Es plausible estimar que con el paquete de medidas recién aprobadas, el Gobierno cubano apuesta más a aliviar la presión que sobre él ejerce la crisis global, que a la aceleración propiamente dicha de la reforma económica que tenía prevista. Sin embargo, por primera vez en más de seis décadas se han unido y vuelto cruciales para la gobernabilidad dos tipos diferentes de tiempos y demandas.
Ambos implicarían, por un lado, tener capacidad para introducir cambios y obtener resultados e impactos inmediatos y deseados, tanto en la esfera económica como en la política. Por el otro, satisfacer —sin afectar el funcionamiento esencial del sistema político—, las exigencias de libertades y derechos económicos, políticos y sociales gestionados por diferentes clases, grupos y sectores de la población cubana como un nuevo umbral de consenso.
El contexto de desarrollo de la actual sincronización y jerarquización de lo económico y lo político como desafío para la gobernabilidad cubana se puede resumir en:
1) La ineludible eficacia de las medidas económicas y financieras puestas en marcha por la anterior administración estadounidense.
2) El lastre enorme —e igual de ineludible— de una economía deformada, corrupta, ineficiente y por décadas errática y contradictoriamente dirigida.
3) Las tensiones y reacomodos de un sistema político que, ante la disfuncionalidad y pérdida de importancia de sus organizaciones sociales y de masas, sus déficits de comunicación y de certidumbre política; se repliega sobre instituciones, prácticas y valores que le permitan el control, enfrentamiento, falsificación y anulación punitiva de los disensos, más que su recepción y manejo.
4) Los cambios de percepciones sobre lo político, la esfera pública y la participación en individuos de diferentes generaciones, grupos etarios, historias y experiencias de vida a partir de la reflexión, búsqueda e involucramiento en ideas, prácticas y alternativas para evitar, enfrentar o revertir la precarización y las rupturas, la desintegración y los obstáculos que afectan a sus proyectos e ideales.
5) La difuminación y atomización de un proyecto de país inclusivo y de baja diferenciación social, ante la consolidación y aceleración de procesos de exclusión y estratificación social, económica y política.
De la reforma económica —más allá de su diseño, ritmo y deficiencias—, se pueden esperar resultados solo en un plazo dilatado, pero es casi seguro que ello implique una secuela de costos sociales muy sensibles, algunos seguramente perversos e imprevistos.
De hecho, puede asumirse que lo ocurrido en el verano del 2021 obedece a la interacción y confluencia de contradicciones acumuladas en los últimos treinta años, pero debe entenderse sobre todo como una reacción inmediata y aguda a la reforma.
¿Lo que vemos y veremos en lo adelante será la ejecución de la reforma, o su adecuación cautelosa y por eso discontinua en función de evadir en lo posible los peligros de otro estallido? ¿O será el freno, y acaso descarrilamiento, de aquella que el gobierno tenía concebida y pensaba ejecutar a pesar de esos mismos peligros?
Sobre todo ello gravita la crisis sanitaria que actualmente enfrenta Cuba, que aunque angustiosa y terrible, trae aparejadas otras tensiones y límites, tanto a la ejecución proyectada de la reforma como a su probable freno y readecuación.
Militares ayudan en la producción y distribución de oxígeno medicinal en Cuba ante la alarmante carencia de ese elemento en los hospitales
Por otra parte, el sistema de salud es de muchas formas una pieza clave o si se quiere, —junto a la educación universal y gratuita, la asistencia y la seguridad sociales—, una zona esencial de realización del sistema político y fuente principalísima de su legitimidad. A tenor con ello, un colapso como el que parece estar ocurriendo bajo la presión diaria del incremento del contagio de la Covid-19, la insuficiente provisión y disponibilidad de medicamentos y medios de protección, unido al agotamiento del personal médico y paramédico, tendría repercusiones muy difíciles de enfrentar incluso cuando fuese revertido.
A la sincronización de los tiempos políticos y económicos y al estrecho margen de maniobra que deja tal situación, no existe una salida fácil. Menos si desde el Gobierno —y desde las clases y grupos que operan dentro de él, y le presionan o ralentizan mientras actúan como minorías silenciosas desde una intrincada y aún opaca madeja de intereses—, se continúa bloqueando la democratización posible y necesaria del país en nuestras particulares condiciones.
El cambio político de la sociedad cubana, que demanda la democratización, está ya muy avanzado como proceso y no hará más que afianzarse. En ello han jugado un papel muy importante, primero, los valores, prácticas y expectativas de derechos y libertades de los que la población se fue apropiando como parte del prolongado proceso de trasmisión y acumulación cultural y civilizatoria, no exento también de influencias y condicionamientos externos; segundo, el impacto que tuvo en el reforzamiento de ese curso el propio proceso constituyente de 2019.
Concebida como eje y plano minucioso de la transición política generacional, así como de la modificación del régimen político, económico y social del Estado y de la sociedad; la nueva Constitución reflejó en su debate y aprobación la importancia política creciente que tendrían los posicionamientos de la ciudadanía alrededor de diversos temas de su interés.
Nada sugiere que el Partido o el Gobierno quieran hacer funcionar el Estado de Derecho, por lo menos en los alcances que plantea el texto constitucional refrendado hace dos años por la mayoría de la población cubana con derecho al voto.
Se ha retardado dolosa e inconstitucionalmente su entrada en vigor, y los trabajos legislativos de la Asamblea Nacional o del Consejo de Estado, es muy posible intenten desactivarlo y atenuarlo hasta travestirlo en una suerte de Estado de Derecho del Estado y los funcionarios, orientado contra la autonomía y la autodeterminación de la ciudadanía y capaz de codificar la ambigüedad y la discrecionalidad como licencias para la arbitrariedad, el abuso del poder y el despotismo; tal como sugiere la reciente publicación del Decreto Ley 35.
El Presidente en San Antonio de los Baños el 11 de julio. (Foto: EFE)
La reacción gubernamental a los acontecimientos del pasado mes de julio —descontando el peso que tuviesen la soberbia y amor propio del presidente cubano al regresar de las manifestaciones, ante los abucheos y ataques que recibió en San Antonio de los Baños—, quizás fuese el momento más importante de los esfuerzos de un sector que teme a la ruta de democratización y al cambio de cultura política e institucional que implicaría el ejercicio de libertades y derechos por parte de los ciudadanos y el respeto de estos y de las garantías constitucionales por parte de los funcionarios y el Estado.
Contradictoriamente, la aparente operación de inteligencia cubana que permitió que un reducido aunque persistente y determinado grupo de activistas, artistas y académicos opuestos a la implementación del Decreto Ley 349 fuese sobreexpuesto en las redes sociales y lanzado por el Gobierno y los medios oficiales como un despreciable y vituperable ensayo de oposición política; sirvió para colocar en el centro del debate interno, incluso a pesar del clima de polarización, la necesidad de las leyes de desarrollo de los derechos, libertades y garantías constitucionales que para ese entonces estaban siendo pospuestas en nuevos cronogramas legislativos.
En cambio, han ocurrido sucesos que le otorgaron de facto, por primera vez en nuestra historia reciente, reconocimiento y legitimidad a la pluralidad y el disenso político. Por ejemplo, la larga jornada del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura, el manejo gubernamental que optó al final de ese día por el diálogo y el aplazamiento del conflicto, el rechazo a la prohibición del regreso al país de una periodista privada del derecho a la educación unos años antes.
También la detención y procesamiento de dos jóvenes de diferentes orientaciones ideológicas que alzaron carteles en lugares públicos contra la represión; la vigilancia y reclusión domiciliaria de activistas y periodistas no acreditados oficialmente, así como las denuncias formales y los testimonios sobre excesos y presuntos delitos cometidos por agentes de la autoridad o civiles durante las masivas manifestaciones de hace un mes.
El hecho mismo de que pese a la represión, la criminalización, la judicialización de la participación pacífica en las protestas y la devaluación de sus motivaciones y causas; el gobierno tuviese que incorporar a su discurso mensajes de amor y paz, o retractarse y relativizar posiciones de intolerancia; puede ser entendido estrictamente por algunos como un ejercicio de cinismo e hipocresía, pero da cuenta sin embargo de la importancia y expansión a la sociedad cubana, de nuevas comprensiones e imaginarios sobre la democracia.
En esto último hay un código del futuro para Cuba y, al mismo tiempo, una encrucijada. Los hombres y mujeres del Gobierno deberían detenerse en ella antes de seguir la senda, en definitiva toda rebelión empieza por alguien que dice basta.
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Este artículo es un ejercicio de los derechos y libertades que consagra la Constitución de la República de Cuba.
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