El gobierno cubano ha decidido autorizar la creación de empresas mixtas y asociaciones con capital extranjero en el comercio mayorista y minorista. Para el caso del primero se permitirá establecer empresas privadas de capital totalmente foráneo, todo ello a partir del complejo mecanismo de autorizaciones discrecionales que ha caracterizado la aprobación de proyectos de inversión internacional.

Al mismo tiempo se anunció que, «excepcionalmente», se aceptará que «algunos actores no estatales» desempeñen actividades de exportaciones e importaciones de forma directa, sin utilizar a empresas estatales como intermediarias —algo que al menos yo reclamé desde el principio, no para algunos sino para todos— pero bajo el control directo del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX). Las empresas creadas bajo estas figuras podrán operar en el mercado en Monedas Libremente Convertibles (MLC).    

Las autoridades reconocen que apelan a estas decisiones ante la escasez de oferta de bienes y muy especialmente de materias primas, insumos y tecnología. Además, por la necesidad de recibir transferencia de tecnología en administración y mercadotecnia.

Ante las críticas de varios economistas al mantenimiento del monopolio estatal del comercio exterior —entre los que me encuentro—, la viceministra del ramo esgrimió una cita de Raúl Castro en la que afirma que abandonarlo sería un «error estratégico». Si el objetivo de un gobierno es controlar toda la actividad económica del país, como parte del control sobre toda la sociedad, sin duda lo es; pero si el interés de la política económica fuera propiciar el mejoramiento del bienestar, el error estratégico es mantener entonces dicho monopolio.

El monopolio estatal tanto del comercio exterior como del minorista, es responsable del desabastecimiento de bienes de consumo en el mercado doméstico, y estos deben importarse porque el sistema productivo establecido —también en manos mayoritariamente estatales— es incapaz de ofrecerlos.

Como quiera que el Estado cubano afronta una notable escasez de divisas y un considerable déficit fiscal (11,7% del PIB en 2021; 17,7% en 2020, pero que ya había sido 6,2% en 2019, y 8,1% en 2018, según cifras de la ONEI), no está en condiciones de asegurar el abastecimiento de las cadenas de tiendas estatales, incluso de aquellas que venden en dólares bancarizados.

Si las unidades de comercio minorista no fueran propiedad del Estado, serían los propietarios —privados o cooperativos— quienes deberían surtirlas porque de ello dependerían sus ingresos. El Estado, en cambio, podría beneficiarse de un comercio doméstico dinámico, a partir de los ingresos tributarios que esta actividad generaría, sin tener que responsabilizarse con los suministros de dicho sistema.

En el discurso oficial se insiste en «cambiar lo que deba ser cambiado» y en «desatar las fuerzas productivas», pero esto no es más que una retórica vacía de contenido real. Desatar las fuerzas productivas —para usar esta categoría del pensamiento marxista— significa eliminar todas las trabas que frenan su desarrollo. No obstante, en cada medida adoptada se incluyen restricciones que limitan su efectividad.

Las autoridades cubanas no son capaces de concebir un país que pueda funcionar sin su control, el cual —como ya he escrito antes— es responsable en gran medida del empobrecimiento y de la persistencia del subdesarrollo. Sin embargo, el buen gobierno no consiste en controlar a la sociedad, sino en utilizar mecanismos reguladores para evitar los fallos del mercado, sin que ello implique que imperen los del Estado.

Al parecer, las autoridades asumen que existe una larga fila de posibles inversionistas esperando por la oportunidad de invertir en Cuba, cuando en realidad las condiciones institucionales del país, su carácter excesivamente extractivista, la estrechez del mercado doméstico debido al escaso poder de compra, la desconexión respecto a cadenas globales de valor, el estancamiento económico, las deformaciones estructurales y el subdesarrollo de la infraestructura; entre otros —además de la discrecionalidad con la que son aprobadas las propuestas de inversión—, son factores que desestimulan la colocación de capital productivo foráneo en la Isla.

Una vez más se apela a buscar fuentes de recursos externos, en lugar de facilitar la gestión de empresas privadas y cooperativas nacionales para que también puedan operar en el comercio doméstico y exterior. En este sentido, deciden discrecionalmente que «determinados actores» privados nacionales puedan acceder de forma directa a operaciones de exportaciones e importaciones, siempre bajo control del MINCEX.

La discrecionalidad es un poderoso instrumento de la corrupción, sobre todo en un país con escasa transparencia institucional y con prácticamente ningún mecanismo efectivo de rendición de cuentas por parte de las autoridades gubernamentales ante el resto de la sociedad.

¿Qué debería hacerse para transformar el comercio exterior y doméstico en Cuba?

En mi opinión, es necesario eliminar el monopolio estatal sobre estas actividades, lo cual significa que tanto empresas privadas como cooperativas nacionales o extranjeras, puedan dedicarse a ellas y contribuyan al presupuesto de la nación a través del sistema tributario. Por otra parte, no existen razones que sustenten que las empresas estatales estén en mejores condiciones para desarrollar las actividades comerciales externas, que en la inmensa mayoría de los países son atendidas por empresas privadas, y en algunos casos también por cooperativas.

Los decisores en Cuba se mantienen apegados a la falacia de considerar socialistas a las empresas estatales, cuando en realidad no lo son porque la sociedad, que en teoría es su propietaria, carece de las posibilidades de hacer valer su propiedad con el control de su gestión.

La liberalización del comercio doméstico e internacional debe complementarse con la eliminación del tipo de cambio fijo sobrevaluado, que se ha establecido de espaldas al mercado y ahora es responsable de nuevas distorsiones de precios que desconectan la economía nacional de las condiciones internacionales.

Con un tipo de cambio único establecido por el mercado a partir de la confrontación entre oferta y demanda, que permita la soberanía monetaria del peso, se podría asegurar la convertibilidad doméstica de la moneda cubana y, por tanto, precios relativos ajustados a las realidades económicas y de competitividad internacional de los sectores productivos y de servicios nacionales. En estas condiciones no habría que vender productos o servicios en divisas extranjeras, lo cual no solo resulta necesario económicamente sino imprescindible políticamente.

Para atraer la inversión extranjera directa se deben superar los obstáculos arriba mencionados, que limitan la mayor participación del capital foráneo en la ineludible reconstrucción de la economía cubana.

Pretender que se mantenga el modelo de economía centralmente administrada, cuando existen evidencias de que en lugar de promover el desarrollo lo frena, es asegurar la persistencia del subdesarrollo, el deterioro del nivel de vida de la población y el aumento de la sangría migratoria.