«El pueblo nomina». Elecciones en Cuba

Un comienzo esperanzador

En la mitad de los setenta del siglo pasado se inició en Cuba un proceso esperanzador: la sustitución de la provisionalidad institucional instaurada en enero de 1959. El gobierno revolucionario daría paso a otro elegido por el voto libre y secreto, se reinstalarían instituciones democráticas, como las elecciones y el parlamento, y el país pasaría a ser regido por normas legales amparadas por una constitución que sustituiría a la llamada Ley Fundamental, vigente desde febrero de aquel año.

(El hecho de que se proclamara la Ley Fundamental en 1959, y no se repusiera la Constitución de 1940, por la cual derramaron su sangre muchos cubanos, exige un análisis que escapa a las pretensiones del presente artículo).

Haciendo abstracción de razones que la justificaran o no, la extensa provisionalidad dejaba transformaciones necesarias, pero también, como saldo negativo, la pérdida de los hábitos democráticos y su sustitución por un mesianismo raigal, con el añadido de la siembra en el imaginario nacional de un todopoderoso, ubicuo e infalible Estado paternal que, cual dios supremo de una nueva religión única y verdadera, vela por el bienestar de todos, y cuyas decisiones son por naturaleza justas, sabias y las mejores posibles, padre infalible que no admite contradicción y castiga ejemplarmente a los discordantes.

Las consecuencias de tal provisionalidad/religiosidad fueron terribles en el campo económico por los abundantes disparates (Ofensiva Revolucionaria de 1968, Zafra de los Diez Millones, Cordón de La Habana, deforestación de oriente a occidente, intento de desecar la Ciénaga de Zapata…), pero analizar ese tema corresponde a los economistas. Solo deseo resaltar que el mesianismo y el aventurerismo económico cultivados en aquella provisionalidad fueron devastadores para la formación del sentimiento de ciudadanía.

El proceso de institucionalización era la esperanza de que el país se encaminara por la senda del desarrollo económico armónico y del renacer de la conciencia ciudadana.

El proceso de institucionalización de los setenta

Uno de los líderes de la Revolución de los Claveles declaró en una entrevista, a fines del siglo XX, que la dirigencia cubana había echado a andar una experiencia de poder popular totalmente innovadora, pero después se había asustado con ella. Mientras más tiempo pasa más razón le doy.

La idea de que fueran los propios vecinos quienes propusieran y eligieran a sus dirigentes inmediatos y a sus representantes en los máximos órganos de poder del Estado, en elecciones bajo el control de comisiones también elegidas popularmente, todo ello sin la intervención del único partido existente, auguraba la posibilidad de una experiencia democrática verdaderamente novedosa. Dejaba atrás la representatividad multipartidista burguesa y desterraba el centralismo monopartidista estalinista. La existencia misma de un partido político podría llegar a ser innecesaria.

La consigna «El poder del pueblo, ese sí es poder» anunciaba el regreso de la democracia ateniense del ágora, ahora generalizada a todas las capas de la población. En el criterio de muchos, en ese sentido apuntaba la discusión popular de los principales documentos de la institucionalización.

La propaganda en un solo sentido, más la real necesidad de dotar al país de instituciones representativas, unidas al capital político acumulado por quienes habían derribado una dictadura, contribuían al respaldo mayoritario al nuevo proyecto e impedían escuchar las voces discordantes.

Algunos objetaron la dificultad que entraña el hecho de que quienes tomaron el poder mediante las armas dirigieran un proceso que los relevaría de la conducción del país, pero esos «agoreros de la mala suerte» no contaron con acceso a medios donde argumentar, y pocos pudieron oírlos. Los demás confiábamos en el buen criterio y el sentido democrático de los gobernantes.

Ilusionados (y sobre todo, ilusos, como veríamos después), muchos nos entusiasmamos y nos llenamos de orgullo porque nuestra patria sería la cuna de una nueva Utopía, real, posible, no la ficticia de Moro.

Se discutieron leyes y documentos, se aprobó una nueva Constitución, se realizaron las primeras elecciones para el poder popular, se constituyó la Asamblea Nacional… El gobierno revolucionario nacido de un enfrentamiento armado cedía el lugar al surgido de la institucionalización del país.

(Al respecto, siempre me llama la atención que las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores lleven el encabezamiento «El gobierno revolucionario de Cuba declara…», pues hace décadas ese gobierno revolucionario fue sustituido por otro surgido de las urnas).

La nominación de «candidatos» a diputados de la Asamblea Nacional

Con independencia de las manipulaciones y otras deformaciones que cualquier sistema electoral presente, en mi criterio, lo más democrático siempre será que los ciudadanos mismos nominen los candidatos entre los cuales elegirán libremente a sus representantes, y no las cúpulas partidarias o de organizaciones o instituciones autorizadas por el Estado.

Soy un convencido de que ningún sistema partidista (mono-, bi-, tri- o multi-) es realmente democrático. Para mí, verdadera democracia solo existe si ella no se convierte en el modo de vida de los supuestos representantes de los electores, como ocurre en todas partes, incluido nuestro país. No sé cómo se podrá llegar a ello, pero considero que debe pasar por la nominación/elección libre de candidatos por la población, no por cúpulas partidarias o de «organizaciones de masa» que responden al partido que está en el poder, como ocurre entre nosotros, donde, para completar, solo se permite un partido.

En Cuba ocurre una curiosa contradicción entre la fórmula para elegir a los delegados de circunscripción y la aplicada para elegir a los diputados: Los candidatos a delegados de circunscripción son nominados por los propios electores, quienes después eligen, entre esos nominados, a sus representantes en la asamblea municipal. Ello permitió, por ejemplo, que mis vecinos me propusieran y me eligieran en otro tiempo. Es decir, el primer paso para la conformación del poder en el país es lo más democrático que se pueda pensar, al menos en teoría. (Durante mi mandato tuve variadas experiencias de lo positivo y lo negativo del sistema, pero ese es otro tema).

Ese proceso, sin embargo, sufre una transformación radical cuando se trata de los diputados a la Asamblea Nacional, «órgano supremo del poder del Estado» (Constitución vigente, artículo 102). La ley electoral impide a los ciudadanos la posibilidad de nominar a los candidatos a representarlos en ese órgano. Con ello borra, veo yo, la alegada superioridad frente a los sistemas electorales de otros países.

(Nota: Como lego que soy, también encuentro contradicción entre la afirmación del artículo 102 constitucional, que cito, y el artículo 5, pero esa no parece ser la opinión de los constitucionalistas cubanos que la elaboraron).

A pesar de lo afirmado por la propaganda, la preparación de la relación de candidatos a diputados en Cuba no se diferencia en esencia de cómo se hace en cualquier otro país en que existan votaciones. Digo «votaciones», y no «elecciones», por lo que explicaré en artículo posterior. De momento me detengo en el proceso de nominación, pues es el más invocado por los medios de difusión.

La propaganda oficial afirma que el sistema cubano es el más democrático existente porque en otros países los candidatos a parlamentarios son propuestos por las cúpulas partidistas, y en Cuba el partido (el único permitido) no postula, sino las «organizaciones de masa».

La afirmación es innegable. E inexacta.

Ante todo, no es cierto que todas las organizaciones postulan; postulan solo las reconocidas por el gobierno al frente del cual está el partido que, se afirma, no postula. Y ni siquiera están todas las reconocidas, solo las autorizadas para postular, cuya relación establece la ley electoral (artículos 180 al 188 de la ley 127 de 2019).

Tampoco son las bases de las organizaciones autorizadas por la ley quienes nominan. Nominan las cúpulas dirigentes de esas organizaciones (los «plenos» de las organizaciones, establece la ley), pues esas cúpulas, siempre según la ley, designan a quienes conformarán las comisiones electorales. Y esas comisiones nombradas por las cúpulas conforman la lista de nominados. O sea: Las comisiones electorales designadas por las cúpulas deciden los «candidatos» que, invariablemente, después resultan «elegidos».

¿Quiénes son esos nominados?

En primer lugar, quienes encabecen las organizaciones de masa autorizadas a nominar: secretarios generales de la CTC y la FMC, coordinador nacional de los CDR, presidentes de la ANAP, la FEU y la FEEM (curiosamente, la ley no menciona la UNEAC, pero quien sea su presidente siempre será nominado). A sus nombres se suman los de otros dirigentes principales de dichas organizaciones, y otros más mantenidos como reserva, por si en algún municipio los delegados objetan a alguien.

Finalmente, la nómina de «candidatos» se somete a la aprobación de los delegados en las asambleas municipales; estos pueden rechazar alguno(s) de los nombres propuestos, o todos (artículo 191), en votación a mano alzada (no secreta). En ese caso, la comisión presenta otra propuesta, a partir de la reserva elaborada previamente.

Según esto, los delegados (los únicos realmente elegidos en todo el proceso) no tienen derecho a realizar una contrapropuesta. Según la ley, el derecho a proponer corresponde solo a la comisión electoral. (Por cierto, la ley no estipula qué hacer si los delegados rechazan la nueva propuesta. No es olvido: Sus redactores dieron por sentado que nunca sucederá).

La candidatura aprobada en las asambleas municipales es, de hecho, la relación de los futuros diputados, pues el número de candidatos en nómina corresponde obligatoriamente al número de escaños correspondiente al municipio en la Asamblea Nacional (artículo 192). La posterior «elección popular», por tanto, es una formalidad: Una vez que están en la boleta, están «elegidos».

Llegados aquí es pertinente hacer una aclaración: Tampoco es exacto que sean las organizaciones autorizadas las únicas que designan candidatos/diputados:

La ley establece que la propia comisión nacional de candidatura hace propuestas de «candidatos» a partir de «los actuales diputados y otros ciudadanos en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos» (artículo 180 c). Eso significa, ni más ni menos, que no son los ciudadanos, ni los delegados elegidos por ellos, quienes deciden qué diputados en funciones salen y quiénes permanecen en la Asamblea Nacional, sino la comisión nacional de candidaturas. (Comisión que, no olvidarlo, es designada por los mismos diputados en ejercicio).

En resumen

Los electores en Cuba no proponen candidatos a diputados: Los proponen las comisiones electorales en los diferentes niveles.

Las direcciones nacionales, provinciales y municipales de la CTC, los CDR, la FMC, la ANAP, la FEU y la FEEM, cuyos máximos dirigentes son diputados en ejercicio, designan a los integrantes de las comisiones electorales encargadas de proponer a los «candidatos» a diputados (artículo 153.1 de la ley).

La comisión electoral nacional decide qué diputados en funciones en cada período de mandato integran la candidatura para la siguiente legislatura y quiénes no. Entre los diputados que han de permanecer se cuentan, por ley no escrita, los máximos dirigentes de las organizaciones que las designaron (CTC, CDR, FMC, ANAP, FEU, FEEM), así como altos jefes militares, ministros y máximos dirigentes de algunas otras organizaciones (como la UNEAC y algunas denominaciones religiosas).

¿En qué aspecto es superior ese método de proponer candidatos al existente en otros países? En otras partes del mundo, las cúpulas de cada agrupación política (sea un partido o una conjunción de fuerzas) seleccionan entre sus miembros a quienes mejor respondan a sus intereses, realizan campañas electorales y los someten al escrutinio de la ciudadanía. En Cuba es diferente, pero la esencia es la misma, con la diferencia de que aquí las agrupaciones «no partidistas» que proponen, responden a los intereses de un único partido que, además, está en el poder.

El método es un poco más complicado tal vez, pero no es superior ni más democrático.

Otra diferencia nos recuerda la propaganda oficial: No se realizan campañas electorales para buscar el favor de los electores. Eso queda para un próximo artículo.