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derecho de manifestación

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«Escucha tu nombre…»

por Leonardo Romero Negrín 12 abril 2022
escrito por Leonardo Romero Negrín

«Escucha tu nombre…». Así nos decía el carcelero que traía la lista de las personas que iban a ser interrogadas, trasladadas de prisión y, con suerte, liberadas.

Era curioso observar cómo los confinados en el Colectivo 6 de Ivanov —prisión denominada «Jóvenes del Cotorro»—, coreábamos esa frase cuando lo veíamos venir con su respectivo papelito entre manos, como quien ansía que su número salga en «la bolita». Es tragicómica la coincidencia que había en ello: podía salir «el fijo» (interrogatorio), «el corrido» (traslado) y el anhelado «parlé» (que anunciaba nuestra liberación).

Podía ocurrir lo mismo en la mañana, al mediodía o bien tarde en la noche. En ese momento todos hacíamos silencio. Noté que algunas personas tenían una especie de superstición y le decían al de al lado: «Shhh…Escucha tu nombre. Dale, que te vas»… porque, según afirmaban, si te lo deseabas a ti mismo no se daba.

En Ivanov existían más de diez colectivos. Algunos de hasta cincuenta personas. La mayoría solo para albergar a cientos de manifestantes del 11-J. La decepción era grande cuando el dichoso carcelero, las más de las veces, nombraba a personas que pertenecían a otro colectivo y debíamos aclarárselo una y otra vez.

Gracias a estas equivocaciones, varias amistades del barrio, o que estudiamos juntos, nos dimos cuenta de que estábamos en la misma prisión. Así me lo cuenta un socio, que dice que mencionaron mi nombre en su galera como diez veces durante esos días, y le dio un poco de calma saber de alguien cercano, pues donde le tocó no conocía a nadie.

Mientras pasaban los días fuimos inventando formas de pasar el tiempo: quitábamos el colchón e improvisábamos un tablero de ajedrez en la litera, sustituyendo las fichas de un juego de damas por papelitos y pedazos de pan viejo.

«Vienen otra vez. Escucha tu nombre»…era un reflejo condicionado. Y casi todo el mundo, religiosamente, paraba lo que estuviera haciendo. Varias personas me preguntaron por qué yo seguía conversando, mirando el techo o haciendo rústicos origamis con cualquier trocito de papel, en lugar de escuchar la lista por si me mencionaban.

Les conté que desde tres meses antes del 11-J tenía una orden de reclusión domiciliaria por haber sacado un cartel en la calle Obispo, y que por cualquier pifia iba directo a prisión preventiva. Entonces ¿qué sentido tenía albergar esperanzas si precisamente esa pifia era la mayor manifestación de los últimos tiempos en Cuba?

 «—Chama, estás embarca′o», me decían.

Por eso me preparé psicológicamente para estar ahí por un buen rato. Mínimo tres años… o cinco, los mismos con que acaban de sentenciar injustamente a Luis Robles. Debido a eso me puse a recopilar décimas, chistes, datos históricos, poesías, los refranes de las personas mayores que estaban allí, o cualquier cosa para rumiar en lo adelante.

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Protesta de Luis Robles, en San Rafael, y Leonardo Romero, en Obispo.

Alexander Hall me decía que tal vez por ser estudiantes universitarios — ¡vaya privilegio!— nos liberarían más rápido… aunque bueno…, quizás a mí no. Por eso, cuando lo vi irse en «libertad» nos dimos un abrazo que parecía confirmar mis sospechas, y en la noche dormí como si ya esa fuera mi casa. Posiblemente por ello, aún hoy mi mente sigue en una celda, con los que continúan presos, y cuando la Seguridad del Estado amenaza con volver a encerrarme, irónicamente pienso que harían justicia.

Era sábado en la tarde, estaba bañándome en el patio junto a varias personas y, mientras nos secábamos al sol, me puse a conversar con un colega acerca del fragmento de unas décimas de Jorge García Prieto y Alexis Díaz Pimienta, respectivamente, que mal empatadas dicen así:

Si algún día, a Dios le presto

Mi rostro…para no ser,

No filmen queriendo ver

El rostro que me incrimina.

Tengo un rostro que camina

Sin las piernas de volver

(…)

Ya todo está dicho: Un dedo

Vertical sobre mi boca

Los poetas tienen poca

Casa…para tanto miedo.

En medio de eso, un guardia empezó a gritar mi nombre varias veces. Salí en toalla y le pedí que revisara bien y viera si no se estaba equivocando de colectivo… que con eso no se jugaba. Me quedé perplejo cuando confirmó que me iba en libertad. Quienes estaban a mi lado, entre nostalgia y alegría, me decían: «—Dale, Físico…apúrate. No vaya a ser que se arrepientan». Cuando recogí mis cosas y le di abrazos a mis hermanos escuché que alguien dijo: «Coño, se nos va el poeta».

Entonces, mientras abrían la reja y me ponían las esposas, les aseguré que nos veríamos las caras allá afuera o aquí adentro. Recité como pude la décima para que la recordaran y no perdieran la fe. Luego agregué, a modo de despedida momentánea: «Bongó Itá Ekué Jukaratinde Akanarán Krúcoro» y «Awanañongo Sanga Bekondó», que en lenguaje abakuá quiere decir: «Somos hijos de la misma madre» y «Así vamos hacia el infinito». Como he dicho anteriormente, ahí se forjó una pequeña familia.

No pasaron dos minutos y, camino a recoger mis pertenencias, apareció el Mayor que me impidiera, días antes, terminar la consulta con el médico y hacer la denuncia que él mismo debía tramitar. Preguntó a quien me conducía que para dónde iba ese «CR» y afirmó que no podía salir de ahí. En lenguaje policial cubano, CR significa Contrarrevolucionario. Además, en mi expediente dice también que soy un «PD» (Potencial Delictivo). No digo yo si con semejantes atributos me iban a dejar salir tan fácilmente.

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Detención de Leonardo Romero el 11 de julio. (Foto: Yamil Lage/AFP)

Me asombró ver cómo discutían entre ellos ese «error» en la cadena de mando, y al escuchar que llamaron por teléfono para verificar, pensé incluso que lo hacían para joder. Pensé mal, al final me pusieron en libertad. Luego me enteré de que, en efecto, fui liberado gracias a las denuncias, firmas y apoyo de gente valiosa, a quienes agradezco. Era un costo político que no querían correr.

Le temen a los universitarios (¡Vaya privilegio!)…por eso los acosan tanto…por eso muchos quieren graduarse y no meterse en ningún lío para poder irse del país…una juventud fragmentada.

Cuento todo esto porque las personas no somos números, material gastable o un carnet de identidad en un archivo. Para los Estados somos eso, es inevitable. Pero escoger percibir la vida a través de este prisma, siendo una estadística más es, en mi opinión, la causa de tal desconexión con la realidad.

No obstante, si no nos dejan otra opción que comparar muestras estadísticas para calcular el mal menor, entonces surgen varias preguntas:

¿Por qué este «CR» y «PD» está libre y Luis Robles, por sacar igualmente un cartel, continúa preso? ¿Por qué el privilegio? ¿Por qué la injusticia?

Ya que van a condenar —si se atreven, definitivamente— a Abel Lescay a seis años… ¿qué pasa con todos los oficiales que nos golpearon y nos decían que éramos «una partía de maricones» y otras frases homófobas, ilustradas con sus bastones de goma, que por pudor y cansancio no repetiré aquí pero que quienes estuvimos, al menos en Ivanov, escuchamos en numerosas ocasiones?

No hace falta argumentar que en la prisión ilegal de  Guantánamo los presos la pasan peor, porque se sabe lo que ahí sucede, y es igual de condenable. No expliquen que en algunos países se reprimen violentamente las manifestaciones, porque también eso se conoce… Aunque para que se produzca tal represión, primero debe existir el derecho de manifestación, que en Cuba es discrecional con el fin de proteger los intereses de la cúpula en el poder. Y encima de tal carencia, sí hay represión, pues esta no se restringe únicamente a la violencia física.

Antes del 11-J bromeábamos con que en Cuba existía la represión del gato Schrödinger: (existe/ no existe).

Salvando las distancias sería más o menos así:

Si profilácticamente ponen vigilancia y amenazan a cada uno de los potenciales manifestantes, no «hará falta reprimir» una manifestación que no se producirá, por razones obvias. En consecuencia, «no son represores» (¡¿?!) y las calles, tan tranquilas como siempre. Por eso había que hacer la prueba y abrir la caja, para que fuera inevitable mirar lo que desde hace años viene sucediendo a pequeña escala y, por tanto, había pasado desapercibido.

Eso lo saben mis amistades argentinas que hace poco protestaron contra las petroleras y el FMI, por solo poner un ejemplo. Ellos al menos pueden. Aquí no se permite ni —supongamos— denunciar a los que impusieron un ordenamiento que, por más necesario que lo presenten, no lo sufren en las neveras de Punto Cero ni del reparto Siboney.

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(Foto: María Lucía Expósito)

No digan que un cartel les hace zozobrar… mejor preguntémonos por qué un simple cartel les hace zozobrar si, como afirman, «su escudo es la Razón».

Y cuando señalen que no todos los que se manifestaron eran inocentes, entonces agreguen que tampoco lo son algunos que ocupan puestos en el Consejo de Estado, los cuales no están presos pues «la continuidad» los perpetúa en sus cargos. La asimetría es evidente.

No digan que desconocen la palabra Amnistía y que los órganos de Justicia ratifican que la soberanía radica en el pueblo, cuando «el pueblo» no ha tenido la oportunidad de decidir sobre el nuevo Código Penal.

De hecho, digan. Estamos ávidos de respuestas. Expliquen, por ejemplo:

¿Por qué Fiscalía Militar tomó testimonio a solo tres personas y no se dignó a entrevistar (aunque se le pidió) a TODOS los que estuvieron, al menos, en el Colectivo 6? Porque de hacerlo hubieran verificado el caso de Freddy Beirut Matos —un anciano condenado a veinte años de cárcel—, que llegó en la noche del 15 de julio con hematomas en las costillas por los golpes que le propinaron al bajar del camión que los traía, haciéndole pasar, a él y a otros, bajo la bochornosa práctica del somatón, la misma que Humberto López, el fiscal José Luis Reyes Blanco y el coronel Víctor Álvarez del Valle pusieron en duda en televisión nacional.

Al día de hoy, hay que tener valor para desmentir eso. Y a los periodistas oficiales que quieran hacer periodismo de investigación… una vez más: «Adelante».

Siendo más específico: ¿Qué tal con quienes me detuvieron abruptamente (a solo días de ser liberado), vestidos de civil y sin identificarse, en la puerta de mi casa, delante de mi abogado y a la vista de todos mis vecinos? ¿Qué hay con quienes al llegar a la estación me amenazaron, por haber publicado mi testimonio, con frases como esta: «Parece que tú no aprendiste la lección en Ivanov y quieres que te llegue “la hora cero”»? Digan. A ver si logran explicar el motivo real de esa detención en los registros de la Estación Policial de Zanja. Simplemente no pueden. Saben que fue un proceder arbitrario, como tantos.

Repito, no somos material gastable. Las imágenes del 11-J muestran quiénes tenían palos y, acompañados por la policía, se sintieron empoderados y no dudaron en utilizarlos sin medida. Esto es para quienes pretenden argumentar que hubo agresiones por parte de los manifestantes. Doy fe de tal desproporción. Hagan el conteo si desean o, como he solicitado en reiteradas ocasiones, presenten íntegramente en televisión las grabaciones de las cámaras del Hotel Saratoga, o las que están en lo alto del edificio de la UJC Nacional, que captaron lo que sucedió frente al Capitolio, en el Parque 13 de Marzo y Máximo Gómez, respectivamente. Adelante.

«Y hay más»… como suele advertir Humberto López. ¿Qué pasa con las personas que han participado en actos de repudio, incurriendo en allanamiento de morada, daño a la propiedad e intimidación en las personas (para no hablar de desorden público)? Un caso muy claro aconteció en Arroyo Naranjo, donde reside una familia cuya cerca fue traspasada y las paredes de su vivienda cubiertas con pintura azul y frases de «Viva Fidel». Las personas que cometieron estas agresiones han sido reconocidas pero continúan impunes.

Parece que ya se olvidó a los que entraron a casa de Luis Manuel Otero, en presencia de policías, y arrancaron sus obras de la pared sin que hayan sido devueltas jamás. ¿Eso fue una orden o fue por iniciativa propia? En cualquier caso, ahí está el video de la arbitrariedad por quienes dicen representar «el orden». Un derecho tan básico como el de hacer una denuncia para reclamar sus obras también le fue negado, aunque luego le hubiesen inventado que los cuadros estaban, ridículamente, bajo investigación. Y por si fuera poco, una patrulla no le permitía, tan siquiera, salir de su domicilio. ¿Eso no son ilegalidades? ¿Hasta cuándo?

Trataré de hacerme entender mejor: ¿Qué hay de los agentes de Seguridad del Estado que acosan y someten a chantaje a familias, periodistas y en general a los que disienten del estatus quo, incluso a estudiantes de la Unión de Jóvenes Comunistas? Y esta es una jugada torpe, pues no podrán encasillar a esos estudiantes en la zona de confort de mercenarios mentirosos, el día que decidan hacer públicas sus historias. En ello han estado implicados los agentes Yordan, Denis y Darío, que podrán negarlo y acusar de difamación, pero será en vano.

¿Cómo es posible que la Seguridad del Estado impida la realización de un conversatorio feminista acerca de violencia obstétrica alegando que a este asistirían «personas y medios contrarrevolucionarios»?

¿Cuán peligroso es para el Estado que las personas aprendan a decidir sobre sus cuerpos, integridad física y psicológica?. Resulta un asunto necesario en un contexto de tanta polémica por acoso sexual y fundamentalismos. Temas vitales, como la gestación, en medio de un debate que concluirá con un plebiscito del Código de las Familias y ante una marcada tendencia a la disminución de la tasa de natalidad…y un país que envejece. No es fortuito que la inmensa mayoría de quienes deciden sobre los cuerpos policiales sean machos: la (in)seguridad del Estado y sus egos masculinos, no atendidos por la FMC.

Ya que amenazan con aplicar, a diestra y siniestra, el decreto ley 35 a periodistas y a toda aquella persona que difame o difunda noticias falsas, ¿mudarán los estudios de grabación del Noticiero de Televisión para la sala de Video-Vigilancia del Combinado del Este?

¿Qué pasa, en fin, con quienes violan reiteradamente la Constitución que dicen defender? Podrían citarse más ejemplos…Cualquiera diría que estamos a mano. Ese es el punto.

Un sistema de justicia cómplice y torcido, NO tiene moral para exigir lo que no cumple para quienes abusan del poder y quedan impunes. Es por ello que se requiere un nuevo marco legal, transparente y auditable por organismos populares y que no esté supeditado (in)formalmente a los designios del Partido. Eso, paradójicamente, estaría más cerca del control del pueblo y por el pueblo que tanto se predica sin sustento real.

Son tantas las violaciones, que quienes detentan el poder en Cuba deberían rogar por una amnistía para sí mismos, por tantos abusos sin consecuencias, y que, de concedérsele a los manifestantes (aunque le lavaría el rostro mínimamente al gobierno), al menos traería algo de tranquilidad en muchas casas.

Porque no somos material gastable. ¿O sí?

Posiblemente yo sea más culpable —según sus arbitrarias leyes—, que muchas de las personas que continúan presas. Pero soy blanco y universitario, a diferencia de los que soportan el peso de las injustas condenas y de la enorme población penal existente en Cuba. Las prisiones son un reflejo de lo que se ha hecho mal como sociedad. Es momento de pensar en ello antes que, de tanto agotamiento, voltear patrullas sea la única vía y no haya vuelta atrás.

En manos del gobierno estaría una parte de la solución. La otra parte (la más importante) está en quienes sepan, de un lado y del otro, deponer orgullos innecesarios y aceptar,  a tiempo, que nuestra ciudadanía necesita sanar.

 «La prisión acaba… la prisión de hierro… pero continúa la prisión del sueño».

«La justicia se ha hecho vieja».

Estamos a tiempo de que no quede tiempo.

Los carceleros pueden redimirse, agitar correctamente las llaves y evitar que la indignación siga teniendo, con razón, su ojo puesto en el poder asfixiante que representa una patrulla. La marginalidad debe ser entendida como consecuencia y no como causa. Un cartel podría ser un prudente llamado de atención para que no se ignoren los reclamos de la ciudadanía y prevalezca la justicia, no el odio y los extremismos… para que se empiece a sanar y subsanar errores…«a veces horrores»…

A este paso, aumentará el número de migrantes, exiliados, gente desencantada y arrepentida con un sentimiento de culpa y doble moral que hará que Cuba se quede vacía y «poblada de consignas».

Se pueden tantas cosas… pero el ruido del orgullo no deja que suceda algo que debería ser una virtud invaluable: el saber escucharnos.

Jueces, fiscales, carceleros… «Shhh… Hagan silencio…

Escuchen sus nombres».

12 abril 2022 33 comentarios 1.843 vistas
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manifestantes

Solidaridad con las y los manifestantes de julio del 2021

por Redacción 11 abril 2022
escrito por Redacción

A Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba;

A Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba;

A Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba; 

Al pueblo cubano y la izquierda internacional:

En Cuba se manifiesta una crisis estructural profunda. Dicha crisis, en medio de una marcada precarización de la vida, condujo a una parte de la ciudadanía a las calles los días 11 y 12 de julio de 2021. Las hostiles sanciones estadounidenses, en el marco de una política de agresión y bloqueo que cumple ya 60 años, la incapacidad de la administración del país para solventar las más básicas necesidades del pueblo y la desatención a reclamos sociales, políticos y económicos de la sociedad civil, contribuyeron a la agudización de esta situación y generaron una creciente pérdida de confianza en el discurso gubernamental.

La decisión de comercializar en el mercado interno bienes fundamentales en divisas, ajenas a las posibilidades de acceso de las mayorías, y los efectos de la pandemia, exacerbaron con razón la inconformidad de sectores atravesados por la pobreza y la marginación, relacionadas con el lugar de residencia, el color de la piel, el género y otras categorías de exclusión. La crisis económica y política que padece el país se expresa también en el paulatino deterioro de indicadores sociales de salud, educación, deporte y cultura. Esta decadencia precipita el éxodo masivo de jóvenes, con las consecuencias que ello provoca en las familias cubanas y en la economía en general.

En las protestas sociales de julio, las mayores después de 1959, hubo conductas violentas y enfrentamiento físico de ambas partes, tanto de las fuerzas policiales y de grupos en apoyo al gobierno como de algunos grupos de manifestantes. Mientras estos últimos han sido sometidos a la criminalización y las prácticas punitivas, evidenciadas en el discurso oficial y las condenas desproporcionadas, como claras medidas ejemplarizantes para prevenir escenarios similares futuros, los sectores simpatizantes del gobierno, las fuerzas del orden y los funcionarios responsables de la represión y los excesos de violencia desde el estado permanecen impunes.

En el mes de marzo se llevaron a cabo dos juicios por las protestas. El primero por las que protagonizaron los sectores pobres de Esquina de Toyo y La Güinera en La Habana, donde se condenó, en juicio masivo con penas de hasta 30 años —1.916 años en total— a 127 personas, ocho de ellas con edades entre 16 y 17 años. El segundo por las protestas en San Antonio de los Baños contra 17 manifestantes con condenas de hasta 10 años.

Destaca entre estas últimas, los seis años de prisión para Yoan de la Cruz Cruz, uno de los primeros jóvenes que retransmitió en directo por redes sociales las protestas. La sentencia asegura que «transmitió en directo por las redes sociales lo que acontecía, con lo que provocó que tales actos fueran visualizados dentro y fuera del país y que en diferentes municipios y provincias se imitaran las nocivas acciones».

Según la Fiscalía General de la República, fueron procesadas en total 790 personas, incluyendo 55 entre 16 y 17 años.

Al mismo tiempo, diversos sectores y activismos de la sociedad civil son objeto de acoso constante por parte de las autoridades. Esta persecución y vigilancia toma forma en los aparatos de seguridad policial, que se caracterizan por actuar al margen de la legalidad constitucional y atentar contra la dignidad de las personas.

Todo sucede en un escenario de absoluta impunidad, ante la falta de garantías legales para el ejercicio de la asociación libre, entre las personas y grupos ciudadanos con inquietudes de participación en el espacio público. El ciclo de represión se completa con el empleo de los medios de comunicación para desacreditar reputaciones, tildar a todo disenso de mercenarismo y deslegitimar a toda persona u organización que se cuestione la realidad. La derecha respaldada por Estados Unidos y partidaria de sus ataques existe, aquí no hablamos de esa derecha.

Frente a este contexto las personas, colectivos y organizaciones que suscribimos el presente documento, tanto de Cuba como internacionales:

  • Hacemos un llamado a la solidaridad internacional con las y los manifestantes injustamente condenados.
  • Solicitamos una Ley de Amnistía para las personas injustamente condenadas, como paso necesario que abra las puertas a un socialismo realmente democrático y de iguales.

Suscribimos…

Cuba Alianza Afrocubana
Cuba Plataforma 11M
Cuba Reclamo Universitario
Cuba Socialistas en lucha
Cuba Revista Tremenda Nota
Cuba Adiel González Maimó, teólogo y activista LGBTIQ+
Cuba Ahmed Correa Alvarez, University of California, Merced
Cuba Ailynn Torres Santana, académica y militante feminista
Cuba Alexander Correa Iglesias, historiador
Cuba Alexander Hall, estudiante de historia, activista afrodescendiente de proyección socialista
Cuba Alina Bárbara López Hernández, historiadora, ensayista y editora cubana. Coordinadora de La Joven Cuba
Cuba Amalia Pérez Martín, University of California, Merced
Cuba Amanda Chang
Cuba Angélica Salvador, trabajadora de cine
Cuba Camilo González Machado, estudiante de doctorado
Cuba Carlos Bernal Medina, cubano comprometido con la justicia social
Cuba Daniel Alejandro Espinosa Prieto, estudiante universitario
Cuba Daniel Triana Rubio, actor y activista
Cuba Dennis Valdés Pilar, psicólogo y pedagogo
Cuba Diosnara Ortega González, socióloga
Cuba Enrique Guzman Karell
Cuba Esteban Insausti
Cuba Hamed Oriol Toledo Torres, anarquista
Cuba Hiram Hernández Castro, Profesor
Cuba Inti Santana Guerra, Cantautor cubano
Cuba Ivette García González, Historiadora, profesora y escritora
Cuba Jonathan Samir Formell Sierra, compositor, estudiante del ISA, guitarrista y periodista musical
Cuba José Alejandro Esteve Santos, estudiante de medicina, militante de Marx21
Cuba José Ángel Santiesteban Ricardo, ingeniero en telecomunicaciones
Cuba José Manuel González Rubines, periodista y editor del portal de análisis político La Joven Cuba
Cuba Juan Pin Vilar
Cuba Julio Antonio Fernández Estrada
Cuba Julio Cesar Guanche Zaldivar, Profesor e investigador cubano. Milita por el socialismo y el republicanismo democráticos para Cuba
Cuba Kaloian Santos Cabrera, Periodista, fotógrafo y docente
Cuba Liane Cossío
Cuba Lidia M Romero Moreno, activista LGBTIQ y por los derechos de las mujeres
Cuba Lisbeth Moya González, periodista feminista y escritora cubana
Cuba Manuel Rodríguez Yong, productor y realizador audiovisual
Cuba Marta María Ramírez, periodista y activista feminista autónoma
Cuba Maykel González Vivero, periodista cubano y director de Tremenda Nota
Cuba Miguel Alejandro Hayes, economista político y bloguero
Cuba Orlando Santos Pérez, cubano de corazón, Doctor en Ciencias
Cuba Rafael Alejandro González Escalona, periodista
Cuba Raúl Armando Leiva González, estudiante de Letras
Cuba Raúl Soublett López, Coordinador General de la Alianza Afro-Cubana
Cuba René Fidel González García, Profesor de Derecho y ensayista
Cuba Ricardo Figueredo Oliva, cineasta
Cuba Roberto Garcés Marrero, antropólogo
Cuba Roberto Ramos Mori, artista visual, tatuador, UNEAC, MINCULT
Cuba Tania Bruguera, artista, activista y profesora
Cuba Yarelis Rico Hernández, directora de la revista Palabra Nueva
Cuba Yasmín S. Portales-Machado, Escritora y activista LGBTIQ+
Cuba Yoelkis Torres Tapanes, Master en estudios históricos y antropológicos, Coordinador de Proyectos, Activista LGBTIQ+
Argelia Anzar Atrar, activista de Kabilia y militante de Marx21
Argentina Angélica Lagunas, Secretaria General de ATEN (docentes) NEUQUEN capital. Dirigenta de Izquierda Socialista/ FIT Unidad, Legisladora provincial (mc) en Neuquén por el Frente de Izquierda.
Argentina Carolina Saller
Argentina Daniel Ruiz, preso político excarcelado
Argentina Fernando Lizárraga, Investigador Conicet-UNComahue
Argentina Graciela Calderón, Secretaria General adjunta Suteba (docentes) Matanza. Diputada provincial por Buenos Aires. Izquierda Socialista/ FIT Unidad
Argentina Guillermina Bertoni, economista
Argentina Ivana Piccardo, Profesora Derecho Constitucional. Universidad Nacional de Córdoba
Argentina Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo, Izquierda Socialista en el FITU
Argentina Liliana Olivero, Izquierda socialista, FIT unidad, Córdoba
Argentina Luciana Cadahia, Filósofa
Argentina Manuela Castañeira, dirigente del Nuevo MAS
Argentina Mariana Scayola, Secretaria General Ademys (docentes) de la Ciudad de Buenos Aires. Referente de la Agrupación Docentes en Marcha y de Izquierda Socialista en el FITU.
Argentina Mercedes de Mendieta, dirigenta de Isadora Mujeres en lucha. Diputada Nacional electa por Ciudad de Buenos Aires. Izquierda Socialista/ FIT Unidad
Argentina Mercedes Ttimarchi, Dirigenta de Isadora Mujeres en lucha. Legisladora electa por Ciudad de Buenos Aires. Izquierda Socialista/ FIT Unidad
Argentina Miguel Sorans, UIT-CI
Argentina Monica Schlotthauer, Delegada Ferroviaria y Diputada Nacional electa, Izquierda Socialista en el FITU
Argentina Natacha Scherbovsky, antropóloga, investigadora
Argentina Noelia Agüero, legisladora por Córdoba Izquierda Socialista/ FIT Unidad
Argentina Olga Orttigoza, comision directiva Suteba (docentes) Matanza Concejal electa La Matanza. Izquierda Socialista en el FIT Unidad.
Argentina Omar Acha, Universidad de Buenos Aires
Argentina Pablo Almeida, Legislador Izquierda Socialista en el FITU
Argentina Patricia Zangaro, dramaturga
Argentina Roberto Gargarella, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Argentina Roberto Sáenz, dirigente del Nuevo MAS y la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie
Argentina Ruben Pollo Sobrero, Secretario general de la Unión Ferroviaria seccionar Oeste, dirigente nacional de Izquierda Socialista en el FITU
Argentina Sebastián Romero, preso político excarcelado
Argentina Sebastian Aguirre Astigueta, abogado
Australia Dr David Brophy, Profesor Titular, Departamento de Historia, Universidad de Sydney
Australia Lee Rhiannon, Former Australian Senator
Australia Michael Thomson, antiguo Secretario Estatal, National Tertiary Education Union NSW
Australia Nick Riemer, Profesor titular, Universidad de Sydney
Australia Solidarity, grupo socialista
Bélgica Juan Domingo Sánchez Estop, filósofo, investigador, Université libre de Bruxelles
Botswana Kerstin Marobela, International Socialists Botswana
Brasil Atnágoras Lopes, Coordinación Nacional de Conlutas
Brasil Eduardo Almeida, Partido Socialista de los Trabajadores Unificado
Brasil Fábio Bosco, Secretaria Internacional, Conlutas
Brasil Herbert Claros, Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas
Brasil Renato Assad, Tendencia Socialismo o Barbarie
Brasil Soraya Misleh, periodista y activista
Brasil Vera Lúcia, precandidata a presidencia, Partido Socialista de los Trabajadores Unificado
Brasil Zé Maria de Almeida, Partido Socialista de los Trabajadores Unificado
Canadá Carolyn Egan, Presidenta, United Steelworkers Local 8300; Presidenta, United Steelworkers Toronto Area Council
Chile Haroldo Dilla Alfonso, director, Instituto de Estudios Internacionales
Chile María Rivera, delegada constituyente de Chile
Colombia Alicia Cardiles, vicepresidente de sinaltrainal
Colombia Edwin Molina, presidente de sinaltrainal
Colombia Fredis Marrugo, vicepresidente de Ustrial
Colombia Juan Cárdenas, escritor
Colombia Pedro Londoño, coordinador de la coordinadora de solidaridad de Cartagena
Colombia Rosa Cecilia Lemus, ex ejecutiva de la CUT PST-LIT
Colombia Weimar Muñoz, presidente de Sintrabiofilm
Colombia Wilson Castro, fiscal de sinaltrainal
Costa Rica Fabricio Briceño, militante del Partido Socialismo y Libertad (PSL)
Costa Rica Jessica Barquero, candidata a vicepresidente 2022, Partido de los Trabajadores
Costa Rica Jhon Vega, candidato a presidencia 2022, Partido de los Trabajadores
Costa Rica Víctor Artavia, Nuevo Partido Socialista-Corriente Socialismo o Barbarie (SoB)
Dinamarca Internationale Socialister
Dinamarca Jan Hoby, Vice-presidente, The National Organization of Social Education (LFS)
Ecuador Cristina Vega, docente universitaria
Ecuador Jose Antonio Figueroa
EEUU Aramis Milan
EEUU Danny Postel, Escritor y miembro, Internacionalismo Desde Abajo (Internationalism from Below)
EEUU Gayatri Chakravorty Spivak, catedrática, Universidad de Columbia
EEUU James Buckwalter-Arias, Profesor de lenguas y literatura
EEUU Joelle Deloison, Cuban 5 solidarity movement
EEUU Robert Brenner, University of California Los Angeles, EEUU
EEUU Samuel Farber, Profesor Emerito, City University of New York
Egipto Hossam el-Hamalawy, periodista socialista
Estado español Alberto Lavín, militante comunista y sindicalista en el sector de la enseñanza
Estado español Alfredo Jimenez Luengo, Corriente Roja
Estado español Anticapitalistas
Estado español Belén Díaz Collante, ambientóloga y activista en Extinction Rebellion
Estado español Brais Fernández, Anticapitalistas/Viento Sur
Estado español Carlos Fernández Liria, Profesor de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid
Estado español Carlos Girbau, concejal de Ahora Ciempozuelos
Estado español Clara Serra, filósofa feminista
Estado español David Karvala, activista social y militante de Marx21.net, Barcelona.
Estado español David Papiol, secretario de organización, UGT Catalunya
Estado español Jaime Pastor, politólogo y editor de Viento Sur
Estado español Jesús M. Castillo, profesor de Ecología en la Universidad de Sevilla
Estado español José María Morillo, Lluita Internacionalista (inmigración)
Estado español Josep Lluís del Alcázar militante de Lucha Internacionalista y del Secretariado Internacional de la UIT-CI
Estado español Josep Ramon Giménez, Lliga dels Drets dels Pobles
Estado español Julio Martínez-Cava, investigador postdoctoral y miembro de la revista Sin Permiso
Estado español Lucha Internacionalista
Estado español M Esther del Alcázar i Fabregat, Lluita Internacionalista, miembro de la Marea Pensionista de Catalunya
Estado español Maria Carvalho Dantas, activista social y diputada en el Congreso español, Esquerra Republicana de Catalunya
Estado español Marx21.net, red anticapitalista
Estado español Miguel Salas, sindicalista de CCOO, de la revista Sin Permiso
Estado español Santiago Alba Rico, escritor
Estado español Txell Bragulat, Directora de la Mostra de cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya
Euskal Herria-País Vasco Jesús Uzkudun Illarramendi, activista social por la salud laboral y víctima del amianto
Finlandia Pia Lohikoski, Diputada de Vasemmistoliitto
Francia Etienne Balibar, filósofo
Francia Marie Fauré, militante del NPA, Bordeaux
Francia Michael Löwy, sociólogo y filósofo marxista
Francia Yannick Bosc, historiador, universidad de Rouen-Normandie
Gran Bretaña Alex Callinicos, catedrático emérito de estudios europeos, King’s College London
Gran Bretaña Iain Ferguson, Catedrático Honorario de Trabajo Social, Universidad del Oeste de Escocia
Gran Bretaña Lucia Pradella, King’s College London UCU
Gran Bretaña Marianne Owens, miembro de la ejecutiva nacional, sindicato Public & Commercial Services Union (PCS)
Gran Bretaña Michael Szpakowski, artista y militante del SWP
Gran Bretaña Paul WIlliams, miembro de la ejecutiva nacional, sindicato Public & Commercial Services Union (PCS)
Grecia Afrodite Fragkou, concejala de la ciudad de Marousi
Grecia Antonis Skarpelis, miembro de la Junta del Centro Laboral de Atenas
Grecia Argiri Erotokritou, miembro del comité directivo, sindicato de trabajadores de la salud, Hospital G. Genimatas, Atenas
Grecia Costas Pittas, secretario, Federación de sindicatos de funcionarios del Ministerio de Desarrollo
Grecia Dimitris Zotos, acusación popular en el juicio a los neonazis de Amanecer Dorado
Grecia Dina Garane, miembro del comité directivo, Sindicato de Docentes, Atenas
Grecia Eleni Portaliou, profesora emérita de la Universidad de Arquitectura de Atenas
Grecia Giannis Koutras, miembro del comité directivo del sindicato de médicos del Hospital de Tesalónica (ENITH)
Grecia Giorgos Farantos, presidente, sindicato de trabajadores precarios, en la empresa de gas
Grecia Irini Fotelli, miembro del comité directivo de la Federación de sindicatos de trabajadores de radio y televisión
Grecia Katerina Patrikiou, miembro del comité directivo, sindicato de trabajadores de la salud, hospital oncológico de Atenas Aghios Savvas
Grecia Katerina Thoidou, concejala de la ciudad de Nikaia-Renti
Grecia Kostas Katarahias, miembro del comité directivo, sindicato de médicos de hospitales (EINAP), Atenas y El Pireo
Grecia Kostas Papadakis, acusación popular en el juicio a los neonazis de Amanecer Dorado
Grecia Kostas Polydoros, miembro del comité directivo, Sindicato de trabajadores de la salud en el sector privado
Grecia Lena Verde, miembro del comité directivo, Unión de periodistas en revistas y sitios web
Grecia Louiza Gkika, miembro del comité directivo, sindicato de médicos del Epirus Hospital, (ENH)
Grecia Maria Alifieri, miembro del comité directivo, sindicato de trabajadores de la salud, Ag. Hospital Kyriakou, Atenas
Grecia Maria Charcharidou, miembro del comité directivo, sindicato de trabajadores de la salud, Hospital G. Genimatas, Atenas
Grecia Maria Styllou, Socialistiko Ergatiko Komma, editora de la revista Socialismo desde Abajo
Grecia Nektarios Dargakis, miembro de la junta mixta del Sindicato de Periodistas de Grecia (Atenas)
Grecia Nikos Hatzaras, secretario, sindicato de trabajadores del gobierno local, Ampelokipi, Gran Salónica
Grecia Nikos Stravelakis, Universidad Nacional y Kapodistriana de Atenas, Miembro del Departamento
Grecia Nikos Tournas, miembro del comité directivo Sindicato de trabajadores de Ingresos Públicos
Grecia Panos Garganas, Socialistiko Ergatiko Komma, editor del periódico Solidaridad Obrera
Grecia Petros Constantinou, concejal, Ayuntamiento de Atenas, coordinador KEERFA Movimiento Unitario Contra el Racismo y la Amenaza Fascista
Grecia Serafeim Rizos, concejal de la ciudad de Chania
Grecia Spyros Vassileiou, miembro del comité directivo, sindicato de trabajadores de la salud, hospital oncológico de Atenas Aghios Savvas
Grecia Stelios Giannoulis, miembro del comité directivo, sindicato de profesores de escuelas privadas en Voula Atenas
Grecia Thanasis Diavolakis, concejal de la ciudad de Piraeus
Grecia Tiana Andreou, miembro del comité directivo, Federación de trabajadores del Ministerio de Hacienda
Grecia Vassilis Myrsinias, miembro del comité directivo, Sindicato de Trabajadores Hoteleros
Guinea Bissau Sérgio Carlitos Pereira, UPRG – Cassaca 64.
Hong Kong Colin Sparks, catedrático emérito de estudios de los medios, Universidad Bautista de Hong Kong
Hong Kong Lam Chi Leung
Irlanda Adrienne Wallace, concejala, Carlow
Irlanda Brid Smith, diputada en el parlamento irlandés (TD), People Before Profit
Irlanda Goretti Horgan, profesora en la Universidad de Mid-Ulster y escritora socialista
Irlanda John Molyneux, People Before Profit, Irlanda, autor socialista y editor de Irish Marxist Review
Irlanda Kieran Allen, secretario nacional, People Before Profit y autor, Irlanda
Irlanda Madeleine Johansson, concejala, South Dublin, Irlanda
Irlanda Marnie Holborow, autora socialista sobre lingüística y feminismo y activista contra la guerra
Irlanda Matt Collins, concejal, West Belfast, Irlanda
Irlanda Melisa Halpin, concejala, Dun Laoghaire, Irlanda
Irlanda Paul Murphy, diputado en el parlamento irlandés (TD), People Before Profit
Irlanda Richard Boyd Barrett, diputado en el parlamento irlandés (TD), People Before Profit
Irlanda Willy Cumming, autor socialista, Irlanda
México Jorge Peláez Padilla, académico del Departamento de Derecho, Universidad Iberoamericana campus Ciudad de México
México José Fernández Olivera, profesor
México Mauricio Alvarez Arce, Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Nigeria Baba Aye, Editor Socialist Worker (Nigeria)
Noruega Sofia Rana, activist antirracista y anticapitalista
Paraguay Julio Lopez, Confederacion de la Clase Trabajadora
Perú Daniel Mathews
Portugal António Tonga, angolano movimiento migrantes/ Em Luta
Portugal João Reis, Comisión de Trabajadores Volkswagen/ Autoeuropa
Rusia Rosalia Dzhamalova, manifestante antiguerra detenida, militante de Tendencia Socialista
Sudáfrica Linda Harms-Smith, catedrática asociada
Sudáfrica Rehad Desai, documentalista y activista
Tailandia Ji Giles Ungpakorn, catedrático asociado (jubilado), Universidad de Chulalongkorn
Tailandia Mrs.Vipar Daomanee, Ex-Instructor de la Universidad de Thammasat, Facultad de Innovaciones
Venezuela Andrés Izarra, periodista
Venezuela Jose Bodas Lugo, Secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, FUTPV y miembro de la corriente sindical CCURA
Venezuela Leander Pérez, militante de en Común
Venezuela Miguel Angel Hernández, militante del Partido Socialismo y Libertad, sección de la UIT-CI
Venezuela Claudia Rodríguez Gilly, Partido Socialismo y Libertad
Venezuela Luis Villafañe, militante del Partido Socialismo y Libertad (PSL)

* La redacción de La Joven Cuba ha recibido este llamado que ponemos a disposición de los lectores, publicado originalmente en el sitio Solidaridad 11J. Varios de los miembros del equipo decidieron acompañarlo con su firma.

11 abril 2022 25 comentarios 1.551 vistas
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Código Penal

El nuevo Código Penal: la «orden de combate» legislada

por Fernando Almeyda Rodríguez 4 abril 2022
escrito por Fernando Almeyda Rodríguez

Según el cronograma legislativo establecido por el acuerdo IX-115 y publicado en la Gaceta Oficial no. 5 de 2022, la aprobación del proyecto de Código Penal está prevista para este mes de abril. Poco se ha dicho en la prensa oficial cubana sobre el mismo, silencio que contrasta con la propaganda que ha recibido el proyecto de Código de Familias. Pero tanto la prensa independiente como algunos exponentes del gremio jurídico no vinculados al Estado, han expuesto datos alarmantes sobre el referido Código Penal.

Legalización de la violencia política

El código en cuestión exhibe algunos aciertos, como la desaparición del «Estado Peligroso», las «Medidas Predelictivas» (1), los delitos que penalizan la Bigamia, la Homosexualidad (2), así como la regulación de un mejor marco penal contra la violencia intrafamiliar, sexual y de género (3); no obstante, estos aspectos positivos quedan opacados ante un proyecto legislativo de naturaleza draconiana.

El marco sancionador de casi todos los delitos anteriormente previstos aumenta de forma notable, tanto en los llamados delitos comunes como en los políticos; la pena de muerte está prevista para veinticuatro figuras delictivas, cuatro más que en el Código de 1987, vigente hasta la fecha; la sanción de privación perpetua de libertad está diez veces más presente que en el vigente; aumentan los tipos delictivos, lo que incluye nuevas tipificaciones penales que pueden ser empleadas para reprimir el ejercicio de los derechos humanos y constitucionales.

Si bien el Código Penal de 1987 podemos considerarlo un texto jurídico poco garantista de la libertad de expresión y los derechos fundamentales, el proyecto en discusión llega a un nuevo nivel, institucionalizando la violencia a favor de los intereses del Estado.

En su artículo 23.1.4 se exime de responsabilidad penal a aquellos que actúen para «repeler o impedir un peligro o daño a los intereses sociales del Estado». Como contraparte, incluye un apartado nuevo al delito de «Atentado», encaminado a sancionar a quienes a través de «violencia o intimidación» intenten impedir que personas que no ostentan autoridad actúen «en cumplimento de su deber ciudadano, contribuya al enfrentamiento de actos de indisciplina que afecten la tranquilidad ciudadana, el orden y la convivencia».

Tomando como ejemplo el escenario del 11-J, se exoneraría de responsabilidad a quienes agredieran a manifestantes en interés del Partido y el Gobierno, en tanto se sancionaría por «Atentado» a aquellos que intentaran impedirlo.

Y no solo eso, en el artículo 27 del nuevo proyecto se conserva la eximente de responsabilidad penal por «obrar en cumplimiento de un deber», lo que libra de cualquier castigo a quienes violen derechos o cometan delitos en cumplimiento de órdenes. Nuevamente tomando como contexto al 11-J, esto supondría que aquellos oficiales de la PNR y el Ministerio del Interior responsables de la muerte de Diubis Laurencio pueden quedar impunes pues «cumplían órdenes»; como contraparte, se castiga a quienes no acaten las órdenes de un superior, sin importar su contenido.

Código Penal

Diubis Laurencio (Foto: Facebook / Yissell Fernández)

Esta es una línea que el Código Penal de 1987 nunca había cruzado: proteger el ejercicio de la violencia por parte de los ciudadanos contra otros habitantes en cumplimiento de la voluntad o interés del Partido y el Estado. Aunque el proyecto no se refiere textualmente al Partido Comunista, basta remitirse al artículo 5 de la Constitución, que declara que el Partido es la «fuerza dirigente de la sociedad y del Estado»; por ende, no existe diferencia alguna entre «intereses» estatales y partidistas. La violencia institucionalizada contra el disenso ya no se oculta, sino que ahora se premia.

«Tolerancia cero» al disenso

En el Código de 1987 existen múltiples figuras delictivas empleadas en la represión de los derechos fundamentales. En algunos casos se usaban arbitrariamente —como el delito de Desacato—, y en otros convenientemente —como el delito de Asociaciones, Reuniones y Manifestaciones Ilícitas. La Constitución de 2019 reconoce no solo el derecho a la libertad de expresión y manifestación en sus artículos 54 y 56 respectivamente, sino que incluye un mandato constitucional dirigido a establecer mecanismos legales para el amparo de estos derechos.

Ello dio a pie a una dicotomía: por un lado las normativas penales y la práctica judicial en sede penal son extremadamente represivas, mientras que el texto constitucional es más garantista.

Según el artículo 7 de la Constitución, la Ley de leyes tiene supremacía sobre otras normativas, por ende, la aplicación de normas penales, al ser de menor jerarquía, deberían respetar los derechos constitucionalmente reconocidos. Sin embargo, la abierta y brutal represión llevada a cabo desde 2020 hasta la fecha, ha puesto en evidencia que es el Partido Comunista y no la Ley quien goza de supremacía.

Se esperaba que la reforma del Código Penal eliminara la contradicción con los derechos cívicos y políticos que la Constitución reconoce. Pero resulta todo lo contrario: la dicotomía que en la práctica se observaba es resuelta en favor del Partido y no de los derechos constitucionales. Mientras que la Ley de Amparo Constitucional ha sido pospuesta, el Código Penal se prioriza, lo cual evidencia la voluntad del Estado de reprimir en lugar de proteger.

En vez de eliminar de las figuras penales aquellas lesivas a los derechos fundamentales, estas se potencian, se aseveran o se agregan nuevas. Si el Código de 1987 es poco garantista, el nuevo penaliza por completo la existencia del disenso.

El intercambio de información de cualquier tipo a un Estado extranjero, organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales, asociaciones o personas naturales o jurídicas, se sanciona con penas de diez a treinta años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o muerte, bajo el delito de «Espionaje». Esto quiere decir que por el acto de suministrar datos públicos a ONGs de Derechos Humanos, o intercambiar con personal diplomático de otro país, un ciudadano cubano podría ser condenado a muerte.

Código Penal

(Imagen: accionverapaz)

En el artículo 120.1 del nuevo Código, se sanciona de cuatro a diez años de privación de libertad al que «ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la Constitución de la República y ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del Estado y el Gobierno cubano». El legislador indica que para el ejercicio de los derechos en Cuba (incluidos los humanos) es preciso contar con una autorización por parte de la autoridad, es decir, que no se reconocen «derechos» sino «permisos».

El delito de Sedición se conserva íntegramente en el artículo 121, el cual equipara a civiles que se manifiesten pacíficamente y formulen exigencias o practiquen la desobediencia civil, con un motín militar. Para tal delito se establecen sanciones de diez a treinta años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o muerte. De esta forma, se da el mismo tratamiento a un asalto armado contra un cuartel que a una manifestación pacífica.

El artículo 124 del nuevo Código reforma el delito de «Propaganda Enemiga» (4) nombrándolo «Propaganda contra el Orden Constitucional»; el mismo sanciona de dos a cinco años a todo aquel que «incite» contra el orden establecido, la solidaridad internacional o el Estado socialista, sea de forma oral o escrita. El verbo rector incitar es poco claro y permite una interpretación arbitraria por parte de las autoridades contra cualquier ejercicio de expresión del pensamiento.

Se conserva el delito de «Difusión de Noticias Falsas» en el artículo 133, que permite sancionar a quien difunda tales noticias con el propósito de «poner en peligro el prestigio o el crédito del Estado Cubano, o sus buenas relaciones con otro Estado». A sabiendas de que el régimen cubano califica de falsa cualquier noticia que no coincida con las emitidas por sus órganos de propaganda, es de iure y de facto una forma de represión contra la libre emisión del pensamiento y el periodismo independiente.

El artículo 143 permite sancionar a cualquier persona con penas de cuatro a diez años de privación de libertad por el mero hecho de apoyar, fomentar, financiar, proveer, recibir o tener en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional. Al amparo de esta figura, el Estado puede sancionar y encarcelar a cualquier persona incómoda por el solo hecho de recibir, por ejemplo, una recarga del exterior.

Invitación a la violencia

La sociedad cubana se encuentra en una crisis sin precedentes, que ha convertido la supervivencia en un calvario. Desde el 11-J el ejercicio del disenso se ha naturalizado, lo cual pone en peligro las bases de un sistema político incompatible con la libertad en cualquiera de sus manifestaciones. En consecuencia, el Estado reacciona agresivamente contra cualquier signo de malestar.

En lugar de respetar la desobedienca civil, la protesta pacífica y la libertad de expresión como válvulas de escape naturales, ha decidido recrudecer el control y el miedo, apostándolo todo a la emigración, una opción que no está al alcance de todos y cuyos efectos a largo plazo serán devastadores.

Si como es el caso, manifestarse pacíficamente será sancionado con la misma severidad que un alzamiento armado, si la libertad de expresión es tratada al mismo nivel de la violencia física, si la crítica será castigada con igual severidad que un sabotaje, entonces se está cerrando la puerta a la protesta cívica al tiempo que se la abre a actitudes mucho más radicales.

Código Penal

Se está cerrando la puerta a la protesta cívica al tiempo que se la abre a actitudes mucho más radicales. (Foto: Internet)

Si bajo ningún concepto es posible expresar el desacuerdo a través de vías pacíficas, el Estado está enviando una clara invitación a hacerlo a través de la violencia y la clandestinidad. Eso ya está ocurriendo. Mientras se recrudece la represión contra activistas, opositores y disidentes; ocurren hechos de naturaleza violenta y de causa misteriosa, principalmente en forma de incendios o carteles antigubernamentales.

Aprobar un proyecto de Código Penal con tales características en un contexto semejante —en que el deterioro de las condiciones sociales de existencia es creciente y no se avizora la capacidad del gobierno para establecer políticas que reviertan este escenario a corto plazo—, es un suicidio político y marcará el inicio de una escalada de violencia política en Cuba.

***

(1) El «Estado Peligroso» y las medidas «pre-delictivas» son figuras ampliamente condenadas nacional e internacionalmente por implicar una severa violación de principios penales básicos, como la presunción de inocencia, tutela judicial efectiva y derecho a la defensa. Bajo el régimen de medidas pre-delictivas el Estado puede castigar arbitrariamente a personas sin que exista un hecho delictivo, sin juicio contradictorio y sin garantías legales; en la práctica, la aplicación de las mismas estaba determinada por prejuicios raciales, sexuales, culturales y políticos, estando reportados por la ONG Prisoners Defenders más de 18 mil personas bajo tales medidas.

(2) Otro de los aciertos de esta nueva Ley es la mejor tipificación de delitos en el entorno sexual y familiar, así como la desaparición de tipos delictivos carentes de sentido que penalizaban la homosexualidad (artículo 303,inciso a del Código Penal vigente), la bigamia (artículo 306) y el matrimonio ilegal (artículo 307).

Es especialmente válida la regulación de figuras penales relacionadas con la violencia de género y contra las violaciones de derechos en el marco intrafamiliar, dado que hasta el momento las leyes penales carecen de un marco legal de protección mínimo para este ámbito. No obstante, no fue capaz de eliminar el delito de Sacrificio Ilegal de Ganado Mayor, ni de elevar la edad penal.

(3) No deja de ser curioso como ya se incorporan terminologías establecidas en el proyecto de Código de Familias, cuya aprobación está pendiente de votación y referendum en julio; lo que los voceros del aparato jurídico estatal valoran positivamente puede interpretarse como que las autoridades están dando por sentado que el Código de Familias se aprobará, lo cual no deja de levantar suspicacias respecto a la pre-aprobación de un Código tan polémico.

(4) Luis Robles, después de más de un año en prisión provisional, ha sido sancionado a cinco años de privación de libertad por este delito.

4 abril 2022 29 comentarios 3.232 vistas
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Escarmientos

Entre leyes y escarmientos

por Rodolfo Alpízar Castillo 24 marzo 2022
escrito por Rodolfo Alpízar Castillo

Nota previa: No firmé el Manifiesto publicado en La Joven Cuba por razones de forma que expliqué a sus redactores, pero considero que las penas aplicadas en los juicios por los hechos del 11 de julio de 2021 son exageradas y desproporcionadas, dirigidas a castigar y no a reeducar, a escarmentar y no a establecer la legalidad.

1. Nadie en su sano juicio desea ver delincuentes paseándose libremente por las calles. Todos queremos, necesitamos, sociedades con leyes que protejan la tranquilidad ciudadana, e instituciones que las hagan cumplir.

Pero en el mundo civilizado la aplicación de la ley se rige por principios éticos y normas, escritas o consuetudinarias, no por la doctrina del «ojo por ojo» ni por la búsqueda del escarmiento.

Al calificar el delito y dictar sentencia, el juzgador moderno evalúa la proporcionalidad entre acto, daño provocado y marco sancionador establecido; grado de realización de la acción, condición del reo (edad, motivaciones, condiciones sociopsicológicas, carácter de reincidente o no), etc., además del grado de participación, si hay varios comisores. Para ser justas, las penas han de ser individualizadas.

Aunque se siga el debido proceso y se condene según el marco sancionador, no hay verdadera justicia si no se toman en cuenta esos elementos.

Tampoco es posible hablar de justicia si se juzga a partir de consideraciones  generales sobre lo que pudo ocurrir, o sobre posibles motivaciones de los instigadores. Podrá ser legal, pero no justo.

Escarmientos

El Tribunal Provincial Popular de La Habana celebró, entre el 14 de diciembre de 2021 y 3 de febrero de 2022, los juicios orales y públicos correspondientes a las causas penales por los hechos de la Esquina de Toyo y La Güinera. (Foto: Cubadebate)

2. Las sanciones aplicadas a los implicados en los sucesos del 11 de julio de 2021 en Cuba, aunque se afirme lo contrario, no parecen encaminadas a punir hechos delictivos y restituir la legalidad, sino a enviar un mensaje a quien sienta la tentación de repetir hechos similares.

En abstracto, podría aceptarse como correcto aplicar medidas para evitar la aparición de imitadores en la comisión de determinados delitos. Pero solo en abstracto. En lo concreto es una arbitrariedad.

Si se comprobó la existencia de un plan desestabilizador detrás de protestas y actos vandálicos, es obligación de los acusadores probar de manera fehaciente la participación y el grado de implicación en dicho plan de cada inculpado. Sancionar sin esa individualización puede ser buen escarmiento, pero no es justo.

«Dar un escarmiento» es absolutamente contrario al concepto moderno de justicia, y no tiene nada que ver con un sistema democrático.

3. El 11 de julio de 2021 se produjeron manifestaciones de protesta en varias localidades cubanas. Aprovechando la situación, algunas personas violaron las leyes y realizaron actos vandálicos.

Por tanto, las penas solo serían aplicables a quienes, con pruebas materiales irrefutables, puedan ser acusados de actos vandálicos y atracos. El resto de los manifestantes no cometió delito alguno.

Afirmar, sin mostrar evidencias irrefutables, que quienes se manifestaron o delinquieron estaban complotados para derribar el sistema de gobierno establecido es, cuando menos, un absurdo. Es difícil imaginar una coordinación tan perfecta que ponga de acuerdo a miles de personas, a lo largo y ancho del país, sin que lo descubrieran los órganos encargados de velar por la seguridad del Estado. Si fue así, esos órganos no cumplieron su cometido.

Es cierto que el derecho de libre manifestación no se recoge en ninguna norma jurídica, pues nuestros legisladores han priorizado otras (como el Código Penal, que será aprobado dentro de poco por la Asamblea Nacional). Pero la Constitución, norma madre de todas las demás, lo establece como derecho de todos los ciudadanos.

En consecuencia, los manifestantes del 11 de julio de 2021, con gritos o sin ellos, coordinados o no, no cometieron delito: Los amparaba la Constitución vigente en la República de Cuba, la misma que define el Estado cubano como Estado de derecho. Ni siquiera un «acta de advertencia» debieron recibir, pues considerar delito lo protegido por la Constitución va contra la esencia de un Estado de Derecho.

Delitos cometieron quienes aprovecharon la ocasión para su beneficio personal o para saciar apetitos destructivos. Ellos, y solo ellos, clasifican para ir a los tribunales, ser sometidos a juicio y recibir sanciones según la calificación individualizada de sus actos.

Escarmientos

Las penas solo serían aplicables a quienes, con pruebas materiales irrefutables, puedan ser acusados de actos vandálicos y atracos. (Foto: AFP)

4. En Cuba no es costumbre que las personas protesten en forma abierta y masiva contra el actuar de los gobernantes. Que lo hicieran sorprendió a todos, gobierno y ciudadanía incluidos. Por su rareza, es cómodo afirmar que las protestas respondieron a acciones desestabilizadoras de una red de conspiradores a lo largo del país.

Es inimaginable una conspiración con el grado de coordinación que refiere la argumentación de las sentencias. Cualquier abogado medianamente calificado y con deseos de sacar adelante a su defendido pudo demostrar lo insostenible de tal afirmación.

Lo que realmente hubo (y, lamentablemente, hay), es un desgaste, cuando no un verdadero descrédito, de las instituciones que deberían actuar como mecanismos de participación popular en las decisiones gubernamentales. El Poder Popular, nacido a mediados de los setenta como novedoso y prometedor  modo de gobierno democrático, pronto perdió efectividad: Los delegados de circunscripción se convirtieron en meros recaderos, sin poder alguno.

Por su parte, la elección de diputados, aunque difería del método aplicado con los delegados, al menos permitía a los ciudadanos elegir entre dos o tres candidatos. Pero desde mediados de los noventa no se elige, se «aprueba». Gracias a la fórmula «valen todos», un diputado, supuestamente representante de un municipio con más de cien mil habitantes, puede serlo por el «voto» (sin contrincantes) de menos de 300 electores.

Y no tiene cuentas que rendir a sus «electores», pues no les promete nada.

Si, para colmo, algunos diputados responden a cuotas según los cargos que ocupan en el gobierno o en las organizaciones que lo integran (ministros, generales, cuadros centrales de la CTC, la FMC, la UJC y la FEU), es evidente que la distancia entre diputados y «electores» es inmensa.

En conclusión, el ciudadano real, no el de los discursos o los medios oficiales, no tiene a quien exigirle atención para sus problemas (calles rotas, albañales desbordados, casas en ruinas, maltrato en los comercios, basura acumulada en las aceras…). Hasta asombra que estallidos como el del 11 de julio no se hayan producido antes.

Quien crea que exagero pregúntese cómo es posible que, luego del 11 de julio y las subsiguientes «intervenciones en los barrios vulnerables», hayan aparecido recursos que hasta ese momento no existían para resolver los problemas. Contabilice además cuántas veces, en los reportajes sobre dichas «intervenciones», aparece el término «planteamientos históricos», que son reclamos de la población cuya solución se pospone una vez y otra, algunos durante décadas.

Escarmientos

5. Meter en el mismo saco a quienes se manifestaron en las calles y a quienes realizaron actos de violencia o actuaron como vándalos demerita el actuar de los juzgadores y desacredita el sistema que se pretende defender.

Castigar a quien lanzó piedras contra una vitrina, o a quien se introdujo en una propiedad y la saqueó, es una acción justa que cualquier ciudadano respalda. Pero imponerles penas más severas que las aplicadas a violadores y asesinos es un absurdo jurídico.

Mal están los tribunales de un país si sancionan para dar escarmiento y no para impartir justicia. Peor si castigan con más rigor a quien protesta, con violencia o sin ella, que a quien arrebata una vida.

La dictadura batistiana condenó a quince años o menos a los principales implicados en el asalto a dos cuarteles, y luego los indultó. Hoy los herederos políticos de aquellos asaltantes castigan con penas superiores a quienes cometieron delitos de menor gravedad.

6. El derecho constitucional a la manifestación pacífica continúa sin ley que lo materialice. Los resultados de los recientes juicios muestran la urgencia de su redacción y puesta en vigor.

Las sanciones previstas en el proyecto de Código Penal que aprobará la Asamblea Nacional son, en algunos casos, más severas que las aplicadas en las causas por el 11 de julio. En él se mantiene la pena capital, vigente en muy pocos países. Los medios de difusión no hablan de eso.

El Estado cubano considera conveniente someter a escrutinio popular el proyecto del llamado «código de los afectos», pero no aplica el mismo método al de las sanciones.

Si la opinión del pueblo vale para los afectos, debe valer también para los castigos. Si se plebiscita uno, con más razón se debe plebiscitar el otro. Las sanciones aplicadas por los sucesos del 11 de julio demuestran por qué. El país necesita un código penal, no un código de escarmientos.

24 marzo 2022 36 comentarios 2.200 vistas
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Testimonio

¿Continuidad o ruptura? Testimonio de una revolucionaria

por Gladys Marel García 22 marzo 2022
escrito por Gladys Marel García

A sesenta y tres años del triunfo de nuestra Revolución ––guiados por la ideología patriótica mambisa martiana de libertad política, justicia social y antimperialismo–– y como veterana del proceso revolucionario, no puedo entender que los tribunales hayan condenado a esa barbaridad de años a un grupo de jóvenes que participaron, hace ocho meses, en las manifestaciones espontáneas del 11 y 12 de julio del 2021, reclamando la solución a la crisis de vulnerabilidad por la que atraviesan su familia y el pueblo cubano, de escasez y altos precios de los alimentos,  medicamentos y  otras necesidades que los condenan a la pobreza.

Los tribunales los han condenado por sedición y hurto. El estallido social provocó manifestaciones espontáneas en toda la Isla. No conozco evidencia alguna que demuestre la participación de todos estos encausados en hechos vandálicos, en lanzar piedras, palos y cocteles Molotov. Aun así los tribunales los han juzgado y condenado injustamente, pues la manifestación ocurrió de manera espontánea por el derecho a exigir sus derechos, y no fue por sedición (o sea insurrección, rebelión o conspiración), Tampoco por hurto, aunque unos delincuentes aprovecharon para asaltar las tiendas y llevarse las mercancías, por lo que sí deben responder ante la ley.

Los manifestantes no portaban armas, tampoco estaban vinculados y orientados por el imperialismo estadounidense, ni liderados por organización contrarrevolucionaria en Cuba. Nada de esto vimos los días 11 y 12 de julio   por televisión, ni en los noticieros y publicaciones posteriores, ni en ningún parte oficial y en las redes sociales. Como tampoco una organización contrarrevolucionaria se arrogó el liderazgo del estallido social y de las manifestaciones.

Quien sí portaba armas y objetos para agredir a los manifestantes fue la policía, así como hombres y mujeres vestidos de civil, que los atacaron a golpes sin respetar a menores de edad. Uno de ellos mató a tiros a un participantes en el estallido, y hasta hoy no ha sido juzgado.

Ante estos hechos vuelve a mi memoria la manifestación fúnebre que por primera vez se produjo en Santa Clara, el 27 de mayo de 1957. La dictadura, y por ende el aparato policíaco y represivo, había dado la orden de enterrar a los mártires solo con la familia.

La juventud que se fue congregando en la funeraria, donde se velaban los cuerpos de Agustín Gómez Lubian, Chiqui, y Julio Pino Machado —muertos por la explosión ocurrida en una de las acciones que realizamos el día anterior—, se negaba a cumplir las órdenes del Tte. Coronel Cornelio Rojas de quitarse los brazaletes y otras exigencias, por lo que el militar se vio forzado a dirigirse a Margot Machado (una de las dirigentes provinciales del MR 26-7 y madre de Julio, jefe de acción insurreccional en la ciudad) para que lo obedecieran.  

Transcurrían las horas y los jóvenes se enardecían cada vez más ante la insistencia de Cornelio Rojas de enterrar a los muchachos solo con la familia, como había orientado desde la capital de la República el Brigadier Pilar García.

Fue así como decidieron —junto con Margot—, rebelarse a esa orden y recorrer el camino al cementerio acompañando los cuerpos de los jóvenes caídos. Así lo hicieron. Hombres, mujeres y niños emocionados se fueron aglomerando en las aceras, desde donde muchos se incorporaron durante el trayecto, mientras se escuchaba por la radio la música fúnebre. Cornelio Rojas, acompañado del cuerpo policíaco, los custodió durante el recorrido y situó en el cementerio perseguidoras y ambulancias ante la posibilidad del estallido revolucionario.

Testimonio

De izquierda a derecha: De la Policía Nacional en Santa Clara: tte. Hernández, tte. coronel Cornelio Rojas; de traje civil Humberto Pérez Ríos, ex presidente de la Asociación de Alumnos de la Escuela Normal para Maestros de Las Villas; Gladys Marel, sobreviviente de la acción; a mi derecha el agente del SIM conocido como «Ojos lindos»;  el sargento La Rosa con espejuelos y el cabo que me hizo prisionera.

De aquellos acontecimientos solo yo permanecí prisionera y fui juzgada durante dos meses.(1) En el último juicio, efectuado el 29 de julio de 1957,  me enfrenté a mis acusadores y al fiscal que me pedía diez años de privación de libertad, pero el Dr. Espinosa, mi abogado criminalista, logró sacarme absuelta.  

A pesar de las evidencias encontradas —entre otras: fósforo vivo, cartas del contacto con Santiago de Cuba, proclamas, el documento manuscrito de Fidel Castro con las orientaciones al aparato militar clandestino para la ejecución de acciones y sabotajes, y otros documentos y notas—; el abogado, contratado con el dinero que teníamos para los gastos de la graduación de la Escuela Normal para Maestros de Las villas, logró influir en los magistrados argumentando que estas supuestas evidencias fueron introducidas en mi habitación por los que hicieron los registros.

En este sumario influyeron las gestiones que se hicieron con los magistrados, entre otros de mi compañera de estudios María Luisa Trelled, hija de uno de ellos; gestiones con el Fiscal, por su primo, el sacerdote de la Iglesia del pueblo de Esperanza; el  apoyo de profesores y alumnos, manifestaciones, y otras.

Soy testigo y participante de numerosas manifestaciones de calle, a gritos contra el Golpe de Estado, por el restablecimiento de la Constitución y contra la dictadura. No me es posible entender que al líder de la insurrección, rebelión y Revolución Cubana, Fidel Castro, se le haya condenado a quince años por los tribunales, y que en menos de dos años se liberara a los moncadistas por una amnistía; en tanto a los jóvenes que se manifestaron en julio de 2021 se les condene a penas tan elevadas por una insurrección que no existió.

Por mi honor, al juramentarme con Chiqui y Julio para seguir luchando a nombre de los tres contra la injusticia, escribo este testimonio demandando la liberación de estos jóvenes, cuyo delito ha sido defender el sustento y las necesidades de sus hijos, padres, familias, amigos y el pueblo de Cuba.

Es necesario que se revise el proceso de condenas, se libere a los detenidos que solo se manifestaron y se establezcan penas ajustadas al delito a los que cometieron actos de vandalismo.

***

(1) Ver mi expediente judicial por estos hechos, en la Causa 545 del Tribunal de Urgencia, en  la Audiencia de Santa Clara, en mi  archivo personal y en el archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado.

22 marzo 2022 60 comentarios 4.564 vistas
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Manifiesto

Manifiesto contra el silencio, por la justicia

por Redacción 21 marzo 2022
escrito por Redacción

A la Comunidad Artística e Intelectual cubana:

Los días 11 y 12 de julio del 2021 Cuba fue sacudida por un estallido social, que tuvo como respuesta un despliegue represivo de las fuerzas militares del Estado. Estos sucesos desembocaron en el uso desmedido de la violencia que trajo como consecuencia inmediata la muerte del ciudadano Diubis Laurencio, allanamientos de moradas, golpizas a manifestantes y detención de más de mil ciudadanos. A este episodio de desobediencia civil le han seguido procesos judiciales a más de quinientos ciudadanos, donde se han dictado penas ejemplarizantes que, en varios casos, superan los veinte años de cárcel.

En Cuba el derecho a manifestación continúa, pese al anuncio de las autoridades, pendiente de regulación. Y ante los sucesos del 11/12J el Estado responde con una violencia política y jurídica desproporcionada y metódica, que rebasa con mucho los episodios puntuales y espontáneos de violencia cometidos durante el estallido por algunos ciudadanos. No son equiparables las responsabilidades de un manifestante que daña un objeto o bien ajeno, con las de quien agrede —siendo agente del orden o civil— a otro ciudadano.

Por todo lo anterior, los abajo firmantes declaramos:

I- Esos cubanos y cubanas solo han ejercido su derecho a tener derechos, del mismo modo que cotidianamente se manifiesta la ciudadanía en nuestra región latinoamericana y en el mundo. Y en cualquier república, cuando se cometen excesos en las manifestaciones, los implicados —sean ciudadanos o agentes estatales— deben ser procesados de modo proporcional y conforme a derecho, jamás punitivamente.

II- Las penas dictadas son escarnios públicos contra toda la sociedad cubana —más allá de simpatías ideológicas o militancias políticas— para impedir cualquier intento de protagonismo activo de las personas en los destinos de su país. En su mayoría, los jóvenes procesados provienen de barrios vulnerables, afectados por la aguda crisis económica y por la mala gestión gubernamental. Hay desproporción de las condenas, vulneraciones en los estándares procesales vigentes —según la legislación cubana e internacional— y una exhibición ejemplarizante de los procesos por la prensa estatal nacional.

III- Es un deber intelectual general de académicos y artistas, en cualquier época y sociedad, condenar la violencia y la arbitrariedad sin dobles raseros; sin dispensas ideológicas o subterfugios de realpolitik. Condenarlo, además, porque las víctimas de esta violencia casi siempre son aquellos sujetos cuya vida, necesidades e intereses son objeto de nuestras investigaciones y obras.

IV- Es un deber humanista concreto acompañar a las víctimas de la violencia de Estado si entendemos que lo sucedido entre el 11 y el 12 de julio fue, como en toda Latinoamérica, un estallido social expresado mediante la desobediencia civil, resultado de la mala gestión gubernamental de la economía y de modos autoritarios de gestionar el conflicto y participación socio-políticos en Cuba.

V- En este momento inédito y triste de la historia cubana, llamamos a nuestros colegas intelectuales y artistas a acompañarnos. Los presos son —o pueden ser— nuestros familiares, vecinos, amigos. Nosotros mismos. En esta era de conectividad digital, todos sabemos lo que está ocurriendo. Nadie es ajeno en la actualidad a los acontecimientos, los testimonios y los desenlaces.

Desde cualquier ideología es posible condenar o avalar la violencia del poder. Las posturas de disimulo, silencio o complacencia ante el procesamiento punitivo a los manifestantes del estallido social, en lugar de defender a la ciudadanía vulnerable y hacer rectificar a las autoridades, solo perpetuará y ampliará los abusos y los conflictos. Y nos convertirá a cada uno de nosotros, personas de ideas y palabras, en cómplices, conscientes o disimulados, de la violencia y la injusticia.

Por ello, dada la prolongación y vicio de los juicios, la connotación punitiva de los mismos y las lecciones de procesos similares en nuestra región, exigimos la excarcelación de nuestr@s compatriotas. Y la delimitación ulterior, precisa, proporcional y estrictamente apegada a Derecho, de las responsabilidades privadas y públicas ante la violencia asociada al estallido. La forma concreta de iniciar tal proceder —por una Amnistía o fórmula similar— puede ser objeto de debate; su sustancia no. El Derecho no puede subordinar a la Justicia.

Adriana Ortega Normand

Alberto Abreu Arcia

Alejandro Pérez Díaz

Alex Fleites Rodríguez

Alexander Hall Lujardo

Alexei Padilla Herrera

Alfredo López de la Rocha

Alina Bárbara López Hernández.

Amaury Pacheco Del Monte

Armando Chaguaceda Noriega

Boris González Arenas

Camila Rodríguez

Carmelo Mesa-Lago

Carolina Barrero Ferrer

Dany Roque Gavilla s.j

Eloy Viera Cañive

Fernando Pérez Valdés

Gladys Marel García Pérez

Harold Cárdenas Lema

Haroldo Dilla Alfonso

Helen Ochoa Calvo

Ivette García González

Jorge Fernández Era

José Manuel González Rubines

Juan Pin Vilar

Juliette Isabel Fernández Estrada  

Leonardo Manuel Fernández Otaño

Leonardo Romero Negrín

Mario Valdés Navia

Marta María Ramírez García

Mauricio de Miranda Parrondo

Miguel Alejandro Hayes

Nelda Castillo

Omar Everleny Pérez Villanueva

Pedro Manuel Monreal González

Rafael Rojas Gutiérrez

Raudiel Peña Barrios

Raúl Prado Rodríguez

Sandra Ceballos

Tania Bruguera

Teresa Díaz Canals

Uva de Aragón y Hernández-Catá

 También firman y respaldan está exigencia cívica:

Abdiel González Maimó

Adriana Fonte Preciado

Aíxa Negrín Ortueta

Alberto Hernández Osorio

Alejandra Pino Díaz

Alfredo Castellanos Collazo

Alfredo Castellanos Collazo

Álvaro Tejeda Sardiña

Amílkar Feria Flores

Aminta D’Cárdenas

Anamelys Ramos González  

Aydana Hernández Febles

Camila Ramírez Lobón

Carlos Antonio Amador Rodríguez

Carlos Ricardo Molina Rodríguez

Carmen Corella

Carolina Sansón Aguiar

Cirenaica Moreira

Claudio Gaitan Garmendia

Daína Chaviano

Daniel Triana Rubio

Daniela Rojo Varona

Danilo Pompa

Danny Echerri Garcés

David Horta Pimentel

Elaine Acosta González

Flavio Garciandía de Oraá

Gerardo Mosquera

Giselle González García

Glenda Caridad Boza Ibarra

Hamed Oriol Toledo Torres

Hamlet Fernández Díaz

Hamlet Lavastida Cordoví

Hasn Carrillo Guach

Iván de la Nuez

Ivette Corcho

Jorge Carpio

Jorge Dalton

Jorge Ferdecaz

Jorge Gómez de Mello

José Alejandro Estévez

José Leandro Garbey Castillo

José M. Fernández Pequeño

Juan Carlos Sáenz de Calahorra

Juan Manuel Tabío

Julio Llopiz Casal

Karla Rodríguez Albert

Kianay Anandra  Pérez

Laideliz Herrera

Lázaro Saavedra González

Lilian María Martinó Lechuga

Llamirka Peñate Saavedra

Luis Cino Álvarez  

Luis Roberto Gómez Alarcón

Lynn Cruz

Magdiel Jorge Castro

Manuel Alejandro Rodríguez Yong

Manuel García Verdecia

Manuel Jorge Mesías

Marcela García Olivera  

María Antonia Borroto Trujillo

Mariela Brito

Marta Castillo

Marta Luisa Hernández Cadenas

Massiel Carrasquero Ramos

Miguel Alejandro Montero Ochoa

Miguel Augusto Gómez Fernández

Miguel Coyula

Miryorly García Prieto

Pedro Pablo Bacallao

Rachel Alfonso

Reinier Díaz Vega

Remy Ramses Hernández Lois

Ricardo Figueredo Oliva

Ricardo Franco Leyva

Roberto Viña Martínez

Rodolfo Gómez Schlittler

Rosario María Cruz Matos

Royma Cañas

Saily González Velázquez

Samuel Farber

Serguei Martínez Castillo

Teresa Cárdenas

Víctor Manuel Viera Potestad

Yanet Rodríguez

Yelanys Hernández Fusté

Yunior Morales

 Desde la comunidad internacional apoyan este manifiesto:

Antonio Tonga – Movimiento Migrantes, Portugal

Atenágoras Lópes – Coordinación Nacional del sindicato Conlutas, Brasil

Daniel Ruiz – Preso político excarcelado, Argentina

Eduardo Almeida – Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), Brasil

Herbert Claros – Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas

Jessica Barquero – Candidato a la vicepresidencia, Costa Rica

Jhon Vega – Candidato a la Presidencia, Costa Rica

María Rivera – Convencional Constituyente, Chile

Miguel Sorans – Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional

Pablo Almeyda – Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional

Sebastián Romero – Preso político excarcelado, Argentina

Sérgio Carlitos Pereira – UPRG Cassacá 64, Guinea Bissau, África

Soraya Misleh- Periodista y activista, Palestina-Brasil

Vera Lúcia – Precandidata presidencial, Brasil

Zé María de Almeida – Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), Brasil

* La redacción de La Joven Cuba ha recibido este manifiesto que ponemos a disposición de los lectores. Varios de los miembros del equipo decidieron acompañarlo con su firma.

21 marzo 2022 123 comentarios 4.945 vistas
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Causa (1)

Llamamiento a la solidaridad por la causa de los presos políticos del 11 de julio en Cuba. El caso del joven artista Abel Lescay

por Lisbeth Moya González 2 diciembre 2021
escrito por Lisbeth Moya González

Las manifestaciones del 11 de julio significaron para Cuba un gran cambio. Por primera vez, desde 1959, los cubanos salieron a manifestarse a las calles en diferentes provincias del país por muchas razones, pero sobre todo por el descontento popular que han generado la crisis económica y la gestión de la burocracia.

Si bien es cierto que las sanciones estadounidenses afectan la economía, al analizar Cuba no se puede pasar por alto el fenómeno burocracia y la falta de participación popular en la política. El disenso es castigado fuertemente y de eso dio muestras el gobierno el 11 de julio. Su reacción a todo tipo de disenso, incluso al de izquierda, es tildar a los ciudadanos de «contrarrevolucionarios», «políticamente confundidos» o «mercenarios pagados por el gobierno norteamericano».

El fenómeno Archipiélago fue ejemplo de ello. Se trata de una plataforma que tras los sucesos del 11-J buscaba establecer un diálogo nacional, más allá de condicionamientos ideológicos, y que convocó a una marcha pacífica para el 15 de noviembre. Este proyecto político fue dando muestras de un apoyo a la derecha mediante las proyecciones públicas y el posicionamiento de algunos de sus miembros.

Lo notable en sí, en el caso de este análisis, no es Archipiélago, sino el tratamiento que le dio el gobierno a este tipo de disenso. Nuevamente se usaron los medios de comunicación, sin derecho a réplica, para demeritar de todas las formas posibles a los principales organizadores e intentar probar sus vínculos con el gobierno norteamericano. La marcha fue desautorizada bajo la alegación de que el socialismo es irrevocable constitucionalmente y que las intenciones de esa protesta eran derrocarlo.

No obstante, una de las cuestiones más preocupantes es que en el fin de semana en que se realizaría la marcha, se repitió en Cuba de manera masiva uno de los capítulos más negros de su historia: volvieron los «actos de repudio», eventos organizados por el poder político para con gritos, improperios y todo tipo de violencia verbal, atacar el espacio más privado de los que disienten: la familia, el hogar.

Imagínese despertar con una turba de gente frente a su casa que le grita «contrarrevolucionario» y más, con un acto político organizado en su puerta, en su barrio, frente a sus hijos y padres. Eso fue algo habitual y bochornoso en la Cuba de los años 80, de lo que muchas veces se ha dialogado, algo de lo que muchos cubanos viven avergonzados, y que se repite hoy, con la estridencia de las redes sociales por medio. 

En este contexto el gobierno pretende evitar que sea denunciada una cuestión crucial: Cuba se abre a la liberalización de una economía estadocéntrica. El «ordenamiento monetario», medida anunciada para afrontar la crisis, que desde antes de la Covid-19 era notable, llegó en un momento de escasez y con matices nada ventajosos para el pueblo. Se trata, de hecho, de una segregación económica que ha llevado a los cubanos a la desesperación por la falta de productos básicos y la inflación.

El ordenamiento eliminó el CUC, la moneda fuerte que circulaba en Cuba desde 1994, pleno Período Especial, para dar paso a la Moneda Libremente Convertible (MLC), así como a cualquier divisa internacional altamente cotizada en el mercado negro.

Al anunciar la «Tarea ordenamiento», el ministro de Economía Alejandro Gil aseguró que a la par de los comercios en MLC, el resto de las tiendas continuaría comercializando todo tipo de productos necesarios en pesos cubanos, pues precisamente las nuevas tiendas tenían como finalidad recaudar divisas extranjeras para abastecer las ventas en pesos cubanos. En la práctica eso no ha ocurrido. Las tiendas a las que tienen acceso los cubanos que no poseen MLC están desabastecidas y cada día son menos. Conseguir productos básicos es una odisea y a pesar de la subida de salarios, el dinero no alcanza porque el proceso inflacionario es descomunal.

No sorprende entonces que ante semejante situación, agravada por la Covid-19, la imposibilidad de disenso y participación popular y el repetitivo discurso político que de manera burda manejan los dirigentes cubanos en los medios de comunicación para legitimar el proceso; la gente saliera a las calles.

La palabra izquierda es tabú en Cuba. Gran parte de la población asume como socialismo o izquierda al discurso y las prácticas que el gobierno sostiene. Se trata de una ciudadanía descontenta, con muy poca preparación política, pues los planes de estudio desde edades tempranas están centrados en el adoctrinamiento político a conveniencia del poder, y no en el desarrollo del conocimiento y el raciocinio en condiciones de libertad.

No es un accidente entonces que el 11 de julio la gente saliera a las calles. No eran mercenarios, no eran seres confundidos. Eran personas exhaustas respondiendo a contradicciones objetivas.

Causa (2)

No eran mercenarios, no eran seres confundidos. Eran personas exhaustas respondiendo a contradicciones objetivas. (Foto: Ramon Espinosa/AP)

Ese día salió a la calle gente contraria a las ideas de izquierda, sí, pero salió también el pueblo trabajador y marginado, la gente a la que la izquierda debe representar, las bases sociales a las que la izquierda debería llegar. Ese día salieron igualmente defensores del gobierno, jóvenes de la llamada «izquierda oficial», personas privilegiadas por el sistema en su mayoría.

En medio del caos, la violencia de ambas partes afloró. Eran manifestantes desarmados contra todos los cuerpos represivos del Estado y esos otros privilegiados o viejos defensores acríticos, armados con palos y respaldados por la policía.

El gobierno cubano afrontó una gran crisis de gobernabilidad, y sería injusto no tener en cuenta en este análisis la exhaustiva propaganda anticomunista norteamericana, que desde las redes sociales ha calado hondo en el imaginario del cubano. Pero las causas internas del estallido social están ahí, latentes en el devenir diario de las ciudadanas y ciudadanos de esta isla. Esas causas continúan sin resolverse y cada día se agravan más, debido a lo que significó para los manifestantes y sus familiares el 11 de julio.

Hasta el día de hoy, el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos de la plataforma de la sociedad civil cubana Justicia 11J, ha documentado 1271 detenciones en relación con el referido estallido social. De estas personas, al menos 659 siguen en detención. Se ha verificado que cuarenta y dos han sido condenadas a privación de libertad en juicios sumarios y ocho en juicios ordinarios. Ya se conoce la petición fiscal de 269 personas que esperan entre uno y treinta años de sanción.

La figura de «sedición» ha sido utilizada para imponer sanciones al menos a 122 personas, según informa dicha plataforma que se ha encargado de contabilizar y sacar a la luz la situación de los involucrados, debido a que no existen cifras oficiales disponibles.

El 11 de julio fue el punto más álgido de la represión al disenso en Cuba. Históricamente existía el acoso sistemático de los órganos de la Seguridad del Estado a quienes disentían a lo largo y ancho del espectro político; también se documentaban casos de expulsiones de centros de estudio o trabajo por cuestiones ideológicas y muchas otras evidencias por el estilo. No obstante, el 11 de julio la represión fue ejercida en el cuerpo de los manifestantes.

Tal es el caso del joven músico y poeta Abel Lescay, quien tras manifestarse en la ciudad de Bejucal fue arrestado esa noche en su casa. Este proceso es particular, porque fue conducido a la estación de policía desnudo y sufrió Covid-19 durante el arresto. Él actuó pacíficamente, no atentó contra ningún tipo de propiedad, a pesar de lo cual la Fiscalía le acusa de los siguientes cargos: desacato a la figura básica, desacato a la figura agravada y desorden público. Por todos ellos solicitan una condena de siete años de prisión.

Causa (3)

Al joven músico y poeta Abel Lescay le solicitan una condena de siete años de prisión.

Lescay es estudiante del Instituto Superior de Arte (ISA) y podría perder su carrera en caso de ser declarado culpable. Será juzgado el 5 y 6 de diciembre en el Tribunal Provincial de Mayabeque.

Casos como este acontecen en Cuba en estos días, situaciones absurdas e inconcebibles. Cuando hablo de estos temas con integrantes de la izquierda de otros países, resulta inaudito que a alguien le exijan semejantes condenas por salir a ejercer el derecho a manifestación. «Si es así estaríamos todos eternamente en la cárcel», me comentó un amigo argentino.

Escribo estas líneas llena de temor, aun sabiendo lo que significan en cuanto a repercusiones para una militante de la izquierda alternativa que vive y trabaja en Cuba. Escribo estas líneas porque la dicotomía principal de una militante de izquierda en Cuba es tener claro a quiénes se enfrenta y en qué contexto. Si bien tenemos como socialistas la misión de luchar contra el imperialismo en el mundo, si bien estas palabras podrían ser instrumentalizadas por otras causas, en Cuba ya no podemos callar, porque se trata de las vidas de muchas y muchos. Se trata del derecho a disentir y existir con dignidad.

Llamo a la militancia de izquierda internacional y a quienes lean este texto a no dudar en indagar y apoyar la causa de los presos políticos en Cuba. Convoco a la solidaridad internacional con Abel Lescay, porque solo así seremos escuchados. La izquierda, a pesar de sus matices y diferencias, debe pensarse como una en el mundo ante este tipo de atropellos. No podemos pensar al opresor solamente como un burgués, la burocracia también oprime. No me canso de decirlo: «Socialismo sí, Represión no».

2 diciembre 2021 31 comentarios 2.169 vistas
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Fraternidad

Fraternidad

por Jorge Fernández Era 14 noviembre 2021
escrito por Jorge Fernández Era

Gracias, Lazarito. Efectivamente, transmitimos en vivo y en directo desde aquí, en la explanada de la Punta, donde, en pocos minutos, partirá Prado arriba la manifestación pacífica convocada para este lunes 15 de noviembre, que se convertirá en reafirmación de todo lo que nos une como cubanos.

Son muchas las iniciativas que han surgido para esta fiesta gigante de pueblo. Una de las más esperadas, que se realizará a unos metros de donde me encuentro, consistirá en un Taller de Guaguancó que ofrecerá el cantautor Raúl Torres sobre el muro del malecón habanero. Los participantes que más se destaquen estarán invitados a formar parte del elenco que grabará en breve la segunda parte del videoclip «Desbloquéame», titulada «Lánzame cualquier cosa menos un bloque».

Un poco más allá, justo frente al monumento a Juan Clemente Zenea situado al inicio del Paseo, se hará el maratón de lecturas «No en bardo somos poetas», en donde decenas de diputados de la Asamblea Nacional declamarán ante el público las múltiples piezas que les han inspirado las sesiones de la presente legislatura. En dicha actividad se hará entrega por primera vez del Premio Anual de Poesía «Yo, Suam, contra el Tío Sam», consistente en una cesta con panes y peces.

Y ya que hablamos de cultura, en la emblemática esquina de Prado y Neptuno se han situado dos tarimas colindantes, una perteneciente al bando rojo y la otra al azul, donde se efectuará la competencia de controversia «No nos dejemos engañar por La Engañadora», auspiciada por el proyecto «Siembra tu venenito», de los Comités de Defensa de la Revolución. El punto culminante de la velada será cuando, con la asistencia del presidente de la República y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, se haga el estreno mundial de la pieza «Yo soy el punto cero cubano».

Los niños y adolescentes no tendrán motivos para el aburrimiento, ya que se consumará un juego gigante de policías y ladrones a lo largo del paseo arbolado. Para que no falte expectación, los policías estarán vestidos de civil. Serán premiados aquellos niños que logren identificar a un mayor número de agentes del orden.

Paralelo a ello, y como aporte del Ministerio de Cultura a la actividad con quienes son la esperanza del mundo, el propio ministro ha organizado un juego que hará las delicias de la grey infantil, titulado «Mariquita, mariquita, el celular no se quita». Alpidio se dirigirá a niños y adolescentes y, haciendo como que viene a saludarlos, les arrebatará el aparatico para que los muchachos corran tras él a recuperarlo.

Moderado por el doctor Esteban Lazo, sesionará el evento teórico «Construcción del socialismo, una obra con severos atrasos». Estudiosos de la materia, la que ni se crea ni se destruye, se reunirán en el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio a discutir temas como «Periodo especial o la especialidad de la causa», «El tabaco que se fumó Murillo», «Échale limón: música popular cubana como base de todo», «Siboney: barrio vulnerable a la obesidad», «De Fernando a David y de David a Fernando, lo que va de ayer a hoy», «¿Es irreverente la irreversibilidad de lo irrevocable?» y «¡Ahora sí vamos a construir… lo que vamos a construir!».

Igualmente, desde el Palacio de Computación será organizado un tuitazo gigante titulado «Los 62 000 millennials», con el que se espera reunir a igual número de jóvenes de esa generación para intercambiar sobre la comunicación, sus medios, las tecnologías digitales, el financiamiento subversivo para asegurar estas últimas y las recargas de Etecsa.

Concluido este, se realizará desde dicha institución, aledaña al Parque de la Fraternidad, una transmisión especial del espacio «Con Filo», donde sus realizadores prometen mostrar, con todos sus matices, las noticias, los hechos y las matrices de opinión que circulan en las redes cubanas, y para ello rasgarán las costuras de la manipulación mediática de perfiles falsos como El Guerrero Cubano y Karlito Marx.

Está plenamente confirmado el aseguramiento gastronómico. A lo largo de la avenida se han instalado quioscos y carpas donde se garantizarán cuarenta y siete productos. No faltarán comestibles y bebestibles: los mejores barmans y chefs de la Habana Vieja confeccionarán, a la vista de los consumidores, daiquirís, mojitos y, sobre todo, cubalibres, acompañados de Canciller a la Parrilla.

Tomando en cuenta amargas prácticas de incorrecta utilización del transporte en las recientes manifestaciones del 11 de julio, serán situados quince puntos de evacuación donde, municipio por municipio, los participantes serán conducidos en patrulleros, carros jaulas, camiones de Comunales y cuanto medio sea necesario para garantizar el traslado hacia unidades de la PNR y centros de aislamiento.

No revelo más sorpresas, Lazarito, porque acá me indican que va a empezar ya la marcha, la que constituirá, sin discusión ni debate alguno, un gran palo, periodístico digo. Son todas las emisoras y canales nacionales los que se suman a la transmisión, ¡estamos encadenados!

¿Qué pasa, compañero?… Debe ser un error… ¡Alguien que le pregunte a este policía por qué me conduce!…

14 noviembre 2021 23 comentarios 2.732 vistas
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