El Estado de Derecho no va a ser el imposible cubano

El caso del Doctor en Ciencias Jurídicas René Fidel González García —profesor privado de su condición en la Universidad de Oriente después de que el ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido Loidi, le revocara la categoría de profesor Titular y la de docente universitario, con el argumento de que había perdido prestigio social por realizar publicaciones en las redes sociales y en distintos medios y sitios digitales—, es uno de los más importantes casos de exclusión de docentes por motivos políticos ocurridos en Cuba en los últimos años.  

Los hechos, ocurridos en 2016, desencadenaron un proceso de reclamaciones sobre violaciones de la legalidad y denuncias de presuntos actos delictivos ante la Fiscalía General de la República. Que algunas de estas denuncias estuvieran dirigidas contra un miembro del Consejo de Estado, puede explicar que el órgano encargado de velar por la legalidad en Cuba dejara de tramitarlas.

Desde entonces, y durante años, el ex docente ejerció sistemáticamente el derecho constitucional de Queja y Petición ante la Fiscalía para restablecer el debido proceso y la legalidad. El último de esos ejercicios de derechos, ante el silencio del órgano encargado de velar por la legalidad en Cuba, fue hecho ante el Presidente de la República, Miguel Mario Díaz Canel, e iba, por esa razón, dirigido contra la propia Fiscalía General.

A pesar de que el Presidente de la República, en respuesta a esa última queja, indicara la atención por parte de la Fiscalía, ello nunca sucedió. Tal violación de un derecho constitucional ocurrió estando en vigencia la Constitución del 2019. Con la entrada en vigor, en el verano de 2022, de la Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales, el profesor, autor entre otros libros de Ciudadanía, República y Revolución: los desafíos de la ciudadanía en Cuba, ha continuado su lucha.

La Joven Cuba lo entrevista con el fin de que este caso, y sus más recientes cambios, sean de amplio conocimiento por parte de la ciudadanía, la opinión pública y los profesionales de la esfera jurídica.

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¿Cómo sucedieron los hechos que desencadenaron su separación de la Universidad de Oriente?

Yo creo que no se puede hablar de hechos que desencadenen la cancelación de mi condición de profesor universitario. No hay tales hechos. Yo era en ese momento profesor en activo, que cumplía con sus funciones docentes, estaba evaluado de Excelente consecutivamente, ocupaba además responsabilidades en el proceso docente educativo como profesor principal de año —es decir, era un funcionario nombrado por la rectora mediante Resolución— y profesor guía. Era también miembro de tribunales de categorías docentes y del Consejo Científico de la Facultad de Derecho.

Lo segundo es que no se me expulsa de la Universidad. En realidad, se me priva de la categoría de profesor Titular y de la condición de Profesor por una causal legal que se refiere a la pérdida de prestigio. Esta causal está regulada en el Reglamento de Categorías Docentes, tanto en el vigente en aquel momento como en el actual.

Los profesores, como otras profesiones, tienen que gozar de un prestigio. El problema es que en mi caso no solamente gozaba del prestigio, más cuando además ocupaba esas responsabilidades, sino que la revocación se hizo violando todo el procedimiento que la norma jurídica establece. Tampoco es que tuvieran otra forma de hacerlo, no podían en mi caso someterse a cumplir el procedimiento sin evadir el obstáculo que tenían enfrente: precisamente mi prestigio como docente y educador.

Una categoría docente que se otorga mediante rigurosos ejercicios pedagógicos, metodológicos y científicos, no se revoca de cualquier manera. Existe también un procedimiento para revocarla, mucho más por una causal tan subjetiva. Se presentan hechos, se da conocimiento a las partes, se permite presentar pruebas y descargos a ellas, se nombra un tribunal para conocer del caso.

Todo eso fue violado en mi caso, y lo que se hace no es público, ni legal y mucho menos transparente. Lo que sí existe es un proceso de persecución que proviene de Marta Mesa Valenciano, rectora en aquel momento. Ella indica crear una comisión en la Facultad por mis publicaciones en La Joven Cuba, Rebelión y Sin Permiso. Cuando se me comunica, lo rechazo, digo que no voy a hablar con nadie, que esto se tiene que discutir, por su naturaleza, en el Partido; y entonces, a lo largo de dos o tres meses, se crean dos comisiones partidistas que analizan mis artículos y concluyen que su contenido no supone ninguna violación.

La rectora, que es la que promueve todo, se frustra. Dos comisiones seguidas y de distinta composición concluyen, dictaminan, que no hay problemas con el contenido de mis artículos. Lo hace además el pleno de los militantes, es un tema de consenso. Este es un hecho que no puede ser negado. Entonces ella opta por usar el procedimiento de revocación de categorías docente de una forma muy burda e ilegal, y le solicita al ministro de Educación Superior quitarme la categoría docente. Es por eso que, una vez el ministro dicta una Resolución favorable a esa petición y en la que de paso declara ilegalmente que no es apelable, acudo por primera vez a la Fiscalía.

Esta, como institución, debe velar por el cumplimiento de la Ley, de la legalidad. Toda esta historia es la de un profesor que le dijo a sus estudiantes: «Tranquilos, ellos tienen que respetar la Ley». Eso es lo que enseña un profesor de Derecho en cualquier parte del mundo. No tiene sentido otra cosa. Lo que he hecho durante más de seis años ha sido por no defraudar a mis estudiantes, por hacer valer el respeto a la Ley, porque sea real lo que les enseñaba junto a mis otros compañeros de claustro como profesor de Derecho.

No es algo que se haga por vanidad, o por resentimiento; se hace por coherencia y consecuencia, por compromiso con ellos, a lo que enseñamos en las facultades de Derecho de todo el país: que no hay nada ni nadie por encima de la Ley; que la Constitución, el respeto a los derechos, y la justicia son bienes públicos y preciosos.

Toda esta lucha porque las instituciones y funcionarios del Gobierno y el Estado Cubano respeten las leyes que están obligados a cumplir, es realmente para mí una clase, una que de forma terrible y costosa, sacrificando mucho, he impartido durante estos años. Yo no lo veo de otra forma.

¿Qué respuesta recibió de parte de sus alumnos y otros compañeros de trabajo?

Ellos, mis alumnos y compañeros, han estado ahí todo el tiempo. Algunos eran muy jóvenes, cursaban el segundo año de la carrera, y cuando les llamaron para firmar una presunta declaración de la FEU en la que yo era descrito como algo terrible —un recurso al que había acudido la rectora ante la imposibilidad de que el claustro de la Facultad y los militantes la secundaran— se negaron. Los presionaron, les dijeron que yo era un agente de la CIA, que era un mercenario —todo esto está explicado en Mercenario y Solo la verdad es revolucionaria, publicados en La Joven Cuba y replicados en otros medios— y ellos rehusaron firmar aquella infamia.

Ese documento lo elevaron al Ministro con las pocas firmas que lograron obtener, pero resultó ser un texto secreto, que fue escondido: el Partido de la Facultad lo solicitó y tardaron tres meses en dárselo, no tenían el valor de mostrarlo por la repugnante carga de mentiras que contenía.

Entonces serían mis alumnos, junto a estudiantes de otras carreras y universidades, y profesores de muchísimo prestigio; los que casi tres años después —frustrados ante la inacción de la Fiscalía a mis denuncias y ejercicios del derecho de Queja y Petición—, quienes escriben una carta al presidente Miguel Díaz Canel y se la envían por Twitter. Fueron los ya graduados, ellos deciden que ningún estudiante en activo la suscriba por las represalias que se pudieran tomar. Son personas de extraordinarios valores, muy nobles, pero también excelentes profesionales.

Por enviar esa carta al presidente, que nunca recibió respuesta, fueron entrevistados por la Seguridad del Estado y funcionarios de las instituciones en las que trabajaban. En dichas entrevistas volvieron a insistirles en que yo era un agente de la CIA, un mercenario, en ese mantra de descrédito que han repetido como si una mentira pudiera ser real por el solo hecho de decirla.

Los muchachos no desistieron, no se doblegaron a pesar de ello. Haber contado con su apoyo ha sido un privilegio para mí. No sé cuántas veces su sensibilidad y respeto ha sido mi único sostén. Lo que he hecho hasta hoy es por no defraudarlos, a su dignidad y decencia. Creo que es lo que hace un Profesor. No se puede enseñar valores, principios, y luego defraudarlos.

¿Por qué se tildó de manipulador por la Universidad de Oriente el uso del término «expulsión»? 

Es una forma de decirlo, de expresarlo. Pero hay que tener en cuenta que pasaron cosas increíbles. Entre el personal de seguridad y protección de la Universidad, la administración circuló durante un tiempo fotos mías para impedir que entrara al centro. Saber eso fue asombroso para mí. Nunca más volví. El Día del Educador todavía van los antiguos estudiantes —han pasado seis años ya— a mi casa, e incluso me visitan estudiantes actuales, o me envían solicitud de amistad en las redes sociales y me escriben, me consultan.

Pasaron otras cosas. Funcionarios del Partido intentaron en varias ocasiones que se me expulsara de la UNEAC y también de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Hay una historia precedente en Cuba que explica lo que ocurre con alguien cuando es acusado, o colocado en una situación como la que yo he enfrentado; pero también hay experiencias, claves para resistir sin amargarse, sin ser derrotado.

La resistencia frente a la arbitrariedad y el despotismo; frente a los desastres que recurrentemente han causado entre nosotros la intolerancia, el oportunismo y el extremismo, es un legado que otros te dejan, y uno puede nutrirse de él. Las cosas cambian. Personas muy decentes y honradas se opusieron a los intentos de expulsarme de esas organizaciones, a las que aún pertenezco.

No han cesado esos intentos, pero ellos hasta ahora no han cedido, y es admirable para mí. Las personas que practican la decencia como forma esencial de coherencia personal, de sus valores, suelen ser la mayor parte de las veces irreductibles en cuestiones como estas. Eso lo sé por ellos, han sido mis profesores, y no son pocos.

¿Cuáles considera que fueron las mayores incongruencias del proceso?

Las de base ya las expliqué. Son las violaciones que comete la que en aquel momento era la rectora, o que se cometen por indicaciones de ella y luego el ministro avala. Ahí hay también presuntos delitos de falsificación de documentos públicos, de abuso de autoridad, etc. Yo presenté denuncias de ello ante la Fiscalía. No fueron nunca respondidas, y mi apreciación no era como parte afectada. Soy un profesional del Derecho, hago un examen de los hechos. Cuando denuncio es porque la única forma en que es posible hagan ciertas cosas es cometiendo delitos.

De modo que cuando, por ejemplo, una persona afirma cuestiones que causan un perjuicio, que tienen una consecuencia jurídica, como las acusaciones de mercenario, ocurre un delito. Es cuestión de tener testigos de que esa difamación acaece en un momento, y que ello resulta en un daño. Lo mismo pasa cuando se extraen documentos de un expediente, hay un delito de falsificación de documentos. Todo eso aconteció.

Eso es inobjetable, pero debe ser probado en juicio, mediante un proceso penal. Para iniciarlo es que se hacen las denuncias. Por esa ética profesional es que yo hablo hasta hoy de presuntos delitos, o de presuntos delincuentes. No basta con creerlo, tampoco con tener pruebas y testigos, eso debe ser probado ante un Tribunal. Otra cosa es que el órgano que las recibe y debe sustanciarlas en un primer momento, como la Fiscalía, ni siquiera las responda, o las archive escandalosamente.
Lo que hice fue presentar recursos legales en la Fiscalía contra las ilegalidades cometidas por la Universidad y el ministro, y luego múltiples ejercicios del derecho de Queja y Petición en la medida que los diferentes niveles de la Fiscalía de la República hacían silencio, hasta llegar a la fiscal general y luego al presidente de la República.

Cada uno de los ejercicios del derecho de Queja y Petición que ejercí durante estos años —en los que describía las violaciones de la legalidad que habían sucedido, o que se incorporaban a medida que cada nivel jerárquico hacía silencio—, presentaba como única petición que fueran respetados el debido proceso, la legalidad y la Constitución. Eso fue lo violado. La respuesta fue el silencio. Y es algo grave. La última de esas violaciones del Derecho de Queja y Petición ocurrió en vigencia de la Constitución del 2019, en cuyo cuerpo están planteadas unas garantías constitucionales frente a esas violaciones de derechos por parte de funcionarios.

Lo difícil fue descubrir que para mantener la arbitrariedad se violaría luego cuanta ley o principio ético hay en Cuba. Es algo muy difícil de asumir que entre tantas personas, y ahí hay cuadros y funcionarios de todo tipo, no exista alguien que diga: «esto está mal», o «no vale la pena tanto descrédito para ocultar o avalar un hecho que es, por los métodos que se emplean, despreciable para cualquiera».

Estos años han sido sin querer un muy duro test de nuestras instituciones, de su funcionamiento; también de los valores y prácticas que pueden imponerse contra los valores y prácticas que como sociedad declaramos válidos y deseables. Yo recurrí a todos los niveles de la Fiscalía. En Provincia, en la Fiscalía General, a la propia fiscal general, Yamila Peña Ojeda; y cuando ella también hizo silencio, ejercí el mismo Derecho de Queja y Petición que había sido violado por todos ellos ante su superior jerárquico. La fiscal general es una subordinada del presidente de la República.

El acuse de recibo de la oficina de la Presidencia a ese nuevo ejercicio de derecho fue explícito en la orientación que hizo de que se enviara a la propia Fiscalía.
Esto último, aunque difícil de entender para muchos, es un procedimiento normal en Cuba: las denuncias de los ciudadanos son enviadas al mismo órgano que es denunciado. El propio órgano que viola un derecho constitucional, tal como es el caso, no va a ir en contra de su propio acto. Así y todo, uno puede creer que van a respetar al presidente, a su investidura. No es lo que ocurre. La respuesta nunca llegó. La fiscal general, o cualquier otro funcionario del órgano, jamás respondieron.

Entonces uno está frente a una situación arbitraria e ilegal, que es amparada primero por el silencio institucional y luego por violaciones de derechos constitucionales. A un ciudadano sin conocimientos del Derecho le puede resultar incomprensible, y sin dudas demoledor, pero para un jurista es inadmisible. Hay en todo esto evidencias de la prevalencia en nuestra sociedad de una cultura cuyas prácticas y sistemas de valores son refractarias al Estado de Derecho, y que le adversan.

¿Qué posibilidades le ofrece a su caso la Ley de Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales?

La Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales es una plataforma jurídica para la defensa de los derechos frente a violaciones de los mismos. Está por ver su eficacia real. Se puede asumir que hay factores normativos y extra normativos que afectan su eficacia. Esto es campo de estudio para la Sociología del Derecho.

En nuestro caso pesa, más allá de la profesionalidad y capacidad de jueces y abogados, lo reciente de su aprobación, la sensibilidad política real o asumida que, como esta, tendrán algunas demandas contra violaciones de los derechos constitucionales, y las interferencias que ello pueda generar. Todas son cuestiones que podrían limitar su eficacia.

Yo he tenido que esperar a que el mandato constitucional de hacer esta Ley fuera cumplido por la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo que ocurrió mucho después del período de tiempo que la Constitución mandataba. Ha sido muy difícil asimismo encontrar un abogado dispuesto a asumir la representación legal de un caso que es objeto de la protección y garantía constitucional ante una violación de derechos por el presidente de la República y la fiscal general. Es algo de sentido común, al menos en Cuba, entender la reticencia de muchos profesionales de la abogacía a ser parte de una demanda dirigida contra el presidente de la República.

Y sin embargo, este es un caso muy elemental en que un derecho constitucional fue ejercido ante un funcionario que delegó en otro y no veló porque se cumpliera su mandato. No es un capricho. Es una cuestión técnica. Existen pruebas muy sólidas y es además un caso público y notorio. Es tema estrictamente legal, que no debería tener mayores implicaciones —para los implicados  y para todos los ciudadanos— que el de reafirmar la institucionalidad, validar el Estado de Derecho, el debido proceso y la igualdad de todos ante la Ley.

El Estado de Derecho es algo más que una declaración constitucional. Tiene que serlo en tanto meta de muchos de nosotros, de nuestras luchas históricas por alcanzar la justicia toda y la dignidad del hombre de la que hablara José Martí, no depende de un momento de su desarrollo y expansión. Todo ello es cuando más una circunstancia. El Estado de Derecho está planteado por sobre su estado actual de realización, como meta es un horizonte de los ciudadanos. Es algo que se puede posponer, aplazar, pero pertenece por completo a los ciudadanos, a sus sueños y esperanzas, y tendrá que ser, y afianzarse. No es, no va a ser, el imposible cubano.

¿En qué estado se encuentra la demanda por violación de derecho constitucional cometido por el presidente cubano Miguel Díaz Canel y la fiscal general Yamila Peña Ojeda?

Presunta violación. Establecer jurídicamente la existencia de una violación deberá ser parte del fallo del Tribunal Supremo Popular, de su Sala de lo Constitucional. Me preguntas y no te puedo responder con exactitud. Desde el día 7 del presente mes hay un contrato de servicios jurídicos firmado con un Bufete habanero. Ello entraña una obligación jurídica.

El abogado actuante me leyó el núcleo duro de la demanda, la mayor parte de los argumentos jurídicos que se esgrimen, el análisis de los hechos en que se funda. Por lo que me ha comunicado, no la ha presentado aún ante el Tribunal Supremo por estar siendo objeto de revisión; ¿de quién y por qué? no lo podría afirmar con seguridad.

Las comunicaciones con él han sido muy espaciadas a partir de cierto momento y ahora mismo no hay ninguna. Después de tantos años de un silencio oficial que me colocó en estado de indefensión ante violaciones muy burdas del debido proceso y de mis derechos; es casi inevitable que mi familia no mire con angustia y mucha preocupación esa incomunicación actual, de la que difícilmente se le pueda responsabilizar a él.

En mi criterio, es obvio que ya es conocimiento de las autoridades cubanas y de sus instituciones, pero si una demanda de este tipo supone una disyuntiva para alguien, no es para mí. No se debió llegar jamás a esto. La soberbia no es nunca el camino y hay que aprender a asumir las responsabilidades. El Gobierno tiene una responsabilidad con el respeto del Estado de Derecho, pero tiene también todo el poder para interferir y lograr desestimar una demanda de este tipo si lo entiende, es la realidad. No hay honor, ni decencia, ni legitimidad alguna, en usar ese poder.

Yo solo soy un profesor de Derecho que no abandonó su clase, que no bajó la cabeza ni renunció a lo que enseñaba a sus estudiantes.  Ese es todo mi prestigio. Ojalá que mañana no tenga que escribir con dolor lo que ya una vez escribí ante el silencio y las violaciones de instituciones y funcionarios cubanos: «violamos la Constitución, ¿y qué?».