Quédate en casa. Es comprensible, es nuestro deber evitar contagiarnos, contagiar, y terminar con este estilo de vida alienante. Sin problemas, muchos lo entienden, quédate en casa, pero, en qué casa.
Las condiciones de la vivienda en la capital logran que sea insostenible para centenas de miles de personas pasar la mayor parte del tiempo en el hogar. Muchísimos habaneros no saben de qué hablan los anuncios televisivos que muestran habitaciones espaciosas y poca gente en convivencia. No. Su quédate en casa está marcado por hacinamiento y condiciones habitacionales desfavorables.
Aunque el aislamiento social obedezca a una causa mayor, el tema de la vivienda debe ser tomado en cuenta no sólo en el período de cuarentena. Más allá de virus y del distanciamiento, antes de que el patógeno llegara y cuando se haya ido, es quizás este el mayor problema que enfrentan los cubanos.
El déficit y el mal estado de las viviendas tiene consecuencias que atraviesan casi todo los aspectos de la vida y el desarrollo del ser humano, desde problemas intergeneracionales, hasta altísimas tasas de divorcio, pasando por la ausencia de la más mínima comodidad y la imposibilidad de ejercer con plenitud la libertad de casarse, tener privacidad o divorciarse sin que una operación simple como es la división de números enteros, se vuelva un problema de física cuántica.
No por gusto el tema se encontraba y se encuentra en nuestra Constitución misma, porque es un derecho a la dignidad.
Pero todos los mencionados son problemas menores si los comparamos con las más duras experiencias que en este sentido sufre la sociedad, sobre todo la habanera, y que consisten en perder, por derrumbe, una vivienda: el desarraigo total y- legalmente sustentado- hacia los conocidos albergues, tristemente célebres por superar a muchas prisiones en materia de precariedad y tiempo de sentencia, porque ser enviado a uno de estos lugares es una pena de hasta 20 años para ciudadanos de casi cualquier estrato, profesión, y de cualquier edad, cuyo único crimen es que los cimientos de sus hogares no hayan aguantado, como reza el dicho, ni una mentira más.
Al menos las prisiones convencionales no guardan menores, y casi siempre el recluso ha recibido un juicio justo. En Cuba hay 45 mil familias en estos albergues, 44 mil son de La Habana.
Puede parecer hiperbólico, ojalá lo fuera, pero no; de lo contrario, por qué hay otros miles de personas que prefieren quedarse en sus edificios una vez declarados inhabitables, aun a riesgo de su propia vida, evitando así a toda costa ir a los susodichos albergues donde ya hay 130 mil personas, y de donde sabe la gente de cierta edad, que quizás no viva para ver su problema resuelto.
Algunos logran que se les reubique, y entonces hay otro barrio, otra escuela, otros vecinos y en general, una vida reiniciada, un desde cero; y estos son los venturosos. Los menos afortunados tienen un destino mucho menos soluble en adaptación, uno que va en contra de todas las políticas del Estado, de los eslóganes, de la esencia misma del sistema socialista.
Sin ir más lejos, el 28 de septiembre hubo un derrumbe en un edificio, el 319 de la calle Amargura, en La Habana Vieja Vieja, el saldo fue de varios heridos y un fallecido. Los grupos de rescate llegaron inmediatamente, ya son grupos acostumbrado a trabajar en este tipo de eventos, como siempre hicieron lo mejor que pudieron.
Los heridos fueron puestos en manos del personal de salud, en hospitales donde se hizo de todo por cuidar sus lesiones, como es costumbre en nuestra sociedad, pero a los que pierden la vida en este tipo de sucesos no les sirve de nada la salud gratuita, ni el altruismo y profesionalidad de los médicos, sus vidas estaban en manos del altruismo y la profesionalidad de otros expertos que no son altruistas ni profesionales.
No es primera vez que algo así ocurre en La Habana, es más, se ha vuelto común: basta una semana de lluvia, seguida por algunos días de sol, porque de los 854 edificios en estado crítico que hay en el país, 696 están en la capital, o sea, el 81%, tradúzcase a 7000 apartamentos en condiciones críticas muy a pesar de la Ley No. 65: Ley General de la Vivienda, y de la Política General de la Vivienda para el período 2016- 2021.
¿Quiénes son los culpables? Todos menos los cimientos que ceden y la gente que pierde su vivienda. Pero hay algunos que vale la pena destacar: por supuesto que la falta de fondos y el bloqueo, lo digo sin ironía; además las políticas tibias desde hace años para resolver un problema que es el más grave a mi consideración en el desarrollo del bienestar individual y colectivo; pero el más preocupante es la corrupción, por supuesto.
La cartelización casi mafiosa que ocurre desde las tiendas de materiales de la construcción hasta las Oficinas de Vivienda, porque en muchos, muchos casos incluso estando asignado los fondos, las obras no se llevan a cabo en edificaciones perfectamente salvables, y, cuando a fuerza de pasar el tiempo y llover reclamos “aparecen” los materiales, ya es demasiado tarde, el edificio es declarado inhabitable y toda la familia tiene que irse por muchos años a la prisión del albergue, -esto también es una forma de desahucio- a olvidar toda una vida, los amigos del aula y los vecinos de siemprea.
Lo expuesto no es uno de esos saberes populares, que se saben y ya –aunque también-, no es ético andar acusando a instituciones a diestra y siniestra, por eso era menester buscar una muestra, una prueba, y como están tan a flor de piel, tan a vuelta de la esquina, y alarmantemente tan donde quiera, no fue difícil encontrar una, dos, veinte; el edificio 1164 de la calle 21 del Vedado, por ejemplo, hogar de 11 menores de edad y 14 ancianos. Sus vecinos han agotado los medios formales –los únicos que conocen- para llamar la atención de las autoridades sobre el inminente peligro que representa el estado constructivo del inmueble.
Lo han venido haciendo antes de que el peligro fuera inminente, cuando una inversión mesurada en el 2007 podía resolver el problema.
Pero las Oficinas de Vivienda tienen caminos inescrutables, bolsillos profundos, autómatas en plantilla; entonces han escrito muchas cartas más: el 4 de octubre de 2012 elevaron una al presidente de la República, el 15 de noviembre a la Primera Secretaria del PCC Provincial, el 26 de marzo de 2019 al Secretario del Comité Provincial del PCC, el 25 de septiembre de 2020 a Atención a la Población del Consejo de Estado.
A veces las instituciones responden, sí, hay un plan para el edificio. Luego resultó que no había ninguno, y luego resultó que el plan era el de demolición. Tres versiones, ninguna solución. En el 2016, cuando por fin parecía que se iban a efectuar reparaciones, Las Oficinas de Vivienda alegaron que se habían robado las hojas donde aparecían los datos de la obra. Parece una obra de Kafka, pero lo es: tantas instituciones, tantas siglas, tantos funcionarios que se “personarán” con rostro compungido -como quien de hecho tiene la capacidad de sentir dolor- cuando la estructura no aguante más, y haya que explicarle a la prensa qué ha pasado.
Y lo que ha pasado es que se les viene avisando, casi gritándoles en los oídos que arreglen un problema salvable, entonces, la respuesta no debe ser esperar a que sea insoluble para, cómodamente, ya no hacer nada, y palmear el hombro desdichado de las personas que han creído y confiado en los mecanismos y las vías del sistema cubano, y verlas quedarse sin hogar, mientras la televisión nacional repite que lo que hay que hacer es, por tu salud, y la de tu familia, quedarse en casa.
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