Medidas para enfrentar la inflación actual en Cuba

La inflación es uno de los más graves problemas para cualquier economía porque deteriora el poder adquisitivo de los ingresos de la población. Ello es especialmente complicado en casos como el de Cuba, que arrastra una brecha considerable entre los ingresos promedio y el costo de la vida, especialmente desde la crisis de los años noventa.

Por lo general la inflación se mide a partir del índice de precios al consumidor, que no es otra cosa que la comparación de los precios de una «canasta básica» de bienes y servicios de los «consumidores promedio» de un año corriente respecto a un año base, que usualmente es el anterior. En países donde se mantiene un seguimiento sistemático de los precios, es usual que se calcule la variación de los mismos tanto mensualmente como en el acumulado del año y en su valor interanual.

La determinación de la canasta básica es crucial, porque expresa qué bienes y servicios se incluyen en la estructura de gastos de un consumidor promedio y cuál es la ponderación de cada uno como resultado de su peso específico en el consumo promedio.

Como quiera que aparecen nuevos productos y servicios en el consumo de la población, se requiere revisar la estructura de la canasta cada cierto tiempo con el fin de reflejar esos cambios. Para ello es imprescindible contar con información sistemática y pertinente respecto a la estructura del gasto de los hogares, lo cual se realiza mayormente a partir de encuestas.

Hasta el momento no he visto una información oficial de cómo se ha construido en Cuba esa canasta de bienes, que no solo serviría para medir el incremento de los precios minoristas del consumidor promedio, sino también para establecer el valor mínimo de los salarios y pensiones.

Es un hecho, sin embargo, que ese cálculo falló, porque el valor previsto para la canasta por el llamado «Ordenamiento» fue de 1.528 pesos mensuales, que determinarían la pensión mínima. No obstante, de acuerdo con la intervención de Marino Murillo —entonces jefe de la «Comisión de Implantación de los Lineamientos», ante la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular en octubre pasado—, el valor real de la canasta básica, hasta agosto, era de 2.821 pesos en el promedio nacional y de 3.250 pesos en La Habana. Ambas cifras son considerablemente superiores al salario mínimo de 2.100 pesos, y a la mayor parte de las pensiones.

Las autoridades cubanas anunciaron una inflación anual de 77,3% en 2021; mientras, The Economist Intelligence Unit estimaba en su último informe del cuarto trimestre sobre la economía de la Isla que los precios de consumo se incrementarían 739,6%.

Resulta difícil aceptar una u otra cifra sin conocer la estructura de la canasta y el comportamiento real de los precios en cada uno de los ítems. Pero, más allá de comprobar la cifra real, en la vida cotidiana de las personas se percibe que los importes a pagar por la mayor parte de los bienes y servicios han aumentado ostensiblemente, mucho más que los ingresos.

Esto ensancha la brecha que existe desde el llamado Período Especial entre ingresos y gastos monetarios para asegurar condiciones de supervivencia a la mayor parte de la población.

Es sabido que en 2021 ocurrió un ascenso generalizado de precios a nivel mundial, debido al aumento de los importes del petróleo y al considerable incremento de tarifas por el uso de contenedores en el comercio internacional, entre otros factores. En consecuencia, aumentó el costo de las importaciones y el costo de producción. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, la inflación mundial en 2021 fue de solo 4,8% si se considera el indicador al final del período. En Estados Unidos los precios se incrementaron en 5,1%, según la misma fuente.

Los factores mencionados han afectado también a Cuba, a pesar de ello, no son responsables de una estampida inflacionaria. Entre las principales causas específicas de esta situación en la Isla pueden establecerse:

1. El aumento de salarios y pensiones decretado por el «Ordenamiento» se produjo en medio de una profunda escasez en la oferta de bienes de consumo, lo que significó un incremento de la oferta monetaria sin respaldo en la producción de bienes y servicios, y constituyó un grave error de política económica.

2. La unificación cambiaria decretada por el gobierno, con una tasa de cambio de 24 pesos cubanos por dólar, carece de fundamento económico porque la divisa estadounidense se vendía en el mercado informal desde fines del año pasado a un valor mucho mayor, y en el mercado cambiario institucional no existían dólares para vender.

De acuerdo con las estimaciones realizadas por El Toque, el 31 de diciembre pasado el dólar en efectivo se compraba tres veces más caro que el valor oficial, en tanto el dólar en depósitos en las cuentas para operar en tiendas en moneda libremente convertible (MLC) era 3,40 veces más costoso. El 2 de febrero de 2022 esas cifras son 4,17 y 4,15 veces, respectivamente.

3. La creación de tiendas en MLC —en las que se venden bienes de consumo que ya no son de «alta gama» como al principio anunciaron las autoridades, pues abarca alimentos y otros bienes básicos— no permitió que se produjera la tan esperada y necesaria unificación monetaria, en un sistema en el que el peso cubano ejerciera su soberanía en todas las transacciones.

Esa pérdida de soberanía dentro del territorio nacional es un factor adicional de desvalorización de la moneda cubana, que reduce su demanda para cumplir las funciones del dinero como medida de valor y como medio de circulación, y ni siquiera puede constituir un depósito confiable de valor.

Frente a esto, además de una serie de profundas trasformaciones estructurales sobre las que he insistido en varias oportunidades, y de cambios en la política económica y en el sistema institucional y de toma de decisiones; resulta imprescindible considerar las siguientes medidas:

1. Eliminar todo tipo de restricciones al emprendimiento privado y cooperativo, excepto aquellas actividades que favorezcan al crimen organizado. Esto debe traducirse en la posibilidad de establecer empresas, no solo pequeñas y medianas, en los sectores industrial, agropecuario, de transportes, comunicaciones, servicios, etc.

2. Diseñar un marco legal para construir un clima adecuado para los negocios, con regulaciones que permitan evitar la formación de monopolios y oligopolios privados que resultan lesivos a los consumidores, así como eliminar los que actualmente pertenecen al Estado, entre ellos los del comercio exterior, las telecomunicaciones, transportes, producción industrial, acopio agropecuario, comercio interior, servicios profesionales, etc.

3. Establecer un sistema cambiario flexible, con una tasa de cambio que refleje las condiciones del mercado y permita el funcionamiento de un mercado institucional transparente, en el que el Banco Central pueda ejercer su papel de regulador constituyendo temporalmente una banda cambiaria que marque los límites de su intervención y coadyuve a la estabilidad de la moneda nacional.

4. Devolver la plena soberanía al peso cubano, otorgándole curso legal forzoso y fuerza liberatoria ilimitada dentro del territorio nacional. Para ello, es necesario que las actuales tiendas que operan en MLC funcionen en pesos cubanos, reflejando la tasa de cambio de mercado.

Esta es apenas una propuesta de medidas inmediatas que en mi opinión resulta inevitable adoptar para contener la actual espiral inflacionaria. Ellas permitirían crear condiciones para el funcionamiento de mercados institucionales transparentes, tanto de bienes, como de servicios, trabajo y cambiario.

Adicionalmente, sería imprescindible abordar una estrategia de crecimiento que incluya la captación de recursos de inversión provenientes del exterior para compensar la escasez de ahorro interno que caracteriza a la economía cubana.

Ahora bien, la lentitud que han demostrado las autoridades, en contraste con la urgente necesidad de adoptar profundas reformas estructurales, revela las falencias del mecanismo de toma de decisiones y del sistema institucional mismo, por lo cual reitero que difícilmente puedan realizarse tales cambios económicos inaplazables con el actual ordenamiento institucional. Cuba también necesita un profundo cambio político e institucional.