El extremismo del gobierno cubano en 2022

El año culmina y el extremismo ha estado presente de forma significativa en las relaciones entre diferentes sujetos y comunidades políticas cubanas. En este artículo se resumen los principales rasgos que caracterizaron esta práctica durante 2022 por parte del gobierno cubano y sus defensores. Se ejemplifica con aquellos que tuvieron mayor incidencia en el espacio público por su gravedad o por las muestras de indignación que suscitaron.

En un próximo texto se analizarán elementos extremistas relevantes en los detractores del gobierno cubano.

Limitaciones al derecho de entrada, salida y permanencia en el país

En el presente año el gobierno cubano ha recurrido a las limitaciones o prohibiciones de entrada y salida de Cuba para castigar a personas que cuestionan la gestión estatal o expresan abiertamente su descontento con el sistema político.

Entre los casos más conocidos figuran las activistas opositoras Anamely Ramos y Omara Ruiz Urquiola, a quienes no se les permitió abordar un avión desde Estados Unidos con el objetivo de regresar a la Isla. También destaca lo sucedido con María Matienzo, Aimara Peña y Saily González, que denunciaron cómo se les prohibió la salida del país para asistir al Foro de la Sociedad Civil, como parte de la agenda previa a la IX Cumbre de las Américas.

Otros opositores o ciudadanos con una proyección crítica al gobierno, como el activista LGBTIQ+ Raúl Soublett, señalaron presiones de la Seguridad del Estado para que renunciaran a sus proyectos y abandonaran el país, bajo amenaza de ser procesados por mercenarismo.

Puede interesarle leer: Los límites del derecho a regresar.

Uso del sistema judicial y policial para castigar a opositores, personas críticas y manifestantes

A inicios de año se dieron a conocer las sentencias de los manifestantes del 11 de julio, algunas de las cuales sobrepasaban los veinte años de privación de libertad. En los disturbios se documentaron hurtos, daños a la propiedad social y lesiones, sin embargo, las condenas trascienden con creces las penas estipuladas para estos delitos. La figura penal utilizada para justificarlo es la sedición, cuya ambigua definición en el Código Penal permite aplicarla a cualquiera que perturbe el «orden socialista».

Asimismo, no se conoce a ninguno de los simpatizantes del gobierno que haya sido procesado por agresión o lesiones provocadas a participantes en las protestas. Por el contrario, se han reportado detenciones arbitrarias y guardias policiales  en las afueras de casas de activistas opositores en vísperas de fechas como las elecciones de delegados o al cumplirse un aniversario de las masivas manifestaciones. En ambos casos, las presiones del gobierno estuvieron motivadas por razones políticas y no hubo causas legales para ello.

Con el fin de documentar y denunciar prácticas como estas por parte de la Seguridad del Estado, se han hecho públicas citaciones para interrogatorios sin notificación de causa legal en su contra, como le sucedió a la académica Alina Bárbara López, coordinadora de La Joven Cuba, quien impugnó con éxito tal irregularidad ante la Fiscalía Provincial de Matanzas.

Puede interesarle leer: Entre leyes y escarmientos.

Censura y expulsiones

Cancelaciones de actividades culturales programadas, presiones contra la celebración de eventos en espacios independientes y la destitución y expulsión de trabajadores y directivos de instituciones estatales que han emitido opiniones críticas acerca de los problemas que enfrentan los cubanos; son de las principales manifestaciones de censura que han tenido lugar en 2022.

Entre los sucesos que más trascendieron puede mencionarse la negativa ante el lanzamiento de la antología La peor generación en La Madriguera, perteneciente a la Asociación Hermanos Saíz. Los organizadores declararon que, por presiones de la Seguridad del Estado, espacios independientes como Estudio 50 y el Centro Loyola, perteneciente a la Compañía de Jesús (Jesuitas) de la Iglesia Católica, decidieron suspender la presentación.

Otro hecho que denotó censura en el panorama artístico fue la retirada de concurso en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la cinta Vicenta B, dirigida por el realizador cubano Carlos Lechuga. En posteriores declaraciones, Ramón Samada, director del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), justificó la decisión alegando las posiciones políticas del cineasta.

Puede interesarle leer: Festival de Cine y la nueva polémica sobre la libertad de creación.

A lo largo del año hubo expulsiones laborales por razones políticas, como el de Arturo Mesa, traductor, guía de turismo y articulista de La Joven Cuba, quien fuera despedido de la agencia Amistur. También figura el caso de José Luis Tan Estrada, joven profesor de la Universidad de Camagüey, expulsado del centro debido a sus publicaciones en redes sociales.

En el espectro mediático fue sumamente polémica la «liberación de funciones» de Armando Franco Senén, director de la revista universitaria Alma Mater. Aylín Álvarez, secretaria general de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), declaró en su perfil de Facebook que la medida correspondía a «un proceso natural de renovación», a lo que Franco Senén respondió en la misma red social asegurando que la causa de su democión se debía a «continuos errores en el trabajo editorial de la revista», apuntados por la organización partidista.

Tras la renuncia casi total del equipo y la llegada de la nueva dirección, se han reducido considerablemente las agendas críticas que diferenciaban a la publicación del resto de los medios estatales.

Podría interesarle leer: El alma rota del dinosaurio. 

Criminalización del disenso y asesinatos de reputación

Durante el año, también pueden identificarse ejemplos de extremismo mediático, particularmente en los espacios digitales. Entre los principales argumentos empleados para construir una narrativa de posturas irreconciliables destacan elementos como la asociación de expresiones críticas al gobierno con una agenda de «cambio de régimen» y la utilización de dogmas y prejuicios para deslegitimar a quien disiente.

En los medios nacionales, como ejemplo de criminalización del disenso sobresale el espacio Con Filo, que ha ridiculizado e igualado preocupaciones ciudadanas legítimas con muestras de extremismo opositor. Asimismo, en medio de las protestas a partir de las afectaciones del huracán Ian, Cubadebate reprodujo un post que estigmatizaba a los manifestantes por modificaciones corporales, situación laboral o estatus socioeconómico.

Podría interesarle leer: Ian, autopsia de un desastre.

Mención especial merece el reportaje televisivo realizado por el espacio Las razones de Cuba, sobre el medio no estatal El Toque. La revista digital inquirida respondió alegando que los testimonios utilizados en el material fueron obtenidos bajo coacción y amenazas a sus colaboradores de ser regulados, además se manipularon sus declaraciones para luego señalarlos como mercenarios. Varios de los entrevistados confirmaron que no se trataba de entrevistas sino de interrogatorios filmados y que no dieron consentimiento para su publicación.

Por otro lado, en las redes sociales, personas y cuentas defensoras del gobierno cubano han atacado a quienes expresan opiniones contrarias a lo que se entiende por «revolucionario» desde la visión política gubernamental. Uno de los más recurrentes es el youtuber anónimo Guerrero Cubano, que se ha valido de posturas discriminatorias como las esgrimidas contra el opositor Magdiel Jorge, cuando hizo referencia de manera peyorativa a sus prácticas sexuales con el fin de desacreditarlo.  

Activistas extranjeras con una estrecha relación con el gobierno cubano han realizado desde el extremismo ataques que suscitaron indignación, como la realizadora Ana Hurtado, quien llamó «gusano» a Pablo Milanés, mientras este se encontraba gravemente enfermo.

 De igual manera, la poeta Kari Krenn arremetió contra personas y colectivos feministas, incluso aliadas a instituciones oficiales, por suponer que actúan según la agenda del magnate estadounidense George Soros. La práctica ha sido repetida por perfiles anónimos como Prometeo Treveris, el cual frecuentemente desacredita a activistas cubanos por no considerarlos «suficientemente revolucionarios».    

***

Estos análisis se hacen a partir de lo que sobre extremismo político ha conceptualizado el Observatorio: «Posicionamiento, ya sea de un sector de la sociedad, un partido político, un grupo de poder o un individuo, en una postura totalmente distanciada del diálogo o el respeto al otro. Parte de considerar ilegítimo todo lo que guarde relación con su oponente y asume como necesario cualquier mecanismo para derrotarlo. Por lo general, se vale del populismo y la manipulación para captar adeptos y justificar el uso de la violencia en cualquiera de sus variantes en pos de un “objetivo mayor”».