El año 2021 halla a los cubanos entre la incertidumbre y la esperanza con un nuevo paquete de reformas. Aunque en diciembre se adelantó a todos los trabajadores estatales un préstamo de mil pesos sobre el salario de enero, la mayoría lo gastó en diciembre, cual aguinaldo de fin de año. Ahora, los nuevos precios sin subsidio de la Tarea Ordenamiento (TO) los golpean sin cesar en su vida cotidiana con los bolsillos exhaustos.
Los que coincidimos en la necesidad de llevar adelante este paquete de reformas, aun en las difíciles condiciones actuales, somos parte de ellas y nos interesa que enrumben a puerto seguro. Por eso creo necesario referirme, no solo a la apertura que trae consigo la TO para todos los sectores económicos, sino a la «apretura» que también significa, especialmente para la población. Ambas son como el ying y el yang de la nueva normalidad. Y también tienen su historia.
Muchos de los cambios que ahora se están materializando constituyen tareas pendientes desde mediados de los años noventa, cuando se adoptaron las primeras medidas para superar la crisis del Período Especial. En aquellos momentos de otro paquete de reformas con la autorización del uso del USD en el mercado interno, descentralización económica, fomento de la inversión extranjera y del TCP; no se fue más allá en pos de conservar —o retornar en cuanto se pudiera— al tradicional modelo socialista estatizado que, desaparecido en Europa, aquí hacía agua.
La parte económica del contrato social establecido en Cuba desde los sesenta —y fortalecido aún más en los setenta y ochenta— se basaba en los mismos pilares que el resto de los países del llamado socialismo real: bajos precios, con bajos salarios y amplios fondos sociales de consumo. Esta combinación garantizaba elevados índices de salario real y la posibilidad de mejoramiento del nivel y calidad de vida de los trabajadores y sus familias por la vía de la superación personal y mayor productividad en el trabajo.
Cuando en la crisis de los noventa fue imposible mantener ese tipo de equilibrio, se optó por tomar medidas coyunturales y por tratar de preservar aquellos rasgos como si fueran esenciales al socialismo, no a un modelo ya superado por la historia. La reticencia en efectuar un más amplio paquete de reformas que sustituyeran la economía estatizada y burocrática por un modelo más cercano al socialismo de mercado o al autogestionario —aunque las actuales tengan muy poco de este último—, en un país tan dado a los experimentos sociales como Cuba, se ha extendido por casi tres decenios.
En ese largo ínterin, el Estado/comerciante redujo hasta límites risibles el mercado normado subsidiado, al tiempo que elevó los precios de bienes y servicios indispensables en su mercado cautivo en CUC. El costo a pagar por la población fue el de una inflación reprimida que ha durado tres décadas, acompañada por el crecimiento galopante del imprescindible mercado sumergido. En algunos momentos el Estado/patrono efectuó tímidas subidas de salarios y pensiones, insuficientes para cubrir el ascenso indetenible del costo de la vida. Pero no fue un paquete de reformas.
La posición económico-social dependiente en que quedaron las grandes mayorías —más cercana a la de esclavos subsidiados por los amos que a la de los productores libres por los que abogaban Marx y Engels— fue combatida y superada por los trabajadores y sus familias mediante diversas vías. Lejos de resignarse a ser pichones con la boca abierta para que Papá Estado los alimentara, se las ingeniaron para sobrevivir durante décadas en un sálvese el que pueda. Trabajar y proveerse en la economía sumergida, hurtar todo cuanto se podía extraer de la propiedad estatal —sobre todo en hoteles y restaurantes— y ejercer varios trabajos, incluso después de la edad de retiro, han sido algunas de las tablas de salvación más socorridas.
Solo ahora es que se ha efectuado una reforma general de precios y salarios, unida a la eliminación de los subsidios, mayor autonomía empresarial y un prometido empoderamiento de los municipios, que otorgarían una nueva faz a la sociedad cubana. Más flexible, con ingresos ligados al trabajo honesto y productivo, pero también más desigual y exigente, lo cual eleva el nivel de riesgo de los grupos sociales más vulnerables.
Este paquete de reformas tiene que interesarnos a todos: al Estado, obligado a seguir paso a paso la gestión de crisis antes de que se exacerbe el malestar social —como ya hizo con los precios de las medicinas, las tarifas eléctricas, el gas licuado y el helado Coppelia—; a las familias, donde es preciso repensar si es conveniente seguir empleados en la azarosa economía sumergida, o incorporarse al trabajo formal, sea con el Estado o no; y a las organizaciones productivas y de servicios, convocadas a ser más emprendedoras y vivir de sus ingresos en un entorno competitivo, tanto al interior del país como respecto al sector externo.
Los primeros meses del año serán particularmente difíciles. El reacomodo de la economía personal y familiar al reciente contexto monetario-mercantil, las nuevas formas de gestión empresarial, la protección a los más débiles —en particular, jubilados y pensionados—, serán factores estresantes, y los termos de tilo pueden llegar a ser más populares en Cuba que las pipas y bombillas de mate en Paraguay.
El paquete de reformas valdrá la pena si se continúan introduciendo las medidas liberalizadoras de las fuerzas productivas que tanto se han analizado y esperado. Solo así los trabajadores y las empresas podrán demostrar a los apologetas de la centralización estatista que los cubanos de la Isla también saben obtener mayores beneficios en condiciones de creciente autonomía y competitividad. Como dijera el dúo Buena Fe: «No me regales más nada. ¡Déjame ganármelo yo!»
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