El video al final de este texto, tomado por uno de nuestros periodistas, corresponde a una de las respuestas de la Seguridad del Estado cubana al llamado a la protesta pacífica en el Parque Central de La Habana que hiciera el Movimiento San Isidro. Los congregados no son manifestantes, sino miembros de los cuerpos de la Seguridad del Estado y personal movilizado que se han desplegado en diversos puntos para impedir la llegada de manifestantes.
La protesta, convocada desde las redes sociales del MSI, hacía un llamado «a todos los cubanos y las cubanas que creen en la libertad y en el respeto a la diversidad de opiniones como principios fundamentales de la convivencia humana». Según el comunicado, los reclamos que los mueven en esta ocasión son la liberación de Denis Solís, el cese de la represión policial y el respeto a los derechos humanos.
Si bien La Joven Cuba no comparte en lo esencial los principios del Movimiento San Isidro, ni de su ideología, ni comulga con sus prácticas; rechazamos absolutamente la represión a la que están siendo sometidos sus miembros y las múltiples vejaciones de las que han sido víctimas a manos de quienes tienen el mandato constitucional de protegerlos.
Amparados en el Artículo 61 de nuestra Constitución, que establece que «Las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y funda-mentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley», protestamos ante las autoridades de la República por lo que está sucediendo con los miembros del MSI y exigimos que se tomen las medidas penales contra los órganos de la Seguridad del Estado y cualquier funcionario del Gobierno que haya infringido las leyes aprobadas por el pueblo de Cuba, en quien reside toda la soberanía de la República y de donde dimana el poder del Estado.
Los miembros del MSI están haciendo uso de su derecho, contenido en el Artículo 54 de la Constitución de 2019, que asegura que «El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión». Es el Estado quien no está cumpliendo con su deber expresado de manera clara en el texto constitucional.
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