Cuando la impunidad se mueve en moto

Omar Díaz Escaurido y Liss Echevarría González, ambos vecinos del número 137 de la calle 38, en Nuevo Vedado, La Habana, han vivido una pesadilla desde el pasado 29 de julio. Aquella madrugada de jueves —cuando aún se respiraba la tensión por las recientes protestas— el ciudadano Randiel Alexis Anca Álvarez, acompañado por otros individuos, penetró en el domicilio y sustrajo dos motocicletas del garaje, todo ello, mientras seguía en vigor la restricción de movimiento a causa de la Covid-19. Coincidentemente, había anunciado en Facebook la venta de vehículos del modelo que iba a robar.

En un correo recibido por nuestra redacción el pasado 13 de abril, Díaz y Echeverría explican que luego de identificar al principal autor del robo mediante la ayuda de varias amistades, suministraron la información a las fuerzas policiales, quienes detuvieron al ciudadano e incautaron los bienes robados.

Sin embargo, los protagonistas de esta historia aseguran que pese a haber presentado evidencias suficientes, «la instrucción de la Unidad de Investigación cita en Picota y Paula, Habana Vieja, realizó un trabajo negligente e incompleto»: Anca Álvarez solo fue acusado de receptación, y le aplicaron una «sencilla medida cautelar en espera de juicio». Asimismo, denuncian el tratamiento inadecuado de la instructora del caso, Caridad Eduardo Amat, quien apenas hizo pesquisas o entrevistas.

Las consecuencias del procedimiento descrito se hicieron sentir tres meses más tarde, el 3 de diciembre de 2021, cuando el mismo ciudadano allanó nuevamente el domicilio de Díaz y Echevarría, y sustrajo las dos motos de la vez anterior, y una tercera, propiedad de una amistad de la familia. Varias horas después del crimen, como si del karma se tratase, el ladrón sufrió una fractura en la pierna como consecuencia de un accidente de tránsito mientras manejaba una de las motocicletas.

Una vez hecho el peritaje por las unidades de 100 y Aldabó, y Zapata y C, los vecinos de Nuevo Vedado aseguran que «confiaron todo a las autoridades para que se encontraran nuestros bienes robados y el malhechor pagara su culpa». Sin embargo, ante la lesión del ciudadano Anca Álvarez, las autoridades alegaron que este no podría ser interrogado o asegurado en esas condiciones.

Luego, al entrevistarse con los jefes de la Unidad de Zapata y C (Teniente Coronel Esgrimir y Mayor Darde), conocieron que las fuerzas policiales no tenían potestad para hacer nada más, y que el accidente —que lo involucraría directamente en el robo— no sería incluido, por no formar parte del delito.

«Comienzan entonces nuestras reclamaciones a todas las instituciones», continúan relatando las víctimas. «Fiscalía Municipal, Fiscalía Provincial, Departamentos de Atención a Ciudadanía de la Dirección General de la PNR, Ministerio del Interior, Consejo de Estado, Unidades de 100 y Aldabó, y Villa Marista, sin haber recibido hasta la fecha ninguna respuesta. Incluso, presentamos el caso en la oficina Central de los CDR, dirigida directamente a Gerardo Hernández Nordelo; pero solo logramos que la Fiscalía General de la República atendiera nuestra queja, nos diera respuesta escrita y dispusiera incluir el resultado perital del accidente en el expediente preparatorio del delincuente».

No obstante, afirman los afectados, la jefatura de la Unidad de Zapata y C mantuvo el accidente archivado por más de dos meses, «cometiendo incluso el delito de omisión de evidencias para la investigación, sin esta haber concluido».

Luego de demandas y quejas casi diarias ante los investigadores y oficiales de la estación, el caso fue trasladado una vez más a la Unidad de Picota y Paula, donde su jefa, la Teniente Coronel Niurka, y el segundo al mando, el Teniente Coronel Alexis Verdecia, se negaron a procesar al ciudadano Anca Álvarez, pues alegaron que el problema de su lesión —aunque ya estaba de alta médica— era un impedimento.

Por fortuna para ellos, o al menos, eso pensaban, la Unidad de 100 y Aldabó colaboró con la investigación y halló nuevas evidencias, ante las cuales, el accidentado volvió a ingresar en el hospital («bajo dudosa prescripción médica»), desde donde se dedica a vender piezas de las motos robadas a través de una colaboradora.

La participación de esta última, Melissa Álvarez, fue también denunciada por las víctimas del robo, pero tras haber sido citada y declarada su vinculación al hecho, no se aplicó una medida de detención, como tampoco han sido detenidos cautelarmente los sospechosos de ambos robos. Por si fuera poco, continúa el mensaje, «Randiel Anca es dado de alta del hospital el día 5 de abril, sin ser aún detenido, denunciado o procesado».

Díaz y Echeverría también relatan que su amigo Dayan Batista, uno de los propietarios de las motocicletas robadas, ha sufrido una recaída de salud (padece de leucemia) ante el estrés, las tensiones y la impotencia de no sentir efectivas sus reclamaciones.

«El día que se personó junto a su esposa en la Unidad de Investigación de Picota y Paula, fue sacado de forma despectiva y aún no ha sido citado ni tratado como víctima», denuncian. 

«Hemos perdido toda confianza en las autoridades y el MININT, que lejos de ser nuestros protectores, como exige la Constitución de la República, han decidido encubrir a sus deshonestos compañeros de la Unidad de Picota, beneficiando con esto a un delincuente y perjudicando, indolentemente, a familias decentes», continúa el documento, antes de narrar otro intento por resolver el problema:

«Hemos tratado de concertar una entrevista con la Coronela Moraima Bravet Garofalo, jefa de la Dirección General de Investigación Criminal del MININT, que es sabido es una persona justa e intransigente con lo mal hecho y la corrupción, para contarle nuestro caso. Incluso mi madre (la de Omar Díaz), viuda del combatiente histórico Joel Díaz Tamayo, mi padre, trató de entrevistarse con ella en Villa Marista y le bloquearon su acceso. Tampoco tenemos acceso al MININT ni a autoridades superiores que pudieran tomar alguna decisión al respecto».

Ambos ciudadanos, dicen escribir a La Joven Cuba y hacer pública su situación con la esperanza de hallar «ayuda legal de cualquier institución o persona que se interese en este caso, pues nos sentimos desamparados (…). Esto tiene que conocerse, pues así es como prolifera la delincuencia en este país: a base de irresponsabilidad, negligencia y corrupción de las autoridades». ¿Cómo se explica tanta impunidad?, se preguntan estos ciudadanos víctimas de robos y malos tratos.

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