EFE y las autoridades cubanas

Por Daniel Rodríguez Suárez y Luis Carlos Battista

El pasado 12 de enero la presidenta de la agencia EFE, Gabriela Cañas, en unas jornadas celebradas en Madrid por el Fórum Nueva Economía, lamentó la situación por la que atraviesa la agencia de noticias en Cuba. En la actualidad, la agencia, radicada hace casi cincuenta años en la Isla, cuenta solamente con una periodista y un camarógrafo para cubrir la información.

La agencia de noticias EFE, propiedad del Estado español, es la cuarta en importancia a nivel internacional. Suministra cerca del cincuenta por ciento de las noticias que sobre Cuba se distribuyen en Hispanoamérica y ha visto cómo sus efectivos in situ se han reducido a la mínima expresión.

Según señaló su presidenta, da la impresión de que el gobierno cubano pretende terminar con casi medio siglo de presencia en la Isla, pues EFE lleva varios meses esperando la acreditación de sus periodistas. Gabriela Cañas aseveró igualmente que existen contactos con la embajada española y con las autoridades cubanas para intentar solucionar lo que se ha convertido ya en un contencioso.

Mientras tanto, las acreditaciones continúan demorando y esta situación de espera permanente ha llevado a que la agencia comience a plantearse su permanencia en la Mayor de las Antillas.

Hasta noviembre de 2021, EFE contaba con siete periodistas en Cuba —cinco cubanos y dos españoles—, a lo que habría que sumar una serie de servicios externos que se proveen desde la Isla. Sin embargo, todo comenzó a torcerse el pasado mes de julio. Los días previos y posteriores al estallido social alumbraron un punto de inflexión en lo tocante a las relaciones entre la agencia de noticias y las autoridades.

Con posterioridad a esta fecha se nombró un nuevo delegado de EFE, Juan Palop, designado en sustitución de Lorena Cantó, que había sido la encargada en La Habana hasta el momento y quien fue enviada a un nuevo destino en la representación de la agencia en Pekín. No obstante, después de una dilatada espera no se le ha facilitado todavía la acreditación al nuevo delegado.

Poco después, en noviembre, le fueron retiradas las acreditaciones al resto de la delegación. Durante unas horas EFE se vio sin personal autorizado, y posteriormente solo ha tenido dos efectivos operativos. Hoy sigue a la espera de lo que dispongan las instituciones cubanas.

En tal sentido, su capacidad operativa se halla muy limitada debido a los compromisos que tiene adquiridos con diversos medios de comunicación. Es evidente que en el desencuentro sin precedentes influyeron los acontecimientos acaecidos en los últimos meses, lo cual puede sugerir el motivo de las autoridades cubanas.

 El 2021 ha sido un año duro para Cuba. A la escasez derivada de la crisis pandémica y la caída del turismo, se unieron la inflación y otros efectos devastadores para las clases populares nacidos de la denominada Tarea Ordenamiento, lanzada en enero de ese año. El contexto económico propició que la mayor parte de la población comenzará a tener serias dificultades en los abastos.

Esta situación se agudizó todavía más dado el establecimiento de comercios donde la venta se orquestó a través de tarjetas que operan en divisas extranjeras. De este modo, los ciudadanos se vieron obligados a adquirir productos de primera necesidad en las llamadas Tiendas en Moneda Libremente Convertible.

A lo anterior se añadió una nueva dificultad: el decreto gubernamental que establecía la no aceptación por parte de los bancos de dólares en efectivo. Los socios comerciales de Cuba, debido a la persecución financiera orquestada por los Estados Unidos, han terminado por agravar un poco más la situación en Cuba.

El bloqueo, que tiene derivaciones extraterritoriales y se arma de medidas coercitivas unilaterales que no solo afectan al régimen cubano sino también a terceros países, termina por convertir al pueblo cubano en el mayor damnificado, muy por encima de las autoridades y de los países con los que se establecen relaciones comerciales.

De este modo, la crisis económica, fruto de decisiones erróneas en Cuba, del contexto pandémico y del bloqueo norteamericano, configuraron un contexto altamente propicio para la protesta. El 2021 contempló también la salida definitiva de Raúl Castro en el mes de abril. Sus mensajes en el VIII Congreso del PCC supusieron un jarro de agua fría para los que veían en el ejemplo chino —implantación de una economía de mercado bajo la égida del partido único— la vereda por la que podría discurrir Cuba. Sin embargo, esto no se produjo.

La marcha de Raúl Castro trajo aparejado el adiós de otro histórico: Machado Ventura, pero también la salida del Comité Central de Marino Murillo, uno de los mayores defensores de las posibilidades del modelo chino. El otrora zar de las reformas quedó fuera del núcleo duro del organigrama político cubano. Así pues, el país cabalgó el año recién finalizado sobre una crisis económica que devino social y terminó siendo también política.

Ante semejante cuadro, las condiciones objetivas para el estallido social estaban dadas. Solo faltaba la espoleta del factor subjetivo. Esto se produjo en julio de 2021. Medio año aguantó la sociedad cubana en una situación sumamente espinosa para los sectores más vulnerables.

Las imágenes de las manifestaciones, no vistas desde el denominado maleconazo, fueron distribuidas por medio mundo y llevaban el membrete, entre otras, de la agencia española. EFE estuvo muy centrada en las derivaciones políticas del conflicto y no tanto en el contexto subyacente, económico y social, sobre el que el conflicto había medrado.

A partir de entonces, y hasta la prohibida manifestación de mediados de noviembre, la plataforma Archipiélago recibió la atención de la agencia española y por consiguiente la difusión de los intereses de dicha plataforma en los medios de comunicación de América Latina y España.

Que uno de los líderes de Archipiélago, probablemente el más mediático, Yunior García, terminara exiliado en España y fuera colmado de atenciones por los medios de comunicación tampoco ayudó a mejorar las relaciones de las autoridades cubanas con la agencia. No en vano, la figura de Yunior García comenzó a ser conocida y reconocida en España gracias al acento que EFE puso en él.

La agencia, como no podía ser de otro modo, cubrió el período de agitación que sacudió a Cuba e hizo un seguimiento pormenorizado sobre las derivas subsiguientes de las protestas de julio y acerca de las tensiones que subsistieron hasta final de año, incluida la actividad de los servicios de seguridad del gobierno para desbaratar la ofensiva de la disidencia y reprimir el impulso de los descontentos.

Fiscalizó y denunció también las presiones ejercidas por las autoridades sobre periodistas cubanos no adscritos a los medios gubernamentales. Tales denuncias se mantuvieron igualmente fuera de los canales de la agencia, a través de sus redes sociales.

De esta suerte, no es extraño que el conflicto entre las autoridades insulares y la agencia arrancaran tras el estallido de julio de 2021 y que sus relaciones fueran empeorando con el paso de los meses. La entonces delegada de la agencia fue acusada por las autoridades de extralimitarse en sus funciones, intervenir en los asuntos domésticos, falta de imparcialidad y ejercicio del activismo político.

Así se lo hicieron saber en las redes sociales el director general de Prensa, Comunicación e Imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Juan Antonio Fernández Palacios, y el director del Centro de Prensa Internacional, Alberto González Casals.

La situación no mejoró en los meses subsiguientes, y la fallida y prohibida manifestación programada para el 15 de noviembre terminó por enfrentar de forma definitiva a la agencia con el gobierno cubano. Como hemos apuntado, las acreditaciones de prensa fueron retiradas en las vísperas del referido día con la clara intención de entorpecer la difusión de lo que pudiera suceder.

Horas después, dos de los periodistas recuperaron sus credenciales. Son los únicos con que cuenta la agencia actualmente. Desde entonces, el cruce de declaraciones ha sido una constante, sobre todo por parte de la agencia, que no cesa en el empeño de reclamar sus derechos perdidos.

Han intervenido a favor de la agencia —en defensa de su derecho a informar sobre lo que ocurre en el país caribeño— la Unión Europea, a través de la oficina del vicepresidente de la Comisión y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores Josep Borrell; el gobierno de España y su embajada en La Habana, y otros organismos internacionales y nacionales.

A pesar de ello, la situación permanece varada y no se avizora un desenlace que satisfaga las demandas de EFE. Una agencia que, a pesar del agravio y la coacción a la que es sometida, ha estado centrada en ofrecer una panorámica de la actual crisis bastante enfocada en las demandas políticas por parte del pueblo cubano, en detrimento de otros flancos relevantes de la situación, y que ha hecho del contencioso particular de la agencia con las autoridades uno de los ejes sobre los que pivota la información de noticias que provienen de Cuba.

Por otro lado, como es habitual en las relaciones entre España y Cuba, el gobierno hispano y sus instituciones en la Isla se han visto en medio del fuego cruzado entre la oposición y las autoridades. Esta tendencia, que arranca desde el mismo triunfo de la revolución en 1959, continúa siendo uno de los principales problemas de la diplomacia española en Cuba.

La agencia de noticias, además de recibir presiones por parte de las autoridades cubanas, también tiene que hacer frente a las demandas de la oposición, que ha solicitado a EFE una mayor implicación informativa en los juicios desatados a raíz del estallido social del pasado verano. Sectores de la oposición cubana han lanzado una campaña exigiendo a EFE, y a otras agencias extranjeras acreditadas, que cubran los juicios contra los manifestantes del 11 de julio.

Debe recalcarse que tal cosa es difícil, pues el acceso a los juicios es restringido, provocando denuncias en las redes sociales por irregularidades y fallas en el estricto cumplimiento del principio de legalidad. Por ejemplo, existen reclamos por condenas supuestamente injustas en unos casos y excesivas en otros. Igualmente se alega que varios menores de edad no han sido tratados con el debido proceso, ante lo cual se ha pronunciado la oficina regional de la UNICEF.

Otra variable del análisis radica en la posición del Gobierno cubano, al que una crisis con España no debería interesarle. El PSOE y Unidas Podemos son sus únicos y posibles aliados en el Estado español. Cuentan también con simpatías evidentes dentro de otras formaciones, como ERC, CUP, EH Bildu o el BNG; sin embargo, a nivel de gobierno, más allá de los desencuentros puntuales y habituales, no hay mejores socios para las autoridades cubanas que los que lideran en este momento el Consejo de Ministros en la Península.

Así pues, una crisis diplomática con España a raíz del tratamiento a la agencia española no parece prudente. En los últimos años bajo el PSOE, se han producido dos visitas del más alto nivel a la Isla. La del propio presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la de Sus Majestades como cabeza del Estado. Ambas visitas ofrecieron sonados espaldarazos al gobierno de Díaz-Canel.

La situación política en España, de fuerte polarización entre gobierno y oposición, tendría en el contencioso con Cuba material suficiente para que la oposición acusara al gobierno de Pedro Sánchez de timorato y condescendiente frente a las autoridades de La Habana. Algo que sucedió a raíz del estallido social de julio pasado, cuando el triunvirato formado por PP, Vox y Ciudadanos imputó al gobierno falta de contundencia en la descalificación de las autoridades comunistas debido a la represión ejercida contra las protestas.

Este panorama, la situación política actual en España, y sus precedentes, deberían ser tenidos en cuenta por el MINREX a la hora de desencadenar una crisis bilateral.

Otro factor que hace desaconsejable la crisis bilateral es la ausencia de Fidel Castro. El desaparecido líder tenía especial sensibilidad para abordar los temas de España y salir airoso en la resolución de los frecuentes desencuentros entre Madrid y La Habana. Su capacidad para maniobrar a izquierda y derecha dentro del espectro político ibérico están fuera de duda.

Su ascendencia gallega le permitió tejer complicidades con Manuel Fraga Iribarne, líder histórico de la derecha española, en tanto su comprensión del panorama internacional le facilitó establecer una relación de confianza con Adolfo Suárez, político procedente de la dictadura franquista, factótum de la transición y garante del asentamiento de la monarquía.

Esta habilidad en el trato de los asuntos españoles le permitió igualmente hacer compatible su amistad con el socialista Felipe González, no exenta de altibajos, y su relación preferente con los secretarios generales del PCE, desde Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo hasta José Luis Centella.

La mística revolucionaria de la Cuba de los sesenta tampoco forma parte del imaginario político de las nuevas generaciones de dirigentes españoles, o al menos no en la misma medida. La opinión pública española se encuentra también distante de lo que supuso la revolución cubana, y su visión de la realidad insular atiende únicamente al análisis del momento. Estos factores han propiciado que en los últimos años se haya producido un cambio en su perspectiva respecto a la situación política en Cuba.

Lo demuestra la encuesta del canal La Sexta, en julio del 2021. En ella, el 89% de los encuestados afirmaba que Cuba es una dictadura, en tanto el 40% apoyaba el embargo/bloqueo ejercido por el gobierno de los Estados Unidos. Es este un elemento de considerable impacto para el gobierno de La Habana, teniendo en cuenta que, según cifras del 2020, España era su principal socio comercial europeo y el tercero después de China y Venezuela.

Respecto a la encuesta, es pertinente ofrecer dos elementos: La Sexta es mayoritariamente consumida por votantes de la izquierda, de acuerdo con el diario El Mundo, y la misma se realizó apenas dos semanas después de las mayores protestas vividas en Cuba desde 1959.

Estos cambios acaecidos en España y Cuba en los últimos años reconfiguran el tablero de sus relaciones bilaterales, menos dotadas que antaño para salvar sin quebrantos duraderos los frecuentes y sonados desencuentros. A excepción del período de José María Aznar, ambos países han sabido mantener al margen de la relación permanente las confrontaciones puntuales.

Sin embargo, en la España actual las relaciones económicas con Cuba tienen derivaciones políticas, y la separación de ambos aspectos se antoja cada vez más complicada. Esta noción, desde ya, está siendo explotada por la derecha española. Una serie de escándalos por parte del exministro de transportes Ábalos con las autoridades venezolanas pusieron a la defensiva al PSOE en varias ocasiones.

La política española hacia Cuba y Venezuela comienza a ser considerada un tema de política electoral a la Miami. Detrás de este fenómeno está el crecimiento de la emigración cubana y venezolana en Estados Unidos y España, pero también las redes de entendimiento y colaboración entre la derecha española, el Partido Republicano, y el ala más dura de la oposición cubana afincada en los Estados Unidos.

El campo de ensayo de esta nueva tendencia de la derecha española se encuentra en la comunidad de Madrid, donde el tándem Isabel Díaz Ayuso (PP)-Rocío Monasterio (VOX) ha hecho de la posición frente a Cuba y Venezuela un asunto de política electoral.

En este mismo sentido, hace apenas unos días Pablo Casado, líder de los populares, afirmó que de llegar a La Moncloa adoptaría un «bloqueo total de las relaciones, y sobre todo a nivel financiero» hacia Cuba, Nicaragua y Venezuela. Si bien del dicho al hecho hay un buen trecho, no se debe menospreciar el endurecimiento del discurso del PP respecto a los años de Mariano Rajoy y sus ministros de exteriores, José Manuel García-Margallo y Alfonso Dastis, en el contexto del acercamiento entre los expresidentes Barack Obama y Raúl Castro.

Las próximas elecciones generales en España están programadas para mayo del 2023. A pesar de ello, un año en política es demasiado tiempo y la crispación en la Península se encuentra en máxima tensión, con un virtual empate entre ambas alas ideológicas en las Cortes.

Hasta tal punto es así, que de acuerdo a una reciente encuesta, una coalición entre el Partido Popular y el ultraderechista VOX podría llegar a gobernar con mayoría absoluta de celebrarse las elecciones este mes. Si bien la promesa de Casado sería difícil de adoptar sin enajenar el apoyo de los fuertes operadores turísticos mallorquines con intereses en la Isla, es de prever que un gobierno popular enfriaría las relaciones transatlánticas.

De ocurrir, esto adicionaría un impacto considerable en la política europea hacia Cuba. Tradicionalmente, los miembros de la Unión han seguido el liderazgo español en ese tema. Prueba de ello fue la adopción de la «Posición Común Europea» propuesta por el gobierno de José María Aznar (PP) en 1996.

No es de extrañar entonces que una retirada de EFE de la Isla sería un tema para la agenda del próximo intercambio en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con la Unión Europea, donde los socios del Viejo Mundo exigirían explicaciones a los antillanos, creándose para estos una crisis auto infligida.

Asimismo, habría que sopesar otro factor. Si bien la permanencia del catalán Josep Borrell frente al servicio exterior europeo no depende de la aquiescencia del premier ibérico, una fricción entre un ejecutivo de derechas con la oficina de Borrell agrietaría el liderazgo de este a nivel europeo.

Las diferencias entre el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y las formaciones de derechas del arco parlamentario español, en lo tocante a la política a seguir frente Venezuela, Nicaragua y Cuba; han sido una constante desde la llegada de Borrell al cargo, y todo parece indicar que podrían ir a más si el gobierno español terminara en manos del PP o de alguna coalición o apoyo que facilitara su arribo a la presidencia.

Los argumentos ofrecidos revelan que La Habana y Madrid deberían estar interesados en que el contencioso entre la agencia EFE y las autoridades cubanas no derive en una crisis bilateral de mayor calado, pues, como se ha examinado, esto podría traer consecuencias que actuarían en detrimento de los intereses de España en Cuba y de Cuba en la UE y España.

Comprendemos no obstante que la resolución del problema no es sencilla, pues son muchos los intereses que demandan pronta satisfacción: los de la agencia EFE, los de la oposición cubana y los de los gobiernos de Madrid y La Habana. Por último, ha de tenerse también en cuenta que la resolución, cualquiera que fuere, contará también con la fiscalización que pueda ejercer la derecha española, atenta a cubrir sus intereses posibles y futuros en política exterior y los más explícitos y consabidos de la política interna.