Antes de la llegada del huracán Ian, Cuba vivía una tensa situación socioeconómica, agudizada luego por el paso del meteoro. El evento hidrometeorológico, que afectó tierras cubanas a finales de septiembre, debilitó servicios básicos como el abastecimiento de agua potable y agravó la crisis del Sistema Electroenergético Nacional, hechos que avivaron el descontento ciudadano.
Las posturas ante el desastre fueron diferentes: por un lado, sectores opuestos al gobierno estimularon, además de la protesta cívica, formas de violencia como barricadas y quema de bienes públicos, a la vez que culparon al Estado cubano de los problemas causados por Ian; en cambio, los grupos pro-gobierno se empeñaron en resaltar la labor asistencialista desplegada por las autoridades, a la vez que criminalizaron las protestas para justificar una respuesta violenta.
Desastre, polarización y extremismo político
Si bien la Isla está acostumbrada a eventos ciclónicos, el último llegó en un momento de especial precariedad. En tiempos de mayor bonanza económica, una parte significativa de la población se habría aprovisionado para los días de apagón, mas en esta ocasión el desabastecimiento de alimentos y víveres lo dificultaba en gran medida.
En algunas zonas de La Habana, donde las afectaciones por el fenómeno no fueron tan graves con respecto al fondo habitacional, la electricidad tardó hasta seis días en ser restablecida. En Pinar del Río la restauración del fluido eléctrico fue más lenta e incluso todavía hay zonas que permanecen afectadas. El prolongado apagón dificultó la conservación de los alimentos, a lo que se adiciona como agravante la inexistencia de otras alternativas, como conservas, en el mercado en pesos cubanos (CUP).
Frente a los destrozos y la falta de energía, en localidades principalmente capitalinas, se percibió la respuesta de las autoridades como demorada y torpe, pues no se ejecutaron a tiempo estrategias para distribuir agua o alimentos. Ello generó protestas con diferentes niveles de masividad y violencia, lo que a su vez provocó cortes de Internet como medida gubernamental para evitar su extensión.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que Ian pasó por Cuba luego de que importantes acontecimientos sociopolíticos —como los sucesos del 11 de Julio, por ejemplo— exacerbaran la polarización y el extremismo, tanto entre los habitantes de la Isla como en la emigración.
Dos matrices se han entronizado: por un lado, los actores contrarios al gobierno acusan a las estructuras políticas del país de ser los únicos culpables de la crisis y piden sanciones que afectarían aún más a la población cubana, además alientan la violencia ciudadana y el enfrentamiento como forma de lucha. Mientras, los sectores polarizados pro-gobierno niegan o restan importancia a las causas internas y responsabilizan exclusivamente al enemigo exterior, algunos incluso asumen como legítimos el uso de la violencia política, física y judicial como vía para la solución de conflictos.
Si bien la Constitución contempla el derecho a exigir cambios mediante la protesta cívica y mostrar desacuerdo ante cuestiones relacionadas con la administración pública, en videos que circularon en redes sociales y medios no estatales se observan barricadas y fuegos, la destrucción de elementos de propiedad pública como tanques de basura, la obstrucción de arterias viales e incluso la detención de un tren en plena marcha.
Dichas acciones violentas obstaculizan el normal desenvolvimiento de la urbe y la convivencia ciudadana, por lo que, como en cualquier país, las fuerzas del orden debieron intervenir en cumplimiento de su función social. No obstante, es preciso que ello suceda con apego a la ley, como establece un Estado de derecho.
Es importante destacar que no todas las protestas fueron iguales ni las respuestas, las mismas. En ocasiones las autoridades dialogaron con los manifestantes y lograron entendimientos, en otras se respondió con violencia, la cual, en determinados casos, fue ejecutada por personas vestidas de civiles —protegidas y convocadas por estructuras estatales— que arremetieron contra los manifestantes con golpes y palos. También se reportaron detenidos entre los que tomaban las calles.
A esta forma de represión física se sumó la deslegitimación de las protestas, sin distinción de formas, para lo que se usaron los medios estatales/públicos. Un ejemplo fue el texto reproducido por Cubadebate en el cual se estigmatiza a los manifestantes por su procedencia, apariencia o vestimenta.
Un fragmento ilustra su fuerte carga clasista: «Entonces el más grandote, el de las muelas doradas, al que jamás se le conoció un empleo en el barrio, vamos, el más distante de ser un ejemplo para las futuras generaciones agarra una rama de árbol caído y grita: “Arriba, vamo a viral to ejtooo”». En muchos comentarios de la publicación se refuerza la idea de denigrar y deslegitimar a quienes salieron a la calle.
La actitud de la oposición política
En la otra cara de la moneda, activistas e influencers políticos opositores al gobierno cubano —la mayoría radicados en el exterior— llamaron al pueblo a salir a las calles e incrementar la violencia en las manifestaciones. Se utilizaron etiquetas como #CubaParaLaCalle o #CubaEstadoFallido para alentar a más personas a sumarse y emplear mecanismos de desestabilización del orden.
Como elemento a destacar, luego de la represión a las manifestaciones fueron revelados, sin una comprobación completa en algunos casos, datos personales de presuntos represores para que fueran linchados por el pueblo. Si bien es reprochable que el Estado propicie enfrentamientos entre civiles, llamar a la violencia ciudadana por parte de la oposición es igualmente irresponsable. Las posturas criminalizantes y centradas en extremismos hacen imposible el entendimiento cívico, al tiempo que potencian un desenlace violento del conflicto.
En este contexto, se publicó la carta abierta Por un cambio real en Cuba: ¡No más oxígeno a la dictadura!, iniciativa llevada a cabo por opositores radicados fuera del país, algunos vinculados al Movimiento San Isidro. El texto relata una situación crítica de derechos humanos en la Isla y como salida pide la intensificación de las medidas unilaterales coercitivas de Estados Unidos:
Sostenemos que las sanciones son necesarias cuando se trata con un régimen totalitario que ha militarizado también la economía y que impone la violación de los derechos humanos en cada negociación comercial. Ojalá el mundo sancionara a la Dictadura de manera coordinada, sería una forma concreta y con miras a largo plazo de ayudar al pueblo de Cuba a librarse de sus opresores.
Más adelante, solicitan al gobierno de los Estados Unidos que niegue ayuda a su homólogo cubano. Aseguran que «ayudar al régimen de La Habana sería como ayudar al régimen de Putin, ni más ni menos […] Ayudar al régimen cubano no es ayudar al pueblo cubano». Tal postura no ha estado exenta de cuestionamientos, incluso por parte de sectores críticos al gobierno que han apuntado la falta de empatía con el sufrimiento del pueblo en la Isla y la esterilidad de lanzarlos, desde la distancia, a enfrentar las consecuencias de salir a las calles, sin un programa político alternativo sólido que garantice la mejoría de sus condiciones de vida.
Ian, una catástrofe meteorológica que provocó más de 100 muertos en la Florida y graves daños materiales en Cuba, fue otro detonante de protestas sociales en respuesta a una crisis para la que no se vislumbra salida. Ante situaciones límite, el descontento se hace notar, como también los intentos por negar sus causas o instrumentalizar sus resultados. Ian no será la última adversidad que enfrente el país, de cómo se manejen en lo sucesivo dependerá el futuro de la nación.
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