Hace hoy una semana, a Karla María Pérez González la convirtieron en una desterrada. Si bien en Cuba esa categoría no inicia con ella, la tiene por su víctima más renombrada en los últimos tiempos. En su caso no fue suficiente con que le atribuyeran los calificativos usuales –mercenaria, apátrida, gusana y cualquier otro de los que alimentan esa jerga siempre a mano– y prefirieron dejarla fuera de su país sin que mediaran resoluciones, cargos o procesos legales.

La joven cienfueguera de veintidós años había comenzado su camino al destierro cuando fue expulsada de la Universidad Central «Martha Abreu» de Las Villas por publicar en el blog de una organización opositora al gobierno. Debido a eso, hace cuatro años, se fue a Costa Rica a cursar la carrera de Periodismo. Antes del 18 de marzo pasado, −fecha en que quedara en un limbo migratorio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, que la llevara a solicitar asilo en el país del que venía−, Karla era, para la mayoría de los cubanos, una desconocida.

Ese mismo día, y en los sucesivos, la prohibición de su entrada a la Isla, consiguió crear lo que los voceros oficiales han catalogado de «show mediático». Pero, ¿quién lo armó?, ¿qué intereses pueden existir detrás del mismo?

La palabra show es un préstamo del inglés y significa espectáculo. El término mediático remite a la idea de que ese acto no tiene lugar en los escenarios de un cabaret, sino en los medios de comunicación.

Los voceros oficiales culparon a los medios extranjeros e independientes –¡novedad!– de hiperbolizar con fines políticos un hecho puntual que tuvo a una ciudadana cubana como protagonista. Sin embargo, la parte acusatoria no ha explicado aún las razones y medios legales para sancionar a una persona sobre quien no pesaba cargo alguno, a quien no le había sido notificada la prohibición de entrada al país y que, incluso, poseía su pasaporte debidamente prorrogado por las autoridades migratorias de la Isla y la reservación en un hotel donde pasaría la cuarentena –ambas cosas indican que además de desterrada, fue también estafada.

Las razonas esgrimidas por la directora general de Prensa, Comunicación e Imagen del Minrex, para el destierro son, en esencia, que la «intención de reinstalar a Karla en el país cumplía propósitos subversivos», dado que ella es un «instrumento y no es la primera vez que es utilizada para este tipo de manejos y acciones fuera de la ley y desestabilizadoras contra Cuba».

Sin embargo, hasta la fecha no consta en el expediente de la muchacha cargo alguno por el que haya sido procesada, como ya se dijo. Por tanto, es válido concluir que el castigo en este caso ha sido impuesto no por un delito consumado, sino por la posibilidad de que se consumara. «Prevenir es mejor que lamentar», parece haber sido la máxima seguida.    

Como cualquier país, Cuba regula la entrada por sus fronteras, pero privar a un ciudadano cubano de la posibilidad de regresar a su patria no es facultad de un funcionario, sino que debe hacerse mediante un proceso judicial, como está establecido en el artículo 94 e) de la Constitución de la República[1], cuyo resultado sea notificado de manera oficial, no mediante una declaración televisiva o una directa de Facebook. La ley no es patrimonio de la burocracia del que se pueda disponer a capricho, pero ese análisis jurídico ya ha sido hecho brillantemente antes[2].

El show

En torno al tema ciertamente se montó un espectáculo, pero lo curioso es que, contrario a lo que se afirma, no fueron los medios extranjeros ni los independientes los que concibieron la coreografía.

La primera condición para que se produzca uno de estos escándalos que se han tornado tan comunes, es la existencia de un hecho explosivo que lo detone. ¿Quién prohibió a una muchacha casi desconocida la entrada a Cuba después de haberle aprobado todos los permisos necesarios para viajar? Ahí está la génesis. Después vienen las oscuras declaraciones de funcionarios –con manipulaciones para enredar la madeja y un discurso que solo tocó el tema central de forma tangencial ante la imposibilidad de explicar lo inexplicable– y, finalmente, la llegada al estrellato definitivo: el momento en que los medios oficiales se involucran. Pero, ¿por qué?

En política todo debe verse en una relación costo/beneficio. ¿Qué se ganaba desterrando a esta muchacha, recién graduada, con una historia de expulsión de la Educación Superior cubana que ya casi nadie recordaba, y sin liderazgo demostrado? Si era parte de las «estrategias de golpe blando», como se dijo en un inicio, blando entonces es el sistema que deba su estabilidad a que una joven sin antecedentes entre al país. Si se tenían noticias de que pensaba atentar de alguna manera contra el Estado cubano una vez dentro, pues existe un Código Penal y los suficientes tribunales para juzgarla.

Como no creo factibles ninguna de esas posibilidades, se me ocurren cuatro explicaciones –podrían perfectamente ser diez o quince, pues resulta imposible saber qué se esconde bajo la manga de cualquiera de los que moran en las alturas del poder– a una actuación que, además de arbitraria, se me antoja rara por desmesurada y cuyo costo político a primera vista parece tan negativo, pero que se inscribe en una serie de hechos de índole similar. 

La primera explicación es la más obvia: se actuó de esa manera por torpeza, crueldad o bravuconería –o todas juntas. Podría ser la decisión errada de un alto funcionario que no se rectificó para no demostrar titubeos o la de algún representante de un sector del poder, de cuyas fracturas no conocemos nada, que opta por la línea dura del estalinismo. Podría explicarse de este modo tamaña chapucería, mantenida para no demostrar fisuras.

La segunda va al otro extremo, al de la teoría de la conspiración, y se inscribe en una tesis que señalé en otro artículo aquí publicado el mismo día que sucedieron los hechos: puede ser un golpe contra el sistema y lo que le resta de credibilidad, gestado desde dentro del sistema mismo.

«Yo soy cubano»

Existen indicios de que algo así pueda estar sucediendo, dado que se han comenzado a dinamitar las bases simbólicas que sustentaron por años el discurso político de la Revolución: la preocupación por el bienestar de los ciudadanos –Estado paternal que atiende la salud, la seguridad social, que escucha las quejas y peticiones de sus hijos–; el respeto por la historia y los veteranos; el consenso –real o aparente–; el uso de la violencia por parte de cuerpos militares uniformados –resalto el término uniformados– para reprimir sin temor al escarnio público. Si este fuera el caso, no lo sabríamos hasta dentro de unos años, cuando algunos de los actores implicados lo confiesen satisfechos.

Otra de las explicaciones posibles es que tales determinaciones se tomen pensando, honestamente, en que redundan en bien de la nación; no obstante, confieso que me resulta complejo entender la lógica que se mueve detrás de esta posibilidad. No es falso, y no lo ha sido nunca, el escenario hostil en el que se encuentra inmersa Cuba, que no solo padece el bloqueo/embargo, sino también agresiones de tipo político; pero esta sería una débil justificación en un caso como el que nos ocupa.

Si tomáramos a un clásico de la política, que desde la lejanía del Renacimiento italiano aún dicta cátedra, se entendería una actitud como esa; sin embargo, para ello primero debemos despojarnos de todo el ideario ético y espiritual heredado de nuestro Martí. Dice Nicolás Maquiavelo que «en las deliberaciones en que está en juego la salvación de la patria, no se debe guardar ninguna consideración a lo justo o lo injusto, lo piadoso o lo cruel, lo laudable o lo vergonzoso, sino que, dejando de lado cualquier otro respeto, se ha de seguir aquel camino que salve la vida de la patria y mantenga su libertad».

La última de las posibilidades que identifico es también maquiavélica. Para explicarla debemos remitirnos a hechos del pasado reciente. ¿Qué hubiera sucedido si en lugar de dejar esperando hasta la madrugada a los artistas e intelectuales que se congregaron frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre –por no hablar de cordones policiales, arrestos domiciliarios o uso de gas pimienta–, el presidente de la República hubiera ido personalmente a escuchar qué tenían que decir, cuáles eran sus inquietudes?

No sería nada nuevo, pues todavía están frescas las imágenes de Fidel aplacando, sin arma alguna, a quienes se manifestaban de forma violenta durante el Maleconazo, en agosto de 1994. Seguramente el escenario de cultura e intelectualidad sería menos peligroso para la integridad física del actual jefe de Estado.

A pesar de ello, desde ese 27 de noviembre y hasta hoy se ha optado por algo diferente y sumamente peligroso. El Estado/Gobierno se ha encerrado en una atalaya desde la que vigila y castiga. Siendo David en las relaciones internacionales, se yergue cual Goliat bravucón en el trato con su ciudadanía.

La envergadura de este otro 27 de noviembre

Siguiendo esta lógica se llega a la conclusión de que la medida tomada contra Karla –así como las detenciones arbitrarias, las expulsiones de centros de trabajo, los actos de repudio, los linchamientos mediáticos, etc.– tiene sus miras mucho más lejos. Ella fue solo una oportunidad bien aprovechada para hacer una demostración de fuerza a una sociedad civil cada vez más presente y articulada. No era suficiente con regular a un grupo la salida del país, sino que ahora también se puede prohibir la entrada a quienes están fuera. Es una espada de Damocles que pende sobre cualquiera que salga de la Isla.

Dignidad desterrada

Se ha intentado poner en práctica –y el caso de Karla Pérez es ilustrativo al respecto–, la máxima de Maquiavelo de que «(…) la ofensa que se hace a un hombre debe ser tal que le inhabilite para hacerlo temer su venganza». Solo que, para ello, en el camino también se ha ofendido e inhabilitado una Constitución en cuya discusión y aprobación participamos muchos.

Aun cuando tiene evidentes sombras y contradicciones, debe ser el deseo de que Cuba se constituya en Estado Socialista de Derecho lo que prime en las políticas públicas de nuestro gobierno. Quizás ahora, más holgado de tiempo después de haber discutido su tesis doctoral, el presidente Miguel Díaz Canel pueda ocuparse de estos asuntos que competen al Estado que dirige.

Intentar impedir desde el poder la exigencia de derechos constitucionales y humanos por parte de la ciudadanía es un método que ha demostrado ser fallido. El efecto de este deseo de estrangular la sociedad civil generalmente redunda en una articulación y radicalización que crea enemigos donde antes había posturas reformistas. Léase con cuidado la historia de Cuba y se encontrarán muchos ejemplos de eso.

Todos tenemos derecho a volver a casa

La acumulación de errores políticos, independientemente de las causas que los provoquen, es nefasta para cualquier gobierno pues mina la base de credibilidad y ata su accionar. Cualquier gota puede ser la que colme el vaso. Con estas decisiones que se han sucedido una tras otra, no necesita la CIA tener espías aquí, ni la NED destinar un solo dólar a la subversión. Flaco favor le hacen a Cuba, a los ciudadanos y al propio gobierno que representan.

En medio de este campo de batalla donde cualquiera puede resultar una víctima, no debe olvidarse –a veces la política diluye esa realidad– que hay personas que cargan a cuesta como una cruz muy pesada los resultados de esos errores que rara vez se rectifican y por los que nunca se pide perdón.

Sin ánimos de parecer inocente ante las muchas implicaciones que tiene asumirse como sujeto político, no puede desconocerse que la desterrada no fue solo una opositora al gobierno, sino una muchacha que no pudo abrazar a sus padres que la esperaban después de cuatro años; quien sufrió un acto de repudio no fue solo una activista, sino una madre que difícilmente logró calmar a sus hijos ante la turba que les gritaba las peores ofensas; el médico que no pudo regresar no es un desertor, es una persona que quizás tenga familia y que optó por una camino diferente y no por ello, menos legítimo.

La confrontación es una apuesta peligrosa. Transitar dejando víctimas y dignidades humanas laceradas es más efectivo que cualquier campaña mediática para desvirtuar un proyecto que pretenda ser humanista. No bastan las buenas intenciones declaradas desde el discurso si no se acompañan además de prácticas que dignifiquen al ciudadano como soberano y razón de ser de un Estado. Es difícil mantener la fe cuando el medio es tan hostil. Una nación fracturada carece de las fuerzas para enfrentar los peligros que la acechan desde fuera y se recompone con lentitud y trabajo esmerado. No parece ser halagüeño el horizonte, pero como diría Heredia en su desgarrador Himno, «elevemos los ojos al cielo, y a los años que están por venir».

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[1] Artículo 94. Toda persona, como garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso tanto en el ámbito judicial como en el administrativo y, en consecuencia, goza de los derechos siguientes: e) no ser privada de sus derechos sino por resolución fundada de autoridad competente o sentencia firme de tribunal.

[2] Comparto los links a los análisis realizados por Julio César Guanche, Harold Bertot y Eloy Viera.