El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó una lista de países que toleran o cometen «violaciones especialmente graves de la libertad religiosa». En el listado fueron incluidos quince naciones, entre ellas Cuba, por lo que la Isla puede enfrentar sanciones adicionales.
Según el comunicado, estas designaciones están en consonancia con los valores e intereses de proteger la seguridad nacional de los estadounidenses y promover los derechos humanos en todo el mundo. «Los países que salvaguardan efectivamente este y otros derechos humanos son socios más pacíficos, estables, prósperos y más confiables para Estados Unidos», refiere el documento.
Asimismo, el texto agrega que continuarán monitoreando cuidadosamente el estado de la libertad de religión o creencia en todos los países del mundo y abogando por aquellos que enfrentan persecución religiosa o discriminación. Sin embargo, ¿cuán legítimos son este tipo de listados elaborados por el gobierno de Washington?
La práctica de crear listas de países incómodos a la Casa Blanca no es nueva. Esta publicación en particular se realiza cada año en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, una figura legal que forma parte de la política exterior de EE.UU. para abogar por el respeto a la libertad de credos y en defensa de los derechos de personas perseguidas por su religión fuera del territorio estadounidense.
Empero, alertar sobre el terrorismo, la falta de libertades y derechos en algún país o región no debe ser prerrogativa de un único Estado, sino de organismos multilaterales, cuyo fin se traduzca en la búsqueda de consenso internacional, en lugar de ser empleadas como cerco político y económico a terceras naciones.
En ese sentido y como respuesta a la declaración firmada por el Secretario de Estado, Anthony Blinken; el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla afirmó en la red social Twitter: «La designación de nuestro país en listado arbitrario demuestra que, nuevamente, el gobierno de Estados Unidos necesita recurrir a acusaciones deshonestas para mantener insostenible política de abuso contra el pueblo cubano».
Un país como Estados Unidos, donde el 30% de la población se afilia a religiones no cristianas o se asumen a sí mismos como agnósticos y/o ateos (según un estudio del Centro de Investigaciones Pew, publicado en 2014); privilegia, en cambio, la doctrina cristiana sobre el resto de creencias religiosas. Por ejemplo, tanto el presidente como los implicados en procesos legales juran sobre la Biblia, dos hechos simbólicos que dan muestras de la institucionalización de dicha fe, aun cuando constitucionalmente el país se reafirma como un territorio laico.
No obstante, también cabría analizar las razones por las cuales la Isla pasó a integrar dicha lista, dado que no se pueden desconocer las tensiones que históricamente han caracterizado las relaciones después de 1959 entre el gobierno cubano y grupos religiosos o fraternales, especialmente la Iglesia Católica.
Entre los hechos lamentables más recientes figuran la no renovación de visa para el sacerdote dominicano David Pantaleón, otrora Superior de la Compañía de Jesús en Cuba, o las presiones ejercidas por la Seguridad del Estado contra el Centro Loyola, que prestaría su espacio para la presentación del libro «La Peor Generación», luego de intentos anteriores frustrados.
También puede mencionarse la negativa de salida del país al Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, José Ramón Viñas Alonso, y otros altos directivos de la Logia Masónica. A ello hay que añadir el acoso a laicos y religiosos por sus posiciones políticas o su apoyo a presos y familiares del 11J.
La Joven Cuba reconoce el derecho soberano de Estados Unidos para decidir sobre sus relaciones con otros países o su preocupación sobre el estado de las libertades religiosas a nivel internacional. No obstante, enlistar países a cuyos gobiernos no considera amigos, como es el caso de Cuba, y obviar otros que le son cercanos y en los cuales se comenten actos terribles contra la libertad religiosa, como los Emiratos Árabes Unidos, es una muestra clara de las verdaderas intenciones tras este acto.
En efecto, Cuba tiene mucho que avanzar en materia de derechos, ello forma parte de las metas cívicas que afrontan los ciudadanos dentro del país, junto al respeto a la libertad de expresión y prensa, así como los derechos políticos. Sin embargo, el camino hacia la tolerancia y la dignidad plena deberá ser solo asunto de sus nacionales y no una herramienta política de presión externa.
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