Los regalos del pueblo

Puede ser algo grande o pequeño, caro o barato, antiguo o moderno, todo regalo es bien recibido. Pero, ¿qué pasa cuando lo recibe un funcionario? ¿A quién pertenecen los regalos que van a las manos del presidente y sus familiares en el ejercicio de un cargo público? Para construir un modelo nacional en Cuba vale estudiar nuestra historia y aprender de otros países del continente, con mayores y menores diferencias.

Desde 1787 la Constitución de Estados Unidos reglamentó que “ningún funcionario del gobierno deberá aceptar sin el consentimiento del Congreso, presente tangible de algún tipo, por parte de rey, príncipe o país extranjero”. Pero la corrupción de gobiernos como el de Warren Harding hizo que se adoptaran regulaciones adicionales. En 1989 el presidente George H. W. Bush estableció un código único para los funcionarios públicos.

La regulación actual sobre la recepción de “regalos” se aplica desde el presidente hasta el funcionario de menor rango. Los presentes son registrados por el Archivo Nacional y en el caso de los mandatarios pueden exhibirse en las Bibliotecas Presidenciales cuando terminan sus periodos. La ley solo les permite conservarlos durante su tiempo en el cargo ejecutivo.

La normativa prohíbe al presidente y su familia inmediata conservar obsequios entregados con carácter diplomático que superen los $375. La Oficina de Protocolo del gobierno norteamericano hace pública cada año una lista de los regalos que recibe el presidente de Estados Unidos. A pesar de ello, Trump ha estado envuelto en escándalos, como entregarle a su hijo Barron el balón de fútbol que le obsequió Vladimir Putin. Años antes, Angela Merkel había hecho un regalo parecido a Malia y Sacha Obama que ellas no pudieron conservar.

En Venezuela no existe una constancia oficial y pública sobre regalos presidenciales, solo aquellos donde la prensa cubre la noticia. Sin embargo, el país cuenta con un Código de Conducta de los Servidores Públicos, aprobado en junio de 1998 por el entonces presidente Rafael Caldera. Este establece que: “Los servidores públicos deberán rechazar en el ejercicio de sus funciones los regalos, invitaciones, favores, dádivas, pago de viajes, uso de medios de transporte o cualquier clase de halagos, beneficios materiales o inmateriales, ofrecidos por personas o grupos interesados en obtener decisiones favorables o de cualquier tipo”.

En Ecuador, el expresidente Rafael Correa firmó en noviembre de 2014 el decreto #501, especificando que todo regalo que reciba cualquier funcionario público con valor superior a un salario básico, es considerado patrimonio de la nación. Su idea fue más allá cuando el terremoto de 2016 afectó el país, 8 meses después el presidente anunciaba en Twitter: “hoy iniciamos la subasta de regalos que recibimos a nombre del pueblo ecuatoriano”. La venta fue consultada con los países que entregaron los obsequios en gesto de cortesía diplomática. El dinero recaudado se empleó para construir casas en una comunidad indígena.

En mayo de 2017, días antes de que concluyera su último mandato, Correa inauguró el Museo de la Casa de Gobierno, ubicado en la planta baja del Palacio de Carondelet. En el sitio se exhibieron 11000 obsequios, valorados en 2,5 millones de dólares. Según sus declaraciones: “yo me podía llevar estos obsequios a mi casa y hubieran resuelto la parte económica de mi vida (…) pero eso hubiera sido un robo, no hubiera sido ético”.

También Bolivia cuenta, desde febrero 2017, con un museo que exhibe los regalos diplomáticos del presidente Evo Morales en sus primeros 11 años de gobierno. El Museo de la Revolución Democrática y Cultural fue construido en la localidad de Orinoca, pueblo natal del mandatario y exhibe más de 13000 regalos, que incluye, asimismo, una colección de sombreros típicos y camisetas de fútbol.

En Argentina, la Ley 25.188 norma desde 1999 el ejercicio ético de los funcionarios públicos y establece que estos no podrán recibir regalos, servicios o bienes, en el desempeño de sus funciones. La Oficina Anticorrupción tendría el poder de reglamentar cómo se procedería con regalos de carácter diplomático y en qué casos y cómo serían incorporados a la economía nacional. Esta reglamentación no ocurrió, ni Cristina Fernández ni los ex presidentes Néstor Kirchner, Eduardo Duhalde, Fernando de la Rúa o Carlos Menem, regularon el artículo. En 2016 Mauricio Macri firmó un decreto reglamentando su cumplimiento.

Si bien la reglamentación de regalos diplomáticos data de hace tres siglos en países más desarrollados, en otros es una práctica fácil de incorporar, solo requiere voluntad política. El caso de Cuba es trágico, después de siglos luchando por su independencia, vio nacer la república condicionada a los antojos de otra potencia. Así, se sucedieron gobiernos corruptos y dictaduras donde la desfachatez presidencial era la norma.

La revolución del 59 prometió desligarse de tales prácticas, pero la hostilidad de Estados Unidos, la poca institucionalización y la naturaleza de los héroes guerrilleros relegaron la transparencia a un segundo plano.

En el libro Cien horas con Fidel, el líder cubano explica al periodista Ignacio Ramonet: “Yo entregué un día a Eusebio Leal, el Historiador de la Ciudad de La Habana, unos 17 mil regalos (…) ahí yo entregué pijamas, hasta relojes de esos que valían 6 mil o 7 mil dólares, obras de arte, de todo; es decir, buenas pinturas, objetos de valor, antigüedades”.

En un rápido ejercicio matemático, si en 11 años Evo Morales recibió 13000 regalos y en 10 años Rafael Correa reunió 11000 regalos, ¿cómo en cuatro décadas Fidel Castro sólo recibió 17000 regalos? Aunque no existe constancia de que Fidel fuera menos propenso a recibir regalos, si ese fuera el caso, tampoco existe un mecanismo institucional o legal que regule con transparencia la entrega de tales obsequios, así que no tendremos manera de saberlo.

Cuba necesita un Código de Ética del Funcionario Público.

No podemos reclamarle al presidente Miguel Díaz-Canel la falta de transparencia en gobiernos anteriores, pero sí en el suyo. Una medida fácil de implementar y de alto impacto político sería reglamentar el destino de los regalos presidenciales. Convertirlos en patrimonio popular sería un buen ejemplo y estaría en concordancia con la rendición de cuentas que exige a su gabinete. Debería aprender las buenas prácticas de Correa en Ecuador.

Ha transcurrido más de un año desde que asumiera la presidencia. Hizo un ciclo de visitas oficiales donde recibió y entregó regalos de carácter diplomático. Es hora de que los cubanos conozcan el destino de obsequios que se hacen a los servidores públicos, así como a quién están destinados los que se pagan con sus impuestos. Pocos saben en Cuba, por ejemplo, que antes de abandonar la Casa Blanca, Obama recibió de Raúl Castro un busto de madera de Abraham Lincoln junto a 205 cigarros cubanos, una botella de ron y dos libros. El resto de su familia recibió $2354.78 en regalos cubanos. El presidente de Estados Unidos entregó todos los regalos al Archivo Nacional de su país, los cubanos nunca nos enteramos de ellos.

Llevar un registro de obsequios contribuye a reducir riesgos de corrupción e influencia externa, aumenta la confianza de la ciudadanía en sus funcionarios, marca límites a la conducta de estos e incrementa la transparencia, el control institucional y ciudadano. Además de una cuestión ética, es una necesidad económica para Cuba. ¿Acaso no son necesarios los recursos provenientes de una eventual subasta de regalos presidenciales? Solo habría que delimitar cuáles serían patrimonio de la nación cubana y cuáles no.

Quizás muchos se pregunten si existe en Cuba un mercado para subastar regalos de alto valor. El ejemplo de Ecuador demuestra que la mayoría de los compradores residían en el extranjero, lo que demuestra que esta puede ser otra vía de adquirir divisas internacionales. Ninguno de los países que mencioné, excepto Venezuela, presenta una economía tan deprimida como la cubana. En ellos urge menos reglamentar la posesión de los obsequios que reciben sus funcionarios.

Los regalos de carácter diplomático pertenecen al Estado y necesitan ser inscritos. Esta información debe ser de carácter público con sus detalles: quién lo entregó, en qué consiste el regalo y dónde quedará. Aún habría que ver si se respetan realmente los decretos presidenciales y códigos de conducta que existen en los países mencionados, pero la institucionalización de la transparencia es por lo general una exigencia de todos los pueblos.

Como he señalado antes, quizás algunos obsequios podrían estar en posesión del presidente, pero siempre debería haber un registro público de estos y considerarse patrimonio ciudadano. Reglamentar los regalos del pueblo no solo es urgente, sería una victoria política fácil para quien lo haga. No se me ocurren motivos legítimos para no hacerlo.

El presidente debería dar pasos en este sentido. La práctica cubana actual respecto al intercambio de regalos diplomáticos es contradictoria con la retórica socialista y recuerda demasiado a los gobiernos que le precedieron. Que un funcionario promovido temporalmente a una función pública reciba un presente, no significa que sea suyo. Debería ser el canal a través del cual este obsequio viaje a su verdadero destino: el pueblo.