La Isla y el filtro animal

Ciento cuarenta cadáveres. Manuel Litran los tendió uno a uno sobre el asfalto hasta que en la carretera Magny-Cours los cuerpos se mezclaron con el horizonte. Entonces el fotógrafo capturó el escenario: aquel cementerio de perros que podría interpretarse también como el fruto de la infinita arrogancia humana.

La imagen, publicada en 1980 en la revista Paris Match, contenía a todos los canes sacrificados en las perreras de la capital francesa durante solo dos días, luego de que sus dueños los abandonaran a su suerte para irse de vacaciones. “La foto de la vergüenza”, no era más que el reflejo de una fórmula repetida cada verano, una que desgraciadamente aún sucede.

El abando de mascotas, el daño físico, la caza furtiva, la reproducción forzada y la experimentación científica con roedores o simios, son solo algunas de las tantas expresiones de crueldad en un mundo cada vez más violento, donde los animales son blancos fáciles. El maltrato animal no es exclusivo de un país o una época. Existió y persiste. Comenzó el día en que los humanos nos creímos con mayor privilegio sobre el planeta que la golondrina, el leopardo o el delfín.

Pese a esto, hace varios años se viene legislando sobre dichas cuestiones desde todas las latitudes. También en América Latina se han visto cambios significativos en el marco jurídico debido a las exigencias populares. 

En algunos países de la región, las penas por abandono o maltrato derivado en la muerte del animal oscilan entre costosas multas y privación de libertad de uno a cinco años. Brasil fue el primer país de la región en convertir a un animal en sujeto de derecho, mientras que Paraguay y Argentina fueron pioneros, desde 1953, en aprobar leyes que contemplaban la represión a los actos de crueldad a las especies, tanto domésticas o domesticadas, como silvestres o exóticas en cautividad. Medidas similares fueron introducidas en la legislación hondureña a partir de 2017.

En Colombia y Bolivia las multas por actos de crueldad y violencia cuestan hasta 60 salarios mínimos y de uno a tres años de carcel. México propone hasta 5 años de prisión a quien participe de alguna manera en peleas de perros, y hasta 9 años a quien dañe, mate o comercialice con determinadas especies salvajes. Estas sentencias se incrementan si el infractor es un funcionario del gobierno. Perú procede de manera similar en estos casos, y además sanciona a quien venda productos de consumo animal que estén falsificados, corrompidos o dañados, poniendo en peligro la vida, salud o la integridad física de los mismos.

Chile, desde 2009 aplica medidas para la tenencia responsable de mascotas y diseñó un registro de cría y venta de animales de compañía. Por su parte, Costa Rica, en 2014, prohibió las peleas de perro y desde 2017 aprobó una Ley para el Bienestar Animal que devino en el fin de la caza deportiva y el cierre de los zoológicos estatales. Ese mismo año, Guatemala declaró inadmisibles la experimentación en animales para fines cosméticos, la explotación de los mismos en circos y la zoofilia, actividades que también son vedadas en la República Dominicana.

Algunas naciones latinoamericanas como Ecuador o El Salvador, no comprenden al animal como un ser sintiente, sino como mueble, cosa o pertenencia de los humanos, o se centran solamente en proteger a los animales de compañía. No obstante, en casi todos es una constante la prohibición de actos de crueldad, la creación de refugios, la mención de derechos y obligaciones de los ciudadanos para con sus mascotas o rebaños, así como las regulaciones para la transportación, cría, caza y comercio. 

Aunque los combates entre animales son vedados en casi todos los países, las peleas de gallos y corridas de toros o espectáculos animales constituyen una excepción en las actividades prohibidas en algunas naciones, por considerarse parte del patrimonio cultural, no obstante, existe una tendencia cada vez mayor a reducir o eliminar estas prácticas. No siempre lo tradicional es hermoso o correcto.

La aprobación o aplicación de leyes que amparen a los animales no constituye una fórmula instántanea para erradicar el maltrato, pero se traduce en la voluntad política del gobiernos para con estos o para atender a un pueblo que cada vez ejerce mayor presión en búsqueda de respeto hacia otros seres sintientes. El marco social está cambiando. Hoy, cualquier Estado que pretenda seguir una línea progresista sin falsedades, debe abarcar políticas que velen, entre otras cosas, por la protección ambiental y el bienestar de los animales. No hay progreso con impunidad.

DERECHOS DE LOS ANIMALES: UN TEMA PENDIENTE EN CUBA

Mahatma Gandhi expresó que “la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que son tratados sus animales”. Cuba tiene, en este sentido, una moral bastante disociada. Si bien existen normativas referentes al trato y cuidado de los animales para el consumo o los que habitan en áreas protegidas, desde hace varios años la agenda pública demanda la aplicación de un sistema integral de leyes enfocado en la protección de todas las especies, y que penalice los actos de crueldad contra ellos.

La Isla llega bastante rezagada a la legislación relativa a los animales en el continente,  y no hace precisamente una entrada triunfal. En un contexto donde ya se viene hablando de estos seres como sujetos de derecho, capaces de experimentar felicidad y dolor, el país apunta a la adopción de disposiciones que enfocan el bienestar animal desde las necesidades y deberes de los ciudadanos, sin tener en cuenta realmente los intereses de los animales, y no se ha publicado de manera detallada el destino que tendrán los animales utilizados para el trabajo, consumo o experimentación. 

Actualmente se elabora un proyecto de ley que, según Maria Gloria Vidal Rivalta, presidenta del Comité Nacional de Bienestar Animal de Cuba, “contempla a casi todas las especies e incluye el derecho a la atención, cuidados y protección, el no sometimiento a actos crueles y, en caso de ser necesaria la muerte, su realización de manera instantánea, indolora y sin generar angustia. Además, se prohíben explícitamente las peleas o enfrentamiento entre todas las especies, se regula la comercialización de animales vivos y se estipulan sanciones como multas y privación de libertad en casos puntuales para quienes incumplan con lo reglamentado”.

Representantes del Ministerio de Agricultura y el Centro Nacional de Sanidad Animal han informado a medios oficiales del país que la aprobación de esta nueva política tendrá lugar en noviembre próximo. Aunque la comisión encargada de elaborar el documento está integrada por 42 especialistas del sector estatal y asociaciones oficialmente aprobadas, se extrañan en este grupo a activistas, creadores y responsables de refugios, protectores y representantes de organizaciones que desempeñan una ardua labor animalista a pesar de no ser reconocidos por el Estado Cubano y transitar por un camino muchas veces escabroso para el desarrollo de su trabajo.

Con anteroridad a este, dos proyectos similares habían sido expuestos al Ministerio de Agricultura en 2003 y 2007. El primero fue rechazado por no cumplir con las cuestiones técnicas necesarias, y el segundo, ya mejor elaborado en estos aspectos, también recibió la negativa para su presentación a la Asamblea Nacional. Los motivos reales de este rechazo solo se notificaron de manera informal y sin ofrecer ningún argumento, lo que conduce a entender que el impedimento fue la total ausencia de interés y conocimiento sobre el tema por parte de los encargados de revisar dicha propuesta. Se espera que triunfe la regla universal de vencer a la tercera y que este proyecto que se construye llegue a mejor término.

Las propuestas de cambios arriban en un marco en el que paradójicamente las organizaciones de Flora y Fauna del país dialogan sobre la amplificación de vallas estatales de gallos; un contexto donde el crecimiento de la actividad turística previa a la Covid-19 devino en aumento de la explotación no controlada a los caballos en función de los paseos de los visitantes, y donde, ante recientes crisis de combustible y transporte, el presidente de la República ha llamado a intensificar el uso de los medios de tracción animal y la fuerza animal para la producción agrícola.

En los últimos años Cuba ha sido blanco de varias críticas por no cumplir con la obligatoriedad de adaptar leyes de carácter internacional al sistema jurídico interno. Si bien pertenecemos a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OEI) desde 1972 -lo que presupone la adopción de sus principios y estatutos-, la legislación referente a los animales en la Isla ha permanecido petrificada por décadas.

Uno de los ejemplos más ilustrativos de la incoherencia con las normas de instituciones foráneas a las que estamos afiliados, es el Programa Nacional de Prevención y Control de Rabia, vigente desde 1997, y llevado a cabo por el departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud Pública. Dicho programa, a pesar de su importancia en la prevención de enfermedades, se centra solo en gatos, perros y mangostas y aplica métodos que distan mucho de los estipulados a nivel mundial para la captura, manipulación, trato, alojamiento y muerte de los animales.

Los sacrificios que lleva a cabo Zoonosis en un plazo de tres días, si no es reclamado el animal, se han realizado a través de métodos inadmisibles a nivel mundial como la electrocución, la cámara de gas y el evenenamiento por estricnina, que es ahora la sentencia de moda.

En un mundo que aboga por la eutanasia para animales de compañía solo en cuestiones necesarias y a través de métodos rápidos y compasivos, el mejor amigo del hombre y alguno que otro felino atrapado por zoonosis mueren en instalaciones precarias de Cuba después de varias horas de sufrimiento, convulsiones y en medio de la sinfonía de horror de muchos aullidos.

Por otra parte, el sistema educativo y los medios de comunicación carecen de estrategias que sensibilicen a los ciudadanos sobre su relación con los animales, y muchas veces las personas encargadas de su manejo, o de hacer cumplir determinadas leyes, no son precisamente los que más se conmueven ante estos temas.

¿Y DESPUÉS DE LA LEY?

El secretismo tradicional solo nos ha dejado ver el nuevo proyecto a través de una persiana, por lo que aún no podemos afirmar si las próximas medidas serán lo suficientemente abarcadoras, pero no cabe duda de que las leyes representan un instrumento primordial en la resolución de los problemas, cuando no son letra muerta.

No obstante, más allá de lo jurídico y el impulso gubernamental necesario, se requiere de conciencia social y un cambio real en nuestra cultura de relación con los animales. Se necesita un mayor concurso de los ciudadanos en el rescate, esterilización y adopción de animales domésticos, más gente que cree, apoye o colabore con los refugios en la medida de sus posibilidades.

De poco servirá un país lleno de reglas si no están llenas sus calles de personas capaces de sentir empatía por los más débiles y denunciar las manifestaciones de crueldad, o si no están llenas las escuelas y casas de maestros y padres que enseñen a las generaciones a ser piadosas. 

También nuestros medios y profesionales de la comunicación deberían ser portadores de mensajes de bien público que muestren a los animales como seres capaces de sentir, y que denuncien la violencia hacia ellos, que es también la antesala de la violencia social.

Las instituciones veterinarias requerirán de especialistas y ténicos más altruistas, y por supuesto, de que se les garantice mejores condiciones de trabajo y un mayor suministro de medicamentos que hasta ahora no se producen o importan en cantidades suficientes, y solo se pueden adquirir en el mercado negro, sin garantías de calidad.

Quien decida tener una mascota debe ser respaldado ante casos de robo o daño por parte de terceros, pero también debe responder ante su sufrimiento, el daño que este pueda infligir a otros, y sus desechos en las áreas públicas.

Los funcionarios encargados de la venta, distribución e importación de aquello que consumimos, así como las normativas que regulen estas actividades, deberían priorizar que los productos comercializados en el país sean libres de crueldad animal: dígase rechazar la circulación maquillajes y cremas que sean testadas en animales, o evitar la compra-venta de alimentos cuyos productores no cumplan con procedimientos de sacrificio indoloro y cría o tenencia en condiciones adecuadas.

Reza un dicho que “si quieres conocer realmente a alguien, debes mirar la forma en la que trata a un camarero, a un anciano, a un niño y a un animal”. Los animales son, sin dudas, filtros para reconocer a las buenas personas. Cubanos y cubanas aun debemos trabajar nuestra sensibilidad para con estos seres que no tienen voz. El hecho de que puedan sentir debería ser motivo suficiente para garantizarles una vida con decoro.

Un intento por dibujar nuestra relación actual con los animales no distaría mucho de aquella terrible imagen de Manuel Litrán en la Francia de 1980, y no creo que una imagen patria tan nefasta sea algo que debamos permitir. Borremos el horror y transformemos esta nación en una de las que verdaderamente velan por los animales; que las nuevas leyes no sean una mera excusa para salir de la lista de los que no protegen. Hagamos de Cuba un país de mejores personas.