Este sábado una lancha rápida procedente de Estados Unidos se hundió al norte de Bahía Honda, Artemisa, al colisionar con una unidad de superficie de Tropas Guardafronteras, lo que provocó la muerte de siete personas, incluida una niña de dos años.
La noticia se conoció mediante un comunicado del Ministerio del Interior (Minint), el cual precisaba que luego del choque fueron enviadas otras dos embarcaciones de la guardia costera cubana para efectuar las labores de búsqueda y salvamento. Ello permitió el rescate de las veintitrés personas que viajaban en la lancha, incluidos los cuerpos de los fallecidos.
El hecho dispara una vez más las alarmas en medio de la mayor crisis migratoria cubana en su historia, cuyo catalizador definitivo fue el anuncio de libre visado en noviembre de 2021 por parte del gobierno nicaragüense, que abrió el camino a una estampida masiva por tierra rumbo a la frontera sur de Estados Unidos.
Sin embargo, menos se habla de que en igual periodo también aumentó la cifra de los que se lanzaban a navegar noventa millas a bordo de lanchas rápidas, embarcaciones improvisadas, o incluso, tablas de surf. Basta un dato para ilustrar el panorama: desde enero de 2022 hasta la fecha, la cantidad de cubanos interceptados por mar fue cinco veces superior a la de 2021.
Unido a los riesgos que implica emprender la travesía por el Atlántico, por demás, en condiciones nada óptimas, los sucesos de Bahía Honda exigen preguntarnos una vez más por qué se van los cubanos y, sobre todo, coloca en tela de juicio el proceder de las tropas guardafronteras y la discrecionalidad con que se manejan eventos como este. Pongamos el hecho en contexto.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que no es la primera vez, al menos este año, que un acontecimiento similar ocurre. El 1 de marzo también tuvo lugar una colisión entre una embarcación de las Tropas Guardafronteras y una lancha rápida que violó el espacio marítimo cubano cerca de la costa norte de Cayo Coco, Ciego de Ávila, mientras incurría en el tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos, de acuerdo con informes de las autoridades cubanas. El saldo final fue de un fallecido.
Si nos remontamos en el tiempo, el antecedente más recordado es el hundimiento del remolcador 13 de marzo en julio de 1994, cuando murieron cuarenta y una personas, incluidos diez niños, luego de que par de embarcaciones modelo Polargo provocaran la destrucción del remolcador.
Según el diario Granma, en 2021 las Tropas Guardafronteras cubanas capturaron veinte lanchas rápidas infractoras, vinculadas con el tráfico de personas. Asimismo, en el presente año, este cuerpo de seguridad marítima ha contribuido al rescate de 121 ciudadanos, como parte de la intercepción de siete embarcaciones. Empero, como aclaraba al inicio, las cifras indican que la opción más socorrida para los cubanos que deciden emigrar ilegalmente hacia Estados Unidos es la frontera con México. Durante el año fiscal 2022, finalizado el pasado 30 de septiembre, el número ascendió a 224 607.
No obstante, el costo de los pasajes y trayectoria (cerca de 10 mil USD por persona), unido a lo complejo y costoso de obtener un visado de tránsito en países como Panamá, la cantidad de semanas o meses de viaje, así como los riesgos de ser capturados por las autoridades de la región y regresados más tarde a Cuba, donde quizás ya hayan vendido todos sus bienes, provoca que no pocos opten por lanzarse al mar.
No es de extrañar entonces que de octubre del pasado año a septiembre de 2022, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptara a más de 6 000 cubanos, cifra que representa la mayor cantidad en un año fiscal desde la década de 1990, cuando tuvo lugar la crisis de los balseros.
Mas, el panorama actual difiere de lo ocurrido en la última década del siglo XX. Uno de los mayores contrastes es la anulación de la política pies secos, pies mojados, promovida por la administración Bill Clinton y que permitía a los migrantes cubanos que fueran interceptados en tierra, poder acogerse a la Ley de Ajuste.
Esta política fue derogada en enero de 2017 por el presidente Barack Obama. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca y luego de los polémicos sucesos de la embajada de Estados Unidos en Cuba, conocidos como los ataques sónicos, Washington limitó en gran medida las vías de migración legal de cubanos hacia ese país, al decretar el cierre de los servicios consulares en La Habana. Aun así, Trump dejó congelado pies secos, pies mojados.
Para entender los sucesos de Bahía Honda, huelga preguntarse: ¿cuáles son las causas que llevan a los cubanos a emigrar ilegalmente, aun corriendo el riesgo de perder su vida? La respuesta a un fenómeno tan complejo y multicausal se presume igualmente difícil. Por un lado, el discurso político cubano en torno a la crisis migratoria señala a Estados Unidos como uno de los factores determinantes.
Inmigrantes cubanos en un bote frente a Marquesa Key el miércoles 8 de junio de 2022. (Foto: U.S. Coast Guard)
En efecto, la nota del Minint dada a conocer este sábado expresaba: «Un nuevo suceso con desenlace fatal ocurre como consecuencia de la política hostil y cruel del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba que tolera y estimula las salidas ilegales desde Cuba al permitir la permanencia en su territorio de migrantes irregulares».
«Al mantener vigente la Ley de Ajuste Cubano se estimulan las salidas ilegales, lo que a su vez es aprovechado por elementos inescrupulosos radicados en ese país, que lucran sin reparar en el riesgo que representan estas actividades. Asimismo, el bloqueo económico, comercial y financiero provoca enormes dificultades a la población y se convierte en uno de los incentivos principales que generan este tipo de acción», continuaba el comunicado.
Un análisis objetivo apunta, en primer lugar, a una verdad de Perogrullo: los cubanos emigran por la misma razón que cualquier otro ciudadano proveniente de un país subdesarrollado hacia una nación con mejores perspectivas económicas. A estas alturas continuar desconociendo dicho factor como la causa fundamental del fenómeno migratorio habla de quien, incapaz de reconocer el defecto propio, se empeña en ver la paja en el ojo ajeno.
La grave situación económica que atraviesa la Isla, donde el salario promedio es menos de veinte dólares estadounidenses, provoca que los cubanos «sobrevivan» en condiciones adversas. A ello se suman otras problemáticas como el déficit en el fondo habitacional, constantes cortes del fluido eléctrico y un prolongado desabastecimiento de productos de primera necesidad que generan estrés y desesperanza. Como dije en un texto anterior, la solución a estos problemas tomará tiempo. Y es casi una ley no escrita que una buena parte de la población se haya cansado de responder ante el llamado oficial al sacrificio.
Por último, en una enumeración simple de indicadores que inciden en la oleada migratoria reciente, no pueden ignorarse las escasas garantías para quienes ejercen la crítica o deciden protestar contra la gestión de gobierno. El panorama político y la sociedad civil cubana distan mucho de lo que fueron en la segunda mitad el siglo XX, incluso durante el Período Especial. Paulatinamente, la ciudadanía se articula, conquista espacios, apuesta por la pluralidad y el disenso y promueve alternativas ante las deficiencias de la gestión estatal. Ello genera una tensión política poco vista en la historia de Cuba después de 1959.
Otra cuestión que contradice el discurso del gobierno cubano corresponde a un hecho no reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores ni ninguna otra autoridad, aunque ha sido referenciado por medios extranjeros y otros no afines al Estado. Y es que, desde octubre de 2021 hasta abril de 2022, el gobierno de la Isla no había aceptado ninguna deportación de cubanos por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. Para ese entonces existían más de 40 000 ciudadanos pendientes de ser deportados a Cuba, tras haber recibido una orden judicial.
Las conversaciones migratorias entre ambos gobiernos ocurridas en abril tampoco arrojaron medidas concretas para frenar el éxodo, si bien en los últimos meses Biden ha dado pasos positivos como el restablecimiento del Programa de Reunificación Familiar Cubano y el regreso de personal diplomático a La Habana.
Aun cuando el incremento de balseros y la crisis migratoria, que no da señales de retroceso, reafirman una gestión ineficiente por ambas partes, lo ocurrido en Bahía Honda va incluso más allá. Habla de un accionar al menos negligente y cuestionable de los guardafronteras cubanos, quienes teniendo como prerrogativa la persecución y detención de la lancha (por tratarse de una embarcación no identificada que violaba el espacio marítimo del archipiélago), procedieron a interceptarla aunque ello causara su hundimiento, incluso a costa de la vida de quienes se encontraban a bordo.
Además de la citada nota del Minint, las autoridades no han agregado nada más a la versión inicial. Los detalles adicionales sobre lo que pudo haber sucedido el 29 de octubre han trascendido a partir del testimonio de las víctimas, como fue el caso de Diana Meizoso, madre de la niña fallecida, quien afirmó que fueron embestidos por los guardafronteras.
Como señala un texto publicado por ElToque, para analizar los hechos hay que partir de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Además, la publicación explica que el entramado jurídico cubano para regular casos como este carece de suficientes elementos que permitan eliminar o al menos minimizar las manifestaciones de discrecionalidad.
«En el caso cubano —a diferencia de otros países—, no existen o no se han publicado protocolos o reglamentos que regulen el uso de la fuerza por las autoridades con funciones de orden interior. El vacío o la desregulación funciona como un mecanismo para profundizar la impunidad, pues al no existir reglas claras de cómo deben comportarse las autoridades ante hechos de este tipo, la ciudadanía tampoco cuenta con elementos de comparación que permitan evaluar la conducta de los cuerpos represivos», precisa ElToque.
En las primeras líneas de este texto decía que más de 6 mil cubanos migrantes fueron interceptados por mar en el año fiscal 2022. Quiero retomar el dato ahora desde otra perspectiva, pues ello significa que, aproximadamente y en promedio, dieciséis compatriotas tratan de salir de Cuba cada día a bordo de cualquier artificio, cual promesa de una escapatoria.
Desde ambas orillas se politiza el fenómeno, porque sí, nadie puede dudar que tiene de trasfondo una lectura política. Mientras la retórica gubernamental en Cuba sea la de culpar al otro porque los suyos se marchan, las opciones para la reconstrucción y la reconciliación serán cada día más escasas. De momento solo pido una cosa: ojalá que a la larga factura de esta crisis no sigamos sumando muertos.
Por: Yarislay García Montero