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Trimestre

Primer trimestre de 2021: los manotazos del ordenamiento

por Redacción 27 diciembre 2021
escrito por Redacción

Como si fuera una película de ciencia y ficción post apocalíptica, 2021 es el segundo año de la gran pandemia. Durante sus doce meses, en Cuba hubo carencias económicas, crisis sanitaria, descontento social, recrudecimiento de las medidas unilaterales coercitivas de Estados Unidos, arbitrariedades políticas, económicas y sociales, así como la tan esperada campaña de vacunación antiCovid-19.

De la misma forma que sucede desde hace tiempo, el 1ro. de enero llegó cargado de expectativas: era el día cero de la tan esperada «Tarea Ordenamiento», que se acometió, según el Presidente de la República, «para impulsar a la nación, para ordenar la economía, para hacerla más transparente, para superar la mentalidad importadora y propiciar la exportadora, para buscar la eficiencia, para distribuir, de acuerdo con el principio socialista». Sin embargo, un año después de su puesta en marcha mantiene al país sumido en la mayor inflación desde los aciagos tiempos del Período Especial.

A solo veintisiete días de iniciado 2021, y a dos meses de los sucesos del 27 de noviembre, artistas, periodistas e intelectuales participaron en una nueva protesta frente al Ministerio de Cultura. En esa fecha estaba pactada una reunión entre el viceministro del sector, Fernando Rojas, y representantes del movimiento 27-N.

No obstante, desde temprano, los artistas y activistas Tania Bruguera, Katherine Bisquet, Amaury Pacheco, Camila Acosta y Camila Lobón —quien debía participar en el encuentro—, fueron detenidos. Al conocer la noticia, alrededor de una veintena de personas se congregó en la sede ministerial.

El viceministro Rojas les pidió que despejaran el área o pasaran al interior del edificio, pero ellos se negaron exigiendo la liberación de los detenidos. En respuesta, funcionarios del Mincult salieron a interpelar a los presentes, usando las consignas de moda. Entre ellos estaba el ministro Alpidio Alonso, quien intentó arrebatarle de un manotazo el celular al periodista Mauricio Mendoza. La imagen ha quedado como símbolo de aquellos sucesos.

Luego de ser reprimidos por las fuerzas policiales, que también establecieron un cordón para evitar que se sumaran más personas, los manifestantes fueron montados en un autobús y sacados del lugar. Como es costumbre en estos casos, se cortaron las transmisiones y la conexión a Internet comenzó a fallar.

Desde el discurso oficial se hizo énfasis en la palabra «provocación» para calificar a los manifestantes, y la actitud de Alonso, que en cualquier otro contexto le hubiera costado el cargo, fue debidamente justificada por el gobierno.

Otra protesta marcó el mes de febrero. En esta ocasión, fueron los activistas por los derechos de los animales quienes se presentaron frente al Ministerio de Agricultura clamando por la injustificadamente postergada Ley de Bienestar Animal, que debía aprobarse desde noviembre de 2020.

Más afortunado fue este intercambio entre animalistas y funcionarios, que transcurrió con algunas tensiones. Ocho días después, casualmente también 27, se anunciaba que el decreto había sido aprobado. Las críticas a la anuencia apresurada debido a la presión social, no se hicieron esperar. A pesar de la aprobación, el contenido del documento no se conoció hasta pasados dos meses.

El ideal de una «norma jurídica de rango superior que propicie el bienestar animal y en la cual están recogidas y contempladas todas las inquietudes y requerimientos de los amantes de los animales en Cuba», no fue satisfecho, dado que la ley tiene vacíos y no pocas ambigüedades.

El 9 de febrero, La Joven Cuba dirigió una carta abierta al presidente norteamericano Joe Biden, exigiendo el fin de las sanciones económicas y la normalización de las relaciones entre ambas naciones. La misiva, que levantó asperezas en los sectores más reaccionarios de la sociedad, contó con la rúbrica de 302 científicos, intelectuales, artistas y emprendedores de dentro y fuera de la Isla.

«Sabemos que Estados Unidos no es el único responsable de los problemas que enfrenta el país. Sin embargo, las sanciones económicas, financieras y comerciales que nos han impuesto durante 59 años han hecho muy difícil superarlos en sus dimensiones económica y política», planteaba el documento. 

«Le pedimos al gobierno de Estados Unidos que comience a normalizar relaciones con Cuba. Esto ayudará a todos los sectores de la sociedad cubana y abrirá oportunidades de inversión para Estados Unidos en Cuba. Le pedimos a usted personalmente que tome acción ejecutiva y alivie las sanciones para darle al pueblo cubano una verdadera oportunidad en su búsqueda de la felicidad», concluía el mismo.

La respuesta de la Casa Blanca nunca llegó.

Por otro lado, el 18 de marzo, la periodista Karla María Pérez González regresaba de Costa Rica luego de concluir sus estudios en ese país. Cuatro años antes había sido expulsada de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas por colaborar con el blog de la organización opositora Somos+.  Su regreso a la patria quedó tronchado en el aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando las autoridades cubanas le impidieron abordar su vuelo. Karla, con solo veintidós años, se convertía así en una desterrada.

Su caso, exento de toda legalidad y una clara violación de derechos humanos, movilizó la solidaridad tanto dentro como fuera de Cuba. Costa Rica le permitió regresar luego de horas de un limbo migratorio y le concedió el estatus de refugiada en agosto.

La respuesta oficial —¡para variar!— fue catalogar los sucesos como un «show mediático». En conferencia de prensa, Yaira Jiménez Roig, directora de Comunicación e Imagen de la Cancillería cubana, acusó a Karla de ser un instrumento, «no es la primera vez que es utilizada (…). Ahora sencillamente pretenden reinstalarla en el país en función de propósitos subversivos». El gobierno se lavó las manos, sin importarle el bienestar de una de sus ciudadanas ni la opinión nacional e internacional.

Este primer trimestre marcó el ritmo de 2021 y sembró las bases para el descontento social que desembocaría en las protestas de julio y en la crisis sanitaria que colapsó el sistema de salud durante el verano.

27 diciembre 2021 24 comentarios 1.714 vistas
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Desterrado (1)

Desterrados de su destierro

por José Manuel González Rubines 27 septiembre 2021
escrito por José Manuel González Rubines

A Hamlet Lavastida y Katherine Bisquet los han desterrado. Con ellos ya hay tres cubanos cuyos casos han trascendido, que son castigados —no condenados, puesto que ningún tribunal los juzgó— en lo que va de 2021 a la terrible pena que sufrieron nuestros patriotas del siglo XIX.

Primero fue la joven periodista Karla María Pérez González, quien el 18 de marzo pasado, después de terminar una estancia de estudios, quedó varada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, sin patria adonde volver. Costa Rica, país del cual salía, le ofreció asilo.

Desde finales de junio, a su regreso de una residencia artística en Alemania, Lavastida fue arrestado por la Seguridad del Estado y recluido en Villa Marista bajo el cargo de «incitación a delinquir». El motivo: un mensaje en el chat privado de Telegram del grupo 27-N —mostrado por Humberto López en su espacio del NTV—, donde Hamlet proponía marcar billetes bancarios con logotipos del Movimiento San Isidro (MSI) y del propio 27-N, iniciativa que fue desestimada, por lo que nunca llegó a realizarse.

Su novia, la escritora y activista Katherine Bisquet, aseguró en un post en Facebook que durante los noventa días que Hamlet permaneció privado de libertad, ella sufrió, además de otras violaciones, prisión domiciliaria por sesenta y cinco días, situación en la que también se halla la activista Carolina Barrero desde el 23 de junio. Finalmente, Katherine afirma que su salida del país fue la moneda de cambio que le exigieron para liberar a su pareja.

Desterrado (2)

Karla María Pérez González (Foto tomada de su perfil de Facebook)

¿Qué delito han cometido estás personas para merecer una pena que la mayoría de las naciones modernas rechaza? Ninguno, puesto que no hubo tribunal que los sentenciara.

¿Qué piensa esa pareja de jóvenes cubanos que merecen ser expulsados de su país por ello? No importa, da igual si creen que la Tierra es plana, que las vacunas son guarapo de caña o que los extraterrestres construyeron las pirámides de Egipto. Los derechos humanos universales, la Constitución del 2019, la civilidad establecida y la lógica más elemental, les garantizan libertad de pensamiento y expresión.

¿Es tan frágil el sistema cubano que no puede convivir con alguien que disiente —realidad absolutamente normal en cualquier lugar— y tiene que montarlo en un avión para enviarlo a miles de kilómetros de distancia? ¿Quién es el responsable de que estas actitudes medievales sucedan en un país cuya Constitución lo define como un Estado Socialista de Derecho? ¿No hay remedio para esta impunidad más propia de un feudo que de una república?

¿Ningún asesor del Gobierno se percata de que decisiones como estas no son solo ilegales y moralmente inaceptables, sino también contraproducentes en lo político? Sembrar odio en medio de un escenario interno y externo crispado como el que vive Cuba, abrir heridas a diestra y siniestra, radicalizar personas y sectores; es lo menos recomendable si se pretende resolver nuestros gravísimos problemas sin apelar a mayor violencia.

Desterrado (3)

Hamlet Lavastida

¿Será —y no soy dado a las teorías conspirativas— que acaso lo que pretenden algunos es un estallido social más grande y feroz que el acontecido?

El análisis de lo sucedido este último año en la Isla permite percibir con facilidad cómo la situación ha escalado desde las acciones, aisladas y con poco arraigo popular, del MSI por estas mismas fechas del 2020, y la protesta frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre, hasta llegar —sin calmas en el trayecto— a choques masivos como los del 11 de julio.

¿Qué sucederá el 20 de noviembre próximo si se realiza la protesta pacífica anunciada y para la cual miembros de la plataforma Archipiélago solicitaron permiso a las autoridades de varias provincias, acogiéndose al derecho constitucional a la manifestación?

¿Serían capaces los que desterraron a estos tres cubanos de repetir lo que sucedió en la plaza mexicana de Tlatelolco, en 1968, o en la de Tiananmén, China, en 1989? Espero sinceramente que no. Cientos de jóvenes de la Generación del Centenario no murieron en los años cincuenta para que eso terminara ocurriendo aquí, aunque un par de textos publicados recientemente en medios oficiales dan muestras de que podría suceder.

Desterrado (3)

Sucesos de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. (Foto: Semana)

No es necesaria comunión absoluta de pensamiento y opiniones para solidarizarse ante una injustica y repudiar actuaciones, más que ilegales, crueles. A Hamlet Lavastida y Katherine Bisquet el destierro debe saberles igual de amargo que a quienes, también en Polonia, atravesaban la reja orlada por la cínica frase Arbeit macht frei (El trabajo os hace libres). Se conoce cómo inician los excesos, pero es difícil predecir cómo pueden terminar.

Dice el refrán popular que quien siembra vientos, recoge tempestades. Sobre nuestro país la tormenta está formada hace mucho, se ve tan clara en el horizonte que no hace falta vigía para anunciarla. Pese a que hay daños terribles y quizás irreparables, aún estamos a tiempo de corregir el rumbo y llegar a entendimientos sin violencia, como la nación civilizada que afirma tener a Martí por guía.

Igual que en los tiempos en que España desterraba a los hijos de esta Isla, donde dejó hasta el último hombre y la última peseta, hoy un enfrentamiento fratricida puede terminar de modo similar: la derrota de uno de los bandos y el desgaste de ambos, lo que facilitaría que la fruta madura cayera en las mismas manos voraces de siempre. Entonces la historia se repetiría y nada habría valido la pena.

27 septiembre 2021 35 comentarios 3.814 vistas
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Desterrada

Desterrada

por José Manuel González Rubines 25 marzo 2021
escrito por José Manuel González Rubines

Hace hoy una semana, a Karla María Pérez González la convirtieron en una desterrada. Si bien en Cuba esa categoría no inicia con ella, la tiene por su víctima más renombrada en los últimos tiempos. En su caso no fue suficiente con que le atribuyeran los calificativos usuales –mercenaria, apátrida, gusana y cualquier otro de los que alimentan esa jerga siempre a mano– y prefirieron dejarla fuera de su país sin que mediaran resoluciones, cargos o procesos legales.

La joven cienfueguera de veintidós años había comenzado su camino al destierro cuando fue expulsada de la Universidad Central «Martha Abreu» de Las Villas por publicar en el blog de una organización opositora al gobierno. Debido a eso, hace cuatro años, se fue a Costa Rica a cursar la carrera de Periodismo. Antes del 18 de marzo pasado, −fecha en que quedara en un limbo migratorio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, que la llevara a solicitar asilo en el país del que venía−, Karla era, para la mayoría de los cubanos, una desconocida.

Ese mismo día, y en los sucesivos, la prohibición de su entrada a la Isla, consiguió crear lo que los voceros oficiales han catalogado de «show mediático». Pero, ¿quién lo armó?, ¿qué intereses pueden existir detrás del mismo?

La palabra show es un préstamo del inglés y significa espectáculo. El término mediático remite a la idea de que ese acto no tiene lugar en los escenarios de un cabaret, sino en los medios de comunicación.

Desterrada

Karla María Pérez González en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá. (Foto tomada del perfil de Facebook de KMPG)

Los voceros oficiales culparon a los medios extranjeros e independientes –¡novedad!– de hiperbolizar con fines políticos un hecho puntual que tuvo a una ciudadana cubana como protagonista. Sin embargo, la parte acusatoria no ha explicado aún las razones y medios legales para sancionar a una persona sobre quien no pesaba cargo alguno, a quien no le había sido notificada la prohibición de entrada al país y que, incluso, poseía su pasaporte debidamente prorrogado por las autoridades migratorias de la Isla y la reservación en un hotel donde pasaría la cuarentena –ambas cosas indican que además de desterrada, fue también estafada.

Las razonas esgrimidas por la directora general de Prensa, Comunicación e Imagen del Minrex, para el destierro son, en esencia, que la «intención de reinstalar a Karla en el país cumplía propósitos subversivos», dado que ella es un «instrumento y no es la primera vez que es utilizada para este tipo de manejos y acciones fuera de la ley y desestabilizadoras contra Cuba».

Sin embargo, hasta la fecha no consta en el expediente de la muchacha cargo alguno por el que haya sido procesada, como ya se dijo. Por tanto, es válido concluir que el castigo en este caso ha sido impuesto no por un delito consumado, sino por la posibilidad de que se consumara. «Prevenir es mejor que lamentar», parece haber sido la máxima seguida.    

Como cualquier país, Cuba regula la entrada por sus fronteras, pero privar a un ciudadano cubano de la posibilidad de regresar a su patria no es facultad de un funcionario, sino que debe hacerse mediante un proceso judicial, como está establecido en el artículo 94 e) de la Constitución de la República[1], cuyo resultado sea notificado de manera oficial, no mediante una declaración televisiva o una directa de Facebook. La ley no es patrimonio de la burocracia del que se pueda disponer a capricho, pero ese análisis jurídico ya ha sido hecho brillantemente antes[2].

El show

En torno al tema ciertamente se montó un espectáculo, pero lo curioso es que, contrario a lo que se afirma, no fueron los medios extranjeros ni los independientes los que concibieron la coreografía.

La primera condición para que se produzca uno de estos escándalos que se han tornado tan comunes, es la existencia de un hecho explosivo que lo detone. ¿Quién prohibió a una muchacha casi desconocida la entrada a Cuba después de haberle aprobado todos los permisos necesarios para viajar? Ahí está la génesis. Después vienen las oscuras declaraciones de funcionarios –con manipulaciones para enredar la madeja y un discurso que solo tocó el tema central de forma tangencial ante la imposibilidad de explicar lo inexplicable– y, finalmente, la llegada al estrellato definitivo: el momento en que los medios oficiales se involucran. Pero, ¿por qué?

En política todo debe verse en una relación costo/beneficio. ¿Qué se ganaba desterrando a esta muchacha, recién graduada, con una historia de expulsión de la Educación Superior cubana que ya casi nadie recordaba, y sin liderazgo demostrado? Si era parte de las «estrategias de golpe blando», como se dijo en un inicio, blando entonces es el sistema que deba su estabilidad a que una joven sin antecedentes entre al país. Si se tenían noticias de que pensaba atentar de alguna manera contra el Estado cubano una vez dentro, pues existe un Código Penal y los suficientes tribunales para juzgarla.

Como no creo factibles ninguna de esas posibilidades, se me ocurren cuatro explicaciones –podrían perfectamente ser diez o quince, pues resulta imposible saber qué se esconde bajo la manga de cualquiera de los que moran en las alturas del poder– a una actuación que, además de arbitraria, se me antoja rara por desmesurada y cuyo costo político a primera vista parece tan negativo, pero que se inscribe en una serie de hechos de índole similar. 

La primera explicación es la más obvia: se actuó de esa manera por torpeza, crueldad o bravuconería –o todas juntas. Podría ser la decisión errada de un alto funcionario que no se rectificó para no demostrar titubeos o la de algún representante de un sector del poder, de cuyas fracturas no conocemos nada, que opta por la línea dura del estalinismo. Podría explicarse de este modo tamaña chapucería, mantenida para no demostrar fisuras.

La segunda va al otro extremo, al de la teoría de la conspiración, y se inscribe en una tesis que señalé en otro artículo aquí publicado el mismo día que sucedieron los hechos: puede ser un golpe contra el sistema y lo que le resta de credibilidad, gestado desde dentro del sistema mismo.

«Yo soy cubano»

Existen indicios de que algo así pueda estar sucediendo, dado que se han comenzado a dinamitar las bases simbólicas que sustentaron por años el discurso político de la Revolución: la preocupación por el bienestar de los ciudadanos –Estado paternal que atiende la salud, la seguridad social, que escucha las quejas y peticiones de sus hijos–; el respeto por la historia y los veteranos; el consenso –real o aparente–; el uso de la violencia por parte de cuerpos militares uniformados –resalto el término uniformados– para reprimir sin temor al escarnio público. Si este fuera el caso, no lo sabríamos hasta dentro de unos años, cuando algunos de los actores implicados lo confiesen satisfechos.

Otra de las explicaciones posibles es que tales determinaciones se tomen pensando, honestamente, en que redundan en bien de la nación; no obstante, confieso que me resulta complejo entender la lógica que se mueve detrás de esta posibilidad. No es falso, y no lo ha sido nunca, el escenario hostil en el que se encuentra inmersa Cuba, que no solo padece el bloqueo/embargo, sino también agresiones de tipo político; pero esta sería una débil justificación en un caso como el que nos ocupa.

Si tomáramos a un clásico de la política, que desde la lejanía del Renacimiento italiano aún dicta cátedra, se entendería una actitud como esa; sin embargo, para ello primero debemos despojarnos de todo el ideario ético y espiritual heredado de nuestro Martí. Dice Nicolás Maquiavelo que «en las deliberaciones en que está en juego la salvación de la patria, no se debe guardar ninguna consideración a lo justo o lo injusto, lo piadoso o lo cruel, lo laudable o lo vergonzoso, sino que, dejando de lado cualquier otro respeto, se ha de seguir aquel camino que salve la vida de la patria y mantenga su libertad».

La última de las posibilidades que identifico es también maquiavélica. Para explicarla debemos remitirnos a hechos del pasado reciente. ¿Qué hubiera sucedido si en lugar de dejar esperando hasta la madrugada a los artistas e intelectuales que se congregaron frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre –por no hablar de cordones policiales, arrestos domiciliarios o uso de gas pimienta–, el presidente de la República hubiera ido personalmente a escuchar qué tenían que decir, cuáles eran sus inquietudes?

No sería nada nuevo, pues todavía están frescas las imágenes de Fidel aplacando, sin arma alguna, a quienes se manifestaban de forma violenta durante el Maleconazo, en agosto de 1994. Seguramente el escenario de cultura e intelectualidad sería menos peligroso para la integridad física del actual jefe de Estado.

A pesar de ello, desde ese 27 de noviembre y hasta hoy se ha optado por algo diferente y sumamente peligroso. El Estado/Gobierno se ha encerrado en una atalaya desde la que vigila y castiga. Siendo David en las relaciones internacionales, se yergue cual Goliat bravucón en el trato con su ciudadanía.

La envergadura de este otro 27 de noviembre

Siguiendo esta lógica se llega a la conclusión de que la medida tomada contra Karla –así como las detenciones arbitrarias, las expulsiones de centros de trabajo, los actos de repudio, los linchamientos mediáticos, etc.– tiene sus miras mucho más lejos. Ella fue solo una oportunidad bien aprovechada para hacer una demostración de fuerza a una sociedad civil cada vez más presente y articulada. No era suficiente con regular a un grupo la salida del país, sino que ahora también se puede prohibir la entrada a quienes están fuera. Es una espada de Damocles que pende sobre cualquiera que salga de la Isla.

Dignidad desterrada

Se ha intentado poner en práctica –y el caso de Karla Pérez es ilustrativo al respecto–, la máxima de Maquiavelo de que «(…) la ofensa que se hace a un hombre debe ser tal que le inhabilite para hacerlo temer su venganza». Solo que, para ello, en el camino también se ha ofendido e inhabilitado una Constitución en cuya discusión y aprobación participamos muchos.

Aun cuando tiene evidentes sombras y contradicciones, debe ser el deseo de que Cuba se constituya en Estado Socialista de Derecho lo que prime en las políticas públicas de nuestro gobierno. Quizás ahora, más holgado de tiempo después de haber discutido su tesis doctoral, el presidente Miguel Díaz Canel pueda ocuparse de estos asuntos que competen al Estado que dirige.

Intentar impedir desde el poder la exigencia de derechos constitucionales y humanos por parte de la ciudadanía es un método que ha demostrado ser fallido. El efecto de este deseo de estrangular la sociedad civil generalmente redunda en una articulación y radicalización que crea enemigos donde antes había posturas reformistas. Léase con cuidado la historia de Cuba y se encontrarán muchos ejemplos de eso.

Todos tenemos derecho a volver a casa

La acumulación de errores políticos, independientemente de las causas que los provoquen, es nefasta para cualquier gobierno pues mina la base de credibilidad y ata su accionar. Cualquier gota puede ser la que colme el vaso. Con estas decisiones que se han sucedido una tras otra, no necesita la CIA tener espías aquí, ni la NED destinar un solo dólar a la subversión. Flaco favor le hacen a Cuba, a los ciudadanos y al propio gobierno que representan.

En medio de este campo de batalla donde cualquiera puede resultar una víctima, no debe olvidarse –a veces la política diluye esa realidad– que hay personas que cargan a cuesta como una cruz muy pesada los resultados de esos errores que rara vez se rectifican y por los que nunca se pide perdón.

Sin ánimos de parecer inocente ante las muchas implicaciones que tiene asumirse como sujeto político, no puede desconocerse que la desterrada no fue solo una opositora al gobierno, sino una muchacha que no pudo abrazar a sus padres que la esperaban después de cuatro años; quien sufrió un acto de repudio no fue solo una activista, sino una madre que difícilmente logró calmar a sus hijos ante la turba que les gritaba las peores ofensas; el médico que no pudo regresar no es un desertor, es una persona que quizás tenga familia y que optó por una camino diferente y no por ello, menos legítimo.

La confrontación es una apuesta peligrosa. Transitar dejando víctimas y dignidades humanas laceradas es más efectivo que cualquier campaña mediática para desvirtuar un proyecto que pretenda ser humanista. No bastan las buenas intenciones declaradas desde el discurso si no se acompañan además de prácticas que dignifiquen al ciudadano como soberano y razón de ser de un Estado. Es difícil mantener la fe cuando el medio es tan hostil. Una nación fracturada carece de las fuerzas para enfrentar los peligros que la acechan desde fuera y se recompone con lentitud y trabajo esmerado. No parece ser halagüeño el horizonte, pero como diría Heredia en su desgarrador Himno, «elevemos los ojos al cielo, y a los años que están por venir».

***

[1] Artículo 94. Toda persona, como garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso tanto en el ámbito judicial como en el administrativo y, en consecuencia, goza de los derechos siguientes: e) no ser privada de sus derechos sino por resolución fundada de autoridad competente o sentencia firme de tribunal.

[2] Comparto los links a los análisis realizados por Julio César Guanche, Harold Bertot y Eloy Viera.

25 marzo 2021 43 comentarios 6.813 vistas
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