Un enfoque socialista de la libertad de expresión

Tras la supresión histórica de los denunciantes de prácticas ilegales en la administración pública por parte del gobierno de Obama, los reiterados ataques de Donald Trump a los medios de difusión, y las polémicas en los recintos universitarios en todo el país, el libro Free Speech: Ten Principles for a Connected World (Libertad de expresión: diez principios para un mundo conectado) de Timothy Garton Ash resulta oportuno.

Garton Ash ofrece una amplia exposición sobre el derecho a la autoexpresión y una defensa coherente de la libertad de expresión desde un punto de vista explícitamente liberal. La teoría y la práctica socialistas nunca han definido satisfactoriamente el lugar de la libertad de expresión en la lucha por la transformación social y en una futura sociedad socialista — razón de más para confrontar seriamente el desafío planteado por el nuevo libro de Garton Ash.

Las bases de la libertad de expresión

El análisis de la libertad de expresión realizado por Garton Ash tiene dos fuentes principales: Isaiah Berlin, quien propuso que la libre expresión está basada en la empatía y la tolerancia por valores múltiples y contradictorios, y John Stuart Mill, cuya defensa de la libertad de expresión subrayaba en primer lugar sus consecuencias favorables en lugar de su valor intrínseco como derecho. Ninguna de estas perspectivas constituye un basamento sólido para una defensa de la libertad de expresión.

La empatía y la tolerancia — dos estados de ánimo — son pésimos garantes de la libertad. La empatía no se traduce fácilmente en planes institucionales que pudieran sustentar la libertad de expresión, y la tolerancia es un precario sustituto para una robusta cultura de derechos. Por el contrario, los derechos deben empoderar a las personas sin reparar en las buenas intenciones individuales de los gobernantes.

Con ese espíritu, Thomas Paine elogió la nueva Constitución Francesa porque “ha abolido o renunciado a la tolerancia, y también a la intolerancia, y ha establecido el Derecho Universal de Conciencia.” Como explicó, “La tolerancia no es lo opuesto de la intolerancia, sino su falsificación. Ambas son despotismos. Una se arroga el derecho de negar la libertad de conciencia, la otra el de otorgarlo.”

En cambio, Mill en Sobre la libertad defiende la libertad de expresión primariamente con el argumento de que la verdad surgirá del llamado mercado libre de ideas, haciendo de esta suposición el principal argumento en favor de la libertad de expresión. Está claro que la ausencia de libertad de expresión y de libertad política obstaculiza la búsqueda de la verdad. Pero nuestro mercado de ideas es oligopolista y por ende no totalmente libre, ya que está restringido dentro de una sociedad clasista. Por lo tanto, ¿debería tener menos valor la libertad de expresión?

En lugar de depender de la promesa de un paraíso consecuencialista, se podría decir que un derecho es algo intrínsecamente valioso, esencial para la dignidad y la autodeterminación de las personas, y necesario para la democracia. Los derechos — incluyendo el derecho a la libertad de expresión — podrían ayudar a producir la aproximación más cercana a la verdad y a una sociedad mejor, pero, mucho más importante, son un elemento constituyente de una buena sociedad.

Como otras concepciones de los derechos basadas en nociones metafísicas y ahistóricas, como la naturaleza o la ley natural, la dependencia de Garton Ash de la empatía y la tolerancia no puede fundar un derecho sólido a la libertad de expresión, expuesto a su inevitable erosión por parte de poderosos actores económicos o gubernamentales.

Necesitamos un enfoque alternativo de los derechos que no dependa de abstracciones. Rosa Luxemburgo ofrece uno: Todo derecho a sufragio, como cualquier otro derecho político, ha de medirse no por algún tipo de idea abstracta de “justicia”, o en los términos de otras frases democrático-burguesas, sino por las relaciones sociales y económicas para las cuales se diseña.

Luxemburgo entiende los derechos como encarnaciones de relaciones sociales y económicas concretas. En las sociedades capitalistas liberales, el acceso desigual al poder restringe estos derechos. En una sociedad socialista plenamente democrática, dichas restricciones desaparecerían.

En efecto, lo que más falta en Free Speech es la comprensión concreta de Luxemburgo de las relaciones entre los derechos y el poder. A continuación, expondré en detalle tres de los diez principios que organizan el libro para mostrar cómo su interpretación liberal del derecho a la libertad de expresión no logra tener en cuenta el impacto de las estructuras de poder sobre la libertad de expresión.

En primer lugar, Garton Ash sostiene, siguiendo la jurisprudencia estadounidense, que la libertad de expresión puede limitarse cuando hay intención, probabilidad e inminencia de violencia; es decir, cuando el discurso de odio se ha vuelto peligroso. En segundo lugar, aboga por la protección del derecho a la privacidad siempre que no impida el escrutinio en aras del interés público. Finalmente, reclama el apoyo absoluto a la expresión abierta de todas las discrepancias humanas, a condición de que los participantes mantengan una “sólida cortesía”, definida como hablar con franqueza mientras se practica el autocontrol para mantener la paz civil necesaria para el adecuado funcionamiento de la democracia liberal.

Estos tres principios están bastante claros, pero un análisis más detallado revela que la desigualdad social y económica en gran medida ignorada por Garton Ash también desempeña un papel crítico en la limitación de la libertad de expresión. La aparente disposición de Garton Ash a aceptar esta desigualdad revela su creencia de que el poder sólo es inherente al estado, y no a las relaciones socioeconómicas.

Intención, probabilidad e inminencia

La confusión de Garton Ash en cuanto a la libertad de expresión y el poder se hace más clara en su defensa de Larry Summers, el profesor de economía que fue obligado a renunciar como presidente de la Universidad de Harvard tras sugerir que la “reducida proporción de mujeres en las ciencias y las ingenierías puede ser el resultado de diferencias innatas de aptitud e inclinación, así como de las presiones de la vida familiar y otros factores.”

Garton Ash regresa a John Stuart Mill para argumentar que la afirmación de Summers tenía la intención de impulsar el conocimiento. Él pregunta: “¿Intentaba Summers insultar o degradar a las mujeres? ¿O intentaba él genuinamente, a pesar de lo provocador de sus palabras, hacer progresar la comprensión científica? Viendo la evidencia,” concluye Garton Ash, “considero que fue lo segundo.” Aparte del hecho de que la afirmación de Summers se basaba al menos parcialmente en teorías desacreditadas de diferencia genética, la conclusión de Garton Ash no logra abordar adecuadamente el contexto en el que habló Summers.

Como economista, Summers no tiene conocimiento creíble sobre diferencia de género. Por añadidura, las protestas contra sus comentarios no pusieron en peligro su libertad académica como profesor de economía, sino su posición de poder como presidente de una universidad. Desde la perspectiva de quienes protestaron, Summers había usado su posición en contra de los intereses de las mujeres. Contrario a lo que Garton Ash implica, ello no tenía nada que ver con la libertad de expresión, sino con una expresión de poder.

La misma confusión surge cuando expertos liberales critican las protestas de estudiantes contra figuras políticas invitadas a hablar en recintos universitarios. Garton Ash tergiversa estas demostraciones, imaginando que ocurren principalmente cuando se invita a los oradores para defender sus posiciones al respecto de algunos temas controvertidos. De hecho, muchas de estas protestas ocurren cuando la persona llega para ser reconocida y premiada por la universidad.

Por ejemplo, en 2014 la Universidad Rutgers invitó a Condoleezza Rice (secretaria de estado bajo el presidente George W. Bush) para que fungiera como oradora en la ceremonia de entrega de diplomas y para recibir un doctorado honoris causa. Que Rice se haya echado atrás ante la protesta de estudiantes y profesores no representa una derrota para la libertad de expresión, sino una pequeña pero real victoria para quienes se oponían a la decisión de Rutgers de reconocer y honrar a una figura representativa de las políticas imperialistas estadounidenses.

Consideraciones similares deben aplicarse a los reclamos para renombrar el Colegio Calhoun de la Universidad de Yale y la Facultad Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton, instituciones cuyos nombres rinden homenaje a racistas bien conocidos. Las disputas al respecto de cómo los homenajes institucionales de este tipo realzan las reputaciones de quienes los reciben no se relacionan con la libertad de expresión, sino con la legitimación de quienes ostentan poder, y con sus usos políticos y culturales.

Cuando nos referimos a figuras públicas invitadas a hablar sobre temas controvertidos, debemos distinguir entre persuasores racistas e intimidadores racistas violentos. Personas como Arthur Jensen, Richard Herrnstein y Charles Murray, quienes propagan mitos racistas ofensivos enmascarados como ciencia social, son persuasores racistas. Sus pronunciamientos ocurren enteramente en el ámbito del discurso, ante lo cual los oponentes pueden responder mediante la discusión racional y la refutación cuidadosa.

Otros derechos de libertad de expresión, incluyendo las venerables tradiciones de los piquetes y las pullas a los oradores, se detienen antes de llegar al uso de la fuerza para impedir que figuras como éstas hablen. Hasta la lucha ideológica más aguda se atiene a reglas implícitas que los movimientos sociales han violado a veces cuando han sustituido la persuasión por el uso de la fuerza. Ello no sólo viola los derechos fundamentales de los oradores, sino que también constituye una mala estrategia. Las protestas que ignoran el derecho a la libertad de expresión ofenden tanto al público que asiste al evento, al cual los manifestantes deberían tratar de ganarse, como a quienes desean preservar la libertad de expresión.

Esto difiere de los actos de intimidación racistas o antisemitas perpetrados por grupos organizados con un historial de violencia física. La marcha de 1936 organizada por la Unión Británica de Fascistas en el East End de Londres, una zona de mayoría judía, ilustra esta distinción. La intención de Oswald Mosley, el líder de la manifestación, no era convencer a los judíos que vivían en ese vecindario de que se unieran a su grupo. Por el contrario, quería aterrarlos. Tampoco el grupo neonazi estadounidense que solicitó un permiso para marchar por el también altamente judío suburbio de Skokie en Chicago en 1978 se proponía convertir a los residentes — muchos de los cuales eran sobrevivientes del Holocausto — en nazis.

En Londres, Mosley y sus seguidores se encontraron con veinte mil manifestantes antifascistas, quienes se enfrentaron con los seis mil policías que trataban de proteger a unos dos mil fascistas en la hoy famosa Batalla de Cable Street. El desenlace en Skokie fue distinto.

Las autoridades locales trataron de impedir la marcha, pero la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) presentó una demanda para permitirla, provocando que muchos de sus miembros renunciaran. A pesar de la victoria legal de la ACLU, los neonazis decidieron en cambio efectuar una concentración en el centro de Chicago. En algunas maneras, ello se asemejaba la marcha de Mosley en el este de Londres. Pero había una diferencia importante: el nazismo estaba en alza en la década de 1930, pero para 1978, el neonazismo estadounidense se había convertido en un pequeño grupo marginal. Independientemente de su poder relativo, ambas fuerzas pertenecían a una corriente política organizada con un historial de violencia física y una estrategia de apoderarse del poder político.

La defensa de la ACLU incluyó dos argumentos concernientes a la presente discusión. Por una parte, señalaron los peligros que representaba permitir que el gobierno estadual, local o federal limitara o regulara la libertad de expresión, temiendo que ello fijara un precedente capaz de ser usado contra los derechos democráticos de otros movimientos sociales, incluyendo las organizaciones de trabajadores, las minorías y la izquierda. En efecto, el peligro de dar al estado el poder de limitar los derechos de libertad de expresión es precisamente la razón por la que los socialistas no pueden depender de él cuando se trata de confrontar a intimidadores violentos.

En segundo lugar, la ACLU afirmó que, como la marcha no representaba peligro de violencia planeada, probable e inminente, podía considerarse expresión protegida constitucionalmente. Ello aclara una importante distinción entre la izquierda antirracista y la más generalmente liberal ACLU. Para grupos como la ACLU, los intimidadores violentos deberían disfrutar los mismos derechos de libertad de expresión que persuasores racistas como Jensen, Herrnstein y Murray poseen hasta que el discurso se haga peligroso. Para la izquierda antirracista, los intimidadores violentos son categóricamente distintos de los persuasores racistas.

La relación entre grupos como los neonazis o el KKK y los movimientos sociales democráticos es de abierta beligerancia y no de lucha ideológica. Los intimidadores violentos no tratan de persuadir, sino de intimidar. Su lenguaje es el de la violencia. En lo que respecta a los movimientos sociales, la por lo demás razonable regla de que la expresión se protege hasta que la violencia se hace inminente no debería aplicarse a estos intimidadores violentos: en cambio, ese principio les permite elegir la hora, el lugar y la manera más favorable para sus acciones violentas.

En Skokie, las fuerzas antifascistas tenían la ventaja gracias a la tremenda movilización causada por la marcha. La idea de detener del todo la marcha de los neonazis no debe considerarse una cuestión de principios, sino una cuestión de estrategia y táctica. Varias consideraciones son pertinentes en este caso, incluyendo la relación de fuerzas en las calles, si la mayoría de los grupos manifestantes apoyarían impedir la marcha, y si secciones significativas del público reconocerían la justicia de esa acción de fuerza en lugar de percibir a los intimidadores neonazis como víctimas.

Estas mismas consideraciones deberían influenciar nuestro análisis de la reciente polémica en torno a Milo Yiannopoulos, cuya comparecencia en Berkeley fue cancelada tras una masiva manifestación y las acciones de un pequeño grupo de entre 50 y 100 personas, quienes llevaron a cabo la destrucción de propiedad universitaria. Su historial político previo muestra a Yiannopoulos como un persuasor racista de un tipo particularmente reaccionario y aborrecible quien, como sostuvimos anteriormente, definitivamente requiere que los estudiantes manifestantes ejerzan sus derechos de libertad de expresión con masivos piquetes e interrupciones al orador, mientras respeten los principios de libertad de expresión, sin llegar a una supresión forzosa del evento.

Sin embargo, algunos han afirmado que Yiannopoulos había planeado revelar los nombres de estudiantes indocumentados. Si hubiera intentado hacerlo, la confrontación entre él y los manifestantes se habría trasladado a otro terreno más allá de la persuasión, y la audiencia habría tenido el derecho de silenciarlo inmediatamente.

En otros contextos, como el de guerra civil o en un conflicto más limitado pero abierto, como una huelga, la lucha por el poder ha sustituido a la lucha por la libre expresión. Cuando los miembros de un sindicato impiden físicamente que los rompehuelgas entren al centro de trabajo, o cuando la policía y los empleadores dan al traste con una huelga, es el poder — no la libertad de expresión — lo que está en juego. Un trabajador herido por un policía mientras trata de detener a un rompehuelgas es víctima de la capacidad represiva para la violencia del estado, no de su capacidad para silenciar el disenso.

Los límites de la libertad

Como muchos liberales europeos, Garton Ash a menudo combina la libertad con el mercado libre, percibiendo cualquier intervención del estado como un ataque a los derechos individuales. Ello se extiende a su notable oposición a las regulaciones, a las cuales parece asociar con la censura. Sin embargo, las regulaciones no sólo son compatibles con la protección de los derechos civiles y políticos, sino que son esenciales para ello.

Por una parte, las regulaciones pueden de hecho promover la libertad de expresión al permitir un mayor acceso a los medios. Garton Ash reconoce el acceso desigual a los medios masivos de difusión, citando incluso la famosa sentencia de A. J. Liebling de que “la libertad de prensa sólo está garantizada para los dueños de ésta.” Al mismo tiempo, Garton Ash rechaza incluso medidas moderadas para mejorar el acceso a los medios. Por ejemplo, conoce pero no promueve la Doctrina de Equidad que obligaba a las emisoras de radio y televisión estadounidenses dar espacio en el aire a opiniones opuestas sobre asuntos polémicos, y que fue abrogada en 1987. Cuando la Comisión Federal de Comunicaciones adoptó ese principio en 1949, lo hizo basándose en la hoy noción radical de que las ondas pertenecen a los oyentes, no a las emisoras.

Más allá del restablecimiento de tales medidas moderadas, tenemos que aspirar a la socialización (no estatalización) de los grandes medios, poniéndolos en manos de organizaciones populares no estatales, en proporción con su tamaño e importancia en la sociedad. Aunque ello no es una exigencia factible en el futuro cercano, debería ser una parte importante de una crítica radical de la sociedad existente y de una visión para un futuro socialista y democrático.

Garton también critica explícitamente las leyes en muchos estados alemanes que establecen el derecho de cualquier individuo, asociación, compañía o ente público a exigir que una publicación imprima una rectificación gratis en un número posterior. La corrección debe aparecer en la misma sección y en el mismo tamaño de letra que la afirmación original. De ser necesario, se puede imponer esta regulación mediante una orden judicial en un tribunal civil.

Garton Ash se opone a estas leyes porque las halla ineficaces en la era de los medios sociales. En esto, el autor una vez más no logra ver los derechos como intrínsecamente valiosos, cayendo en el consecuencialismo de Mills, y también subestima el gran poder que aún ejercen periódicos como el reaccionario New York Post y sus equivalentes globales.

En consecuencia con su postura anti-regulatoria, Garton Ash sostiene que las leyes europeas que conceden el derecho a ser olvidado son “indefensibles en una sociedad que cree en la libre expresión.” Estas leyes, las cuales otorgan a los individuos el derecho de que, tras un número de años, se suprima de la Internet contenido que dañe su reputación, no violan la libertad de expresión de ninguna manera significativa. De hecho, en una era en la que hay cada vez más oposición a solicitar los antecedentes penales de los aspirantes a un empleo, estas leyes del “derecho a ser olvidado” expresan una sensibilidad igualitaria con importantes implicaciones raciales y de clase.

La objeción de Garton Ash de que hasta el guardia de menor rango en Auschwitz no debe tener ese derecho ignora el propósito de estas leyes. Además, el contraargumento es apenas convincente, puesto que dichas leyes fácilmente podrían excluir a figuras públicas y a crímenes como el genocidio.

Garton Ash explica que la inclinación europea a favor de tales leyes proviene del “alto valor [que Europa] asigna a la privacidad y la reputación, inspirándose en tradiciones mucho más antiguas, caballerescas, corteses y aristocráticas del honor, así como en preocupaciones en torno a la dignidad humana posteriores al Holocausto.”

Lamentablemente, Garton Ash no explica la contraparte estadounidense de este esquema de valores europeo. ¿Implica ello una versión del individualismo estadounidense en la cual los individuos por separado no tienen vínculos comunitarios y por ende carecen de preocupación por sus reputaciones? ¿Realmente asociamos el honor sólo con la caballerosidad y la aristocracia? Después de todo, como describió Primo Levi de modo tan conmovedor, el horror de Auschwitz implicó, entre otras cosas, la eliminación sistemática de cualquier cosa parecida al honor para sus víctimas. Que el concepto del honor pueda tener origen en Europa difícilmente limita su aplicabilidad.

Quizás la marcada distinción de Garton Ash entre los códigos de honor europeo y estadounidense se relaciona con su aseveración de que los Estados Unidos es el país de la libertad de expresión por excelencia. Ciertamente, se puede proponer un argumento válido para esta perspectiva en términos de la doctrina constitucional representada por la Carta de Derechos (refiriéndose a las 10 primeras enmiendas a la Constitucion norteamericana que afirman los derechos ciudadanos) y por varias importantes opiniones discrepantes y decisiones por mayoría de la Corte Suprema desde 1919 (aunque ello haría falta equilibrarlo con algunas otras decisiones atroces de la Corte Suprema tomadas en nombre de la libertad de expresión, como la Decisión de Ciudadanos Unidos de 2010, la cual eliminó importantes regulaciones con respecto a los gastos electorales). Sin embargo, no podemos limitar nuestro criterio a la esfera legal. Puede que el sistema legal defina las reglas, pero el resultado del juego se decide a fin de cuentas por el poder de clases sociales en competencia y lucha.

Además de la falta del acceso democrático a los medios y de los cientos de millones de dólares invertidos en elecciones, el apoyo a la libertad de expresión no es precisamente unánime en los Estados Unidos. Fuera de los recintos universitarios y de los relativamente libres centros cosmopolitas, las comunidades profundamente conservadoras no han tenido libertad de expresión universalmente aceptada en todas sus manifestaciones. También debemos recordar que la Primera Enmienda (estableciendo la libertad de expresión) fue virtualmente letra muerta para la mayoría de los gobiernos locales y estaduales hasta bien entrado el siglo XX. Es por ello que organizaciones militantes como la IWW (siglas en inglés de Trabajadores Industriales del Mundo) libró famosas batallas por la libertad de expresión en todos los Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX.

Garton Ash pasa por alto otras importantes limitaciones de la libre expresión, en especial las concernientes a la propiedad privada. Esta exclusión tiene sentido en el contexto de la propiedad personal: nadie debería tener el derecho de repartir volantes en una fiesta en el patio de tu casa sin tu permiso. Pero los centros de trabajo son propiedad privada en su mayoría y, como resultado, los trabajadores no disfrutan de derechos constitucionalmente otorgados a la libertad de expresión en el trabajo. Aunque el movimiento obrero ha logrado que existan algunas excepciones de esa regla general — el derecho a discutir condiciones de trabajo y la afiliación a sindicatos, o el establecimiento de tablones de anuncios donde pueden mostrarse los materiales relacionados con los sindicatos —, estos derechos siguen siendo inadecuados y se erosionan cada vez más.

Las limitaciones inherentes a las excepciones concedidas por la legislación obrera se hacen claramente evidentes en el caso de los centros comerciales (malls), donde pasarelas ampliamente utilizadas por el público son propiedad privada. La Corte Suprema las ha designado como propiedad privada, y por lo tanto exentas de derechos de la Primera Enmienda para el público en general, aunque algunos estados (California, Colorado, Massachusetts, New York, New Jersey, Oregón y Washington) han reconocido el derecho a la libertad de expresión en centros comerciales, incorporando ese derecho a sus constituciones.

Sin embargo, no todas las limitaciones de la libertad de expresión provienen de la ideología capitalista. Garton critica una regulación que aparece para apoyar la justicia social, pero en cambio opera en contra de una pauta democrática: la creciente exigencia de que todos los instructores universitarios y de nivel superior incluyan advertencias en sus materiales de clase. Estas advertencias están diseñadas para alertar a los estudiantes acerca de materiales que puedan producir una memoria traumática (de atentado contra el pudor, por ejemplo) o provocar malestar a un grupo.

Por supuesto, estas advertencias han existido en los recintos educativos por mucho tiempo, pero no siempre se les ha llamado así. Los estudiantes reciben ayuda psicopedagógica tanto formal como informal acerca de cuáles cursos tomar y con quién. Este asesoramiento depende en parte de los intereses, opiniones y experiencias de cada estudiante. Los cursos obligatorios por lo general tienen secciones e instructores diferentes — que a menudo cambian de semestre en semestre —, y los instructores típicamente facilitan programas de estudios detallados que informan a los estudiantes por adelantado acerca de los materiales de clase. Por añadidura, algunos cursos constituyen advertencias por su propia naturaleza, como, por ejemplo, cursos sobre las leyes acerca de las violaciones. Finalmente, muchos instructores realizan advertencias adicionales cuando presentan trabajos específicos.

Obligar a los instructores a hacerlo como cuestión de política — como algunos estudiantes y profesores sostienen que se debería — establece una restricción innecesaria tanto a la libertad de expresión del instructor como a la de los estudiantes. Ello estimula un clima de excesiva precaución, timidez, e incluso de temor en lo que debería ser una amplia, aunque mutuamente respetuosa, exploración de ideas.

El actual reclamo por advertencias universales puede originarse en la doctrina del pensamiento positivo, que intenta ocultar el inevitable dolor provocado por las crisis como oportunidades para el crecimiento y el desarrollo. Con seguridad proviene de la visión neoliberal de la educación superior como consumo, en la cual se supone que los dólares pagados por la matrícula compren un producto grato.

En cambio, deberíamos ver la educación como una experiencia necesariamente incómoda que desafíe las certezas de clase, raza y género de los estudiantes. La educación democrática fomenta el debate respetuoso pero agudo, en lugar de oscurecer la naturaleza sórdida del racismo y la explotación con clichés a la moda.

De manera similar, las universidades y centros superiores que tratan de controlar las microagresiones no sólo restringen la libertad de expresión de los estudiantes, sino que también los despojan de importantes oportunidades educativas. En 2007, el psicólogo investigador Derald Wing Sue y sus colaboradores definieron las microagresiones como: ofensas verbales, conductuales y ambientales diarias, breves y comunes, ya sean intencionales o no, que comunican desaires e insultos hostiles despectivos o negativos de tipo racial, de género, de orientación sexual y religiosos a la persona o al grupo receptor.

Que este comportamiento ocurra frecuentemente en instituciones de educación superior no debería sorprendernos. La sociedad estadounidense tiene sustanciales reservas de racismo y sexismo, y la segregación educativa y residencial promueve la insensibilidad y el comportamiento a veces involuntariamente ofensivo hacia las minorías raciales y de género. Las administraciones de las universidades deberían enseñar a los estudiantes, los profesores y el personal no docente a evitar dicho comportamiento. Sin embargo, unos cuantos administradores han ido más allá y han creado códigos de conducta altamente específicos para imponer una cultura de tolerancia en los recintos. Además de fijar un mal precedente, sus esfuerzos por regular celosamente el comportamiento fomentan un clima opresivo.

En 2016, la Oficina de Diversidad y otros grupos en la Universidad de Massachusetts emitieron el “Medidor Sencillo para Evaluación y Valoración del Racismo en Disfraces”, o SCREAM por sus siglas en inglés, una lista de control detallada que ayudaba a los estudiantes a valorar el potencial ofensivo de sus disfraces según cinco niveles de amenaza. Por ejemplo, se preguntó a los estudiantes si, cuando se vestían de otra persona, esa persona era de la misma raza que el estudiante. Si la respuesta era afirmativa, el disfraz comportaba un riesgo “bajo” de amenaza. Si era negativa, se preguntaba al estudiante si el disfraz requería abundante maquillaje. Si la respuesta era no, el nivel de amenaza se elevaba a “moderado”. Si era sí, los niveles aumentaban a “elevado”, “alto” o “severo”, en dependencia de cuánto maquillaje requería el disfraz y de si era un intento de humor que tenía como objetivo a una persona de un grupo marginado.

En lugar de utilizar Halloween (celebrado anualmente el 31 de octubre) para educar a la comunidad acerca de cómo las víctimas de opresión sexista y racista pueden hallar ciertas costumbres ofensivas, la Oficina de Diversidad emitió una lista de control mecánica y extensa para guiar el comportamiento de la comunidad universitaria desde arriba. Lo más inquietante de este enfoque verticalista es la suposición que los administradores de la universidad (o del gobierno) deben ser la principal fuente de acción correctiva en cuestiones que no implican discriminación individual o institucional. En el último análisis, las administraciones universitarias priorizarán la paz y la reputación de la institución por encima de asegurar la justicia racial y de género.

En las décadas de los sesenta y los setenta, cuando estudiantes mujeres y de minorías se enfrentaban a peores formas de racismo y sexismo en los recintos universitarios, éstos recurrieron, con un sustancial grado de éxito, a la confrontación cara a cara. Aunque no es perfecto — y desde luego impopular entre las autoridades universitarias — este enfoque es muy preferible a la rigidez y ridiculez burocrática de las regulaciones. Aún más importante, protege los derechos de libertad de expresión de instructores y estudiantes.

Sólida cortesía

La defensa de Garton Ash de la libertad de expresión claramente se extiende más allá de las democracias capitalistas avanzadas. También trata de conectar el tema con la opresión al hacer repetidas alusiones a “I Wish I Knew How It Would Feel to be Free” de la cantante afroamericana Nina Simone, sosteniendo que “si todo el mundo (…) es libre de expresarse, entonces tendremos una mejor probabilidad de comprender qué (…) ‘significa ser yo’.” Pero cuando se trata de analizar temas concretos como la islamofobia, Garton Ash se muestra incapaz de ver los efectos de la opresión.

Para ser justos, sí hace énfasis en la diversidad y heterogeneidad del Islam, cuestionando cualquier generalización sobre el vínculo de esa religión con ataques a la libertad de expresión. Pero luego presenta al fundamentalismo islámico — y a su desprecio por la libertad de expresión y otras prácticas democráticas — como un fenómeno exclusivamente religioso, ignorando el impacto de diversas formas de intervención imperialista en el norte de África, el Cáucaso y Oriente Medio.

En Asia, los musulmanes a menudo son víctimas de terrible represión basada únicamente en sus status etnoreligioso, y, en los Estados Unidos y Europa Occidental, los inmigrantes musulmanes se han convertido en blanco de persecución y discriminación generalizada. Las restricciones legales de sus derechos a llevar vestimentas religiosas en público, de la construcción de mezquitas, de los oficios de oración islámica, e incluso de los alimentos halal son antitéticas a las libertades de expresión y asociación.

En ninguna parte queda más claro el desinterés de Garton Ash por el racismo y la discriminación que en su discusión de los brutales asesinatos en la revista parisina Charlie Hebdo. En Free Speech, Garton Ash no menciona la extendida islamofobia en Francia como un factor en el ataque. De hecho, en el momento no dudó en hacer un llamamiento a una “semana de solidaridad” en la cual los periódicos habrían publicado simultáneamente una “selección cuidadosamente presentada de las viñetas de Charlie Hebdo, con una explicación de por qué lo hacían.”

Se ha de decir en su favor que muchos periódicos se negaron a participar. Dean Baquet, el editor ejecutivo del New York Times, explicó que una consideración importante para su negativa fue “la familia musulmana en Brooklyn.” Garton Ash sostiene que ello no le había impedido al Times publicar ocasionalmente viñetas antisemitas o imprimir una reproducción de la pintura de Chris Ofili La Sagrada Virgen María, aunque debe señalarse que éstas se publicaron en el contexto de reportajes.

Lo que Garton Ash no llega a reconocer es que el antisemitismo o el anticatolicismo eran fenómenos marginales en el momento de esas publicaciones, mientras que la islamofobia estaba en su punto más álgido durante y después de los ataques en Hebdo. Aunque se apoye el derecho a ofender como un elemento de la libertad de expresión, se puede tener en cuenta si los ofendidos representan a comunidades marginadas.

Con esto no se pretende sugerir que debería decretarse la censura para poner fin a la islamofobia. En su lugar, el gobierno y la sociedad civil deberían trabajar en conjunto para desarrollar un clima político que repudie firmemente la islamofobia y apoye el enérgico castigo legal de la discriminación antimusulmana.

En los recintos universitarios, la cuestión de equilibrar los derechos de los estudiantes a la libertad de expresión y asociación se hace muy disputada en torno a exigencias de espacios seguros, que se refiere a lugares en los que los miembros de un grupo puedan reunirse exclusivamente. En el variado universo de grupos universitarios de estudiantes, profesores y personal no docente, el derecho a asociarse con otros miembros de tu raza, etnia, género o religión representa una libertad democrática elemental.

En un reciente artículo de opinión, el presidente de la Universidad Northwestern, Morton Shapiro, utiliza la historia de un grupo de estudiantes negros que almorzaban juntos para ilustrar la importancia de los espacios seguros. Dos estudiantes blancos se acercaron al grupo y preguntaron si podían unirse, explicando que querían participar del tipo de aprendizaje “incómodo” al que los animaba la escuela. Los estudiantes negros se negaron amablemente.

Shapiro defiende su decisión, sosteniendo implícitamente que, en ciertas situaciones, el derecho de los estudiantes negros a la libre asociación supera a los supuestos derechos de libertad de expresión de los estudiantes blancos. El mismo principio podría aplicarse a estudiantes asiáticos que deseen vivir en dormitorios con otros estudiantes asiáticos, siempre que la universidad no exija que todos los estudiantes asiáticos vivan juntos o les excluya de dormitorios donde vivan otros grupos minoritarios y estudiantes blancos, lo cual constituiría segregación obligatoria.

Ahora, algunas voces en las universidades han comenzado a reclamar el establecimiento de espacios seguros más allá de lugares específicos donde los grupos puedan reunirse, exigiendo que las aulas e incluso el recinto completo se conviertan en espacios seguros para grupos históricamente oprimidos. Ello sería una perversión del derecho a la libre asociación y reunión, la cual bloquearía directamente la capacidad de la educación superior para desafiar las ideologías y prácticas establecidas como forma de promover el pensamiento crítico.

Aunque el discurso de odio es inaceptable en las aulas, pues crea un ambiente de aprendizaje hostil, ello no debe confundirse con la presentación de ideas que algunos puedan encontrar ajenas e incluso ofensivas, lo cual es esencial en la educación superior.

Un problema diferente pero igualmente serio ocurre cuando un grupo limita su espacio seguro a aquellos miembros de su grupo étnico, racial o religioso que mantienen puntos de vista políticos similares. Como describe Jonathan Paul Katz, grupos judíos como Safe Hillel quieren “asegurar que Hillel (organización judía universitaria) siga siendo un lugar en el recinto donde los estudiantes puedan hablar libremente sobre criterios pro-Israel, sin tener que defenderse de criticas al sionismo.”

En la práctica, ello significa que Hillel excluye sistemáticamente a judíos que son críticos u hostiles hacia Israel, aunque el grupo obtuvo reconocimiento y los consiguientes beneficios por parte de la administración universitaria, como centro para todos los judíos de la universidad, sin reparar en la afiliación política. Imagine el escándalo si una residencia, club o dormitorio universitario de afroestadounidenses exigiera adhesión a la ideología nacionalista negra como condición de membresía.

La política exclusivista de Hillel es parte de una campaña más amplia en contra de los críticos y oponentes del sionismo. El estudio de 2016 de PEN America halló que muchos individuos e instituciones sionistas han intentado prohibir la campaña Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) en las universidades en todos los Estados Unidos. Por ejemplo, el periodista Glenn Greenwald y otros denunciaron una campaña por parte del Consejo de la Universidad de California para prohibir la crítica y el activismo anti-Israel en nombre de la lucha contra el antisemitismo. Mientras tanto, los recintos universitarios en todo el país han recibido presiones para despedir a profesores pro-Palestina y tomar represalias contra grupos pro-Palestina.

Lo sucedido con Hillel debe comprenderse en el contexto más amplio de estos acontecimientos, en los que un creciente número de judíos, en especial jóvenes, están cuestionando las políticas y prácticas del estado de Israel.

Libertad de expresión desde abajo

Cuando se confronta la cuestión de la libertad de expresión, los socialistas no deberían remitirse a Isaiah Berlin, el modelo de coraje en la defensa de ese derecho evocado por Garton Ash, sino a Rosa Luxemburgo, quien insistía en que la libertad de expresión se diseñó para quienes no están de acuerdo.

La perspectiva que se presenta aquí difiere no sólo del liberalismo, sino también de corrientes de izquierda que se aferran a visiones verticalistas y autoritarias del socialismo. Entre éstas están las antiguas nociones que de manera implícita o explícita abogan por una “dictadura educativa” de intelectuales ilustrados, como se representa en la obra de Herbert Marcuse. En Crítica de la tolerancia pura, él sostiene que deberíamos contener el derecho a la libertad de expresión de los poderosos, porque su objetivo es lavar el cerebro al pueblo. Su argumento se basa en la afirmación implícita de que los intelectuales como él deben decidir a qué ideas se debe exponer al pueblo.

Como Garton Ash, Marcuse basa su análisis de la libertad de expresión en la tolerancia, y no puede producir una defensa sólida del derecho a la libre expresión. Ello parece irónico, ya que Marcuse y quienes estaban de acuerdo con él eran una pequeña minoría — era más probable que se suprimieran sus ideas que las de los gobernantes.

La posición de Luxemburgo también difiere de las políticas estalinistas y neo-estalinistas en todas sus expresiones, las cuales sostienen equivocadamente que Marx no estaba interesado en defender los derechos individuales “burgueses” y la democracia política. De hecho, las políticas de Marx estaban profundamente enraizadas en los movimientos democráticos radicales de su época. En su primer artículo, realiza una áspera crítica del decreto del gobierno que estableció la censura, sosteniendo:

De este modo el escritor queda sujeto al terrorismo más espantoso, la jurisdicción de la sospecha. Las leyes sobre tendencias, las leyes que no ofrecen normas objetivas, son leyes de terrorismo, como aquéllas que se concibieron por las exigencias del estado bajo Robespierre y por la corrupción del estado bajo los emperadores romanos.

Para algunas corrientes de izquierda, la libertad de expresión y otras libertades democráticas sirven como una tapadera ideológica para la defensa de la propiedad privada por parte de la burguesía. De hecho, la burguesía capitalista nunca ha tenido un compromiso profundo con la libertad de expresión u otras libertades civiles, coexistiendo felizmente con una amplia variedad de regímenes políticos antidemocráticos, incluyendo el apartheid sudafricano y el fascismo. En el último análisis, la propiedad privada sobre los medios de producción permite a los capitalistas mantener poder social y económico independientemente del sistema político.

En efecto, quebrantar el control de la clase dominante sobre el poder socioeconómico y establecer la propiedad colectiva depende de la democracia: “el primer paso en la revolución de la clase obrera,” proclama el Manifiesto Comunista, “es elevar al proletariado a la posición de clase dominante, para ganar la batalla de la democracia.” En su mayoría, las luchas por los derechos democráticos — como la libertad de expresión, la abolición de la esclavitud, el sufragio universal, los derechos de los trabajadores y las mujeres — vinieron después de la revolución burguesa. Fueron conquistas democráticas obtenidas por medio de la lucha popular y obrera. La libertad de expresión, la libre asociación y otras libertades democráticas permitieron a los trabajadores luchar por sus intereses.

Algunos defensores del socialismo verticalista tienden a respaldar las libertades democráticas sólo para la clase obrera, pero esta perspectiva tiene una visión estrecha y poco abarcadora de una clase que, como sostenía Lenin, debería ser “el tribuno del pueblo”, la representante de los intereses de la gran mayoría social, y va en contra del fuerte énfasis de la tradición socialista en exigir derechos políticos universales como el sufragio. En un tono más cínico, esta corriente política ha exigido libertad de expresión y otros derechos democráticos sólo cuando pertenecen a la oposición perseguida.

En contraste con esta perspectiva, como sostuvo Hal Draper en su artíclo de 1968 “Libertad de expresión y lucha política”: “No puede haber contradicción, ni separación de principios entre lo que se exige al estado existente y lo que proponemos para la sociedad que queremos que lo reemplace, una sociedad libre.”

En consecuencia con este enfoque, debemos defender la libertad de expresión por sí misma, no solamente porque ayuda a organizar y a luchar por una nueva sociedad. En ello, la libertad de expresión no difiere de los avances económicos que la clase obrera y sus aliados han conquistado. Son valiosos por derecho propio y porque fortalecen a la clase obrera y a sus aliados en la lucha por su emancipación.

Tomado de: Jacobin (el texto se traduce al español con autorización del autor)

Samuel Farber es profesor emérito de ciencias políticas en Brooklyn College, Nueva York. Nacido y criado en Marianao, Cuba, es autor de numerosos libros y artículos sobre el país. Su último libro (en inglés) es The Politics of Che Guevara: Theory and Practice publicado por Haymarket Books)