Empresas estatales y dogmas sempiternos

Los funcionarios que dirigen la economía cubana llevan tiempo repitiendo que las empresas estatales son el pilar principal de la economía cubana y a menudo destacan la formulación de la constitución de 2019, según la cual el «sistema de economía socialista» se basa «en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios de producción como la forma de propiedad principal…» (art. 18). Se parte de varios conceptos discutibles en su esencia, tales como que la economía cubana es socialista y que la propiedad estatal es, al mismo tiempo, propiedad de todo el pueblo, lo que lleva a colocar a las empresas estatales el apellido de socialistas.

Todo ello resulta de la herencia del sistema impuesto en la Rusia Soviética, hace más de cien años, en un país en el que las relaciones capitalistas de producción no se habían desarrollado a plenitud y aún conservaba importantes rezagos de formas precapitalistas de organización social y económica.

Empresas estatales y propiedad social

En otras ocasiones me he referido a que, en la práctica, la propiedad social no se realiza en la propiedad estatal si los supuestos propietarios colectivos carecen de mecanismos institucionales para ejercer supervisión y control sobre la gestión de su supuesta propiedad, e incluso, no puede decidir, mediante una elección libre, la revocación de quienes administran erróneamente esa propiedad o la designación de otros más eficaces. En consecuencia, la propiedad que supuestamente es de todos termina siendo de nadie, o peor, pasto de corruptelas de quienes la usufructúan lejos de todo control de su actividad.

En tales circunstancias no puede afirmarse con seriedad que las empresas estatales cubanas sean de propiedad social y, en consecuencia, socialistas. Empresas estatales existen también en países capitalistas en los que —en teoría— cada ciudadano es propietario colectivo de estas y no por ello son una forma de economía socialista dentro del modo capitalista de producción. Por otra parte, en la Isla existen empresas estatales bajo la forma de sociedades anónimas que son administradas como si fueran privadas e incluso fuera de los mecanismos institucionales de control y auditoría de la Contraloría General de la República.

La constitución cubana actual define en su artículo 23 como «propiedad socialista de todo el pueblo … las tierras que no pertenecen a particulares o a cooperativas integradas por estos, el subsuelo, los yacimientos minerales, las minas, los bosques, las aguas, las playas, las vías de comunicación y los recursos naturales tanto vivos como no vivos dentro de la zona económica exclusiva de la República». El artículo 24, por su parte, incluye dentro de esta forma de propiedad, otros bienes «como las infraestructuras de interés general, principales industrias e instalaciones económicas y sociales, así como otras de carácter estratégico para el desarrollo económico y social del país».

Esta última formulación deja un considerable espacio para la discrecionalidad de los decisores. ¿Cuáles son las principales industrias e instituciones económicas y sociales? ¿Cuáles son las que tienen carácter estratégico para el desarrollo económico y social del país? Frente a esto, valdría preguntarse ¿es estratégico que las industrias del país continúen en manos de empresas estatales que son incapaces de producir porque carecen de capital, insumos, y están obsoletas tecnológicamente?

Las empresas estatales cubanas en la actualidad

Las empresas estatales, aunque solo una cuarta parte en número, respecto a la cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) privadas, mantienen una posición dominante en la economía. De acuerdo con cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) el Estado empleaba al 64,3% del total de trabajadores en 2022. En una reciente Mesa Redonda dedicada a ellas, la viceministra de Economía y Planificación Johana Odriozola indicó que, de acuerdo con datos de abril de 2023, ellas representaban el 92% de las ventas netas del sector empresarial, el 75% de las exportaciones de bienes y servicios y aportaban el 87% del Producto Interno Bruto (PIB).

Entre otros números significativos la funcionaria mencionó que solo 56 entidades (el 2,3%) de las 2 417 que conforman el sistema empresarial estatal aportaban el 80% de las utilidades; el 80% de las exportaciones se generaban en solo 12 empresas (0,4% del total); 278 generan pérdidas; 389 reciben subvenciones del presupuesto y 309 solo generan un 2% de utilidades; mientras que solo 626 están en capacidad de decidir los salarios de los trabajadores de forma autónoma.

El colapso del sistema productivo estatal cubano se manifiesta de forma clara en los niveles de producción industrial y agrícola, así como en la situación de la infraestructura y el transporte.

Si tomamos como ejemplo la industria, según datos de la ONEI, en 2022 el sector manufacturero alcanzó un índice de volumen físico de 46% respecto a ¡1989! Por tanto, la producción industrial cubana es menos de la mitad de la que generaba el país en aquella fecha, hace 34 años. De hecho, la tendencia de los últimos tiempos es hacia el descenso. En 2022 este indicador se contrajo a -19,2% respecto a 2021.

El caso de la industria azucarera es especialmente grave, puesto que en el último año reportado el nivel de producción fue solo un 7% del año de referencia. Este renglón, que otrora fue la actividad económica líder del país y por lo que era reconocido en el mundo desde el punto de vista productivo, ha sido destruido por las erróneas políticas adoptadas por la máxima dirección del país cuando se planteó su supuesto redimensionamiento, que ha ocasionado una grave crisis socioeconómica, si consideramos su impacto sobre la vida de las familias que por décadas hacían parte del complejo agroindustrial azucarero.

Estos ejemplos muestran, no solo el colapso del sector, sino la inviabilidad de la organización empresarial estatal tal y como ha estado estructurada en Cuba.

Los problemas de la empresa estatal

Desde el principio de los tiempos en los que se estatizó el sistema productivo cubano, de forma general, las empresas estatales padecen de una serie de defectos que han erosionado sus posibilidades de impulsar el desarrollo económico del país.

La estructura organizativa del sistema empresarial cubano ha sido un pesado fardo para su desarrollo y eficiencia. Durante varias décadas las empresas dependían de ministerios ramales o de las administraciones territoriales. Posteriormente se crearon uniones de empresas y más tarde las llamadas Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) con el pretendido interés de separar las funciones estatales de las empresariales, con lo que —en realidad— se generó una nueva estructura administrativa que incrementa los costos de funcionamiento de las empresas sin que exista evidencia de que dicha estructura mejora su productividad, la competitividad o eficiencia.

El sistema económico cubano, al igual que el de los demás países del llamado «socialismo real» ha sido definido como de «planificación centralizada». En realidad, lejos de ser un sistema planificado, lo que se ha impuesto es un sistema de «administración centralizada». La planificación tiene una serie de condicionantes técnicos que no se han verificado en la historia real de la actividad empresarial estatal.

El carácter directivo y centralizado de las decisiones de ministerios y administraciones territoriales y la necesidad de consultar decisiones importantes sobre su funcionamiento, elimina cualquier posibilidad de emprendimiento e iniciativa de los empresarios, al convertirlos en meros administradores de las decisiones de otros.

La discusión en torno a la necesidad de autonomía empresarial es casi tan antigua como lo es el sistema empresarial estatal. También en los países del llamado «socialismo real» europeos se dio mucho antes del derrumbe, cuando se intentaron diversas reformas. Sin embargo, la dirigencia cubana no sacó las debidas lecciones de esos procesos. Los apetitos centralizadores para evitar la pérdida del control han predominado históricamente sobre la racionalidad de la descentralización. Y solo ahora, después de seis décadas, se sigue insistiendo en la descentralización sin que se adopten las decisiones radicales imprescindibles.

Uno de los más graves problemas del sistema empresarial estatal está relacionado con la falta de correspondencia entre los resultados de la producción y los ingresos de los trabajadores, lo cual se ha pretendido solucionar recientemente después de décadas de discusiones sobre el tema, a partir de decisiones como repartir parte de utilidades en el caso de empresas rentables y autorizar a 626 empresas (14,8% del total) a establecer salarios de manera autónoma, al margen del calificador de cargos aprobado centralmente en la última reforma salarial adoptada en 2021. Sin embargo, en la actualidad el problema más grave es que los salarios de los trabajadores no son suficientes para asegurar las necesidades más elementales de consumo, lo que se convierte en un poderoso desestímulo al trabajo.

Las empresas estatales cubanas no están acostumbradas a trabajar para un mercado con todas las implicaciones que ello tiene y que incluyen problemas de encadenamientos productivos, escasa calidad, elevados costos de producción y de transacciones, y escasa consideración de la satisfacción del cliente.

A ello deben sumarse los problemas relativos al ambiente económico en el que se mueven y que están relacionados con los tipos de cambio fijos sobrevalorados en los cuales operan, lo que les impide calcular su eficiencia en términos reales; el establecimiento de los precios por parte del Estado de forma directiva; así como el escaso acceso a fuentes de financiamiento para reconversión tecnológica, por solo señalar algunos de urgencia manifiesta.

Desatar las camisas de fuerza y romper los dogmas sempiternos

Varios economistas hemos insistido en la necesidad de crear un nuevo marco regulatorio que facilite el despliegue de las fuerzas productivas en un ambiente en el que el mercado juegue un rol decisivo en la asignación de recursos. 

Sin embargo, la dirigencia cubana prefiere continuar haciendo cambios paso a paso como si el tiempo no resultara, como efectivamente es, una variable decisiva y de mayor importancia en las condiciones actuales. Se sigue apelando a viejos dogmas ideológicos que son responsables del establecimiento de camisas de fuerza que no solo han frenado el desarrollo de la economía, sino han profundizado el subdesarrollo, teniendo en cuenta el calamitoso estado del sector productivo y la incrementada dependencia de la economía cubana respecto a las importaciones, que llega a niveles de vulnerabilidad crítica.

Creo correcto el principio constitucional que garantiza la propiedad estatal —amén de qué tipo de Estado necesitemos— sobre los recursos naturales del país, con excepción de la tierra dedicada a la agricultura. Más allá de eso, no encuentro razón que justifique, a partir de la experiencia histórica, el control por parte del Estado de otros medios de producción y mucho menos de actividades productivas o de servicios de forma monopólica.

Ello no quiere decir necesariamente privatizar y, de hecho, nunca he sido partidario de un plan generalizado de privatizaciones que permita la aparición de una nueva oligarquía al estilo ruso. Sin embargo, es hora de discutir abiertamente y libres de estigmatizaciones ideológicas cómo pueden y en qué deben transformarse ciertas empresas estatales que, en la actualidad, carecen de posibilidades reales de seguir funcionando.

Aquellas que continúen como tales, deberían eliminar su subordinación a organismos de la administración del Estado y funcionar bajo la dirección de consejos de administración que incluyan a representantes de trabajadores elegidos libremente por sus compañeros, y de la ciudadanía, elegidos libremente por los residentes de las zonas en las que dichas empresas estatales estén enclavadas por períodos de tiempo establecidos. Todas deberían hacer pública su rendición de cuentas a la ciudadanía en general.

Por otra parte, es hora de plantearse la realidad de que es necesario crear las condiciones para que surja un sector privado potente que sea capaz de generar empleo productivo, ojalá con encadenamientos a cadenas internacionales de valor, y para ello, es necesario romper con el inútil e incorrecto principio de una condición subordinada en el sistema económico del país.

Considero inconveniente establecer un sector «dominante» en la economía con fuerza constitucional. Por el contrario, se debería dejar que el mercado cumpla su función con una regulación transparente e inteligente del Estado. Esto significa estimular en lugar de prohibir, desarrollar en lugar de restringir, desplegar las fuerzas productivas, en lugar de limitarlas a consideraciones dogmáticas fracasadas.