Los límites del derecho a regresar

Los viajes desde Estados Unidos a Cuba vuelven a estar en el centro del debate público, luego de que el gobierno cubano negara la entrada a activistas políticos opositores en el presente año. Esta acción, violatoria del derecho humano al retorno, ha avivado las posturas que defienden aumentar las medidas coercitivas y restricciones a las aerolíneas que operan entre los dos países.

El texto analizará el panorama que ha servido de trasfondo a la decisión del gobierno en la Isla de limitar el derecho antes mencionado, así como las consecuencias de un boicot a los viajes.

Los viajes Estados Unidos-Cuba

Con el triunfo de la Revolución, más de 200 mil cubanos migraron fuera de la Isla, tanto por motivos económicos y políticos como familiares. Si bien en un principio no tenían la posibilidad de regresar o siquiera visitar su país, en 1979 durante el gobierno de Jimmy Carter ocurrió una importante distensión que daría paso a las llamadas «visitas de la comunidad».

El antecedente directo de dicho proceso fue la llegada a Cuba de jóvenes de izquierda pertenecientes a la brigada Antonio Maceo, en 1977. Este sería el punto de inflexión que daría pie a las negociaciones de los viajes por parte de ambos gobiernos.

Sin embargo, no fue hasta 1994 tras la crisis de los balseros, que se aplicó, por primera vez desde 1959, una política migratoria de mutuo acuerdo. A partir de entonces, el gobierno de Bill Clinton deportaría a los cubanos capturados por guardacostas en alta mar, mientras Cuba garantizaría no tomar represalias contra ellos. A cambio se otorgarían 20 mil visas anuales a cubanos con familiares en Estados Unidos, ya sea por visita o reunificación familiares, cuota que no siempre se ha cumplido.

De esa forma y a partir de los noventa, ha existido  un flujo de cubanoamericanos que visitan la Isla, con periodos de mayor o menor control sobre estos viajes dependiendo de la administración de turno en Washington y la geopolítica global.

El año 2012 representó un aumento de las cifras habituales de viajeros norteamericanos con destino a Cuba, con el arribo de 98 mil ciudadanos de ese país y 350 mil cubanos residentes en la nación norteña. La causa fue una flexibilización de las regulaciones para viajes implementada por Barack Obama. La cifra aumentó hasta alcanzar los 619 777 norteamericanos y 400 mil cubanos en 2017, luego del restablecimiento de las relaciones bilaterales entre La Habana y Washington.

El aumento de viajes también se produjo gracias a que el gobierno de la Isla modificó a finales de 2012 los requisitos de entrada para los nacionales residentes en el exterior, exigiendo solo poseer pasaporte cubano vigente, incluso para los que habían emigrado de manera ilegal. Anteriormente, en 2003, se había eliminado el requisito de permiso de entrada para quienes habían salido de forma legal. Asimismo, permitió que los cubanos pudieran residir en el extranjero hasta 24 meses sin perder sus derechos y propiedades en Cuba.

En 2019, durante la administración de Donald Trump, se impusieron limitaciones a las aerolíneas como la reducción de la cantidad de vuelos chárter por año y la prohibición de aterrizar en otros aeropuertos fuera de La Habana. Igualmente, se vetaron cruceros y otras embarcaciones recreativas, impedidas de tocar puerto cubano. Algo similar ocurrió con los grupos y colectivos profesionales con fines de  intercambio académico y cultural.

Como consecuencia de estas regulaciones se incrementó considerablemente el precio del pasaje Miami-Habana, que limitó a muchas familias del derecho de poder reencontrarse. En junio del presente año, Biden levantó las restricciones implementadas en la era Trump y permitió un incremento paulatino de dichos viajes.

Restricciones para los viajes

Según la web de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, los viajes de turismo a la Mayor de las Antillas no están autorizados en la legislación actual de los EE.UU,  no obstante, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ha publicado licencias generales para doce categorías de viaje que incluyen visitas familiares; trabajo oficial; actividad periodística; investigación y reuniones profesionales; actividades religiosas; actuaciones públicas, clínicas, realización de talleres, participación en eventos deportivos u otro tipo de competencias o exhibiciones; apoyo al pueblo cubano; proyectos humanitarios; actividades educacionales, entre otras.

En adición, las aerolíneas norteamericanas deben solicitar un permiso de licencia al gobierno de los Estados Unidos en el que se especifica la frecuencia de los vuelos y los destinos a los que se arribará en la Isla.

Por su parte, para la entrada, el gobierno de La Habana exige  un pasaporte cubano a todos los nacidos en el país que emigraron luego de 1971. Al  mismo tiempo, para retornar a Estados Unidos, las autoridades de esa nación  exigen un pasaporte norteamericano o una tarjeta de residencia (Green Card).

Y aunque se trata de una práctica común en la regulación del estatus migratorio de cualquier persona que decida establecerse en un país diferente, también supone  que los cubanos emigrados no puedan visitar su país hasta ser residentes legales.

Asimismo, los cubanos deben mantener su pasaporte en regla, de manera que este sea renovado cada seis años y prorrogado cada dos. En Estados Unidos la renovación tiene un costo de  350 USD y la prórroga, de 160 USD. Se trata de un hecho que  ha sido  criticado por líderes emigrados de manera recurrente.

En cuanto a los requisitos de entrada, el Artículo 52 de la Constitución de la República de Cuba expone: «Las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley».

Por su parte, el artículo 24.1 de la Ley No 1312 de 1976, de Migración, modificada por el Decreto- Ley 302 del 2012 prohíbe la entrada de personas al país bajo diversos motivos entre los que se encuentra: «Organizar, estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano», elemento sumamente ambiguo que se presta para interpretaciones arbitrarias por parte del funcionariado en la nación caribeña. Asimismo, tampoco se les permite entrar durante ocho años a médicos y deportistas que hayan abandonado sus funciones en el exterior.

Estas regulaciones permiten concluir que, si bien pudiera parecer que la Carta Magna brinda el derecho constitucional a entrar y salir del país a todos los cubanos, en realidad la ley limita la libre circulación a conveniencia  gubernamental utilizando el no retorno como castigo a personas incómodas al Estado.   

Derechos en disputa

Aun cuando  queda claro  que las regulaciones vigentes desde 2020 en Cuba le otorgan varios derechos —antes negados— a quienes migraron, diversas figuras públicas opositoras al gobierno cubano, se han visto imposibilitadas de retornar a la Isla.

Para prohibirles las entradas, el gobierno se escuda en el decreto anteriormente citado, sin embargo, varios de los activistas opositores como Anamely Ramos u Omara Ruiz Urquiola, han declarado que nunca fueron notificados de algún proceso legal en la Isla que certificara su prohibición de entrada, y se enteraron de estar vetados de retornar al abordar el avión, como le ocurrió a la periodista Karla Pérez, quien  quedó varada durante la escala de su vuelo.

Cabe destacar que la Declaración universal de los Derechos Humanos en su artículo 13 expone que:

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Además del derecho al retorno para todos los cubanos, el derecho al voto para quienes residen de forma permanente o temporal en el exterior también ha sido disputado. Según la ley electoral vigente en Cuba, tienen derecho a votar todos los cubanos residentes en la isla que hayan entrado al país en los últimos dos años. Sin embargo, durante el referéndum sobre el Código de las familias se exigió la permanencia en el territorio nacional para ejercer el voto, y solo se les permitió hacerlo desde la distancia en las embajadas a las personas que estuvieran en misión oficial.

Campañas y soluciones

Durante el mandato de Donald Trump hubo un retorno a las hostilidades y un aumento de la polarización y el extremismo político en varias comunidades de emigrados. Uno de los ejemplos más visibles fue la campaña de presión —aún vigente— para que los cubanos residentes en Estados Unidos y los norteamericanos no visiten la Isla. Entre sus principales voceros figura  el influencer Alexander Otaola, quien hace pocos años entraba a la isla de forma frecuente.

El argumento principal de esta contienda es que los viajes le dejan recursos al gobierno cubano para oprimir al pueblo, y que la estancia en Cuba ponía en peligro la seguridad de los viajeros ante la crisis sanitaria por la Covid-19. Empero, la solución propuesta implica la separación de familias y que los mismos cubanos emigrados renuncien a retornar a su tierra.

La apuesta por la eliminación de los viajes Cuba-Estados Unidos se ha avivado en los momentos en los que el gobierno en La Habana ha impedido la entrada al territorio nacional a personas que se le oponen y son residentes de forma temporal o permanente en Norteamérica.  

En los casos de Anamely Ramos y Omara Ruiz Urquiola, activistas opositores responsabilizaron a las compañías American Airlines y Southwest de complicidad con el Estado cubano y las soluciones propuestas ante su impedimento de regresar apuntan desde exigirle a estas empresas que las dejen abordar el vuelo enfrentando cualquier consecuencia  que puedan tener en Cuba, hasta que la administración norteamericana les retire las licencias para viajar.

En una comunicación con BBC Mundo, a partir del caso de Ruiz Urquiola, un representante de prensa de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo de los Estados Unidos afirmó que «las aerolíneas están obligadas a verificar que todos los pasajeros estén en posesión de los documentos de viaje requeridos y cumplan con las reglas de entrada al destino. De lo contrario, a menudo las aerolíneas son multadas y necesitan llevar al pasajero de regreso al origen en el primer vuelo disponible».

Es válido que se demande que el gobierno de La Habana garantice el retorno de todos los cubanos, o al menos, actúe de acuerdo a los principios de la ley, notificando debidamente a quienes tienen impedida la entrada por el Decreto 302. También es legítimo exigir transparencia institucional en los acuerdos que realizan las aerolíneas norteamericanas con Cuba.  

Sin embargo, reivindicar sanciones implica pasar por encima del derecho humano del resto de los viajeros. Si los permisos de viaje fueran retirados, ello no garantizaría a los activistas opositores regresar; por el contrario, limitaría o negaría la libre circulación del resto de los residentes en Estados Unidos, y especialmente en los cubanos, la opción de entrar a su país y  reunirse con su familia.

En  el artículo 30 de la citada proclama sobre derechos humanos se plantea: «Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración». Solo  desde una postura extremista se explica  la violación  de un derecho humano como es la libertad de circulación y las garantías de regresar a la patria.