El modelo económico y las tiendas en MLC en Cuba

Desde que a fines de 2019 se establecieron tiendas en monedas libremente convertibles (MLC) en Cuba, ha habido un lógico rechazo hacia las mismas por parte de la ciudadanía, al que se ha unido el de muchos economistas que no estamos de acuerdo con el carácter imprescindible que le atribuye el gobierno a esa determinación.

En su última comparecencia en el programa televisivo Mesa Redonda, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, comentó que dichas tiendas fueron consideradas como «el mecanismo más práctico» para captar divisas por vía de las remesas a través de la red minorista.

Entre los objetivos que se reconocen por parte de las autoridades económicas están también «evitar la fuga de divisas» ocasionada por la actividad comercial de personas naturales que viajaban al exterior, especialmente a Panamá y Rusia, para realizar compras en esos países y luego ofrecer en el mercado cubano productos que no existían en las tiendas que operaban tanto en pesos «convertibles» (CUC) como en pesos cubanos (CUP); así como incrementar la provisión de bienes que el Estado no podía importar debido a la escasez de divisas provocada por la caída de las exportaciones de bienes, la disminución del turismo, y las medidas restrictivas adoptadas por el gobierno de Trump.

En consecuencia, las tiendas en MLC son consideradas por el ministro Gil como la «tabla salvadora». Y sí, podría ser una tabla salvadora pero únicamente para mantener a flote un sistema económico que ha demostrado históricamente su fracaso.

El argumento oficial insiste en que con las ganancias obtenidas a través de las ventas en MLC se adquieren bienes que luego se distribuyen en la red de productos normados en moneda nacional. Como ejemplo mencionó que el año pasado «pudimos dar» tres libras adicionales de arroz por la libreta, y que eso salió de las ventas en dichas tiendas.

Resulta muy difícil realizar cambios estructurales profundos cuando quienes dirigen el país no pueden desembarazarse de camisas de fuerza auto-impuestas.

El problema es el modelo

En realidad, los argumentos de los funcionarios del gobierno cubano están siendo considerados a partir de insistir en un modelo de economía en el que el Estado, además de trazar las líneas estratégicas del desarrollo y orientarlo a través de la política económica —lo que es correcto—, también exporta, importa, asigna materias primas y bienes de capital a las empresas, les dice qué y cuánto deben producir, monopoliza el comercio exterior, las comunicaciones, la banca, las construcciones, los servicios sociales, la mayor parte del transporte y del comercio doméstico. Vista así, la economía cubana parece administrarse como si fuese una bodega.

Ese modelo no funciona. No funcionó en los llamados países socialistas europeos y fue una de las causas principales del derrumbe. No funcionó en China y en Vietnam y lo transformaron radicalmente hasta convertirse en economías «socialistas de mercado» (autodefinición china), y «de mercado con orientación socialista» (autodefinición vietnamita), en las que el Estado ha reducido considerablemente su actuación directa en la economía, dejando amplios espacios a la existencia de un mercado regulado. No ha funcionado en Corea del Norte, que se ha convertido en gigante nuclear a costa de la miseria de su pueblo. Y no funciona en Cuba, ni va a funcionar.

Mientras el gobierno de la Isla insiste en producir el pan y asigna una cantidad adicional de harina a las empresas para que produzcan «un poco más de dulces y de repostería», —por solo mencionar otro ejemplo ofrecido por el también viceprimer ministro—, se desgasta en actividades que debieran estar totalmente en manos del sistema empresarial y pierde el rumbo de lo que debería ser su función económica.

En textos anteriores he explicado que administrar no es igual a planificar, y que los modelos de economías centralmente dirigidas han fracasado rotundamente. Insistir en ello no es únicamente un error económico, sino una irresponsabilidad política.

Los efectos nocivos de las ventas en MLC

Ciertamente, las ventas en MLC generan una determinada liquidez en divisas al gobierno, sin embargo, si somos capaces de considerar un paradigma económico diferente al actual, no es el gobierno el que debe disponer de las divisas, sino el país, y la mejor manera de lograrlo es precisamente permitiendo que la moneda nacional sea plenamente soberana en las transacciones económicas domésticas, de manera que cualquier ingreso en divisas que se obtenga vía exportaciones de bienes y servicios, inversiones extranjeras o remesas, deban convertirse en pesos cubanos plenamente convertibles a una tasa de cambio económicamente fundamentada.

El régimen cambiario y la tasa de cambio no son asuntos menores en esta ecuación. Se adoptó un régimen cambiario con un tipo de cambio fijo sobreevaluado al que el Banco Central no está en condiciones de ofrecer divisas al mercado. Dice el ministro que el tipo de mercado no es el de equilibrio porque la mayor parte de divisas que se transan en el país lo hacen en los canales formales del comercio exterior y de las inversiones.

En efecto, el tipo de cambio en el mercado informal —al que el ministro llamó «ilegal»— muestra una desviación hacia la mayor apreciación de las divisas, debido no solo a la inexistencia de un mercado formal, sino también a la existencia misma de un mercado en monedas libremente convertibles y a la incertidumbre respecto al curso, confiabilidad y efectividad de las políticas económicas. Todo lo anterior, además, crea una expectativa negativa sobre la posible trayectoria de la situación del país y estimula la emigración, para lo que se produce una demanda adicional de divisas.

La existencia de un mercado que funciona en divisas genera una demanda añadida de estas que empuja el tipo de cambio hacia arriba, es decir, a una mayor devaluación. Y en verdad, el tipo del mercado informal puede no ser el del equilibrio —para calcularlo necesitamos datos reales actuales—, pero es el tipo nominal al cual está funcionando el mercado a falta de otro, porque el tipo oficial es sencillamente irreal. Y lo es desde hace mucho rato pues el gobierno mismo se ocupó de emitir CUC irresponsablemente, lo que redujo el respaldo real de aquella moneda que circulaba como sustituto del dólar.

La existencia de un mercado en MLC está estimulando a empresas nacionales a producir para ese segmento, buscando captar divisas en un mercado cautivo, cuando lo que deberían es producir para exportar no en frontera, sino hacia los mercados externos.

Por otra parte, está el impacto negativo que la existencia de este mercado tiene desde el punto de vista político. Al instaurarse un mercado dolarizado y establecerse una dualidad monetaria, no solo se segmentaron los mercados sino a la población misma. Los mejores productos se comercializan en una moneda a la que no se accede directamente a partir de los resultados del trabajo de la mayor parte de las personas. Esto es inadmisible políticamente, porque implica una segregación de esa parte considerable de la población cuya ruta de llegada a estos bienes es mediante la ayuda de familiares en el exterior por vía de remesas.

La población cubana lleva décadas haciendo grandes sacrificios que involucran a varias generaciones, con la confianza en que el futuro sería mejor. Pero lamentablemente ha sido peor, y no existen razones para confiar en que se obtengan resultados diferentes con el mismo tipo de medidas y con un mecanismo económico que no cambia en lo fundamental.

¿Qué puede hacerse?

Evidentemente, es ineludible comenzar por el modelo económico. Se requiere desmontar un modelo en el cual el estado compra, vende, pone precios, asigna materias primas y bienes de capital, se ocupa del pan que se produce; y del pollo, el arroz o el aceite que se vende. De eso debe ocuparse el mercado, compuesto por empresas de todo tipo. Para ello es necesario impulsar el emprendimiento, y en las actuales circunstancias las mayores potencialidades están en el sector privado y cooperativo, precisamente por las limitaciones financieras del Estado.

Con el fin de incentivar tanto la inversión extranjera como la doméstica, imprescindibles dada la escasa capacidad de ahorro interno, es preciso que funcione un mercado cambiario formal, con un tipo de cambio económicamente fundamentado.

Ya he propuesto adoptar un tipo de cambio flexible, con una banda de intervención del banco central, lo que ha rechazado el ministro con el argumento de que de esa forma sería afectada «la mayor parte de la población». No es así. Si en Cuba solo funcionara el peso cubano —como debería ser—, las divisas extranjeras no se demandarían en el mercado doméstico para solucionar problemas de la vida cotidiana. La devaluación de una moneda nacional afecta a los importadores y a quienes viajan al exterior, pero tiene poco impacto sobre las personas que destinan la mayor parte de sus recursos a la sobrevivencia cotidiana, como es el caso de la población cubana, si ello pudiera realizarse con pesos cubanos.

Por tanto, la eliminación de las tiendas en moneda libremente convertible no solo es una urgencia política sino una medida económica adecuada. A la pregunta de cómo podremos importar lo necesario para mejorar la «canasta normada de bienes», la respuesta sería que el Estado no debe dedicarse a eso. Para ello están las empresas, que accederían en un mercado formal a las divisas que seguirían entrando al país por vía de las exportaciones, las inversiones y las remesas.

Lo que sí debe hacer el gobierno es crear un clima adecuado para el fomento de negocios, de forma tal que las remesas se conviertan en fuente de inversiones domésticas y no se dirijan solo al consumo, y con ese objetivo deben eliminarse las restricciones actuales que limitan el emprendimiento.

El fomento del emprendimiento debe conducir a un aumento de la producción de bienes y servicios, al incremento del empleo y a una mayor dinámica de crecimiento. Un tipo de cambio económicamente fundamentado en un mercado formal contribuiría a la convertibilidad real del peso cubano y, a tenor con la situación, sería de esperar que se devaluara considerablemente respecto a su nivel oficial actual, lo cual, dicho sea de paso, abarataría las exportaciones y generaría una competitividad adicional por vía cambiaria que, sin embargo, será solo temporal, porque la verdadera competitividad es la que se basa en la mayor productividad y calidad de la producción. Tal conjunto de medidas conduciría a destrabar las fuerzas productivas.