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Discriminación política

Discriminación política en Cuba

por Ivette García González 26 abril 2022
escrito por Ivette García González

La discriminación política es posiblemente la más generalizada e institucionalizada en Cuba. Su base está en la fusión Partido/Gobierno/Estado para regir los destinos del país. Existe desde los años sesenta, pero en el lapso 2019-2022 se ha recrudecido. No es iluso pensar que empeorará con las nuevas normas jurídicas aprobadas o por aprobar en estos meses.

En la Isla suele asociarse la discriminación a ciertas identidades; pero en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ella alude a: 

«(…) toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas».

En todas sus formas y expresiones, es uno de los modos más comunes de violación de derechos humanos. Todo un desafío para la humanidad, de ahí que exista un marco jurídico internacional  correspondiente. La Carta de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más diversos pactos regionales y tratados globales refrendan tales derechos, recogen el espíritu de la humanidad y el compromiso de los estados. 

-I-

La discriminación política se expresa en el tratamiento desigual y lesivo hacia personas por las ideas políticas que profesan. Sus orígenes se encuentran en pugnas éticas, culturales, convicciones políticas, religiosas, etc.

Como en otras variantes, existen formas de canalizarla y materializarla. La jurista Alda Facio argumenta la «distinción, exclusión y restricción». Puede ser directa, indirecta y deviene estructural cuando el propio sistema mantiene en desventaja a ciertos grupos de personas. En ese caso —afirma el sociólogo Fred Pincus—  el elemento clave es «el efecto de mantener a los grupos minoritarios en una posición subordinada».

Discriminación política

(Imagen: Wimar Verdecia / Tremenda Nota)

En Cuba, tal discriminación —relacionada con la intolerancia y la violencia—, se manifiesta en todas esas fórmulas y vías. Y además, deviene «interseccional» cuando con ella se combinan otras actitudes discriminatorias. Por ejemplo, cuando los disidentes son personas negras o mestizas, LGBTIQ+ y mujeres.

En sentido general, este fue por décadas un tema tabú en Cuba. No obstante, la sociedad civil ha logrado denunciar y visibilizar en la agenda pública variantes como las mencionadas. En consecuencia, el gobierno implementa hace algún tiempo ciertas medidas para paliarlas.  

La relacionada con ideas políticas, sin embargo, ha sido ignorada y se recrudece según crece el disenso entre la ciudadanía. Sin duda, es mucho más conflictiva para el poder y tiene una raíz profunda en el modelo totalitario imperante.

Puede producirse en diferentes momentos de la existencia de un derecho. Su reconocimiento en la ley es el primer paso, pero dentro de ella misma puede subvertirse o hacerse inviable. Luego también puede ocurrir en otras dos etapas: el «goce» (necesidades que se satisfacen) y el «ejercicio» (aspecto activo del derecho) que supone la existencia de algún mecanismo para denunciar su violación y lograr resarcimiento. 

-II-

Entre 2019 y 2022 la discriminación política en Cuba ha escalado en todo sentido. La Constitución reconoce derechos pero es esencialmente discriminatoria y contradictoria en tal sentido. Responde a la dominación del Partido Comunista (Artículo 5) por encima de ella inclusive. Véanse los artículos que privilegian a su organización juvenil (6), los fines del Estado (13, inciso f), las organizaciones permitidas (14) y la exclusión de la discriminación política (42). Las libertades de pensamiento, conciencia, expresión y prensa (54 y 55) quedan atrapadas por la superioridad del PC y su fusión Gobierno/Estado, como se ha verificado en la práctica.

Posiblemente no haya existido antes un calendario legislativo tan lesivo para la ciudadanía como el actual. En particular para quienes disienten, a pesar de que las nuevas leyes contienen aspectos más a tono con exigencias internacionales sobre derechos humanos realizadas al Estado. Menciono cuatro que han sido de difícil o nulo acceso para los ciudadanos: Ley del proceso penal, los proyectos de leyes del nuevo Código Penal,  el de expropiación por razones de utilidad pública e interés social y el de la Ley de amparo de los derechos constitucionales.

Discriminación política

Tales normas amplían las facultades del Estado en detrimento de los derechos ciudadanos, prácticamente penalizan el disenso, aseguran mayor impunidad para represores y apoyantes y contravienen varios derechos constitucionales. Todo el espectro crítico de la sociedad resulta más vulnerable a la represión. Como es habitual, solo la prensa independiente asume un enfoque crítico.   

El peso de la discriminación política es tan grave que incluso el proyecto de nuevo Código de las Familias, que tiene aspectos positivos e incluye garantías a personas discriminadas, también activó alarmas en la sociedad civil. No es difícil imaginar que los sectores beneficiados lo serán mientras no se muestren críticos del gobierno. Si cruzan esa línea, caerá sobre ellos la discriminación política combinada con otras supuestamente proscritas, como ha ocurrido en no pocos casos desde el 11-12J.

Son leyes que se han preparado en un contexto de crisis nacional e incremento de las acciones represivas del Estado —muchas al margen de la ley— contra todo disenso o sospecha de este. En redes sociales y medios independientes sobresalen testimonios y denuncias.

Sobran los ejemplos de personas críticas privadas de empleo —mediante expulsión o porque no son admitidas— en el sector estatal y privado; impedidas del trabajo por cuenta propia, de salir de sus casas, de entrar o salir del país, desterrados, vejados durante las detenciones, imposibilitados de rentarse con particulares y violados sus derechos al debido proceso. Mientras, reina la impunidad de las fuerzas represivas y quienes apoyan al gobierno. En breve, con la unanimidad conocida del Parlamento, el Partido/Gobierno/Estado tendrá la mesa servida.

Discriminación política

(Foto: Irene Pérez/ Cubadebate)

-III-

Como sostiene Amnistía Internacional, la discriminación perpetúa la desigualdad y ataca el corazón mismo de lo que significa ser humano. Los discriminados sufren la crueldad solo por pertenecer a un grupo «diferente» de quienes están en posiciones de privilegio o poder. Dado el elemental sentido de la justicia —que es un valor cívico fundamental— y la supremacía de los derechos humanos, esta situación debería preocupar y ocupar a la sociedad en su conjunto.

El Partido/Gobierno/Estado es cada vez más discriminatorio. En Cuba, con la discriminación política se violan aspectos medulares de la «Carta» y la «Declaración» mencionadas al inicio. También de los Pactos de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales; convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, contra la mujer, sobre los derechos del niño, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y el Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

El drama que viven hoy más de mil familias cubanas a causa de tener a uno o varios de sus miembros injustamente encarcelados como consecuencia de la crisis política, en especial desde julio 2021, es notorio. El que se sufre y narra desde las prisiones es un ultraje y una vergüenza nacional.

Sus consecuencias son enormes. No es un problema más, sino una limitación fundamental y un peligro para el futuro de la nación. Si de ir a la raíz de los problemas se trata, el fenómeno podrá atenuarse con el empoderamiento y presión ciudadanos; eliminarse, únicamente si cambian la naturaleza y condiciones que sustentan al modelo actual de sociedad.  

Para contactar con la autora: ivettegarciagonzalez@gmail.com

26 abril 2022 9 comentarios 1.204 vistas
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Derecho de manifestación

20 de noviembre y derecho de manifestación en Cuba

por Fernando Almeyda Rodríguez 6 octubre 2021
escrito por Fernando Almeyda Rodríguez

El reconocimiento del derecho de los cubanos a manifestarse ha sido desde hace décadas un asunto candente. A lo largo de 62 años de Gobierno Revolucionario, el ejercicio de la libertad de expresión, así como de los derechos de asociación y manifestación, se han coartado por una interpretación restrictiva y por la aplicación selectiva de la ley.

En el texto constitucional de 1976, se limitaban esos derechos expresamente a los «fines de la sociedad socialistas». Esta frase de inmensa ambigüedad permitía a cualquier autoridad ejercer censura previa según su criterio, es decir, arbitrariamente. A los efectos prácticos cualquier opinión susceptible de interpretarse como contraria a la ideología y doctrina del PCC podría ser reprimida y perseguida.

La Constitución de 2019, en cambio, introduce un marco de reconocimiento mucho más flexible. Sin embargo, ello no ha supuesto un giro de la política al respecto por parte del gobierno, el cual sigue tratando como un crimen el ejercicio del derecho de manifestación y libre expresión que implique una denuncia o crítica al sistema.

A raíz de las cartas firmadas por varias personas y entregadas a las administraciones de diferentes ciudades, en las cuales se notifica la intención de efectuar una manifestación pacífica prevista para el próximo 20 de noviembre, se ha puesto en el centro del debate nacional una pregunta: ¿Puede denegarse a los ciudadanos el ejercicio de derechos constitucionales?

En su artículo 61, la Constitución de 2019 reconoce el derecho de las personas a dirigir peticiones a las autoridades, «las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley». Entonces, ¿pueden someterse quejas y peticiones a la administración? Sí. ¿Es legal firmarlas? Sí. Por tanto, las cartas de solicitud para la realización de la marcha pacífica están dentro de la ley cubana.

Derecho de manifestación (2)

Cartel publicado en el grupo Archipiélago para convocar a la marcha ciudadana del 20 de noviembre (Foto: Facebook)

¿Qué pasa entonces con la posibilidad de manifestarnos? El texto constitucional en su artículo 56 reconoce los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos. No obstante, en la práctica, en lugar de ese reconocimiento, se reprime en violación flagrante de lo establecido en la Constitución. ¿Tenemos derechos a manifestarnos pacíficamente? La respuesta es: absolutamente, sí.

¿Qué sucedería si la administración niega la solicitud para la manifestación del 20 de noviembre? ¿Invalida esto nuestro derecho a hacerla? No. Aún si las autoridades no conceden permisos para tomar las medidas administrativas pertinentes, como cerrar avenidas y facilitar la marcha, seguimos teniendo derecho a manifestarnos.

Tan es así, que el Código Penal establece en su artículo 292 el delito contra los derechos de reunión, manifestación, asociación, queja y petición. Al amparo del mismo, son sancionables con pena de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas, a quien impida la celebración de una manifestación lícita o la concurrencia a ella; asimismo, sanciona al que niegue u obstaculice que una persona dirija quejas o peticiones a la autoridad. Si el comisor del delito es un funcionario público, la sanción oscila entre seis meses y dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas.

Es decir, que no solo es ilícito obstruir el ejercicio de estos derechos, sino que además puede ser constitutivo de un delito. La Constitución es la ley de leyes; no se puede prohibir lo que permite. Igualmente debe destacarse que los derechos implican como contrapartida deberes. En este caso, el de manifestación supone el deber tanto de los ciudadanos como de las autoridades de respetarlo.

Los límites naturales al ejercicio de los derechos serán siempre la lesividad directa a otros individuales o colectivos. Este es el sentido que debería dársele a términos como «orden público», que usualmente se emplean para intentar justificar la represión.

Ser conscientes de ello es la mejor forma de empoderarnos como ciudadanos y como nación. No se pide permiso para tener derechos, ni se conceden ni se aprueban, se ejercen.

6 octubre 2021 55 comentarios 4.123 vistas
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Fiscalía y la protección de derechos en Cuba. Lecciones de una farsa.

por Alina Bárbara López Hernández 7 abril 2021
escrito por Alina Bárbara López Hernández

La queja

La Constitución del 2019 proclama a Cuba un Estado Socialista de Derecho en el que los ciudadanos tienen garantizada la protección. Eso no es lo que sucede en realidad.

El día 1ro de enero de 2021 publiqué en LJC el artículo «El caballo de Troya de la burocracia». En él manifestaba, entre otras ideas, que «La pérdida del sentido de propiedad es la muerte anunciada de un modelo socialista en el que la burocracia se convierte, de hecho, en la administradora de los medios de producción que deberían ser sociales».

El caballo de Troya de la burocracia

Denunciaba asimismo que «una parte sustancial del patrimonio económico nacional está sustraído al control popular y se encuentra bajo la égida del Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), empresa adscrita al Ministerio de las FAR».

Ese texto sería comentado positivamente por la publicación argentina Política Obrera, de tendencia trotskista. Cuestión de perspectiva evidentemente, pues a Carlos Luque, columnista del sitio Cubadebate y del periódico Granma le desagradó sobremanera.

En lugar de escribir un artículo exponiendo su inconformidad, como había hecho en ocasiones anteriores, publicó una nota ofensiva en su perfil de Facebook el día 2 de enero. Dicha publicación fue comentada y compartida por varias personas, una de ellas, la diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) Mariela Castro Espín.

Fiscalía - queja

Mis análisis pueden ser objetados, como los de cualquiera. Pero otra cosa son las acusaciones y ofensas personales. La libre expresión de ideas y la participación en los debates políticos son derechos ciudadanos; en un intelectual son, además, deberes cívicos impostergables.

Es necesario naturalizar esa participación, limitada por décadas. Nadie debe ser atacado y ofendido por tal razón. En mi caso no podría objetarse siquiera que escribo desde otro país, o que lo hago «fuera de las instituciones». Atenida a ello, me asesoré jurídicamente y presenté, el 18 de enero, la siguiente queja y petición a la Fiscalía Provincial de Matanzas.

Fiscalía - queja (1) Fiscalía - queja (2)

La queja y petición fue entregada personalmente y solicité un acuse de recibo. No me tomé una foto a las puertas de la Fiscalía. No publiqué el contenido de la queja en ningún sitio digital. No quise que la instancia encargada de velar por la legalidad sintiera «presión» alguna de mi parte.

El 19 de marzo venció el plazo legal para responder. No recibí contestación.

Crónica de una farsa

  • 22 de marzo:

Me comuniqué con el 45271708, línea única de la Fiscalía General de la República. Pregunté si existía demora en el proceso de tramitación dada la situación de pandemia. Se me informó que no. Expliqué que no había tenido respuesta en el plazo establecido y la persona que atendía se extrañó. Preguntó mi nombre y apellidos, la fecha de entrega y pidió que continuara en línea.

Después de varios minutos me dijo que era inusual lo que ocurría, que mi nombre aparecía en el registro de entrada, pero no hallaban el expediente con la queja y su tramitación. Solicitó que la enviara nuevamente al correo electrónico atencionalciudadano@fpmz.frg.gob.cu y que me llamarían.

Varias horas después llamé de nuevo. Se me informó que ya podían explicar lo ocurrido con mi queja. La misma había sido derivada por Fiscalía al Ministerio del Interior en fecha 29 de enero. La fiscal a cargo me expresó que seguramente el Departamento de atención a la ciudadanía del MININT se comunicaría conmigo.

Interpelación sobre la democracia

Le recordé a mi interlocutora que la queja había sido dirigida a Fiscalía y que, aun si hubieran tenido que realizar algún tipo de indagación con otra instancia como parte del trámite de la misma, era Fiscalía quien estaba obligada a responder.

Le cité el artículo 24, inciso 3, de la Protección de los Derechos Ciudadanos que reza: «De estimarse que el asunto planteado es improcedente o carece de fundamento suficiente, la respuesta que se brinde por el fiscal al promovente, deberá ser argumentada y por escrito o dejar constancia cuando la respuesta sea verbal». La fiscal concordó amablemente conmigo y garantizó que me llamarían.

  • 23 de marzo

Llamé en horas de la tarde. Se me dijo que el fiscal de guardia estaba atendiendo a otro caso y que me llamaría al terminar. No lo hizo.

  • 24 de marzo

Llamé y se me prometió que la jefa del Departamento, nombrada Yoandra, me llamaría en un rato para responderme. No lo hizo.

  • 25 de marzo

Llamé y la secretaria del departamento me explicó que Yoandra se encontraba en un Consejo de Dirección, pero que me llamaría. No lo hizo.

  • 26 de marzo

Solicité hablar con la jefa del Departamento. Finalmente se puso al teléfono y me comunicó que la queja «se estaba investigando». A mi requerimiento de que el plazo para responder había concluido, explicó que, excepcionalmente, se puede otorgar por un superior «una prórroga para investigaciones».

Pregunté qué ley establecía esa posibilidad y me dijo que era «una decisión interna de Fiscalía». A mi indagación por el plazo de duración de esa prórroga me informó que no estaba establecido. Inquirí: «¿Podría durar años?», y me confirmó: «El tiempo que sea necesario».

Dieciocho meses

Le pedí que me diera por escrito esa respuesta como la ley mandataba. Explicó que ante la situación de la covid debíamos mantener el distanciamiento social para evitar contagios, de ahí que no pudiera hacerlo. Le agradecí que cuidara nuestra salud, pero le recordé que para eso existían otras vías, como el correo electrónico, o permitir que yo grabara su respuesta, de modo que existiera una constancia verbal. Me dijo que ellos sí habían grabado y les quedaba constancia, que con eso era suficiente. Le manifesté que la ley la obligaba a darme esa respuesta a mí, que era la «promovente». No respondió. Fin de la conversación.

Esa es la instancia que se dice protectora de los derechos ciudadanos y veladora de que se cumpla la Constitución de la República. Al parecer no solo el Partido Comunista está por encima de la sociedad y del Estado. Fiscalía lo acompaña allá arriba.

Lecciones que me deja este caso

  • La Constitución cubana del 2019 es letra muerta en muchas de sus partes, especialmente en las referidas a los derechos ciudadanos.
  • Es un verdadero absurdo legal y una violación a la ética del gremio que Fiscalía, en lugar de resguardar a una ciudadana que pide su protección, derive la queja a una instancia cuya función es esencialmente represiva.
  • Si la instancia que debe garantizar la protección de los derechos ciudadanos en Cuba actúa de este modo, las personas los exigirán por otras vías. Ya lo hacen. Es un torrente indetenible y las opciones son: encauzarlo u obstaculizarlo. Las consecuencias de lo segundo serán fatales.
  • La Ley en Cuba no protege los fundamentos del sistema socialista, cuya esencia debiera ser el control ciudadano sobre la propiedad pública. De resguardarlo realmente, Carlos Luque, Mariela Castro y el resto de los que comentaron o compartieron las ofensas a mi persona, tendrían que ser requeridos. En el artículo que les disgustó, yo exigía el control real de la propiedad estatal por parte de la ciudadanía. ¿Eso es contrarrevolucionario para ellos?
  • ¿Puede una persona que es parte de la burocracia histórica y que disfruta de privilegios como miembro del grupo de poder −y no es solo el caso de Mariela Castro, hay otros como ella en la ANPP−, ser al mismo tiempo legisladora en un parlamento que se titula socialista? ¿Cuánto pueden determinar sus intereses familiares y personales frente a los intereses sociales?
  • No deberá apelarse más al concepto de Estado Socialista de Derecho, es una burla a la ciudadanía y un desafío a la realidad.
  • La necesidad de distanciamiento social se está utilizando como justificación para no cumplir la ley en un país en que se acaba de celebrar una caravana contra el bloqueo en la Capital y un recibimiento masivo en la provincia de Granma al equipo ganador de la serie nacional de béisbol. En un país donde cada día se cita a interrogatorios a opositores o se les conduce por la fuerza.
  • Si yo me manifestara mañana a las puertas de la Fiscalía de Matanzas exigiendo una respuesta ¿quién estaría violando la ley? El día que decida hacerlo les aseguro que me tendrán que conducir por la fuerza. ¿Eso es lo que quieren?

El futuro inmediato de Cuba requiere un diálogo nacional. Con ese fin deben propiciarse espacios, sean virtuales o físicos, para debatir e intercambiar ideas sobre la base del respeto mutuo y la observancia de la dignidad humana como valor supremo en el ejercicio de derechos constitucionalmente reconocidos.

Los científicos sociales estamos restringidos −por falta de espacios, por ofensas y amenazas− de actuar en un terreno para el que nuestra profesión nos prepara y que nuestra amada Cuba necesita. Niurys Silva, joven graduada de la carrera de Filosofía, publicaba ayer en su muro de Facebook el alegato «La culpa no puede ser de la vaca», donde cuestionaba: «¿por qué seguir negando a nuestros cientistas sociales su papel en la construcción de la nación?».

Si la Fiscalía de la República continúa negando esa posibilidad, estará abriendo todavía más las puertas a la violencia y la arbitrariedad. Hago un llamado a los fiscales cubanos, también parte del pueblo, a que reflexionen sobre el costo que esa actitud tiene para el presente de la Isla. Los derechos de la ciudadanía deben ser protegidos para que este pueda llegar a ser un país donde nadie se coloque por encima de la ley, mucho menos los que deben velar por su cumplimiento.  

Para contactar con la autora: alinabarbara65@gmail.com

7 abril 2021 53 comentarios 5.298 vistas
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pais

Pensar como país

por Carlos Miguel Casas Sancesario 22 noviembre 2019
escrito por Carlos Miguel Casas Sancesario

Debo confesar, mi mayor preocupación –pesadilla incluso— frente a la justa y necesaria subida de los salarios al sector presupuestado en su totalidad y no solo Salud Pública como hace unos años: el aumento de la inflación… no se cumplió. Por ahora sólo aparecen casos aislados decididos a cumplirla y espero que sean condenados al fracaso.

Como también debo reconocer que esto no sucedió solo, ni por la buena voluntad de los entes participantes, fue gracias al equipo de gobierno y esta vez, con total certeza puedo afirmar, que hacen y están haciendo un excelente trabajo que solo puedo comparar con el también ejemplar seguimiento a los daños provocados por el tornado de hace unos meses. Lo que queda es que el resto de la población se incorpore luego de convencerse de su necesidad, —algo así como lo que dice el presidente—, a “pensar como país”.

Más allá de la temida inflación…

Ante el predecible malestar en algunos sectores del cuentapropismo es normal que se resienta toda la sociedad. En estos días se ha hecho común escuchar comentarios de qué servicio dejó de prestarse, perdió calidad o continuó violando lo ahora establecido.

El tercer fin de semana de agosto de este 2019, armado con la tabla de precios topados que tomé de Cubadebate en el móvil fui como cada sábado al mercado de mi barrio, al de “los ricos”, como cariñosamente le llamamos muchos por los elevados precios de los que siempre se ha caracterizado, a diferencia del topado que se encuentra en un lugar menos concurrido, con solo dos tarimas y siempre desabastecido.

El primero siempre tiene lo que se pueda estar buscando e incluso algún personaje apartado sin tarima que se acerca a los clientes con un susurro peculiar: “Tengo langosta, camarones, pescado”. Un susurro al que muchos bolsillos hacen caso omiso, entre otros motivos porque estos productos no salen en las nuevas regulaciones, mientras la mente y el paladar te juegan una mala pasada.

Para mi sorpresa la mayoría de los precios de productos cárnicos –básicamente cerdo— se respetaba, por supuesto, al mismo precio que decía la tabla de Cubadebate, parece que no entendieron el concepto de “precios máximos”, creyendo que ese es el precio al que deben vender y no “hasta ese precio”, pudiendo siempre establecer uno inferior. Pero no vi la misma cantidad de carne sobre la tarima que en semanas anteriores. Sólo excedían lo establecido la costilla y el hígado, las viandas se comportaban bajo el mismo criterio del precio máximo, pero respetado. Me alegró sinceramente, además, como trabajador del sector presupuestado.

Pero cuán grata sorpresa fue llegar al mercado estatal (topado) y encontrar una tarima con casi 20 productos entre viandas, frutas y vegetales…. Nunca había visto algo así en ese mercado, al que normalmente voy más bien a comprobar la gran diferencia entre lo privado y lo estatal, esta vez sí valía la pena apostar por él.

Claro, la presentación de los productos no tenía nada que ver con la del mercado de oferta y demanda, en este último las viandas no tienen tierra, ni están picadas o “fofas” y todo reluce, pero bien, tampoco fue mi intención criticar cuando me encontré con tal abastecimiento en un lugar que normalmente es un desierto con rastros de tierra colorada esparcidos por el suelo de cemento crudo.

De las dos tarimas que tienen todo estaba en una, con una pesa y un solo dependiente. Supondrán la cola, pero la aproveché para quitarme los audífonos y escuchar a los mayores –fieles participantes y mayoría en toda cola que se respete—, uno de los comentarios además del asombro que compartían conmigo era que el motivo de esto radicaba en la visita de funcionarios del gobierno y el partido a algunos mercados de la capital.

Quiero creer que fue pura coincidencia y que este fin de semana podré nuevamente adquirir productos con la misma variedad, que es en realidad un esfuerzo del Estado para hacerle frente a los aun elevados precios máximos para algunos bolsillos menos favorecidos, ¡quiero confiar!

Uno de los muchos memes que circulan sobre los precios en el país y la Tarea Ordenamiento

Uno de los muchos memes que circulan sobre los precios en el país y la Tarea Ordenamiento

El mismo tarimero también agregaba que el problema no se resolvía topando los precios del otro mercado, porque en “La Habana” –como humildemente llamamos los habitantes de otros municipios a Centro Habana y Habana Vieja— seguían los precios altos, escondiéndose y revendiendo y que eso “No lo podía cambiar nadie, porque la culpa es de quien tú sabes que sólo exprime al cuentapropista, pero no le facilita el trabajo ni las piezas, pero no baja los precios de la shopi“. Abrumadora declaración en una mañana que todo parecía optimista….

Cambiando de sector –el que se ha convertido en plato fuerte de toda discusión o debate—, desde que se hizo efectivo el aumento de salario, los pocos lugares donde coincidimos muchos trabajadores continuaba el tema, criterio general –al que me sumo— “Vamos por buen camino”, “esto es lo que hacía falta hace tiempo”…. Ciertamente, creo que la mayoría de los no cuentapropistas piensan igual, trabajen o no.

Pero cuando entramos en el tema del transporte se complicó la conversación, cité el caso que había leído recién sobre los transportistas, cafeterías y otros servicios en Villa Clara….

Nos indignamos los que dejábamos enfriar la comida en la mesa para discutir sanamente, pero luego propuse ponernos en su lugar, con la mentalidad de la cantidad de dinero que ya estaban ganando y el natural pensamiento de no querer ganar menos cuando se les cierra cada vez más el cerco –entre otras cosas— por la manera ilegal –en muchos casos— de adquirir el combustible, no fue fácil escapar de respuestas radicales y poco convincentes, solo dichas desde piel ajena y no por ello menos ciertas, en muchos casos se estaban convirtiendo en explotadores de la clase asalariada necesitada de sus servicios.

¿Cuál es el transporte que garantiza el movimiento de la población –poca o mucha dependiendo del día de la semana— después de la 1am? Muchas rutas de ómnibus a esa hora son fantasmas y otras simplemente no existen y no creo que sea el objetivo que la población no circule cual cenicienta por ser pasada la medianoche. Son los “boteros” los dueños de la carretera a esas horas, ya no hay ruteros, metro taxis ni nada parecido, pero sí hay jóvenes y no tan jóvenes saliendo a divertirse especialmente en las noches del fin de semana, o los propios trabajadores de cafeterías, paladares, y otros que terminan su digna jornada laboral a esas horas.

Eso sin mencionar las rutas que no existen en el transporte público y solo cubren particulares –hablo de la Habana—, porque en otras provincias –por lo que he leído— la situación puede ser incluso peor. El aumento del precio del pasaje sin otro motivo que la obligación de cumplir lo establecido en cuanto al origen del combustible es una vergüenza para los pasajeros, el gobierno y la sociedad.

Muchos particulares del transporte hace unos meses, cuando más se recrudecieron las sanciones contra este sector arremetían contra el gobierno por las diferencias entre el paternalismo con su transporte y el particular. Fueron víctima esta vez, del exceso que ha caracterizado ya otras veces el accionar de nuestras autoridades.

Se les retiró licencias y permisos por tener problemas técnicos en sus autos, incumplir la seguridad vial, incluso fueron requeridos por tener el auto sucio… y es correcto, es necesario por la seguridad de los pasajeros así como acabar con la corrupción de los empleados de los “somatones” que hacen de la visita gorda si se les da el soborno establecido permitiendo la circulación de vehículos que más bien son ataúdes rodantes.

¿Pero qué pasó con los ómnibus? He sido pasajero diario del transporte público desde el 2008 hasta la fecha, he montado ómnibus articulados en más de una ocasión por semana con graves problemas técnicos, puertas rotas, “acordeones” con agujeros en su lona por los que cabe una persona adulta, mal olor, extremadamente sucios por dentro y fuera, con rastros de vómito, desechos y restos de alimentos en el suelo, con temor a recostarme de cualquier superficie si voy vestido de un color claro o aguantarme de tubos oxidados o inexistentes en algunos tramos; choferes que fuman durante el recorrido, se detienen a tomar café o merendar creyéndose más dueños del ómnibus que el propio dueño del “almendrón”….

La lista es larga y continúa.

Pedirle a un cuentapropista que sin mejorar sus condiciones e ingresos baje los precios para poder beneficiar al resto de la sociedad y mantener un margen de rentabilidad de su negocio aceptable, no para enriquecerse es justo y necesario y lo comparto…. Pero si mañana bajaran el salario de los trabajadores estatales para beneficiar algún sector de la sociedad creo que habría otra revolución.

Lo primero es convencer, conversar, buscar soluciones entre todos y volver a convencer, tratar de formar esa conciencia que dicen hubo en los años 80 y nunca vi porque no había nacido, poder pensar como país, luego por supuesto, dejar caer todo el peso de la ley contra el que incumpla la establecido y vaya en contra de los intereses de la mayoría de la sociedad.

Los cambios de mentalidad luego de décadas de deformación social no son de un día para otro por muy necesarios que sean y hoy –muy a mi pesar—, en Cuba, toda la sociedad no piensa como país.

22 noviembre 2019 13 comentarios 269 vistas
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La Casa de las Discordias

por Consejo Editorial 2 julio 2014
escrito por Consejo Editorial

bloques lego2

Por: Julio César Pérez Verdecia.  (julio.verdecia@umcc.cu)

Hace ya días escribí Dubitaciones, cuento que desde la ficción medita sobre uno de los grandes problemas cubanos, la vivienda, y el que al parecer indujo profusas interpretaciones. Ahora no hablo desde la ficción y sí desde la realidad objetiva para evitar malos entendidos.

Recuerdo que la Revolución nunca ha estado alejada de querer solucionarlo, es el problema de la vivienda uno de los que Fidel trató en su histórico alegato La Historia me Absolverá.

Problema que desde el mismo 1959, además del problema de la educación, la salud, la institucionalización, la ciencia, la seguridad social, la discriminación en todas sus formas, junto a un rosario bien extenso de problemáticas de todo tipo se tratan de resolver desde un punto de vista humanista.

Entonces aparecieron planes de desarrollo donde nunca los hubo, en mi pueblito natal, Pilón, por ejemplo, se construyó una comunidad muy confortable a los pescadores, igual pasó con las cooperativas agropecuarias campesinas. Se fabricaron además los edificios tipo Girón, que resolvieron el problema de muchos afectados.

Apareció el Plan Microbrigada en toda Cuba donde la gente construía sus propias casas y colaboraba en la edificación de la de los demás. Pero para ser justo el fondo habitacional estaba en muy malas condiciones, era el legado del subdesarrollo capitalista y en eso no hay discusión.

No olvidar que cada vez que un huracán destroza miles de casas el gobierno revolucionario desarrolla programas de apoyo a los damnificados, los que reciben una buena parte de los materiales de forma gratuita según sea el caso o a costo mínimo, sin contar los bienes que casi siempre son gratuitos.

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2 julio 2014 95 comentarios 465 vistas
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