La discriminación política es posiblemente la más generalizada e institucionalizada en Cuba. Su base está en la fusión Partido/Gobierno/Estado para regir los destinos del país. Existe desde los años sesenta, pero en el lapso 2019-2022 se ha recrudecido. No es iluso pensar que empeorará con las nuevas normas jurídicas aprobadas o por aprobar en estos meses.
En la Isla suele asociarse la discriminación a ciertas identidades; pero en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ella alude a:
«(…) toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas».
En todas sus formas y expresiones, es uno de los modos más comunes de violación de derechos humanos. Todo un desafío para la humanidad, de ahí que exista un marco jurídico internacional correspondiente. La Carta de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más diversos pactos regionales y tratados globales refrendan tales derechos, recogen el espíritu de la humanidad y el compromiso de los estados.
-I-
La discriminación política se expresa en el tratamiento desigual y lesivo hacia personas por las ideas políticas que profesan. Sus orígenes se encuentran en pugnas éticas, culturales, convicciones políticas, religiosas, etc.
Como en otras variantes, existen formas de canalizarla y materializarla. La jurista Alda Facio argumenta la «distinción, exclusión y restricción». Puede ser directa, indirecta y deviene estructural cuando el propio sistema mantiene en desventaja a ciertos grupos de personas. En ese caso —afirma el sociólogo Fred Pincus— el elemento clave es «el efecto de mantener a los grupos minoritarios en una posición subordinada».
(Imagen: Wimar Verdecia / Tremenda Nota)
En Cuba, tal discriminación —relacionada con la intolerancia y la violencia—, se manifiesta en todas esas fórmulas y vías. Y además, deviene «interseccional» cuando con ella se combinan otras actitudes discriminatorias. Por ejemplo, cuando los disidentes son personas negras o mestizas, LGBTIQ+ y mujeres.
En sentido general, este fue por décadas un tema tabú en Cuba. No obstante, la sociedad civil ha logrado denunciar y visibilizar en la agenda pública variantes como las mencionadas. En consecuencia, el gobierno implementa hace algún tiempo ciertas medidas para paliarlas.
La relacionada con ideas políticas, sin embargo, ha sido ignorada y se recrudece según crece el disenso entre la ciudadanía. Sin duda, es mucho más conflictiva para el poder y tiene una raíz profunda en el modelo totalitario imperante.
Puede producirse en diferentes momentos de la existencia de un derecho. Su reconocimiento en la ley es el primer paso, pero dentro de ella misma puede subvertirse o hacerse inviable. Luego también puede ocurrir en otras dos etapas: el «goce» (necesidades que se satisfacen) y el «ejercicio» (aspecto activo del derecho) que supone la existencia de algún mecanismo para denunciar su violación y lograr resarcimiento.
-II-
Entre 2019 y 2022 la discriminación política en Cuba ha escalado en todo sentido. La Constitución reconoce derechos pero es esencialmente discriminatoria y contradictoria en tal sentido. Responde a la dominación del Partido Comunista (Artículo 5) por encima de ella inclusive. Véanse los artículos que privilegian a su organización juvenil (6), los fines del Estado (13, inciso f), las organizaciones permitidas (14) y la exclusión de la discriminación política (42). Las libertades de pensamiento, conciencia, expresión y prensa (54 y 55) quedan atrapadas por la superioridad del PC y su fusión Gobierno/Estado, como se ha verificado en la práctica.
Posiblemente no haya existido antes un calendario legislativo tan lesivo para la ciudadanía como el actual. En particular para quienes disienten, a pesar de que las nuevas leyes contienen aspectos más a tono con exigencias internacionales sobre derechos humanos realizadas al Estado. Menciono cuatro que han sido de difícil o nulo acceso para los ciudadanos: Ley del proceso penal, los proyectos de leyes del nuevo Código Penal, el de expropiación por razones de utilidad pública e interés social y el de la Ley de amparo de los derechos constitucionales.
Tales normas amplían las facultades del Estado en detrimento de los derechos ciudadanos, prácticamente penalizan el disenso, aseguran mayor impunidad para represores y apoyantes y contravienen varios derechos constitucionales. Todo el espectro crítico de la sociedad resulta más vulnerable a la represión. Como es habitual, solo la prensa independiente asume un enfoque crítico.
El peso de la discriminación política es tan grave que incluso el proyecto de nuevo Código de las Familias, que tiene aspectos positivos e incluye garantías a personas discriminadas, también activó alarmas en la sociedad civil. No es difícil imaginar que los sectores beneficiados lo serán mientras no se muestren críticos del gobierno. Si cruzan esa línea, caerá sobre ellos la discriminación política combinada con otras supuestamente proscritas, como ha ocurrido en no pocos casos desde el 11-12J.
Son leyes que se han preparado en un contexto de crisis nacional e incremento de las acciones represivas del Estado —muchas al margen de la ley— contra todo disenso o sospecha de este. En redes sociales y medios independientes sobresalen testimonios y denuncias.
Sobran los ejemplos de personas críticas privadas de empleo —mediante expulsión o porque no son admitidas— en el sector estatal y privado; impedidas del trabajo por cuenta propia, de salir de sus casas, de entrar o salir del país, desterrados, vejados durante las detenciones, imposibilitados de rentarse con particulares y violados sus derechos al debido proceso. Mientras, reina la impunidad de las fuerzas represivas y quienes apoyan al gobierno. En breve, con la unanimidad conocida del Parlamento, el Partido/Gobierno/Estado tendrá la mesa servida.
(Foto: Irene Pérez/ Cubadebate)
-III-
Como sostiene Amnistía Internacional, la discriminación perpetúa la desigualdad y ataca el corazón mismo de lo que significa ser humano. Los discriminados sufren la crueldad solo por pertenecer a un grupo «diferente» de quienes están en posiciones de privilegio o poder. Dado el elemental sentido de la justicia —que es un valor cívico fundamental— y la supremacía de los derechos humanos, esta situación debería preocupar y ocupar a la sociedad en su conjunto.
El Partido/Gobierno/Estado es cada vez más discriminatorio. En Cuba, con la discriminación política se violan aspectos medulares de la «Carta» y la «Declaración» mencionadas al inicio. También de los Pactos de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales; convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, contra la mujer, sobre los derechos del niño, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y el Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación.
El drama que viven hoy más de mil familias cubanas a causa de tener a uno o varios de sus miembros injustamente encarcelados como consecuencia de la crisis política, en especial desde julio 2021, es notorio. El que se sufre y narra desde las prisiones es un ultraje y una vergüenza nacional.
Sus consecuencias son enormes. No es un problema más, sino una limitación fundamental y un peligro para el futuro de la nación. Si de ir a la raíz de los problemas se trata, el fenómeno podrá atenuarse con el empoderamiento y presión ciudadanos; eliminarse, únicamente si cambian la naturaleza y condiciones que sustentan al modelo actual de sociedad.
Para contactar con la autora: ivettegarciagonzalez@gmail.com
