Tengo ante mí la respuesta del poder a la solicitud de ciudadanas y ciudadanos para efectuar una manifestación política pacífica el 15 de noviembre, a tenor con derechos postulados en la Constitución de 2019. No por esperada la respuesta deja de ser indignante dada la soberbia que destila. La negativa rotunda se escuda en una interpretación maniquea de los artículos constitucionales, que pretenden blindar el modelo de socialismo estatizado y burocrático ante cualquier reclamo de transformación que no provenga del propio Gobierno/Partido/Estado.
Una interpretación constitucional de tal naturaleza hace tabla rasa del Estado Socialista de Derecho y los convenios internacionales sobre derechos humanos, pero su contenido revela una verdad de fondo que es aún más peligrosa. ¿Acaso el Gobierno/Partido/Estado considera equivalentes los términos de poder/sistema social/modelo? ¿Es eso lo que dice la Constitución de 2019? ¿Será preciso luchar por una nueva carta magna para que sea posible promover cambios al actual modelo cubano desde la sociedad civil?
-I-
Con perdón de Roa, la Revolución del Treinta no se fue a bolina totalmente. La nueva república que salió de ella, más inclusiva y pluralista que la anterior, halló su conformación en la Constitución del 40, una de las más modernas y progresistas del mundo al cierre de la década. Todos los movimientos políticos transformadores y reivindicativos que surgieron a partir de entonces la tuvieron, al mismo tiempo, como ara y pedestal. Los derechos humanos de primera y segunda generación (políticos y económico-sociales) estaban representados en ella con tintes radicales, lo cual empoderó a diversos sectores sociales.
Cuando en las elecciones de 1952 el movimiento progresista amenazó con romper el modelo tradicional de dominación de la oligarquía cubana, se impuso el gobierno de facto de Fulgencio Batista, quien se apresuró a proclamar sus propios «Estatutos Constitucionales».
La lucha contra la tiranía tuvo como bandera el retorno al imperio de la Constitución de 1940. No obstante, al triunfar la Revolución, la Ley fundamental de 1959 adoptó el cuerpo teórico de la del 40 pero otorgó el poder legislativo al Consejo de Ministros (Artículo 119), extinguiendo así la trilogía de poderes del Estado. Entre otras potestades adicionales, se facultaba al Gobierno Revolucionario Provisional (GR) para:
c) Discutir y aprobar los presupuestos de gastos, inversiones e ingresos del Estado; d) Resolver sobre los informes anuales que el Tribunal de Cuentas presente acerca de la liquidación de los presupuestos, el estado de la deuda pública y la moneda nacional; e) Acordar empréstitos y autorizar, asimismo, la prestación de garantía estatal para las operaciones de crédito. (Artículo 121)
Con ello se otorgaba al ejecutivo un poder tan grande en la república que eclipsaba a los anteriores, y recordaba, por un lado, al Comité de Salud Pública de los jacobinos durante la Revolución Francesa; por otro, al régimen de las Facultades Omnímodas otorgadas por la Corona a los gobernadores coloniales para mantener sujeta por la fuerza a la «Siempre fiel isla de Cuba».
Fidel Castro toma posesión como Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, el 16 de febrero de 1959, en el Palacio Presidencial de La Habana.
Desde entonces, y hasta hoy, la voluntad política del grupo de poder militar hegemónico, representado directamente en las diferentes instancias del GR, ha actuado como un poder omnímodo que subordina todo el andamiaje del Estado y la sociedad a sus mandamientos. En 1965, al surgir el PCC como «fuerza política dirigente», aparentemente lo hacía como subordinante —según el modelo oficial del socialismo real— sin embargo, en la práctica, era un subordinado del GR y su correa de trasmisión más importante a nivel social.
Una década más tarde, al finalizar la provisionalidad y crearse las nuevas estructuras del Estado socialista al estilo soviético —durante el llamado «Proceso de Institucionalización»—, estas vinieron no a limitar sino a reforzar el poder del GR. A partir de aquella etapa se constituyó definitivamente la tríada Gobierno/Partido/Estado, que pasaría a detentar —por ese orden— el poder real y efectivo.
Así lo demuestran tanto la letra y el espíritu de la Constitución de 1976, como un vistazo a la composición de los órganos supremos de la república socialista: Buró Político y Secretariado del Comité Central del PCC, Consejo de Estado y Consejo de Ministros; integrados por las mismas personas y sus acólitos.
El poder burocrático centralizado tomaba cuerpo en una sólida estructura de dominación que, amparada por el liderazgo carismático de Fidel y la defensa de la soberanía nacional ante las agresiones e intentonas desestabilizadoras del gobierno de los Estados Unidos, rechazaba de plano cualquier disidencia y atribuía la crítica a sus decisiones a la labor quintacolumnista de «mercenarios al servicio del Imperio», empeñados en destruir la Revolución.
-II-
Cuando se vino abajo abruptamente el modelo de socialismo estatizado y burocrático impuesto por la Unión Soviética en países de Europa, Cuba y Corea del Norte quedaron como sus únicos exponentes a nivel mundial. Mientras los países de Europa oriental y las antiguas repúblicas soviéticas optaron por transitar al capitalismo y China y Vietnam establecieron regímenes de socialismo de mercado que aprovechaban las ventajas de la globalización, Cuba se hundía en la crisis del Período Especial.
Cuando se vino abajo abruptamente el modelo de socialismo estatizado y burocrático impuesto por la Unión Soviética en países de Europa, Cuba y Corea del Norte quedaron como sus únicos exponentes a nivel mundial.
La estrategia diseñada para superar esa etapa sin renunciar a las «conquistas de la Revolución», pasaba por introducir elementos de la economía capitalista y limitadas cuotas de descentralización interna. El grupo de poder, sin embargo, preservaría su hegemonía política impoluta, exigiendo cada vez mayores cuotas de sacrificio y lealtad al pueblo.
Tras el inicio de las reformas de Raúl, plasmadas en los Lineamientos y la Conceptualización, con su marcha zigzagueante y a trompicones —marcada más por la influencia de la política hacia Cuba de las administraciones estadounidenses que por una voluntad sostenida de transformaciones internas—, se llegó a la aprobación de la Constitución 2019 y a la inédita proclamación del Estado Socialista de Derecho. Pero cada vez se ha hecho más evidente que tal concepto no significa lo mismo para el grupo de poder hegemónico, amplios sectores de la ciudadanía y la práctica internacional.
Cuando el artículo 4 proclama: «El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable», establece una falsa similitud entre sistema y modelo e instaura un principio que petrifica el actual modelo socialista como si fuera único e inamovible. De nada valdría tratar de cambiar todo lo que deba ser cambiado para mejorar el país si cualquier modificación, sustracción o adición a los elementos del modelo es considerada inconstitucional a criterio de un puñado de decisores y académicos.
Menos aún como se hace en la respuesta de las autoridades a la solicitud de permiso a manifestación, en la que se reitera el llamado al pueblo a «combatir por todos los medios» cualquier solicitud de esa índole, aunque sea pacífica y en silencio, sin que se cite el resto del artículo constitucional, que establece una condicionante: «cuando no fuera posible otro recurso».
El referido artículo constitucional tiende a eternizar el actual modelo de socialismo, al impedir cualquier modificación que conduzca a formas de gestión económica, social y política socialistas que respondan a una sociedad menos burocratizada e inmovilizada y sí más dinámica, democrática y participativa. Lo que habría que preservar es el socialismo como sistema, no el estatismo burocrático como modelo.
Hace un tiempo escribí:
La soberbia es considerada por muchos como el pecado capital primario. Su expresión más peligrosa socialmente es cuando se presenta en aquellos que pertenecen al grupo de poder hegemónico en un momento determinado. En esos casos, la alucinación que provoca en la visión de los poderosos respecto a los demás afectará sus modos de gobernar a las grandes masas.
Si la soberbia se entroniza en un grupo de poder de origen militar, tiende a crecer en progresión geométrica debido a los tradicionales hábitos de ordeno y mando de ese sector. Si a eso se añade el lastre acumulado tras largos períodos de ejercicio de un poder omnímodo, los niveles de soberbia pueden llegar a destrozar la escala de cualquier soberbímetro. Por eso Martí no dudó en advertirle a tiempo a su querido y respetado M. Gómez: «Un pueblo no se funda, General, como se manda un campamento».
Si la tríada poder/sistema social/modelo se encumbra como indivisible, no será posible aspirar a cambios promovidos desde la sociedad civil. Solo descentralizando el poder que ha acumulado el grupo hegemónico, democratizando la vida política y social y empoderando a la ciudadanía y los sectores emergentes, podrán avanzar las reformas que Cuba necesita para encontrar el rumbo de la prosperidad y la democracia.
Para lograrlo, debemos luchar en Cuba por una nueva Carta Magna que defienda la soberanía y el Estado de derecho, no por el actual modelo de socialismo realmente existente, reliquia del pasado y fuente nutricia de la sobrevivencia de un grupo de poder anquilosado y deslegitimado.
