Las otras deudas del Estado

El jueves 16 de julio del 2020, en sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, fue aprobada la Estrategia económico-social para el impulso de la economía bajo la doctrina de que no se podía continuar haciendo lo mismo en el ámbito económico  porque de esa manera no se obtenían los resultados deseados.  Mañana se cumplirán dos años de que fuera certificada la mencionada estrategia, así como de la implementación de una serie de medidas para intentar vencer la crisis, y lo que sí resulta evidente es que hoy, veinticuatro meses después, no nos encontramos ni remotamente mejor que entonces.   

El panorama económico nacional sigue mostrando inusitado desabastecimiento,  enorme limitación productiva y precios que sobrepasan por mucho el poder adquisitivo de la gran mayoría. Es decir, la estrategia que —en medio del bloqueo y pensada para contrarrestarlo— debió marcar el inicio de una paulatina recuperación, lo único que ha dejado han sido más dudas y deudas que alegría en  la población.

Una de esas deudas radica precisamente en el propio discurso oficial; cabría recordar que al día siguiente de los anuncios, el presidente de la corporación CIMEX, Héctor Oroza Busutil, encargado de explicar el nuevo diseño monetario, explicó que «los productos de línea económica, principalmente de alimentos, aseo e higiene, se continuarían vendiendo y asegurando en la red del comercio tanto en CUP como CUC». Sin embargo, actualmente en las tiendas en CUP apenas se encuentran productos alimenticios, lo cual  genera malestar, violencia y colas,  mientras las tiendas en MLC son las únicas que muestran cierta presencia de esos productos, aunque a precios inalcanzables.

Por aquella misma fecha, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa aseguraba que en Cuba nadie quedaría desamparado ni se tomarían medidas de choque. El uso de un lenguaje económicamente correcto resulta hoy bastante complejo y lleno de interpretaciones, pero lo cierto es que el desabastecimiento y la existencia de una moneda y un mercado inaccesibles para muchos, han llevado a situaciones de verdadero desconsuelo en un segmento de la población que carece de tales posibilidades. Asegurar que nadie quedará desamparado no es discurso aconsejable en estos momentos en una cola de dos días para adquirir un litro de aceite.

El mismo presidente Miguel Díaz-Canel, en su argumentación sobre lo que se consideraba una nueva fase estratégica, mencionó el loable objetivo de que esta se centraría en la producción de alimentos y el desarrollo de la soberanía alimentaria, para lo cual se han trazado cientos de medidas en el sector agrícola. Dos años después comprobamos que incluso el azúcar, que fue durante siglos el producto insignia de la nación, acaba de tener su peor desempeño histórico, en tanto las carnes, viandas y vegetales continúan con marcado incremento en sus precios.

Mucho más desalentador resulta escuchar los análisis de quienes se encargan de trazar la política de precios para los tan necesarios alimentos. En un texto publicado por Cubadebate —fechado el 21 de junio del 2022 y titulado «Precios estatales sin tope oficial, ¿inflar la inflación?»— Félix Granada, especialista de precios de CIMEX, detalló que importar un kilogramo de queso Gouda cuesta al país 113 CUP. No obstante, se sabe que su precio de venta ha llegado hasta los 14.75 MLC el kilogramo, lo cual dista mucho de la intención comercial de proveer un artículo y conseguir un margen lógico de ganancias.

 ¿Cuántos productos no pasan hoy por esa estrategia tan desatinada para estos tiempos? En su explicación, el directivo comenta a seguidas que muchas veces para fijar precios a producciones nacionales primero se analiza el mercado —¡entiéndase informal!— y en otros casos se valora cuánto costaría importar un producto con similar calidad al nacional para luego fijar su precio, lo cual incluiría trámites y procedimientos costosos de importación que igualmente van a parar al precio aunque el producto no pase por dichos trámites.

Los pueblos, las comunidades, los electores, desean escuchar de sus elegidos promesas concretas que involucren mejoría en sus niveles de vida y mayor acceso a empleos y alimentos. Quienes dirigen, llegan al poder gracias a esas promesas; pero dos años de gestión resulta tiempo suficiente para mostrar resultados incipientes o, al menos, esperanzadores. Ese no es el escenario que se vive en Cuba.  

En las referidas alocuciones, el presidente aseguró que se iban a mantener, «a un costo tremendo», un nivel de venta en las tiendas en CUC. Confieso que la expresión: «a un costo tremendo» me resultó tremendamente innecesaria entonces. Hoy, tras comprobar la situación de las ofertas existentes, tenemos que aceptar que lo menos criticable a la fecha fue precisamente aquella triste acotación.

Alejandro Gil, ministro de Economía, también ha hecho reiteradas afirmaciones que se constituyen en deudas. En un análisis sobre la posible solución al tema inflacionario, explicó que no se podía vender divisas para intentar reducir la tasa de cambio contra el CUP porque, de usarse esas divisas con tal objetivo, después no podría garantizarse la compra de los tan necesarios  barcos de pollo o de combustible.

En comparecencias anteriores se había anunciado que ya los bancos no podían continuar recibiendo depósitos en dólares. Si esos dólares, sea por exceso o por imposibilidad de uso, no circulan, ¿qué peligro implicaría llevarlos al mercado cambiario para reducir la inflación de la divisa, como han sido propuesto diversos economistas? También cabría preguntarse ¿cómo existe la opción de comprar el barco de pollo en dólares, como él afirmó y, sin embargo, no se puede seguir aceptando esa moneda?

Posteriormente, ante la quinta Sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional en su novena legislatura, el ministro de Economía anunció por fin la venta paulatina de divisas o MLC a «ciertos actores de la economía» que lo requieren para mejorar su gestión productiva. Dos meses después, aún la medida no se ha ejecutado, como si no estuviésemos urgidos de acciones inmediatas.

Siguiendo con el tema de las deudas, en octubre del 2021 el ministro Gil explicó, ante la Asamblea Nacional,  que de las ventas en MLC se habían utilizado más de 300 millones de dólares para surtir la red de comercio en moneda nacional. Y aquí se impone la pregunta: ¿qué significan 300 millones de dólares en materia de alimentos cuando el país requiere desembolsar anualmente más de 2000 millones con ese objetivo?

¿Valdrá la pena realizar tal ecuación —¡con sus efectos!— por una décima parte de lo que necesita el país solamente para alimentos? ¿Es esta la única opción a mano, o la única que se ha querido ver?  ¿Se tuvo en cuenta la opinión de aquellos que no poseen dichas monedas? ¿Se podrá convencer a esas personas de que esta medida no es una terapia de choque?  

Otra de las deudas palpables, pasados dos años, se relaciona con el turismo y la cantidad de recursos dedicados al desarrollo del sector.  Al respecto, el profesor Juan Triana Cordoví  en su texto del 21 de febrero del 2022 señala que en este año, según el plan de la economía aprobado por la Asamblea Nacional, se proyecta la terminación de 4 mil 607 habitaciones nuevas para alcanzar una cifra de 84 mil 906 en el sector estatal.

Se aprobó también —nos dice el profesor— que 27 443,5 millones de pesos (el 24% de la inversión total del país) se dedicarán al turismo, a pesar de ser una industria riesgosa y requerir de inversiones en áreas de producción de alimentos para recobrar estabilidad en los precios además de una presencia más constante en tarimas.  

Para reafirmar lo erróneo de esta política, el aludido economista explica, en texto del 27 de junio pasado, que según la ONEI  la tasa de ocupación habitacional en el primer trimestre del 2022, para todo el país, fue de apenas 14%. Es decir, el 86% de la capacidad ocupacional en el sector se ha visto inutilizada o con un muy bajo nivel de retorno y, a pesar de ello, se decide continuar construyendo nuevas y lujosas instalaciones.

Tampoco se  ha esclarecido cómo se piensa reajustar el pésimo diseño que realizara la Comisión de implementación de los Lineamientos. Esto implicaría otro ordenamiento, que a la fecha no se vislumbra. La Comisión no solo no cumplió con su mandato, sino que diseñó un sistema salarial y económico causante de una inflación que hasta la fecha no se detiene, y nos coloca entre los países de más alta inflación reconocida.

A la cuantiosa deuda habría que sumar asimismo los salarios y gastos de representación que durante diez años recibieron los miembros de la Comisión para el supuesto diseño efectivo de cambios que nunca sucedieron. Entre estos anunciados cambios sobresale la eliminación de una  dualidad monetaria, que hasta la fecha se mantiene y agrava.

  Si tal comisión, en sus análisis, pensó y defendió la tesis de que la canasta básica era el punto de partida del salario —según enfatizara públicamente Marino Murillo—, hoy nuestros salarios apenas permiten acceder a otros productos que no sean alimentos y aseo y, hasta la fecha, ninguna nueva Comisión se ha expresado sobre la manera de revertir la situación. Esta parte resulta particularmente preocupante, pues se trata de una deuda contraída con la esperanza.

Otra explicación pendiente por parte de las autoridades resulta la presencia de tiendas virtuales, tipo Katapulk o Supermarket 23, que ofertan productos alimenticios desde cuentas foráneas y sacan así, de la escasa oferta de alimentos, a otros productos nacionales que se pudieran vender en la moneda de acceso común.  

Nada más pertinente para concluir este análisis que las palabras del presidente Díaz-Canel cuando alertó que no se pueden seguir aplicando medidas que aumenten la desigualdad social. Me detengo en esta frase porque resulta muy válido que un funcionario, a cualquier nivel en la escala gubernamental, sea capaz de reconocer que eso es precisamente lo que han venido promoviendo las medidas adoptadas en el plano económico. Encontrar soluciones efectivas en plazos de tiempo definidos es lo que más urge al país. Un buen ejercicio para ello sería empezar por responder estas interrogantes y deudas con el propio discurso oficial.