En las últimas semanas, una oleada de protestas tiene lugar en varias regiones de Perú, luego de que el presidente Pedro Castillo —el primero de origen rural en más de 200 años de República— intentara disolver el Congreso a inicios de diciembre de 2022 y en consecuencia, fuera encarcelado.
Las demandas, aunque varían según los diferentes grupos de manifestantes, pueden sintetizarse en la renuncia de la presidenta interina Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales junto a una asamblea constituyente; pues pese a que la izquierda ganó en las urnas, los intereses derechistas parecen ganar terreno con el arresto del Castillo y el nombramiento de Boluarte.
Mienras tanto, el Estado peruano ha respondido con una arremetida violenta contra los protestantes, lo que ha causado alrededor de 60 muertos, centenares de heridos y detenidos.
La prensa nacional, integrada por medios como El Comercio, ATV y Latina, que juntos concentran más del 80 por ciento de las comunicaciones en esa nación sudamericana; ha culpado a la organización extremista Sendero Luminoso de estar detrás de las protestas.
Un portavoz del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, repudió los «actos de violencia» y el uso «desproporcionado» de la fuerza en Perú. (Foto: Página 12)
Sin embargo, dicho argumento desconoce la pluralidad de factores que han motivado el estallido social, además de que ha servido para justificar violaciones a la libertad de pensamiento. La persecución a ciudadanos por la tenencia de libros marxistas ha sido una de las prácticas a las que han recurrido las autoridades, como también ocurrió en las dictaduras latinoamericanas del siglo XX.
Los sucesos han llamado la atención de la comunidad internacional y organismos multilaterales en pos del cumplimiento de los derechos humanos. Un portavoz del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, repudió los «actos de violencia» y el uso «desproporcionado» de la fuerza. De igual manera, destacó que «las protestas sociales pacíficas que respeten el Estado de derecho son legítimas en una sociedad democrática».
Unido a esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos exhortó a «adoptar las medidas necesarias para que los hechos de violencia que hayan resultado en graves afectaciones a la vida e integridad de las personas sean investigados». Igualmente, hizo un llamado al «diálogo nacional».
Los enfrentamientos entre los Estados con su ciudadanía por lo general tienen múltiples causas. Particularmente en el continente latinoamericano, hechos como los que vive Perú en los últimos meses están fuertemente condicionados por la situación de vulnerabilidad social en la que se encuentran varias comunidades y grupos poblacionales.
La Joven Cuba condena las violaciones de derechos humanos en Perú, en especial, el asalto de 200 efectivos de fuerzas policiales y carros blindados a la Universidad de San Marcos. Asimismo, se solidariza con el pueblo de ese país, con las víctimas y sus familiares, e insta al Estado peruano a investigar y juzgar a los responsables de las muertes, así como a implementar con urgencia mecanismos democráticos para el diálogo.
También exhorta a los organismos internacionales a observar atentamente y sin dobles estándares la escalada de violencia política en la nación andina, y a mediar, con respeto a la soberanía, en la solución del conflicto.
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