«Palabras» no solo a los intelectuales

En el primer lunes de la primavera de 1959, el periódico Revolución circuló un suplemento que, en sus dos años y siete meses de existencia, se convirtió en una de las publicaciones culturales más vanguardistas de América Latina.  Codirigido por los escritores Guillermo Cabrera Infante y Pablo Armando Fernández, junto al pintor Raúl Martínez, desde su primera edición Lunes de Revolución visibilizó la diversidad [y las contradicciones] política, ideológica y estética existente en los diferentes actores y grupos del campo cultural comprometidos con la revolución triunfante.

El semanario acogió académicos, escritores y artistas que, si bien apoyaron el proceso, no ocultaban sus críticas a determinados aspectos de la construcción del socialismo en la Unión Soviética y sus satélites europeos. Buena parte de sus «dardos» fueron dirigidos especialmente a la política cultural de Moscú, para disgusto de la dirección del veterano Partido Socialista Popular (PSP), embajador informal del Kremlin en Cuba.

La diversidad de concepciones sobre el arte y la cultura que convergieron en Lunes, sus críticas al dogmático marxismo soviético y algunos textos considerados anticomunistas, provocaron tensiones entre diferentes segmentos de la intelectualidad insular.

Lunes de Revolución, sin embargo, continuó navegando en turbulentas aguas hasta encallar en la polémica generada por el estreno de un documental de apenas trece minutos —número maldito—, que cometió el «desatino» de registrar el desparpajo nocturno en los alrededores del puerto habanero. Sus escenas en blanco y negro, según los censores, contrariaban la imagen que debía proyectar un país en revolución.

Dirigido por Sabá Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal, el cortometraje PM se exhibió en la TV Revolución, que junto a Ediciones R, fue otro de los emprendimientos mediáticos concebidos por Carlos Franqui, director del periódico Revolución. En mayo de 1961, la comisión que analizaba y clasificaba los filmes producidos e importados al país, prohibió la exhibición del cortometraje tras determinar que atacaba los intereses del pueblo y de la Revolución.

Desde su columna en el periódico Hoy, la intelectual comunista Mirta Aguirre expuso que la interdicción del corto se justificaba ya que este le hacía el juego a la contrarrevolución. Por su parte, Alfredo Guevara, director-fundador del ICAIC, consideró que el filme mostraba el peor de los mundos (prostitución, alcoholismo, drogas, etc.), algo incompatible con aquellos tiempos del naciente cine revolucionario, financiado por el Estado para más señas.

La agitación generada por tal fallo se prolongó durante semanas. Además de numerosos artículos a favor y en contra, alrededor de doscientos intelectuales y artistas firmaron una declaración colectiva pidiendo el levantamiento de la censura.

La polémica sobre cuáles deberían ser los principios rectores de la política cultural de la Revolución Cubana alcanzó un nivel tan alto que, a ojos del gobierno, amenazaba la unidad del campo cultural. El 30 de junio de 1961, en un intento por contener las desavenencias, Fidel Castro pronunció, en la tercera y última de una serie de reuniones en la Biblioteca Nacional, el discurso que pasó a la posteridad como Palabras a los intelectuales.

A pocas semanas de la victoria en Playa Girón, y en momentos en que la unidad era garantía de resistencia y continuidad de la Revolución, Fidel trazó los límites de las libertades de creación y expresión. De acuerdo con el dirigente cubano, el grado de libertad del que artistas e intelectuales gozarían, dependería de su identificación y apoyo a los principios, la ideología y las políticas implementadas por el Gobierno Revolucionario en las más diversas áreas.

Así las cosas, los incondicionales al proceso percibirían mayores posibilidades para desarrollar su trabajo creativo, mientras que los no dispuestos a entregarlo todo en favor de la construcción socialista, verían aparecer, y se preocuparían, por las restricciones impuestas a la libertad de creación y expresión.

Seguidamente definió, de forma ambigua, los criterios de inclusión-exclusión que rigen hasta hoy, no solo las políticas cultural y de comunicación social en el país, sino también las relaciones entre el Partido-Estado-Gobierno, la sociedad civil y los ciudadanos:

«(…) dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada. Contra la Revolución nada, porque la Revolución tiene también sus derechos y el primer derecho de la Revolución es el derecho a existir y frente al derecho de Ia Revolución de ser y de existir, nadie. Por cuanto la Revolución comprende los intereses del pueblo, por cuanto la Revolución significa los intereses de la Nación entera, nadie puede alegar con razón un derecho contra ella».

En un solo párrafo, tan breve como potente, se estableció la primacía de los derechos de la Revolución —el Estado— sobre el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

Es muy probable que las decenas de personas que tuvieron el privilegio de escuchar directamente al líder de la Revolución, no percibieran la relación entre las palabras pronunciadas aquella tarde de junio y la conferencia impartida por Blas Roca en el programa Universidad Popular, transmitido el 11 de septiembre de 1960.[1]

Durante poco más de una hora, el secretario general del PSP explicó a la teleaudiencia la forma en que el marxismo soviético definía el concepto de libertad, su alcance y funciones en el socialismo. Después de remontarse a la Constitución francesa de 1791, para criticar el carácter abstracto de los derechos civiles y políticos allí reconocidos, Roca argumentó que la sintonía entre los intereses individuales y la actividad de cada ciudadano en defensa de la Revolución era necesaria para sentirse libre en la nueva sociedad que se construía.

En el intento de potabilizar uno de los principales dogmas del marxismo soviético, el dirigente comunista expuso la necesidad del dominio adecuado de las leyes que regían el desarrollo histórico, lo que sugeriría la limitación de los derechos civiles y políticos —burgueses— que pudieran retardar el inevitable triunfo del socialismo en el mundo.

Los dogmas defendidos por Blas Roca justificaban la subordinación de los derechos ciudadanos, de la actividad científica, la educación y la producción de bienes simbólicos, a los objetivos definidos por la vanguardia revolucionaria. De la aceptación y sometimiento a las leyes del desarrollo histórico dependería la libertad que percibiesen los ciudadanos. De esta forma, la libertad estaba asociada a la concordancia con la ideología de la Revolución, la disciplina y la participación en las tareas encomendadas por la dirección del país.

El profesor e investigador Fernando Martínez Heredia expresó en 2016 que la primacía de la Revolución implicó el derecho a controlar la actividad intelectual y la libertad de expresión siempre que fuera necesario. En su análisis consideraba un contexto específico, caracterizado por amenazas reales y constantes de detener y destruir el proceso, inclusive, por medio del magnicidio de sus dirigentes.[2]

No obstante, las limitaciones de los derechos ciudadanos dejaron de ser una cuestión coyuntural para convertirse en una práctica inherente al régimen político cubano, lo que fue codificado en la Constitución de 1976.

Esas restricciones responderían, entre otros factores, a la necesidad de preservación del Estado, a una cultura política secular que pondera la beligerancia en lugar del diálogo y la intolerancia en detrimento del respeto a la diversidad de ideas; a la adopción del marxismo-leninismo como ideología de Estado y al denominado síndrome de plaza sitiada, generado por el diferendo Estados Unidos-Cuba.

Uno de los fragmentos más interesantes del referido discurso de Fidel Castro es donde se acuña la legitimidad de la censura por parte de las autoridades revolucionarias. Para Fidel, la importancia del cine y la televisión para la educación y la formación ideológica del pueblo ameritaba que el gobierno regulara, revisara y fiscalizara las películas que serían exhibidas.

En una época en que los procesos de comunicación se concebían desde la óptica de los modelos transmisivos —para los cuales los receptores eran pasivos, acríticos y manipulables por los mensajes difundidos desde los medios—, el dirigente cubano concebía al pueblo, al menos en aquel discurso, no como sujeto de la Revolución, sino como objeto de la misma, y advirtió que los que no actuaran pensando en «la gran masa explotada» que esperaba ser redimida, carecían de «actitud revolucionaria».

La reivindicación del control estatal sobre los medios de comunicación, la defensa de la censura y la necesidad de que los artistas e intelectuales — incluyendo a los periodistas—, se convirtieran en militantes de la Revolución; se asientan en una concepción instrumentalista del arte, la literatura, la educación y la comunicación social. Una perspectiva que si bien era afín a las prioridades inmediatas del proyecto revolucionario, nunca ha contribuido a la necesaria autorregulación de los medios de prensa cubanos ni a elevar la calidad del periodismo, como reconoció el periodista y profesor Julio García Luis.

Los intercambios de representantes del campo cultural cubano con la dirigencia de la Revolución, intentaron reducir las fricciones entre los artistas intelectuales nucleados en Lunes de Revolución (que recibieron el apoyo de Haydée Santamaría, presidenta de Casa de las Américas), el ICAIC y el Consejo Nacional de Cultura, con motivo de la censura del documental PM.

No obstante, Palabras a los intelectuales también denotó los desafíos de los dirigentes cubanos para lidiar con la diversidad y el disenso ideológico, estético y político en una sociedad civil conformada por creadores que concebían el arte con y para la Revolución, pero sin subordinarla al poder político ni convertirla en mera propaganda partidista.

Artistas e intelectuales se veían a sí mismos como sujetos activos, dispuestos a contribuir con sus conocimientos al proceso de cambios, no por arrogancia o complejo de superioridad, sino porque entendían el arte, la Revolución y la relación entre ellas desde perspectivas que diferían con la de los políticos y militantes.

Sería deshonesto afirmar que Palabras a los intelectuales fue tan solo el anuncio-oda a la censura oficial y a la coerción de la libertad de expresión. Allí se presentaron las líneas generales de una política cultural que, entre otros aspectos, socializó el acceso a la cultura de la mayoría de los ciudadanos y regularizó la formación artística de miles de niños, adolescentes y jóvenes de origen humilde en las Escuelas Nacionales de Arte, conservatorios e instituciones culturales. Una generación formada por hijos de humildes trabajadores del campo y la ciudad, que en un par de décadas se integró a la vanguardia cultural de la Isla.

A pesar de la trascendencia del acontecimiento, en su momento la prensa revolucionaria no reprodujo ni reseñó la intervención de Fidel Castro. De acuerdo con la historiadora Ivette Villaescucia, por esos días los medios de comunicación destacaron la reunión de Fidel con periodistas extranjeros y de esa forma, la opinión pública nacional quedó al margen de lo discutido entre las vanguardias artísticas y políticas del país.[3]

Ese silencio, apunta Villaescucia, puede ser resultado de la presencia de militantes del PSP en el Consejo Nacional de Cultura y en la Comisión de Orientación Revolucionaria, dos de los órganos responsables del control de los medios de comunicación. Por mi parte, creo improbable que el silenciamiento de la prensa revolucionaria no contase con el aval de la dirección política del país.

Lo cierto es que la intervención de Fidel en la polémica garantizó la tregua que propició la creación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), el 22 de agosto de 1961, como un espacio de convergencia y representación de las categorías intelectual y artística del país y un canal de comunicación entre el gremio y el poder político.

Amén de su carácter paraestatal, en el momento de su fundación la UNEAC fue un contrapeso al poder que venía acumulando el Consejo Nacional de Cultura, cooptado por cuadros del PSP que, como Edith Buchaca y Mirta Aguirre, eran entusiastas de la instrumentalización de la creación artística y literaria en función de los objetivos políticos del Estado.

Al mismo tiempo, la creación de la UNEAC afectaría la centralidad que Lunes de Revolución ganó en el campo cultural desde su fundación. Para la historiadora Silvia Miskulin, el cierre definitivo del seminario cultural fue resultado de las maniobras políticas ejecutadas por militantes del PSP desde el Consejo Nacional de Cultura y la Comisión de Orientación Revolucionaria. La independencia de sus editores y el carácter cosmopolita, ecléctico y antidogmático de Lunes…, afirma Miskulin, contravenían la política cultural que el Estado cubano comenzaba a implementar desde instituciones dirigidas por veteranos pesepistas.[4]

La publicación del último número de la reconocida publicación cultural, el 6 de noviembre de 1961, marcó el inicio del ocaso del ambiente de relativa apertura y pluralismo que caracterizó el primer trienio del proceso revolucionario en Cuba. En enero del año siguiente comenzaría a circular la revista Unión, que junto a La Gaceta de Cuba y la revista Casa de las Américas, compensaron el vacío dejado por el semanario.

Ivette Villasescucia apunta que la desaparición de Lunes de Revolución coincidió con un proceso de fusión de varios medios de prensa, condicionado por la búsqueda de unidad entre las fuerzas revolucionarias, el conflicto con los Estados Unidos y las características personales de los sujetos involucrados en la transformación del sistema mediático cubano.

En ese contexto, la clausura de Lunes de Revolución y de los diarios Prensa Libre, Combate y La Calle, y la posterior creación de nuevas publicaciones, fueron parte del esfuerzo para atenuar u ocultar las discrepancias ideológicas y políticas entre el Movimiento 26 de Julio, el Directorio Revolucionario y el PSP.

La unidad lograda entonces exige hasta hoy una disciplina casi militar, unanimidad política e ideológica y divorcio entre la agenda mediática y la agenda pública en los medios de comunicación. Todo ello se traduce en las dificultades de la prensa estatal para satisfacer las demandas informativas y expresivas de buena parte de la ciudadanía.

Seis décadas después del memorable discurso, no existe una definición clara y objetiva del significado y alcance de la expresión: «dentro de la Revolución todo, contra la Revolución, nada». Al recordar Palabras a los intelectuales no puedo dejar de señalar la ambigüedad —o precisión, según se vea— del párrafo frecuentemente evocado para legitimar la criminalización del disenso y, consecuentemente, la muerte civil, la violencia simbólica y física, y la exclusión de ciudadanos que por no entrar en los recios moldes del modelo revolucionario, son reducidos, contrariando la ley, a la categoría de no personas.

Comprendo que al triunfar, una Revolución —y la cubana no fue la excepción— no es un estado de derecho, pero su principal objetivo debe ser alcanzarlo. Y, una vez proclamado, gobernados y gobernantes deben atenerse a él.

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[1] Blas Roca: «Los regímenes sociales y el concepto de libertad», Noticias de Hoy, 13 de septiembre de 1960, p. 2.

[2] Fernando Martínez Heredia: «Acerca de “Palabras a los intelectuales”, 55 años después», Tareas, no. 154, septiembre-diciembre, 2016, pp. 63-75.

[3] Ada Ivette Villascucia: «La prensa cubana en el primer decenio de la Revolución», Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, vol. 2, octubre, 2015, pp. 101-109.

[4] Silvia Miskulin: Os intelectuais cubanos e a política cultural da Revolução: 1961-1975. São Paulo, Alameda, 2009.