Entre la continuidad y el inmovilismo

El pasado día 19 de abril, la primera sesión de la X Legislatura de la Asamblea Nacional cubana “eligió” a quienes ocuparían las máximas responsabilidades del Estado y el Gobierno para los próximos cinco años. Las comillas utilizadas no son gratuitas. En realidad, no ocurrió elección alguna porque la “Comisión de Candidatura” presentó solo un candidato para cada una de las responsabilidades a elegir.

En efecto, fueron ratificados Miguel Díaz Canel Bermúdez como presidente de la República, Salvador Valdés Mesa como vicepresidente, Manuel Marrero Cruz como primer ministro y los seis viceprimeros ministros Ramiro Valdés Menéndez, Jorge Luis Perdomo Di-Lella, Inés María Chapman Waugh, Jorge Luis Tapia Fonseca, Alejandro Gil Fernández y Ricardo Cabrisas Ruíz.

 

Por otra parte, Esteban Lazo Hernández (79 años) fue ratificado como presidente de la Asamblea Nacional; Ana María Mari Machado, como vicepresidenta; y Homero Acosta Álvarez, como secretario.

En el Consejo de Ministros, además de la ratificación del primer ministro y los viceprimeros ministros, fueron ratificados diecisiete jefes de organismos centrales del Estado y nombrados seis nuevos.

Pocas personas dudaban acerca de la casi segura reelección de Díaz-Canel como presidente y de Marrero como primer ministro. Sin embargo, algunos pensaron que habría cambios en la vicepresidencia (aunque esta tenga funciones esencialmente ceremoniales). También podrían esperarse modificaciones en la presidencia de la Asamblea Nacional, dada la edad y condiciones físicas de las dos personas que han sido ratificadas en ambas posiciones.

Habría tenido mucho sentido, puesto que la Constitución impide a Díaz Canel ejercer un tercer período en la presidencia, —a menos que sea cambiada como ocurrió en China— que la vicepresidencia fuera ocupada por alguna persona que pudiera entrenarse para el siguiente período, teniendo en cuenta que se mantenga el actual sistema, el cual está muy lejos de ser democrático. También habría resultado lógico que la presidencia de la Asamblea Nacional fuera encargada a una persona más joven y con mejor salud, que pudiera darle un mayor dinamismo al “órgano supremo del poder del Estado”, aunque hasta ahora este solo ha sido un foro en el que todo se ratifica por unanimidad y en el que no hemos visto a diputado alguno ejercer la iniciativa legislativa con la presentación de proyectos de ley, sino que únicamente se discute lo que envía el gobierno para su ratificación.

Resulta difícil entender que, siendo un país pequeño, Cuba tenga un Consejo de Ministros integrado por seis viceprimeros ministros, y que uno de ellos tenga 91 años de edad y otro 86, este último designado además ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, una de las principales carteras económicas. No creo que sean edades adecuadas para ejercer funciones gubernamentales que requieren gran esfuerzo personal y energía, además de alta capacidad ejecutiva.

No parece lógico que si Raúl Castro y José Ramón Machado Ventura, ambos nonagenarios, carecen de responsabilidades ejecutivas, Ramiro Valdés deba continuar desempeñándolas, teniendo en cuenta su muy avanzada edad.

Cabrisas, por su parte, fue ministro de Comercio Exterior durante veinte años entre 1980 y 2000, y a partir de entonces se desempeñó un tiempo como ministro sin cartera (en el caso de Cuba suele llamársele ministro del Gobierno) y entre 2016 y 2018 como ministro de Economía y Planificación. Durante ese tiempo también ejerció primero como vicepresidente del Consejo de Ministros y luego como viceprimer ministro, al cambiar de denominación la nomenclatura de cargos en la administración central del Estado. Es decir, lleva más de 40 años en el gobierno de Cuba y ahora asume una función ejecutiva, también con una edad muy avanzada.

En el área económica del gobierno, además del mencionado cambio en Comercio Exterior e Inversión Extranjera en el que Rodrigo Malmierca fue reemplazado por Cabrisas, solo se produjo un movimiento en la cartera de Finanzas y Precios, donde Meysi Bolaños fue reemplazada por su viceministro primero Vladimir Regueiro Ale, quien antes se había desempeñado como director de Presupuesto. Regueiro, además, fue uno de los testigos presentados por el gobierno cubano en el reciente juicio de Londres sobre la deuda externa cubana.

Por otra parte, hace solo dos meses había sido nombrado como ministro-presidente del Banco Central de Cuba, Joaquín Alonso Vásquez, en sustitución de Martha Sabina Wilson, quien había ejercido dicha responsabilidad desde 2019.

Aunque, como es usual en el caso cubano, casi nunca se informan las razones de los cambios realizados en posiciones de dirección, existen causas evidentes que pueden explicarlos, pero estas también habrían sido válidas para el reemplazo de otros ministros que, sin embargo, conservaron sus puestos.

El desempeño del sector externo del país es lamentable, pero lo son también los sectores productivos y de servicios. Tanto la industria, como la agricultura, transportes, comunicaciones, construcciones e incluso el turismo muestran evidentes signos de estancamiento e ineficiencia.

De igual manera, se ha deteriorado la capacidad exportadora de bienes y aunque no contamos con cifras actualizadas —porque no son ofrecidas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información— es evidente que Cuba no ha sido capaz de atraer la inversión extranjera directa que necesita para remontar la crisis. Pero eso no depende solo de un ministro, sino de las condiciones del país, los incentivos para invertir, las expectativas de los inversionistas respecto a las oportunidades de negocios, el “riesgo-país”, así como de las garantías a sus inversiones. En esos aspectos, Cuba carece de atractivo, y esto también es válido para todo su sistema económico.

En cuanto a la política fiscal, es sabido que en los últimos años se ha incrementado el déficit fiscal del país y la relación entre este indicador y el Producto Interno Bruto (PIB). Aunque el déficit fiscal de 2021 bajó a 11,7% del PIB de los 17,6% en 2020, es casi el doble de 2019 cuando había sido 6,2% (ONEI, 2022). Sin embargo, si bien la disciplina fiscal es parte de las funciones del ministro de Finanzas y Precios, es claro que, por las características del funcionamiento del gobierno cubano, decisiones políticas de tal calado son tomadas en niveles más altos.

Por otra parte, si de eficacia en el cumplimiento de sus responsabilidades se tratara, resulta incomprensible que se ratifique al ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, quien también se mantiene como viceprimer ministro y aunque no existen funciones públicamente delimitadas para esas responsabilidades, podría asumirse que debería estar a cargo del área económica.

En política económica se han cometido gravísimos errores, entre ellos, la llamada “Tarea Ordenamiento, mal diseñada y mal aplicada, adoptada en el peor momento posible; la creación de tiendas en monedas libremente convertibles que ratificó la dolarización parcial de la economía, cuando lo que se necesitaba era una unificación monetaria y cambiaria; la desatención de la política inversionista hacia los sectores industrial y agrícola, priorizando el sector inmobiliario y hotelero, con bajas tasas de ocupación; el mantenimiento de excesivas restricciones a las actividades económicas privadas y cooperativas, mientras se pretende mantener al sector estatal como el pilar de la actividad económica, cuando carece de recursos financieros, tecnológicos y de materias primas para salir de su actual estancamiento. Sin embargo, lo más grave es la ausencia de una verdadera concepción estratégica para sacar a la economía de su profunda crisis estructural. Por otra parte, el ministro Gil ha sido incapaz de considerar —con espíritu autocrítico— las observaciones de muchos especialistas a raíz de estas decisiones.

En el caso del Banco Central, podía observarse que cada intervención de la anterior ministra denotaba una insuficiente preparación para la función que le habían asignado. En cualquier país del mundo, esta es una responsabilidad crucial y además de condiciones políticas —hay que tener la economía del país en la cabeza—, se requiere de solidez técnica y profesional, porque se supone que el banco central es el responsable de la política monetaria.

De una manera muy especial, la política monetaria en Cuba ha sido totalmente equivocada, sobre todo a partir del llamado “Ordenamiento” que en realidad ha significado un “Desordenamiento”, en tanto ha sido incapaz de controlar la alta inflación; de adoptar un sistema monetario unificado; mantiene una moneda nacional que no puede cumplir plenamente sus funciones como dinero dentro del territorio nacional; y se han vuelto a usar tipos de cambio múltiples, cuya ineficacia está probada tanto en Cuba como en varios países latinoamericanos como Argentina y Venezuela recientemente, si bien existen muchos ejemplos en épocas anteriores.

En la situación actual, la realidad es que la “Tarea Ordenamiento” no ha resuelto ninguno de los problemas que debía solucionar la unificación monetaria, porque no ocurrió tal cosa sino una cadena de desequilibrios macroeconómicos más graves que han impactado negativamente sobre el nivel de vida de la población.

Ahora bien, adicionalmente es necesario destacar que en Cuba el banco central es una agencia del gobierno y depende de las decisiones de su más alto nivel, mientras la experiencia internacional sugiere que el banco central sea independiente, de forma tal que si la política monetaria se basa en un objetivo de inflación determinado (inflation target), el ejecutivo no le pueda imponer al banco una política de monetizar los déficits presupuestales con emisión monetaria. Esto es lo que ha pasado en Cuba y es una de las razones principales de la alta inflación que, en este caso, es especialmente grave porque está acompañada de un estancamiento económico.

Estamos en una situación de “estanflación”, es decir, la combinación de un estancamiento económico con inflación, un fenómeno que tiene como precedente la crisis desatada en los años setenta del siglo XX como resultado del embargo petrolero y la subida de precios decretada por los principales países exportadores miembros de la OPEP, como represalia al apoyo de Estados Unidos y Europa Occidental a Israel durante la Guerra del Yom Kippur. La “estanflación” dificulta la aplicación de los instrumentos tradicionales de política económica expansiva para enfrentar las recesiones cíclicas motivadas por insuficiencia de demanda efectiva.

En el caso cubano, la crisis no está motivada por fenómenos cíclicos coyunturales, aunque la coyuntura haya actuado como agravante. Se trata de una crisis estructural y multidimensional que requiere de profundos cambios tanto en el sistema económico como en el institucional, a los que me he referido en otras publicaciones. No parece posible que un equipo de gobierno que no ha sido capaz de enfrentar la crisis del país con un programa sistémico y audaz de reformas esté en condiciones de lograrlo con las mismas personas, habituadas a mecanismos de dirección y gestión que han probado su ineficacia. En este caso pareciera que la divisa de la “continuidad” se acompaña de inmovilismo. Ahora bien, aunque las personas y sus mecanismos de trabajo juegan un rol de gran importancia, lo más importante es el sistema y si no se producen cambios profundos en él, no es viable que se solucionen las contradicciones que emanan de su interior.