Reflexiones en torno al proyecto de Código de las Familias

A raíz del inicio de la Consulta Popular en torno al ante-proyecto del Código de las Familias, varios sectores de la sociedad civil han manifestado preocupaciones, dudas y rechazos. El aparato propagandista del Estado cubano lo presenta como un proyecto profundamente progresista, que incorpora al ordenamiento jurídico las tendencias más contemporáneas en materia de Derecho de Familias.

Sin embargo, una ciudadanía que finalmente ha aprendido a sopesar bien las iniciativas de un gobierno no democrático, siente que este nuevo Código deja zonas oscuras que requieren un análisis detallado. ¿Es realmente progresista el nuevo Código? La respuesta, a grosso modo, es que sí.

El ante-proyecto de Código de las Familias —que ya va por su versión veinticuatro— es muy superior al vigente. Se propone resolver cuestiones postergadas por años. Para empezar, elimina el matrimonio infantil, reformula el reconocimiento de las uniones de hecho afectivas, establece la posibilidad de regímenes económicos matrimoniales nuevos, desarrolla el tema de las obligaciones de alimento y cuidado.

Igualmente, incorpora un concepto de familia más amplio así como los derechos que le asisten a sus miembros, incluye la «personalidad progresiva», proscribe el castigo físico o psicológico como forma de educar al menor, reconoce el matrimonio igualitario; amplía la participación y derechos de los abuelos y otros familiares en la guarda, cuidado y educación del menor; introduce la «responsabilidad parental» en sustitución del concepto de «patria potestad», entre otros muchos aportes más.

Entonces, si en efecto es tan avanzado, ¿cuál es el problema?, ¿por qué tantos sectores de la sociedad civil han expresado inquietudes al respecto? Hasta el momento podemos decir que existen tres matrices de opinión contrarias a la propuesta del nuevo Código.

La primera , y tal vez la más criticable, es la de los sectores ultra conservadores de la sociedad, que todavía rechazan de plano al matrimonio igualitario y que familias homoparentales adopten. Son criterios basados en tradicionalismos o fundamentalismos evidentemente homófobos.

Durante años el Estado cubano apeló a estas fuerzas, tendentes al inmovilismo, para apuntalar su dominio sobre la sociedad civil; especialmente las iglesias protestantes ganaron un reconocimiento y estatus privilegiado ante el establishment, tal vez demasiado. Este Código es una especie de «golpe de Estado» para esos grupos, con fuertes lobbies en el PCC, de manera que han empezado a organizar campañas anti-código.

Al segundo grupo de opinión, sin dejar de lado las reticencias frente a los derechos de las minorías LGBTIQ+, le preocupa la desaparición de la «patria potestad» y su sustitución por la «responsabilidad parental». Muchos padres perciben que esta nueva institución expropia el derecho que tienen de educar a sus hijos; temen que el Estado se inmiscuya en su crianza o que eventualmente «se los quite».

En el vigente Código de la Familia, tanto la suspensión de la patria potestad como su pérdida están contempladas, de modo que estas preocupaciones podrían ser exageradas; sin embargo, no deja de ser un hecho que a la luz del anteproyecto la crianza y educación del menor dejan de ser un privilegio de los padres para convertirse en una responsabilidad compartida con toda la familia y tutelada a través de Fiscalía, Tribunales y la Defensoría de la Familia.

Numerosos padres ven con desconfianza que el nuevo Código limite sus potestades sobre la crianza de los hijos. Y tienen razones para estar preocupados, aunque el problema en sí no es el Código, sino el sistema totalitario en el cual se inserta. Los tribunales y fiscalía que tendrán a cargo el monitoreo de los derechos familiares y la tutela jurídica de los mismos, no forman parte de un poder independiente, sino son apéndices de un sistema de unidad de poderes; es decir, cuando se hace referencia a tribunales, es equivalente al Estado. Y eso no es todo.

La Constitución establece claramente en su artículo 5 que el Partido Comunista es la «fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado», ergo, los órganos que velarán por la protección de la familia y el cumplimiento de las obligaciones de la «responsabilidad parental» son parte de un Estado cuyo funcionamiento es regido por un partido único y una ideología única.

¿Habilita el nuevo Código la intromisión ideológica del Estado en el desarrollo de la familia? No, no lo hace; pero la Constitución, sí. El Partido no tiene límites en su actuar, al punto que se arroga la potestad de violar los propios derechos que la Constitución reconoce. Otro ejemplo del alcance de la mano del Partido en la interpretación y aplicación de la Ley está en el Decreto-Ley 370. En ninguna parte prohíbe expresar criterios contrarios al gobierno; sin embargo, se fuerza el sentido de sus artículos para acallar las voces disidentes. Nada impide que se haga algo semejante con la familia a través del Código.

La tercera matriz de opinión, refiere que este Código no es más que una «cortina de humo» del régimen para desviar la atención de todas las violaciones de Derechos Humanos que comete, a la vez que ofrece un «lavado de cara» internacional. Esta visión asume que dentro del Estado y el Partido no hay luchas de poder, pero nada más lejos.

Por un lado juristas de la altura de Leonardo Pérez Gallardo y Yamila González Ferrer (por solo mencionar algunos nombres), han estado abogando por esta reforma desde hace años; por otro, el activismo LGBTIQ+ y pro familias, que en la última década ha ganado fuerza en Cuba (recordemos el 11M y el movimiento homónimo), ha contribuido a la presión dentro del Estado y obligado a la facción más retrógada a ceder ante la más moderada.

De hecho, existe cierta urgencia dentro del Estado para que el nuevo Código de las Familias sea aprobado a toda costa. Y no es menos cierto que la propaganda a favor del mismo sirve para desviar la atención del draconiano proyecto de Código Penal y de la tensa situación socio-política.

Hacia lo interno del poder en Cuba, esta reforma representa un pulso político entre las fuerzas más conservadoras y las moderadas —que desean continuar el programa raulista de transformaciones. De cara a la sociedad, el Estado quiere ganar a la comunidad LGBTIQ+; para nadie es un secreto que el reconocimiento legal del matrimonio igualitario mejorará la actitud de las minorías ante el régimen cubano, lo cual podría traducirse en menos apoyo a los activistas de la comunidad que son frontales al gobierno.

De cara al mundo, el nuevo proyecto tal vez sirva para obtener el apoyo de las izquierdas progresistas y adquirir una suerte de trofeo con el cual vender el éxito del modelo socialista. Quizás lo que más molesta a muchos —opositores incluidos—, es que se trata en general de un buen proyecto legislativo.

No obstante, es el propio sistema el principal enemigo del nuevo Código de las Familias. Para empezar, se trata de una ley muy inclusiva, pero hecha en un órgano excluyente y anti-democrático. La Asamblea Nacional del Poder Popular, con sus votos unánimes y su ideología única, no es plural ni representativa de la sociedad cubana, únicamente de la parte incondicional al Partido Comunista, que en los últimos dos años ha perdido notable influencia.

Como consecuencia, la sociedad civil no percibe esta nueva ley como lo que es, un producto para beneficiarla, sino como una imposición. Aun cuando se propone un discutible referéndum, parte de la ciudadanía no se siente identificada con el poder.

Tal vez, el único factor común que tengan las posiciones contrarias al Código es que no lo entienden, y que no les genera confianza nada que provenga del régimen. Ello no solo compromete la aceptación del Código, sino su aplicabilidad práctica. ¿Qué pasará cuando la aplicación del mismo genere choques con la moral media? ¿Es preciso votar el Código como un todo y no por partes? ¿La sociedad cubana estará lista para renunciar al concepto de «patria potestad»?

Ninguna de estas preguntas parece haber sido debidamente confrontada por el poder. El sistema está diseñado de forma vertical, lo cual provoca que cualquier criterio divergente sea desechado y combatido, aun si supone críticas constructivas.

Posiblemente las interrogantes fundamentales sean estas: ¿hasta qué punto un Estado que no respeta su propia Constitución y que no garantiza los derechos fundamentales será capaz de respetar y garantizar los derechos derivados de esta nueva Ley, o de cualquier otra?, ¿qué garantiza que no se intrumentalice el Código como se han instrumentalizado el resto de las leyes en función de los intereses de la casta gobernante? La respuestas son obvias.

Un Código tan progresista resulta anacrónico en un sistema político tan represivo, pues se están reconociendo derechos de tercera generación al mismo tiempo que se niegan derechos de primera generación. El verdadero problema no es, por ende, el nuevo Código de las Familias en sí —hasta ahora son muchos más sus aciertos que sus desaciertos—, sino el sistema mismo que lo crea, interpreta y aplicará a conveniencia.