La encrucijada de las pymes y la propiedad privada en Cuba

El tratamiento negativo de la propiedad privada no es reciente en Cuba. Los argumentos para oponerse al crecimiento y fomento de este sector continúan siendo los mismos: precios abusivos, enriquecimiento, ilegalidades, inequidad. Sin embargo, no es responsabilidad exclusiva de las mipymes que esos problemas existan, sino también —y sobre todo— de la naturaleza de un modelo económico estructuralmente débil, cuyos mecanismos de adaptación a impactos son insuficientes.

El problema no se trata de la mera existencia de mipymes en la economía nacional, sino de las condiciones y el contexto en el que se han creado, modificado, expandido y regulado estas formas de propiedad. Las mipymes privadas se convierten entonces en chivo expiatorio de los efectos de un entramado de políticas públicas que carecen de procedimientos formales para su evaluación en Cuba.

Confiar en que la empresa privada voluntariamente antepondrá el bien colectivo a la obtención de utilidades es de una ingenuidad casi absurda. Los mecanismos regulatorios como impuestos, las leyes antimonopolios, y otros muchos existen para «estimular» la participación de la propiedad privada en la vida social y económica de una forma justa —por ejemplo, redistribuir ingresos, mantener y ampliar derechos civiles, y financiar servicios y bienes públicos.

En Cuba debemos abandonar la filosofía radical y dicotómica de un extremo o el otro: o tenemos propiedad privada o no, o tenemos mercado o no, o descentralizamos o no. Llevamos décadas de vaivén entre plan o mercado, centralización o descentralización, y en ese ciclo que ya es un bucle infinito, las mipymes continúan en el ojo del huracán.

No se trata de que existan o no estas formas de propiedad sobre los medios de producción, porque ya están aquí, hacen falta, y negar su existencia cuando es claro que los gobiernos por sí mismos son incapaces de satisfacer todas las necesidades de la ciudadanía, sería condenar la situación de crisis y escasez a un escenario aún más crítico. La discusión debe moverse ahora hacia otros derroteros: qué mipymes queremos y en qué condiciones las queremos.

La regulación de la pequeña propiedad privada cubana no depende de la cantidad de leyes sino de su contenido. Las legislaciones deben facilitar la integración de mipymes al entramado productivo nacional de bienes y servicios, de manera que contribuyan al desarrollo económico y social. Pero la implementación y evaluación de esas regulaciones tienen que ser transparentes para permitir a la ciudadanía —y a las propias mipymes— el reclamo de que se cumplan los objetivos de políticas públicas. Falta mucho por hacer todavía en este terreno.

Corresponde a la ley de empresas homogeneizar el sistema empresarial cubano, y es un paso esencial que no debe demorar más. Además, se hace necesaria, entre otras cosas, una política consistente sobre la inversión privada, en lugar de sostener un sistema que todavía beneficia a la inversión extranjera sobre la privada nacional, en muchos sentidos.

Hay que permitir la asociación de empresarios privados cubanos, como ellos mismos reclaman, pero también hay que adaptar el Código del Trabajo a las nuevas circunstancias, transformar y exigir a los sindicatos que jueguen su papel de protección a trabajadores, combatir la violación constante de derechos laborales esenciales como las jornadas reguladas y los descansos remunerados, prevenir tratos discriminatorios y sobre todo velar por la protección a los más vulnerables en el entorno laboral. Asimismo, prevenir la evasión del fisco, la contaminación ambiental, y garantizar transparencia cuando se otorgan facilidades financieras, productivas, y de gestión de forma selectiva.

Las mipymes privadas son necesarias, y como todo en sociedad, no vendrán libres de contradicciones. El debate sobre los costos y beneficios del crecimiento de las mipymes privadas en Cuba debe hacerse desde lo objetivo y con mesura.

Los precios altos no son responsabilidad exclusiva de la mipymes nacionales privadas. De hecho, los precios de los alimentos y las bebidas han liderado la inflación en Cuba, y la razón se encuentra, además de en causas exógenas al país, en la caída sostenida de la producción de alimentos, del deterioro de la agricultura y la ganadería, la carencia y precios altísimos de insumos y materiales necesarios, y las limitadas protecciones y facilidades otorgadas a productores cubanos. Si de precios altos se trata, el Estado cubano controla mayoritariamente el mercado minorista en moneda libremente convertible y, por lo tanto, sus precios; como también controla el mercado de exportación e importación de insumos para empresas estatales y privadas.

Desde el 2011, los lineamientos se plantearon el objetivo de expandir los mercados mayoristas para satisfacer demandas del sector privado nacional, lo cual aún está lejos de cumplirse. Si de precariedad laboral se trata, el sector estatal cubano lidera también ese renglón en bajos salarios, condiciones laborales deficientes, plantillas infladas y desestímulo al trabajo y la productividad.

Entonces, fue la Tarea Ordenamiento, una reforma gubernamental, la que resultó en políticas monetarias y cambiarias deficientes que han derivado en devaluaciones sostenidas del peso cubano, con el deterioro en el poder adquisitivo de la moneda nacional (y salarios y pensiones) que eso conlleva.

Las mipymes privadas están aprovechando ventajas nacidas de problemas que son sistémicos, y que no han creado ellas, aunque ahora participen en perpetuarlos. La respuesta, sin embargo, no es desaparecerlas, porque bajo esa lógica tendríamos que cerrar la economía nacional.

Los problemas sistémicos llevan respuestas holísticas. Centrar la atención en las mipymes sin estudiar el organismo en donde ellas crecen y se reproducen es un análisis simplista y limitado que no llevará a respuestas acertadas. Sobre todo, es un análisis que, de usarse para informar políticas públicas, puede impactar desproporcionadamente a los más vulnerables.

Los excesivamente optimistas o pesimistas deben entender que las mipymes privadas, por sí solas, no tienen capacidad ni para salvar la economía ni para destruir el sistema. Este debate tiene que ser abarcador, multidisciplinario, y dirigirse hacia la causa de los problemas, no limitarse a su manifestación.