivel microeconómico, en lo cual no es eficiente pero además cercena la iniciativa empresarial y el emprendimiento.

La concepción dogmática es la que propicia que cada medida de «reforma» que se adopte tenga tantas restricciones que limitan considerablemente sus posibilidades de transformación positiva de la realidad. Tales son los casos de los decretos leyes que permiten la creación de micros, pequeñas y medianas empresas privadas y cooperativas no agropecuarias, o de los errores conceptuales y de diseño de la llamada «Tarea Ordenamiento».

Finalmente, el enfrentamiento de las crisis recientes de la economía cubana se ha producido en lo fundamental a partir de medidas que producen transferencia de rentas desde la sociedad hacia el Estado, que resulta rentista toda vez que percibe esas transferencias pero no logra traducirlas en mejoramiento del bienestar, a pesar de que ese es su supuesto argumento para captarlas.

Es la lógica que determina medidas como: el establecimiento de tiendas en monedas libremente convertibles; la obligación de los pequeños y medianos empresarios de operar en el comercio exterior solo a través de empresas estatales, pagando por los servicios de intermediación tarifas establecidas en condiciones de monopolio; o las altísimas tarifas que el Estado cobra por servicios consulares, expedición de pasaportes y diversos trámites que soportan la existencia de una densa e improductiva burocracia.

La transición desde instituciones no inclusivas y extractivas a instituciones inclusivas para superar el subdesarrollo, solo puede producirse a partir de la construcción democrática de un nuevo contrato social que favorezca el desarrollo pleno de las libertades políticas, económicas y sociales, reconozca la pluralidad de la sociedad y la aproveche como un bien colectivo.

8 abril 2022 37 comentarios 1.432 vistas
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Nación

¿Partido de la Nación Cubana?

por Domingo Amuchastegui 16 junio 2021
escrito por Domingo Amuchastegui

El VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) reiteró y ratificó una vez más la caracterización del Partido como «Partido de la Nación Cubana», formulación que se inscribe como una idea fundamental desde el IV Congreso (1991).

¿Es acaso válida tal declaración? ¿Se corresponde con nuestra realidad socio-cultural y nacional y con las tendencias que configuran nuestro desarrollo hoy en día? Considero que este enunciado no se ajusta en nada a lo que pretende reclamar. Creo además que se impone para la dirigencia actual reconsiderar seriamente semejante fórmula en aras de su propia credibilidad, prestigio y un poco de necesaria modestia.

No se tome esto como un cuestionamiento infundado e insolente; tampoco como un intento de subversión ideológica, propaganda enemiga u otras suspicacias e intentos habituales de descalificación. Trato de abordar el asunto con la mayor seriedad y rigor posibles e invito a reflexionar acerca de esta importante cuestión. A continuación algunos argumentos y criterios que pueden aportar al debate:

1. En la primera década de existencia del Partido (1965-1975), la sociedad cubana alcanzaba elevados niveles de homogenización económico-social luego de las estatizaciones absolutistas, con lo cual se culminaba una larga etapa de luchas y transformaciones significativas en materia de beneficios sociales. Tal escenario, unido al talento y carisma de Fidel, la permanente confrontación con EE.UU. y un exilio al servicio de este, propiciaron un contexto político e ideológico de apoyo mayoritario a la Revolución. Con justeza podía el Partido reclamar y aspirar a una condición de vanguardia del pueblo o, al menos, de sectores mayoritarios del mismo.

Nación (2)

Uno de los llamados Vuelos de la Libertad a su llegada al aeropuerto de Opa-Locka, en Miami (Foto: Archivo del Herald)

2. No obstante, se tendía a ignorar y subestimar los efectos de desgaste económico y social —y sus efectos sobre el posicionamiento político de no pocas personas— que años de privaciones y carencias materiales originaban. Los episodios de Camarioca y los llamados «vuelos de la libertad», no solo fueron síntomas iniciales de una tendencia hostil, de descontento, de alienación, que encontraba en la opción de emigrar hacia EEUU, su mejor solución.

Para finales de los años sesenta, el comandante Sergio del Valle, ministro del Interior por entonces, advertía en una conferencia a puertas cerradas que comenzaba a constatarse un fenómeno esencialmente nuevo: la composición de clase de «los que se iban» empezaba a cambiar; ya no eran «burgueses siquitrillados», sino gente trabajadora, humilde, de la ciudad e incluso de zonas rurales. Este enfoque, lamentablemente, no se tradujo en oportunos diseños de políticas que analizaran con realismo las nuevas tendencias.

3. Lo anterior antecede y explica en buena medida —junto a la influencia desmitificadora de los «vuelos de la comunidad»— el conflicto de la embajada de Perú y del Mariel (1980), cuyo análisis, dominado por la confrontación y las vejaciones (calificaciones de «escoria», brigadas de respuesta rápida y actos de repudio), no propiciaron una rectificación en la dirección que apuntara tempranamente el comandante Sergio del Valle.

4. Entre tanto, los cambios generacionales pasaban completamente inadvertidos. La generación que había luchado contra Batista envejecía visiblemente, y a su alrededor se creaba una estructura de intereses y bienes materiales que beneficiaría también a hijos y nietos. En tanto, la población joven crecía en un ambiente donde el pasado de lucha se convertía en vaga referencia de los viejos o de heroísmos de tiempos idos, mientras que el presente era una contienda diaria por resolver frente a las recurrentes carencias, fenómeno que se agudizará al extremo con el colapso del llamado «socialismo real» en Europa Oriental y la URSS.

5. Este colapso —más allá del agravamiento de la crítica situación material del país— tuvo otro efecto del que no se habla: las jóvenes generaciones, educadas en la creencia de una superioridad del sistema socialista mundial, veían con estupor desmoronarse toda la arquitectura de supuestos principios, valores y alianzas sobre los cuales habían sido aleccionados.

Dicho factor promovió decepciones, la sensación de haber sido engañados, gran frustración y el consabido saldo de desencantos, que se tradujo en diversas opciones, desde optar por diversas creencias, cultos e Iglesias, sociedades fraternales hasta mil formas de prácticas de corrupción y siempre la recurrente opción de emigrar hacia EE.UU. (la pira pa’ la Yuma).

Cuando Luis Orlando Domínguez, ex-secretario general de la UJC y miembro del Comité Central, fue enjuiciado por un caso de corrupción, su principal argumento sería: «Yo hice lo que veía hacer a otros dirigentes», ello hace recordar la famosa frase, popular en Cuba antes del 59: «Inmoralidades sin mí no, porque las combato; a mí hay que llevarme».

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Carlos Aldana fue responsable de las áreas de Ideología, Relaciones Internacionales y Educación y Cultura en el Comité Central del PCC. Fue destituido por corrupción en 1992.

Culminación trágica de semejante tendencia la van a representar poco después los sucesos del caso Ochoa-Abrantes (1989) y, durante las décadas siguientes, los casos del comandante Rogelio Acevedo y su esposa, el caso Aldana y el del general de Cuerpo de Ejército Abelardo Colomé Ibarra (Furry) y sus hijos, así como otros menos conocidos que involucraron a ministros y altos directivos gubernamentales.

6. El costo de estos últimos episodios golpeó severamente los niveles de autoridad moral, prestigio y credibilidad de la dirigencia. No admitir esto es pura ceguera. No por casualidad, el entonces miembro del Buró Político, Jorge Lezcano, advertía con preocupación acerca de la posibilidad de tener que «gobernar en minoría», razonamiento este no solo de señalada gravedad, sino absolutamente inaceptable.

En un contexto tal, proclamarse «Partido de la Nación» aparecía a los ojos de no pocos como una pretensión irreal. No menos irreal es persistir actualmente en la misma formulación. Tiene un parentesco lamentable con la conocida frase del rey francés Luis XIV: «El Estado soy yo».

7. La Cuba de estas últimas décadas no es la de la lucha contra Batista, la de Girón, el enfrentamiento a los alzados de la contrarrevolución, la Crisis de Octubre y las gestas internacionalistas; es la de una muy precaria sobrevivencia, derivada de un Partido/Estado monopolista-absolutista que se aferra a un modelo probadamente inoperante, inseparable del mundo de escaseces y de la incesante y devastadora guerra económica por parte de EEUU, agravada hoy al extremo por los efectos de la pandemia.

8. Cuba es una sociedad donde se han acentuado de mil maneras diferentes los procesos de diferenciación económica y social, con muy diversos sectores extendidos a actividades particulares y privadas —que eufemísticamente se insiste en denominar «sector no estatal».

En la que los sectores agrícolas privados y de arrendatarios, y no las cooperativas agrícolas, ven anuladas sus potencialidades, —lo mismo o peor ocurre con las CAN (Cooperativas No Agrícolas)— como resultado directo del control e injerencia estatal.

En la que existen dos tipos de ciudadanos, los que disponen de MLC (moneda libremente convertible) y los que dependen casi exclusivamente del peso. Tenemos hoy una población activa que bordea el millón de personas y que ya no depende para su sustento de un salario del Estado, fenómeno insólito cuatro décadas atrás.

A cada uno de estos sectores corresponden intereses y aspiraciones específicas, horizontes diferentes, ideas y propuestas propias que no tienen necesariamente que coincidir, o ver como aceptables, las que proponen y disponen el Partido y su gobierno.

9. Desde otro ángulo nos enfrentamos a la problemática migratoria que supone también un desafío de proporciones mayúsculas. Casi un millón de cubanos — más si sumamos su descendencia— han emigrado hacia EE.UU. y, en gran parte, alimentan una hostilidad manifiesta hacia las autoridades cubanas, al extremo de pronunciarse mayoritariamente a favor del ex-presidente Trump.

¿Son o serán considerados parte de la nación cubana? Su entrelazamiento hoy con la población de la Isla alcanza cimas insospechadas en un pasado distante. Más de 600 000 visitaron Cuba antes de la pandemia, cifra impresionante con una carga diversa de influencias, valores y conexiones.

¿Se les visualiza como parte de la nación o no? En correspondencia, ¿se les extenderán plenos derechos o no? ¿Se pondrá fin al conjunto de restricciones y costos que limitan sus posibilidades de viajar normalmente a su país de origen, sobre aquellos que hayan conservado su ciudadanía? ¿Tendrán derecho a alguna representación parlamentaria organizada?

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Las conferencias llamadas «La Nación y la Emigración» estuvieron quince años sin convocarse. Se enajenaba así un componente importante e inevitable de nuestra nación. ¿Acaso no interesan?, ¿no hay posibilidades de trabajar sobre las diferencias y probables coincidencias?, ¿es que a «La Nación» no le concierne este considerable segmento de nuestra población, aunque hayan renunciado a su ciudadanía por conveniencias elementales? ¿Los excluimos como integrantes de la nación?

10. Este universo económico y social ofrece un cuadro que cuatro décadas atrás no existía, pero que hoy se manifiesta de maneras diferentes y con un nivel de interacciones, difusión e influencias sin precedentes gracias al espacio cibernético y las redes sociales.

Es una diversidad que debe —tiene—, que ser asumida en toda su complejidad, asegurando los pasos y mecanismos que posibiliten expresarse legítimamente —unas veces coincidiendo, otras discrepando, con propuestas diferentes y hasta en franca oposición—, sin que nadie se ofenda o escandalice.

Esto deberá reflejarse en todos los planos: Partido, Gobierno, Asamblea Nacional y en los medios oficiales, sin verticalismos ni comportamientos lineales, sin exigir lealtades basadas en la intolerancia, la obediencia incondicional ni el voto a mano alzada. ¿Es acaso infundado o inaceptable que esta diversidad llegue a tener representaciones dentro del Partido e incluso en partidos diferentes? ¿O es que ya se nos olvidó aquello de «base y superestructura»?

11. Seamos razonables en abordar la diversidad actual y su incremento futuro si se pretende un rediseño integral del modelo y no solo colocar parches. Ello es imperativo para el inevitable reordenamiento económico y político de la totalidad del sistema. Esta nación heterogénea hoy y mucho más mañana, exige el replanteo.

12. El Partido puede ser el Partido de muchos y puede aspirar —mediante su práctica efectiva— a ser el Partido de vanguardia de otros, pero de ninguna manera auto-invocarse como Partido de la nación. Esta última es muchísimo más diversa. Como afirmé al inicio, se imponen un replanteo total y un debate nacional.

16 junio 2021 22 comentarios 2.893 vistas
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Daño

El daño antropológico en la sociedad cubana 

por Ivette García González 24 mayo 2021
escrito por Ivette García González

Los cubanos precisamos identificar y reconocer el daño antropológico que padece nuestra sociedad, sus causas y manifestaciones. Es fundamental para sanar heridas, rehumanizar el ecosistema social y construir un mejor país.  

Los daños físicos y traumas provocados por una guerra o un desastre natural, generan fácilmente sensibilidad, comprensión y solidaridad. Sin embargo, existen otros más sutiles, menos visibles, que laceran la integridad del individuo y afectan a la nación. Cuando se prolongan en el tiempo terminan naturalizándose y deshumanizándonos.

Todos los sistemas políticos generan efectos psicosociales negativos; pero en ciertas condiciones estos se tornan críticos, depende de cómo las personas y la sociedad consigan lidiar con ellos. La academia latinoamericana se ha referido, desde los pasados años noventa, al «sufrimiento ético político», «daños psicosociales», «trauma psicosocial» y «daño país».

Invitación a un espacio de palabra contra la desmentida

La noción de «daño antropológico», aporte de la intelectualidad cubana de esos años, dialoga y amplía esas referencias. Alude a las consecuencias psicosociales del modelo de sociedad establecido en Cuba; a un escenario sombrío y un daño profundo que abarca todas las esferas. Algunas de sus expresiones son el servilismo, el miedo a la represión, al cambio y la falta de voluntad. Las consecuencias van desde lo individual a la familia y la sociedad: pérdida de opciones, baja reproducción, odio, rabia, reto, sufrimiento, duelo, incertidumbre.

Causas y efectos acumulados

Varias son las causas: excesiva dependencia del Estado, características del sistema educativo, crisis y carencias permanentes, poderosos mecanismos de control social y ruptura familiar. Las políticas para uniformar a la sociedad, el irrespeto hacia las libertades individuales, el predominio de un discurso épico que invoca al sacrificio y la polarización; también han sido importantes. El monopolio estatal de los medios de comunicación, el aislamiento prolongado respecto al mundo y la manipulación política hicieron su parte.

Es preciso reconocer que este tipo de daño tiene dos componentes. El que lo propina —muy frecuente cuando el gobierno no es deliberante y apela más a las emociones y la retórica patriotera que al raciocinio—, y el que lo asimila, sea por influencia de un líder carismático, de los medios de comunicación, por reproducción acrítica e inercia asociativa. Resultado de ello es que el individuo pierde su libertad individual y la capacidad de entrenar su inteligencia generando ideas y proyectos propios, por tanto, se hace fácilmente manipulable.

La inmensa minoría

Cuando se despersonaliza al individuo y este entra en contradicción con sus propios valores, puede afirmarse que hay daño antropológico como efecto. Al instalarse el miedo al perjuicio físico, moral, al aislamiento, al exilio o al «insilio»; se generan actuaciones degradantes que muestran lo mismo. También se manifiesta cuando la persona vive una realidad diferente a la que se le presenta; o cuando hay pérdida de autoestima, inmovilismo, desesperanza, falta de proyectos de vida, ineficiencia emocional, inhibiciones, etc.

Hace años observé algunos videos de protestas cívicas en diferentes partes de Cuba. Eran poquísimos sus protagonistas. El público ni se sumaba ni contrarrestaba. Unos miraban asombrados y otros se alejaban cautelosamente, mientras, la policía recogía a los desobedientes. El pueblo ignoraba los hechos y yo recordé con pena a George Orwel y su 1984.

Coyuntura crítica

La mayoría del pueblo cubano vive hace años en condiciones precarias como resultado de la acumulación y persistencia de la crisis estructural sistémica. El recrudecimiento del bloqueo, su manejo político en Cuba desde los noventa y la pandemia, nos han llevado a un punto clímax.

Los daños psicosociales han aumentado y aparecen patologías asociadas al estrés. Influyen en ello la crisis alimentaria y de medicamentos, la incertidumbre y los efectos psicológicos de la pandemia vinculados al aislamiento y al manejo de la propaganda. Esta última se enfoca en inocular en el pueblo una mentalidad culposa, una realidad distorsionada y la aceptación, como legítima, de la represión. Al tiempo, se perfeccionan poderosos mecanismos de control ciudadano.  

Medicamentos en Cuba: crisis y alternativas

Han pasado cinco años desde que viera aquellos videos. Actualmente son mayores la crisis y las protestas; también lo es la información vía Internet.

Ahora algunas personas son espectadores con celulares. Otras ejecutan actos de repudio orientados y protegidos por fuerzas políticas y represivas. En lugar de diálogo y negociación, crece el extremismo político enfocado en la lucha por destruir al adversario. Mientras, la mayoría se concentra en la sobrevivencia, evade el conflicto y canaliza su descontento en ámbitos privados y redes sociales. Predominan el silencio, el inmovilismo y la permisibilidad.  

Los indicadores empleados hace más de una década por el intelectual pinareño Virgilio Toledo López para describir el daño antropológico de la sociedad cubana, tienen en estos momentos mayor sustentación. Entre ellos: deterioro del sentido moral (la persona asume conscientemente actitudes y actos negativos contra sus propios valores); deterioro de valores; naturalización de la violencia; falta de ilusión; frustración; desconfianza de todo y hacia todos; discriminación; desigualdad; el poder real mal ejercido; el carácter deficitario de los servicios; la estrechez de miras como resultado de una formación precaria y despersonalizada; la corrupción generalizada; el soborno y el sociolismo como mecanismos de relación social e institucional; la mentira y la simulación.

El impacto del fenómeno no es homogéneo, pero alcanza de un modo u otro a todos. Estudiar y hablar del tema, comprender sus causas, manifestaciones y generar iniciativas resulta imprescindible para sanar la sociedad y construir un mejor país. Tal vez podríamos decir como Martin Luther King: «No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena». Sin embargo, aunque duele, en Cuba muchas veces la indiferencia también es resultado del daño antropológico que padecemos. Comprenderlo también es un paso para rehumanizarnos y transformar.   

Para contactar con la autora: ivettegarciagonzalez@gmail.com

24 mayo 2021 72 comentarios 7.944 vistas
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