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Alianzas público privadas

¿Las alianzas público-privadas tienen cabida en Cuba?

por Redacción 12 noviembre 2022
escrito por Redacción

A lo largo del siglo XXI las alianzas público-privadas (APP) se han citado como una buena estrategia para el crecimiento económico, aunque también acumulan detractores a ambos lados del espectro político clásico izquierda o derecha. Sin embargo, en una época donde la confrontación Estado vs. Mercado parece mutar a mecanismos de cooperación en lugar del enfrentamiento natural que en términos ideo-políticos pudiera atribuírsele, alternativas como las APP van ganando terreno.

Si bien no existe consenso en torno a su definición, una asociación público-privada —como su nombre lo indica— alude a un acuerdo entre el sector público y el sector privado. Usualmente dicho convenio implica que parte de los servicios cuya responsabilidad recaen en el sector público pasan a manos del sector privado, bajo un marco común de riesgos y objetivos compartidos para el bien público.

Las APP datan desde los inicios de la era moderna, aunque su auge se remonta a hace pocas décadas, particularmente a finales del pasado siglo, con un crecimiento sostenido en la presente centuria. Como explica el economista cubano Juan Triana Cordoví, en un artículo titulado “Alianzas público-privadas en Cuba: retos y posibilidades”, contrario a lo que algunos autores plantean, el mayor incentivo de los Estados para implementar este tipo de alianzas no radica en el alivio que representan a nivel fiscal, sino en que estas sinergias generan estructuras económicas de complementación para la puesta en marcha de metas de gobierno.

Alianza público privadas

La proyección y alcance de las APP varían. En algunos casos la parte privada solo provee un servicio determinado y en otros, asume la gestión completa del proyecto. En las últimas décadas, las APP han supuesto un aliciente para economías en vías de desarrollo o una válvula de escape ante crisis financieras de los Estados, en algunos casos con decadentes niveles de inversión pública.

En ese sentido, suelen aportar valor añadido a los equipos de trabajo y servir de motor para generar rapidez y eficiencia de los procesos. Asimismo, entre las potencialidades que más destacan de estas asociaciones figura su potencial contribución al impulso de modelos de desarrollo más competitivos, innovadores y sostenibles.

Sobre esto último, la española Núria Vilanova, fundadora de Atrevia y Presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, afirma en un artículo publicado en El Economista: “Este cambio de modelo implica una nueva mentalidad: no se trata de hacer la transformación ni contra el Estado ni contra el empresariado, sino construyendo potentes alianzas. El caduco debate “público vs privado” no tiene ya sentido en el actual contexto, y menos tras la pandemia. La apuesta es por lo público en coordinación con lo privado para impulsar ese gran cambio”.

“En este contexto, —continúa Vilanova— las alianzas público-privadas se alzan como claves no solo para desencadenar el cambio de la matriz productiva, contribuir a la modernización de las administraciones públicas, sino para construir ese gran pacto social que comprometa a empresas, administraciones públicas y agentes de la sociedad civil. Iberoamérica necesita mayores alianzas público-privadas, pero también mejor institucionalidad y participación estatal y pública para construir puentes en una época de polarización.

Son piedra angular para propiciar entendimientos y amplios consensos como antídoto frente al ascenso de populismos y demagogia. La actual situación presenta unos retos que reclaman absolutamente toda la energía coordinada de responsables políticos e iniciativa privada”.

¿Qué ocurre en América Latina?

En Latinoamérica y el Caribe las APP constituían una herramienta ampliamente utilizada hasta fines de la década de 1990, cuando las inversiones se desplomaron debido a deficiencias en su gestión.

No obstante, a mediados de la primera década del siglo XXI, muchos países de la región fortalecieron sus regulaciones en torno a estos mecanismos. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, entre 2005 y 2015 las inversiones de las APP ascendieron de 8000 millones de USD a 39 000 millones de USD.

Alianza

Iberoamérica necesita mayores alianzas público-privadas, pero también mejor institucionalidad y participación estatal.

El sector energético y el transporte acumulan la mayor cantidad de inversiones en dicho período de tiempo, mientras que el total en apenas diez años se contabiliza en 361 300 millones de dólares, distribuidos en casi mil proyectos. Asimismo, son Chile, Colombia y Brasil quienes lideran su ejecición en el continente.

Sin embargo, la implementación efectiva de la cooperación público-privada enfrenta dos retos importantes. El primero de ellos tiene que ver con la transparencia de la gestión, especialmente en países de América Latina y el Caribe con altos índices de corrupción. En ocasiones, también sirve para encubrir la utilización de bienes públicos para el interés de las empresas o la privatización de recursos del Estado. Los factores mencionados guardan estrecho vínculo con el segundo desafío: las bases legales e institucionales necesarias. Solo así las APP pueden cumplir su función social y económica.

El caso cubano

Si se parte del hecho de que la mayoría de las APP son implementadas en modelos económicos capitalistas y con relevante presencia de los actores privados, cuesta pensar en su cabida y pertinencia para el caso cubano. Aunque ni el marco regulatorio ni el discurso político oficial hacen uso del término, lo cierto es que existen varias experiencias que apuntan a potenciales escenarios para el crecimiento de esta clase de sinergias.

En el artículo anteriormente citado, Juan Triana da cuentas de varios ejemplos en los que, con un nivel de éxito variable, es posible identificar una colaboración directa entre la gestión privada y la estructura estatal. En ese sentido, destaca el caso de sectores como agua y saneamiento o la generación de energía a partir de fuentes renovables, ambos con presencia privada bajo el amparo de la Ley para la Inversión Extranjera.

Asimismo, puede mencionarse la existencia de cooperativas que brindan servicios de transporte urbano. En esos casos el gobierno arrienda los vehículos, provee el combustible a menor costo y fija los precios para el consumo final por parte de los ciudadanos.

Para Juan Triana,  estas sinergias generan estructuras económicas de complementación para la puesta en marcha de metas de gobierno. (Foto: Ágora Caracas)

En una economía como la cubana, abocada en un modelo mixto de propiedad y sujeta a una crisis estructural con una monopolización cuasi absoluta por parte del Estado, las APP pueden resultar un factor positivo en las estrategias de desarrollo.

Ello cobra relevancia en un panorama en el que la propiedad privada y cooperativa se han afianzado como actores permanentes de la estructura económica de la nación, en contraste con la incapacidad gubernamental de responder a demandas en servicios básicos como la electricidad, la gastronomía, transporte o salud, unido a otros sectores que han quedado preteridos por falta de recursos para su mantenimiento o revitalización.

Rubros como el turismo, la industria ligera, la construcción y los servicios profesionales estarían encabezando la lista de potenciales escenarios, aunque pudiera ser perfectamente aplicable a un sinnúmero de áreas.

Sería imprescindible entonces definir prioridades y establecer un marco regulatorio claro que permita impulsar las APP con condiciones seguras y transparentes para ambas partes. Resulta relevante también que el capital privado no solo provenga de la inversión extranjera directa, sino que puedan aprovecharse las oportunidades que brindan negocios locales. De igual manera, se necesitará un ente con autoridad para el diseño y ejecución de este tipo de estructuras, capaz de evaluar, proyectar e identificar oportunidades, con el fin de impactar positivamente en la diversificación y mejora de la oferta de bienes y servicios.

Las APP no representan una solución mágica a los graves problemas económicos que atraviesa la Isla, pero pudieran convertirse en un paliativo a mediano y largo plazo ante la incesante devaluación de la moneda nacional y la mala calidad de los servicios. No obstante, no debe perderse de vista que su posible adopción e impulso por parte de la dirección del país enfrentará los mismos obstáculos que el resto de la economía: dogmatismo ideológico, burocratismo y excesivo control del Estado.

La solución quizás se encuentre en la génesis misma de estos acuerdos y en la lectura más contemporánea que se tiene de ellos a nivel político; y es que las APP funcionan muy bien sobre la base de la cooperación y cuando se erigen en provecho público.

 

12 noviembre 2022 15 comentarios 1,2K vistas
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Oportunidades

Oportunidades

por Jorge Fernández Era 10 julio 2022
escrito por Jorge Fernández Era

―Qué calor.

―Ya sé por dónde viene, periodista: que la gente no tiene corriente en su casa, mientras en mi oficina disfruto de la temperatura que brinda ese aparato.

―No quise…

―Pero lo hizo. Insinuó que los dirigentes gozamos de prebendas. Sepa que las grandes ideas deben cocinarse a temperatura adecuada. De una de ellas deseo hablarle.

―¿Incluida en la cartera de oportunidades?

―No está en la que se divulgó, sino en la que me carterearon. Se trata de una fábrica de durofríos.

―…

―El durofrío es una de las tradiciones más afincadas a la insularidad. «Defendiendo nuestra cultura popular y sus tradiciones, estamos defendiendo la Revolución», ha dicho Díaz-Canel.

―¿Sobre el durofrío?

―No precisamente, pero me sirve. «La única manera de contrarrestar la colonización cultural a la que se nos intenta someter es cuidando nuestras propias tradiciones», dijo también. Contrarrestar las altas temperaturas es consumir durofrío. La fábrica la construiremos en La Palma, Arroyo Naranjo, en un parque donde a principios de siglo desapareció una estatua.

―La de Justo Vega.

―El mismo. No lo mencione en la entrevista, los lectores pensarán que improvisamos, y nada más lejos de la verdad. La levantaremos justo allí porque anterior a las áreas verdes hubo una fábrica de hielo. La primera piedra la colocará el presidente, aprovechando una visita a La Güinera como parte de las celebraciones por la victoria del 11 de julio. Aquellos sucesos no se hubiesen desencadenado de existir la fábrica de durofríos.

Dice el periódico Trabajadores: «Cuando llegan los meses de verano y el calor se intensifica suelen producirse determinadas sensaciones físicas que promueven estados psicológicos no muy agradables. Incluso percibimos una suerte de molestia desde la que podemos ser invitados a actuar como no lo hacemos usualmente. ¡Alerta!: el calor puede ser un agente dilatador de reacciones inadecuadas. La temporada calurosa del año crea un escenario que el enemigo pretende aprovechar al recalentarlo con acciones abiertas y encubiertas que el pueblo tiene que enfrentar con firmeza y transparencia».

―Pensando como país.

―Ahora que habla de pensamiento: le hemos pedido a Arnaldo y su Talismán, para animar el acto, una versión en español de «La mirada del tigre», el tema del grupo de rock estadounidense Survivor que, como parte de la ola descolonizadora, acompaña el video de Díaz-Canel que colocó Presidencia Cuba en Tik Tok.

Ya estamos en #TikTok, aunque nos bloqueen, insistiremos.

A continuación el Presidente de #Cuba 🇨🇺 @DiazCanelB 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/rUlvxizBBV

— Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) July 7, 2022

―La frase inicial de la canción es significativa: «Ascendiendo, de vuelta a las calles, me tomé mi tiempo, aproveché mis oportunidades».

―¡¿«De vuelta a las calles»?! Coño, con tantas canciones…

―¿Contaremos en este proyecto con inversores extranjeros?

―Como dejó claro el Parlamento en diciembre de 2021, la cooperación extranjera debe avanzar en aras de que halle en los municipios el escenario más apropiado, para que la Isla se convierta, lo desea Marrero, en un municipio autosustentable, siempre que no se olvide de que en el barrio se decide el socialismo, lo expone Lazo. Ya se firmó con Groenlandia un contrato para el traslado de seis témpanos de hielo al año, solo con la ayuda de un remolcador.

A pesar del calentamiento global, o gracias a él, llegarán a Cuba con más de un cincuenta por ciento de aprovechamiento neto, lo que significará cubrir la demanda provincial de durofríos y exportar alguna que otra cantidad a países africanos de secular sequía, con miras a amortizar la inversión.

―¿Funcionó la Ventanilla Única de Inversión Extranjera?

―Qué remedio. La compañera de la otra ventanilla pidió vacaciones.

―¿Se realizan estudios de mercado?

―En la fiesta de apertura del verano se distribuyó un lote de diez toneladas elaboradas artesanalmente. Los durofríos tuvieron una aceptación mayor que los helados, yogures, maltas y refrescos. Que en diez kilómetros a la redonda no se encontrara un helado, una malta, un yogur o un refresco no demerita dicha estadística y abre horizontes para una comercialización proactiva de los beneficios de la fábrica.

―¿No es contraproducente que se edifique en momentos en que el azúcar no satisface los compromisos con China y nos la pone en China para cumplir con nosotros mismos?

―Los durofríos serán elaborados con stevia, un edulcorante obtenido del vegetal de igual nombre que ya se cosecha experimentalmente en Ciego de Ávila, el terruño de Arnaldo, con sabor parecido al de las tisanas de anís que tomaban nuestros abuelos. Es 250 veces más dulce que el azúcar.

―Una cosecha gigante significaría una «Zafra de los 40 millares», etimológicamente más alcanzable.

―Muy sabio su apunte. El Ministerio de Economía insiste en que hay que «cambiar las maneras de pensar y rediseñar los procesos productivos de manera tal que temas como la industria 4.0, la inteligencia artificial, big data, internet de las cosas y computación de la nube sean otro activo más del sistema empresarial».

―«Big data» vendría siendo un durofrío colosal.

―E «industria 4.0» es la Felton 2, que solo duró cuatro minutos encendida. En la nube estamos para asimilarlo.

―¿Y en cuanto a los sabores de los durofríos?

―Un vendedor callejero de caramelos ha revelado la fórmula del café con leche que oferta en la intersección de Calzada de Bejucal y Porvenir. Con ella comenzaremos. Más tarde serán incorporados el platanito con diaz-epán y otras delicias.

―¿Puede decirse que serán helados de categoría?

―El presidente ha sido enfático: «Las categorías económicas solas no nos darán desarrollo, la primera prioridad es ideológica». Analizado fríamente, quiso decir que lo más importante es hacerse la idea de que consumiremos una golosina gélida como el hielo ártico, no importa los tiempos durofríos que corren.

10 julio 2022 4 comentarios 1,7K vistas
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Decreto

Primeras impresiones sobre el decreto ley 46 de las MIPYMES

por Omar Everleny Pérez Villanueva 1 septiembre 2021
escrito por Omar Everleny Pérez Villanueva

Resulta esperanzador constatar la reciente aprobación de Decretos-Leyes para el fortalecimiento del modelo económico-social cubano, como los que tratan sobre la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), o sobre las cooperativas no agropecuarias, o el trabajo por cuenta propia. Su aprobación se adelanta al calendario que existía para analizar algunas de estas normativas en próximas reuniones de la Asamblea Nacional.

Son muchos los aspectos positivos que comprenden el Decreto-Ley sobre las MIPYMES, resaltan —entre otros— el reconocimiento de la iniciativa privada mediante empresas con personalidad jurídica propia, bajo la figura de empresas de responsabilidad limitada. Hay muchos otros que se pueden encontrar en la normativa.

No me detengo en el no reconocimiento de la figura de las sociedades anónimas (S.A.), como tampoco en el tamaño de la mediana empresa, partiendo de la cantidad máxima de sus trabajadores, ni en la restricción para que una persona pueda ser socia en más de una MIPYME.

Las S.A. bien podrían ser el vehículo para incentivar la inversión extranjera, pero parece que ya la declaración de la iniciativa privada con carácter empresarial se consideró un grandísimo salto como para tener ahora que ampliar aún más su alcance. Asimismo, en muchos otros países la mediana empresa puede contar hasta con 250 trabajadores para considerarse como tal.

La imposibilidad de poseer varias empresas juega con el afán de no permitir la acumulación de riquezas, como fue aprobado en la Constitución. Se pueden comprender los motivos para ir dando pasos mesurados, aunque no todos estarían de acuerdo con esta lentitud en los procesos.

Me detendré en los aspectos que suscitan, a mi juicio, mayores dudas.

Se menciona que las MIPYMES podrán ser privadas, estatales o mixtas. Más adelante se aclara que las mixtas requerirán un régimen jurídico especial cuando las condiciones lo permitan, pero ya se regula que en las mixtas solo serán socios las personas jurídicas de diferentes tipos de propiedad. De esta forma, se niega la posibilidad de que una persona jurídica extranjera se asocie a personas naturales cubanas para constituir una MIPYME mixta.

Decreto (1)

(Imagen: MEP Cuba)

Esto traerá como consecuencia el estrechamiento del campo de acción para crear empresas de este tipo y ayudar a incrementar la captación de inversión extranjera directa, ya que, o algunos inversionistas extranjeros preferirán como socios a interlocutores privados, o el país podría no autorizar inversiones extranjeras en pequeñas y medianas empresas, con limitada cantidad de trabajadores, habida cuenta de que la inversión sería en un monto pequeño, no interesante para las preferencias de las empresas estatales. Al final, la inversión no se haría ni de una forma, ni de otra. ¿Quién pierde más?

La norma no aclara si las MIPYMES se crearán por tiempo ilimitado, como es normal en cualquier geografía. Sin embargo, al tratarse sobre la disolución de una MIPYME, se menciona que la empresa podrá disolverse cuando se extinga el plazo de vigencia de la misma, sin haberse inscrito la prórroga en el Registro Mercantil, lo que da a entender que las MIPYMES tendrán un plazo de vigencia y deberán someterse a procedimientos de evaluación y aprobación para continuar funcionando.

¿Se vuelve a  incurrir en uno de los problemas que hoy también enfrenta la inversión extranjera en Cuba, cuando los inversionistas no pueden tener seguridad de si al cabo del tiempo se les permitirá continuar con sus negocios?

En el Anexo al referido Decreto se establecen las actividades a realizar. Se indica ahí que las MIPYMES privadas no podrán funcionar, por ejemplo, en las áreas de salud, telecomunicaciones, energía, defensa, prensa y otras que ya estaban vetadas para los trabajadores autónomos. Debe entenderse que si este listado de actividades no permitidas es muy amplio, de nada servirá que tengamos la mejor ley del mundo sobre MIPYMES; ella se convertirá en letra muerta y su impacto real en la economía del país será muy bajo.

Dada la estructura social de Cuba, se puede comprender la aspiración de que la empresa estatal continúe siendo preponderante y que los sectores estratégicos sigan en manos del Estado. Pero no parece haber motivos sólidos para limitar las actividades en todo aquello que no sea catalogado como estratégico.

Se debe tener en cuenta que, si la actividad privada se autoriza fundamentalmente para algunos servicios y producciones, no habrá posibilidades de redimensionar a las empresas estatales irrentables, de redirigir a masas de trabajadores a empresas más eficientes, de contar con empresas —estatales o privadas— de mayor dinamismo y MIPYMES con producciones de más alto valor agregado. Según las actividades a realizar, terminarán siendo TCP, con más trabajadores asalariados pero con escaso impacto en la generación del PIB nacional.

Por ejemplo, no se permite la «generación, transmisión y distribución de energía eléctrica», lo que, entendido a gran escala, resulta lógico mantener bajo control del Estado. Sin embargo, si se desea cambiar la matriz energética, cuidar el medio ambiente y ahorrar combustibles importados; parecería sensato permitir que las MIPYMES privadas produjeran/ensamblaran y montaran paneles solares en techos de viviendas y empresas, pudiendo vender a la red eléctrica estatal el excedente de electricidad generado.

Lo mismo sucede con el almacenamiento, el transporte por carretera, el cabotaje, las embarcaciones de placer con tripulación, el alquiler y arrendamiento de equipos recreativos y deportivos, o la gestión de boleras, clubes deportivos y otras actividades deportivas; por citar algunos ejemplos. ¿Son ellas priorizadas hasta el punto que no deban desprenderse de las manos del Estado? ¿No son algunas de ellas actividades donde se advierten deficiencias en el servicio, precisamente por falta de recursos del Estado?

Decreto (2)

(Imagen: Granma)

Se ha tenido que autorizar la presencia de empresas de capital totalmente extranjero, con flotas de camiones que ayuden a dar respuesta a la demanda de transportación de mercancías dentro del país. ¿Por qué una MIPYME privada no pudiera resolver este mismo problema? Probablemente una MIPYME privada autorizada a ejercer tal actividad, compraría y arreglaría camiones en desuso en manos de empresas estatales, o resolvería los problemas del bloqueo para importar camiones, o guaguas de transporte público, desde otros países.

 Si existen actualmente camiones privados —producidos antes de 1959 aunque con múltiples remiendos ulteriores—, que brindan servicios de transportación de mercancías o personas, ¿qué impide que una MIPYME pueda importar un camión y/o una guagua más modernos y ofrecer este mismo servicio con menores roturas y mayor seguridad vial?

Como principio, si para alguna actividad se ha permitido la presencia de inversión extranjera, quebrando así el control estatal absoluto para ese sector, parece lógico admitir, y con mayor razón, que la misma actividad pueda ser gestionada por MIPYMES nacionales, aunque sean privadas.

No menos importante será el funcionamiento de las cuentas bancarias que abran las MIPYMES, y la moneda de facturación. En la actualidad, un TCP puede cobrar algo en su cuenta personal en MLC, o cambiar CUP a MLC en el mercado informal, siendo difícil de detectar esta anomalía realizada por una persona física. Ambas operaciones resultan importantísimas para pagar las materias primas de importación, insumos e inversiones y mantener en funcionamiento la actividad.

Para una empresa, que emite estados financieros y puede ser auditada con  profundidad, esto sería más complicado. Pero está claro que, sin importaciones —da igual si son directas o a través de empresas estatales intermediarias—, la cual demanda divisas para su realización; la actividad de MIPYMES estaría muy restringida o limitada.

Sin cuentas en MLC, sin poder facturar en MLC, o con restricciones para canjear CUP a MLC y realizar pagos hacia el exterior; las MIPYMES tendrían similares limitaciones que las empresas estatales. Y si resulta difícil levantar estas trabas para las estatales, las nuevas MIPYMES no deben nacer lastradas con ese fardo de prohibiciones o limitaciones. 

Se conciben MIPYMES estatales y privadas. Todos tendrán el mismo modelo de gestión. @AlejandroGilF @MEP_CUBA pic.twitter.com/ynXRDVoRoO

— Ministerio de Economía y Planificación de Cuba (@MEP_CUBA) June 18, 2021

En este sentido, la normativa también deberá prever la posibilidad de que las MIPYMES reciban financiación desde el exterior, tanto de instituciones como de personas físicas. Para nadie es un secreto que muchos potenciales socios de MIPYMES recibirían financiación de familiares en el exterior con el fin de comenzar el funcionamiento de la empresa.

Esto entraña poder pagar a suministradores externos, desde cuentas en el exterior de terceros, por ejemplo, del familiar que otorga el apoyo financiero para el emprendimiento, lo cual sería una forma de burlar el bloqueo.

No obstante, ello también supone reconocer la necesidad de las MIPYMES de realizar pagos hacia el exterior y amortizar las deudas contraídas. Si el país no cuenta con grandes ahorros, cabría esperar una insignificante creación de MIPYMES privadas, a menos que las mismas reciban apoyo inicial desde fuera de la Isla. En manos de los legisladores y reguladores está que eso suceda tras bambalinas, o de forma ágil y transparente.

Por último, una MIPYMES en Cuba no puede abstraerse del entorno económico en que se desenvuelve, que es el más complejo de los últimos tiempos: la economía decrece desde el 2019 y en 2021 mantendrá esa tendencia; el bloqueo esta aún intacto; la pandemia de la Covid-19 no deja vislumbrar un escenario optimista cercano; las exportaciones turísticas casi nulas y las de azúcar prácticamente en cero, o muy reducidas; las deudas pendientes a corto plazo, producto de las renegociaciones con el Club de París, presionarán muy pronto y la crisis de liquidez es cada día mayor.

Con esas señales es muy difícil prever, al menos inmediatamente, que las MIPYMES sean otro motor impulsor de la economía, a pesar de sus enormes potencialidades.

1 septiembre 2021 25 comentarios 4,2K vistas
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Economía cubana

Sobre la defensa de la economía cubana

por Mauricio De Miranda Parrondo 17 junio 2021
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

En días recientes, autoridades cubanas anunciaron que a partir del 21 de junio no se recibirían depósitos de dólares estadounidenses en efectivo en las cuentas en moneda libremente convertible (MLC). La razón argumentada se refiere a las sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos y su agudización poco antes del fin de la administración Trump.

Habría que recordar no obstante que Cuba tiene prohibido operar en dólares estadounidenses desde inicios del embargo, a comienzos de los sesenta, y a pesar de ello ha persistido en el uso de esa divisa como principal moneda de reserva. Incluso, las últimas decisiones relativas a la unificación cambiaria la ratifican como referencia del nuevo tipo de cambio unificado, para lo cual se ha definido un anclaje nominal del peso cubano.

La medida ha sido controvertida, tanto por el momento de su adopción como porque en el fondo no soluciona ninguno de los principales problemas que afectan a la economía insular. Pese a ello, varias autoridades han afirmado que esta decisión se adopta «en defensa de la economía cubana». Me permito discrepar, una vez más, de las opiniones vertidas por algunos dirigentes respecto a cuestiones de política económica. En cualquier caso, es una medida insuficiente para tal propósito.

Las debilidades de la economía resultan de una combinación de problemas estructurales, políticas erróneas adoptadas por el gobierno a lo largo de seis décadas —con graves efectos acumulativos— y de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos durante años. Los efectos de estas últimas están fuera del control de Cuba, puesto que solo el Congreso de ese país puede removerlas. Las dificultades estructurales, sin embargo, dependen de su condición de nación subdesarrollada, agravada por los errores de las políticas económicas.

 A esto debe añadirse que la soberanía nacional, planteada como meta por el proceso revolucionario, no ha podido alcanzarse realmente en la esfera económica. La dependencia que Cuba tuvo respecto a Estados Unidos por varias décadas, fue reemplazada por una no menos profunda a la Unión Soviética.

Economía cubana (2)

Sello de correo con motivo de una cumbre del CAME

Cuando este último país se desintegró, la Isla debió enfrentar la crisis económica más profunda de toda su historia, en la que el Producto Interior Bruto (PIB) acumuló una contracción de casi un 35% entre 1990 y 1993. Los efectos de esa crisis no han sido superados plenamente, sobre todo en lo que se refiere a la industria y a la agricultura.

A partir de la victoria del chavismo en Venezuela en 1999, la economía cubana reprodujo con aquel país una relación de dependencia parecida a las anteriormente mencionadas, con la particularidad de que las necesidades de combustible y otros bienes provenientes del país suramericano —aún nuestro principal suministrador de importaciones— eran más que compensadas por la exportación de servicios médicos y profesionales.

Como es sabido, Venezuela viene arrastrando una profunda crisis económica que se expresa en variaciones negativas sucesivas de su PIB entre 2014 y 2020, para un comportamiento anual promedio de -18,9% en el período. Especialmente duros han sido los años 2019 y 2020, en los que su economía se contrajo 35% y 30% respectivamente (IMF, 2021).

En las condiciones actuales, la economía cubana está enfrentando una profunda crisis, agudizada por la pandemia del Covid-19 y los efectos del recrudecimiento de las sanciones económicas por la administración Trump. Sin embargo, el origen de esta crisis no depende de esos dos hechos. En 2019, el PIB tuvo una contracción de 0,2% respecto a 2018, el consumo de los hogares se contrajo en 1,3%, las exportaciones de bienes y servicios en 4,6% y las importaciones en 2,9% (ONEI, 2020).

La sensibilidad de la economía cubana a los choques externos continúa siendo muy alta, y la crisis venezolana tiene efectos contraccionistas en tal sentido.

Después del deterioro de los noventa, el gobierno cubano apostó por reinsertar al país en la economía mundial como proveedor de servicios turísticos. El turismo se convirtió así en prioridad estratégica, ha venido captando un volumen considerable de inversiones y su importancia creció significativamente en los ingresos en divisas.

En 2019, dicho sector aportó el 20,9% de ese tipo de ingresos y superó la sumatoria de las exportaciones de bienes, que solo representó el 16,3% del total. A falta de datos más precisos, el resto fue aportado, esencialmente, por las exportaciones de servicios profesionales y las remesas, lo cual constituyó un total de 7.925 millones de dólares.[1]

Economía cubana (3)

El turismo se deterioró a causa de la pandemia de Covid-19 (Foto: Ramón Espinosa/AP)

A lo largo de los últimos treinta años se ha asistido a un deterioro sistemático de los sectores industrial y agrícola, cuyos niveles de producción se mantienen, en gran parte de los rubros, por debajo de los alcanzados en 1989.

En 2019, por ejemplo, se produjo solo un 29,9% del azúcar que se obtenía tres décadas antes, 69,8% de los alimentos, 85,9% del tabaco, 7% de los productos textiles, 15% de las prendas de vestir, 9,3% de artículos de cuero, 34,1% de los productos de madera, 4,3% de fertilizantes, 27,1% de materiales de construcción, 12,4% de productos de caucho y de plástico, 1,9% de maquinarias y equipos, 15,8% de maquinarias y aparatos eléctricos, 0,1% de equipos de transporte, 88,1% de sustancias y productos químicos, 48,6% de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones.

En los únicos rubros en que superó la producción de 1989, fue en la elaboración de bebidas, con un 113,5%, y en la de muebles, que alcanzó el 179%. El índice general de volumen de la producción industrial en 2019 respecto a 1989 fue de solo 61,3 (ONEI, 2020) y no es que ese año fuera el de mejor desempeño para la industria cubana.

De acuerdo con estadísticas de la ONEI, el sector agropecuario presenta incrementos en 2019 comparados con 1989 en la producción de: frijoles (753,7%), maíz (425,4%), viandas (174,4%), tabaco (66,2%) y otras frutas (211,1%); así como en la carne de cerdo (207,6%) y de huevos (11,3%). Mientras, ha disminuido la existencia de cabezas de ganado (77,5%), la producción de carne de aves (40,9%), carne bovina (48,5%), leche de vaca (55,4%), arroz (73,1%), cítricos (8,1%) y hortalizas (61,7%).

En gran medida, estos desempeños sectoriales son resultado de la combinación de dificultades externas de la economía con una serie de fenómenos internos, entre los que pueden mencionarse: fallas en la planificación, insuficiencias organizativas en la actividad empresarial, escasos estímulos económicos a los productores, errores de política económica causados por el excesivo voluntarismo en la toma de decisiones e inexistencia de mecanismos de control a la gestión del gobierno por parte de la sociedad.

Aún no se dispone de toda la información para 2020, no obstante, se informó oficialmente que el PIB se contrajo un 11,3% respecto a 2019. The Economist Intelligence Unit estimó que la producción industrial se redujo un 11,2%, mientras que la agropecuaria lo hizo un 12,0%; en tanto, el déficit fiscal llegó a representar un 20,1% del PIB. Estas cifras preliminares denotan una muy difícil situación macroeconómica.

Economía cubana (4)

Se estima que en 2019 la producción industrial se redujo un 11,2% (Foto: Juan Pablo Carreras/ ACN)

Así las cosas, para defender la economía cubana es necesario adoptar una serie de medidas que superen ampliamente el alcance de una disposición marginal como es la suspensión de depósitos de dólares en efectivo en los bancos de la Isla.

Para proteger la economía de la nación, es imprescindible tomar medidas que permitan la recuperación de la industria de su actual colapso y obsolescencia tecnológica, que impulsen la recuperación de los sectores agropecuario, pesquero y del transporte; que desarrollen la infraestructura, rescaten la industria azucarera, diversifiquen e incrementen los rubros exportables, reduzcan la excesiva dependencia externa y fortalezcan la soberanía del peso cubano como moneda nacional, respaldada por una economía en crecimiento.

El desarrollo económico no se garantiza con fórmulas propagandísticas, ni puede asegurarse con el simple deseo de que se produzca. Es imperativo crear las condiciones institucionales y un clima de negocios que favorezca apuestas de inversión, no solo por parte del Estado sino también del sector privado aún incipiente, junto a la inversión extranjera directa (IED).

Esta última es imprescindible, porque el país no cuenta con fuentes suficientes de acumulación de capital y el incremento del endeudamiento no puede ser una opción a considerar. Las posibilidades que brinda el sector privado para constituir microempresas, pequeñas y medianas empresas  industriales, agropecuarias y de servicios son inmensas.

Mientras tanto, el peso podría anclar su tipo de cambio al euro o a una canasta de monedas que reduzca la influencia del dólar en la determinación del valor nominal de la moneda cubana en términos de monedas extranjeras. Adicionalmente, debiera modificarse la estructura de las reservas internacionales del país, eliminando los dólares estadounidenses de las mismas o reduciendo sustancialmente su participación.

Una medida de realismo económico sería la rectificación del error cometido por las autoridades cubanas al establecer una sobrevaluación del peso cubano en su tipo de cambio unificado. La sobrevaluación de una moneda tiene efectos nocivos en la economía de cualquier país, porque reduce la competitividad de su sector exportador, abarata injustificadamente las importaciones y no permite que la tasa de cambio actúe como válvula de escape de la presión que representan los desequilibrios externos. 

En tanto no se creen las condiciones para que se produzcan más bienes industriales y agropecuarios; mientras no se dinamicen la construcción, el sector de los transportes, las comunicaciones, los servicios comerciales y profesionales; si no se alcanzan tasas de ahorro e inversión que realmente impulsen el crecimiento; la economía cubana seguirá siendo extremadamente vulnerable y la soberanía nacional profundamente comprometida. Los malabarismos cambiarios no resuelven esos problemas.

El Estado cubano no cuenta con los recursos necesarios para asegurar semejante tarea económica. El gobierno puede seguir anclado en su idea fija respecto a que la planificación centralizada sea el principal mecanismo de asignación de recursos, o que la propiedad estatal continúe dominando el sistema económico; de hacerlo fracasará una vez más, porque lejos de propiciar el mejoramiento del bienestar de la sociedad, profundizará el actual estancamiento.

No pueden perderse de vista las consecuencias políticas de los errores en las decisiones económicas. Llegados al punto actual, no existe otra opción posible para Cuba que no sea estimular el desarrollo de los sectores privado y cooperativo, sin camisas de fuerza, con la convicción de que en su desarrollo contribuirán significativamente —ellos sí—, a la defensa de la economía cubana; así como crear las condiciones para que se incremente la inversión extranjera directa en sectores que puedan conectar la producción nacional con cadenas productivas globales.

En este proceso, el papel regulador de un Estado democrático es de valor inestimable, para evitar los fallos del mercado, sin restringirlo, y para crear las condiciones que permitan utilizar instrumentos fiscales en la redistribución de recursos con criterios de justicia social.

***

Referencias.

IMF (2021) World Economic Outlook Database.

ONEI (2020) Anuario Estadístico de Cuba, 2019.

The Economist (2021) The EIU Intelligence Unit Report.

[1] Cálculos con base a ONEI (2020)

17 junio 2021 61 comentarios 4,3K vistas
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Cuentapropismo

Cuentapropismo en su nueva etapa: ¿llegará a más?

por Arturo Mesa 11 mayo 2021
escrito por Arturo Mesa

La práctica de la medicina veterinaria, el servicio de traducción e interpretación, el de programación de equipos de cómputos, las actividades de diseño y fotografía, impartir clases de idioma, música y ejercer como repasadores, son algunas de las actividades que pueden realizar los profesionales en Cuba de manera independiente.

Ante la publicación reciente de la lista de actividades no permitidas para el cuentapropismo y su inclusión en ella de algunas de corte profesional, varios gremios afectados han mostrado su inconformidad y se han preguntado si los avances en ese terreno no llegarán a más.

Los presupuestos de justicia social que se pretenden alcanzar de cierta manera dictan el control estatal sobre diversas esferas de la vida económica. Se pretende impedir así que se conviertan en mercancías servicios de primera necesidad inherentes al pleno disfrute de derechos como la instrucción y educación, la salud, y el acceso a bienes inmateriales, además del goce de la actividad deportiva y cultural. 

Sin embargo, muchos profesionales de manera independiente pudieran desempeñarse en funciones que contribuyan al desarrollo social anhelado y, por sobre todas las cosas, ayuden a paliar el estancamiento de ofertas y servicios que hoy nos desgasta e incide negativamente en la vida diaria.

Si se dio un paso importante al liberar el empleo hacia formas no estatales y después se amplió para permitir nuevas incorporaciones, ¿por qué no continuar? ¿Se teme al aumento del poder adquisitivo de algunos sectores? Pudiera ser. No obstante, debe tenerse en cuenta que ese aumento se traduciría en profesionales que no se irán a engrosar nóminas a otros países –uno de nuestros peores males–, y que con motivación van a improvisar, crear, producir y ofertar.

Cuenta propia o privado

Recientemente la ministra de Trabajo y Seguridad Social planteó en el programa Mesa Redonda que los trabajadores por cuenta propia han dado muestras de gran creatividad en estos tiempos. También el ministro de Economía y Planificación aseguró que no debe separarse el plan del sector estatal del plan del sector no estatal, pues la economía es una sola y es menester incorporar todas las potencialidades al desarrollo del país.

Entonces, sin afectar en lo más mínimo los presupuestos de sociedad justa a la que aspiramos –lo realmente justo sería revisarlos si es necesario–, ¿cuántas más de estas actividades podrían permitirse?

Tomemos un ejemplo: el comercio exterior se encuentra minado por ley, dado que es imposible importar a cualquier escala si no media el Mincex en algún momento de la transacción para cualquier FGNE (forma de gestión no estatal), término acuñado muy recientemente. Ese monopolio ha hecho que las persecuciones hacia el comercio sean más fáciles y rastreables.

Asimismo, resulta penado vender un producto de importación «sin que medie transformación en él». Mucho menos se puede montar un negocio basado en tales ventas.  En otras palabras las personas que van de compras a países como Panamá, Rusia, Perú, Nicaragua o Haití, están obligadas a vender en el mercado informal debido a esta disposición. Si el Estado es acechado y perseguido en miles de transacciones y además, hay carencias de estos productos ¿por qué no permitir una venta organizada y así obtener ingresos de esos emprendedores?

El sector del turismo es de los que está abierto a disímiles iniciativas. Es comprensible que se pretenda controlar los ingresos derivados de él, pues representa una entrada de efectivo directa y limpia. Sin embargo, ¿el aumento de visitantes a la Isla en los últimos años se debió únicamente a las políticas de Obama? ¿No se deberá en parte a la aparición de restaurantes de clase mundial, bares de excelencia y renovados autos antiguos que volvían más vistosas nuestras ciudades?

Cuentapropismo

Restaurante La Guarida, en La Habana (Foto: laguaridainvitational)

¿Cuántos miles de visitantes pudieran venir a gastar su dinero a esta paradisíaca isla si también se promovieran, de manera independiente, otros destinos, proyectos y recorridos tematizados paralelos a las ofertas de los turoperadores y las agencias tradicionales? Tras veinte años de trabajo en el sector, puedo asegurar que un visitante casi siempre quiere un hotel y si ahí radica la preocupación del Estado, pues que mantenga el control sobre ellos y permita el ejercicio de actividades relacionadas, es decir, cuentapropismo.

Al referirse al turismo en su comparecencia, la ministra de Trabajo hizo alusión a una experiencia negativa con los guías. Quizás no quedó claro que esa mala experiencia no tuvo por protagonistas a guías certificados, sino a personas que tienen algún dominio de otro idioma –excelente en ocasiones y otras veces realmente penoso– y se ganaban el sustento muchas veces con profesionalidad, pero otras confundiendo a Calixto García con Máximo Gómez.

Seguramente el primer reclamo de estos guías será el de recibir una licencia avaladora de conocimiento y procederes, como verdaderos presentadores e intérpretes de nuestro patrimonio cultural e histórico. Cerrarse no es una opción inteligente, pues tres cruceros en el puerto de La Habana requerirían de guías profesionales de turismo que no existen hoy, con lo que podrían generarse cientos de empleos independientes sin afectar a nadie y sí beneficiando a muchos.

Otros reclamos en áreas profesionales como la ingeniería y la arquitectura también deberían ser escuchados. De aprobarse pudieran librarnos de la presencia de esa ar-kitsch-tectura de mal gusto que lastima la vista y aparece como resultado del cumplimento apresurado de algún plan de construcción.

El aporte a la economía que implicaría permitir el ejercicio de actividades cuya prohibición no tiene sustento lógico sería descomunal, pues se sumarían impuestos y otros gravámenes a las arcas del Estado, aumentaría la disponibilidad de mercancías, servicios y productos, además de que muchas empresas se librarían de la preocupación de buscar e importar insumos. Algo así como: «No se preocupe, el café lo trae Ponciano Valdivieso & fam.».

Vietnam, Cuba y los arquitectos

Es decir, que existirían más posibilidades de alcanzar un mayor nivel de satisfacción y realización personal, lo que a la postre decide dónde apostará un ciudadano por su futuro.

Si la justificación fue el miedo a un éxodo de profesionales hacia el cuentapropismo, pues no se sostiene dado que la nueva estructura salarial ha llevado a muchas personas a moverse nuevamente hacia el sector estatal, motivados por las mejores cifras de salarios.

Mucha gente apostará por los beneficios de estar asociado al Estado. También por no tener, por ejemplo, que andar pensando constantemente en qué le está pasando al negocio que no avanza o de dónde va a sacar el queso para la pizza, entre otras tensiones que viven los emprendedores no solo aquí, sino en todo el mundo. La balanza se pudiera mostrar pareja siempre que se pongan los pesos justos a cada lado.

Esta estrategia de reestructuración salarial –en condiciones normales y no las extremas que vive el país– parece ser una buena movida para devolver a los maestros a las aulas y a los ingenieros a las empresas y fábricas. Eso es motivación y el reto sería acrecentarla, de forma tal que el profesional quiera quedarse en el sector estatal porque ahí satisface sus necesidades y no requiere marcharse al cuentapropismo –si es que preocupa su aumento–.

El Estado debería asegurar que tanto su sector como el privado pertenezcan a la misma partida: la del desarrollo social. Lo ideal sería alcanzar el equilibrio y que se interiorizara la tesis enunciada por el ministro de que la economía nacional es una sola y su avance debe ser interés de todos, porque es beneficio de todos.

11 mayo 2021 21 comentarios 3,K vistas
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transporte

La Guerra del Transporte

por Consejo Editorial 9 agosto 2016
escrito por Consejo Editorial

Por: Guillermo L. Andrés Alpízar y Luis Carlos Battista

(Esta es una serie de dos artículos basados en el actual problema del transporte en Cuba. El primer artículo desglosa la problemática en general y una visión sistémica. El segundo artículo se enfocará sobre la situación de los transportistas privados en las principales urbes del país.)

La noticia reflejada hace unas semanas en los medios cubanos sobre el aumento del precio del transporte privado, y su posterior regulación por parte del gobierno ha causado cierta conmoción entre la población de las principales ciudades de la Isla. El protagonismo de la situación ha descansado en tres actores: Los boteros (dueños de los taxis o choferes contratados), la población y el gobierno.

Los boteros, no desean ver sus ganancias mermadas, y presionan para incrementar el precio del pasaje ante la disminución en la importación de petróleo con una consiguiente mayor regulación en las empresas estatales que son principalmente las que alimentan el mercado negro de combustible. Tratan de trasladar el incremento de los costos a la población, y de paso, buscan compensar la pérdida de capacidad adquisitiva del peso generada por la inflación, moderada, pero real.

Los transportistas privados tienen una fuente de poder extraordinaria. La amplia mayoría de la población carece de un medio de transporte propio. Bajo las actuales circunstancias se torna extremadamente difícil adquirir uno, al punto que es considerado en la sociedad como un bien de lujo, independientemente del estado técnico en que se encuentre.

La población, que en alguna medida ha visto incrementar sus ingresos en los últimos meses (por incrementos del trabajo por cuenta propia, el salario medio, las remesas, etc.) está hasta cierto punto en mejores condiciones para pagar un mayor precio por el pasaje. Sin embargo, no quiere perder la capacidad adquisitiva ganada, y los sectores menos favorecidos con el auge experimentado en los últimos tiempos, sencillamente no pueden. De tal manera que ofrecen resistencia al aumento y ejercen su derecho a exigir que se regule el mercado.

En este caso, el gobierno, ha actuado escuchando las necesidades de la población, estableciendo una medida acertada bajo el actual contexto, determinando que sean los transportistas quienes paguen el incremento de los costos.

Para entender la justeza de la decisión, valga recordar la enorme diferencia entre el ingreso mensual de un dueño de un taxi y un trabajador promedio. Sin embargo, un mecanismo como este no puede sostenerse en el largo plazo, por lo que se requiere que ocurran cambios estructurales profundos en el funcionamiento del sector.

Analizar la situación requiere una perspectiva más amplia, que tome en consideración las necesidades actuales y futuras de toda la sociedad. Desde un punto de vista macroeconómico, considerando que el transporte es un servicio vital, el crecimiento de la economía nacional no puede concebirse sin la debida atención al sector, que tiene que crecer con el suficiente dinamismo como para que no se convierta en un “cuello de botella” del desarrollo.

Los tan necesarios incrementos en la productividad del trabajo no pueden darse si no se reducen tanto el tiempo dedicado a la transportación como el esfuerzo que su realización requiere. Analizar la situación solo pensando de que tener más tráfico vehicular circulando en las calles implica un incremento en las importaciones de combustible, es limitarse a solo una parte del problema, y por lo tanto deriva en cursos de acción sesgados por las urgencias cortoplacistas del balance energético.

Ello ha derivado en que varios de los cambios en el sistema de transportación en Cuba, hayan carecido de la debida integralidad. Por ejemplo, los precios de venta de autos, una de las principales vías para el incremento del parque de vehículos, han desincentivado su adquisición por algunos segmentos de la población, con lo cual se impide el incremento de las opciones disponibles y en consecuencia la descongestión del sistema de transporte público.

Mantener las empresas que tienen sus propios medios de traslado colectivos tampoco ha mostrado ser una solución eficiente. Se mueven guaguas enteras vacías -muchas veces desde la casa del chofer- para llegar a los puntos de recogida. Los trabajadores que sienten necesidad de estar más tiempo en su puesto de trabajo se ven impelidos a salir tras la guagua de la empresa, conscientes de que entre las 4:30 pm y las 6:00 pm llegar a sus casas de otra forma es toda una odisea.

Por otra parte, la estructura actual, privilegia a una élite que puede darse el lujo de adquirir un auto y mantenerlo. Le otorga a sus poseedores, una fuente de poder que en el largo plazo el Estado Socialista no puede darse el lujo de legitimar. Esto no quiere decir que se arremeta contra los dueños de autos (en especial quienes los utilizan como medios de producción), nada más lejos de eso. Se requiere ampliar el acceso, como vía de eliminación de privilegios.

Por ejemplo, en aquellos sectores que hoy brindan servicios profesionales (científicos, médicos, auditores, profesores, etc.) el efecto beneficioso es inmediato y necesario. No obstante, en lugar de establecerse una estrategia integral y sistémica, se ha recurrido a tácticas de extremada contingencia como la estimulación a determinados cuadros y profesionales con el regalo de un auto.

En primer lugar, aunque legítimas, este tipo de tácticas son insostenibles pues ¿acaso se le regalará un auto a todo el profesional que lo merezca? Se fomenta además el personalismo y la falsa estimulación, dado que en ocasiones al estimulado le es más necesario el valor del bien en el mercado, además que que relega la función del salario como estímulo al trabajo.

Para un país como Cuba, orientado hacia los servicios, este es un tema no menor dado que una parte importante de estas actividades descansa en el desempeño de las personas que los proveen. Disponer de un sistema efectivo es indispensable para lograr un mínimo de competitividad y desarrollo integral de la economía, y en este punto no es solo mirar como foco el transporte urbano o el privado, sino también la transportación de mercancías y pasaje interprovincial además de un adecuado y moderno sistema de correos y paquetería.

Frente a la problemática del transporte debemos considerar que no existe una solución única y las opciones son muchas. En un país como el nuestro desde el lado de la demanda puede esperarse que la población cubana mantenga la dinámica de envejecimiento y enfrentemos su posible decrecimiento, exacerbado por los actuales patrones migratorios.

Personas de más edad requerirán más apoyo de medios de acarreo para mantenerse en la población económicamente activa durante más tiempo. Es posible esperar cambios por el incremento del turismo en la Isla, pero dicho incremento en los usuarios de transporte puede perfectamente ser asumido con los ingresos que genera a industria.

Se necesita entonces cambiar el patrón de la oferta, poniendo la calidad de vida de la población en el centro del asunto.

Para incrementar la disponibilidad de medios, sería conveniente el inicio en el corto plazo de un programa estable para la venta de bicicletas que permitiera la adquisición de este medio de transporte al llamado “precio de costo”, es decir, en el punto donde la comercialización sea sostenible en el tiempo, y q no genere ni ganancias ni pérdidas. Esta opción es amigable ecológicamente, aunque para su implementación se necesita crear ciertas condiciones en las vías públicas, con la finalidad de brindar mayor seguridad a los usuarios.

No obstante, las distancias a recorrer también aconsejan la venta de motos, en las cuales había de priorizarse los modelos más ahorradores y las tecnologías más limpias, por ejemplo, ofertando motos eléctricas. Este tipo de transporte, pudiera venderse obteniendo un margen de ganancia comercial razonable, y para su difusión estaría la opción de emplear mecanismos de crédito de mediano plazo que ofrecieran la posibilidad de su adquisición por amplios sectores de la población, en especial por los trabajadores cubanos.

En tercer lugar, también pudiera estar disponible para la venta vehículos pesados, camiones o guaguas capaces de transportar grandes grupos de personas. Estos medios pudieran ser comprados por cooperativas o por los nuevos actores privados con la finalidad de complementar los servicios que recibe la población, siempre que se respete el principio de los precios regulados en el servicio. La adquisición también pudiera ser a través del crédito. Este “medio de producción” sería una nueva fuente de empleo que perfectamente cumpliría con las normativas que ya viene implementando el país en medio de la actualización del modelo económico, compitiendo con los “almendrones” en la función pública de asegurar el transporte del pueblo.

Por ahora, parece que la guerra del transporte no tendrá mayores repercusiones que las momentáneas contradicciones generadas por un ajuste del mercado. Sin embargo, valdría la pena comenzar a ir creando las condiciones para que en el futuro deseado, ganemos todos.

(Continúa en: La Guerra del Transporte II)

9 agosto 2016 30 comentarios 491 vistas
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¿Cómo ven los jóvenes cubanos el proceso de disponibilidad laboral y cuánto le puede afectar?

por Consejo Editorial 1 marzo 2011
escrito por Consejo Editorial

Por Luis Díaz López

Hace alrededor de un mes participando es este blog que me apasiona, en un artículo publicado sobre la situación de los estudiantes puertorriqueños, Josep Calvet, asiduo lector de los artículos que se publican en La Joven Cuba y defensor al igual que nosotros de la causa cubana me instaba a referirme en un post a la óptica de los estudiantes cubanos sobre los que se ha dado en llamar proceso de disponibilidad laboral en nuestro país. De antemano digo que el proceso de disponibilidad me ha afectado muy directamente, ya que mi madre quedó disponible en su trabajo, por lo que independientemente del análisis lógico y dialéctico que pueda yo desarrollar, no opino fríamente alejado de lo que se siente estar disponible.

Las causas de la inflación de las plantillas de las empresas en Cuba a mi juicio están muy claras, evidentemente se ha sido ineficiente en la planificación y en la creación de centros de trabajo y de sus plantillas, muchas veces con el objetivo de dotar un determinado territorio de determinados servicios de interés para la población o la economía, se han creado oficinas, centros o departamentos sin tener en cuanta el nivel de ocupación real o demanda que pueden tener. O en el sector empresarial donde ciertamente el volumen de trabajo es desagregado entre demasiados trabajadores y la labor que pueden hacer bien tres lo estaban haciendo cuatro. Pero la eficiencia, según los clásicos, es una característica del socialismo, así tiene que ser necesariamente y ya lo he dicho en otros artículos, hasta el punto de que lo que no sea eficiente no puede ser socialismo. Si hasta ahora así no ha sido, hay que hacer que así sea, no hay otro camino.

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1 marzo 2011 104 comentarios 441 vistas
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