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Desarrollo

Evaluación del bienestar y la calidad de vida de la nación para su desarrollo

Transformaciones

Las transformaciones de la Revolución Cubana: ¿desde abajo o desde arriba?

por Samuel Farber 20 junio 2022
escrito por Samuel Farber

Si bien la Revolución Cubana de 1959 tuvo enorme apoyo popular, especialmente en sus años iniciales, ese apoyo no se reflejó en iniciativas autónomas de poder desde abajo. Ese no fue el caso durante la frustrada revolución del 1933, cuando la clase obrera desempeñó un papel mucho más importante que en 1959.

Así lo señaló, en 1935, la Foreign Policy Association en su conocido estudio Problems of the New Cuba, donde cita el gran número de huelgas ocurridas en agosto y septiembre de 1933, cuando no menos de treinta y seis centrales fueron ocupados por los trabajadores, quienes además formaron «soviets» en varios de ellos, como los del Mabay, Jaronú, Senado, y Santa Lucia (183). Dichas acciones fueron luchas autónomas desde abajo, similares a las acaecidas en las revoluciones de México y Bolivia, entre otras en la América Latina, así como en la Revolución Rusa de 1917 y la Húngara de 1956.  

Es significativo que a principios de la Revolución de 1959 en Cuba, cuando algunos comunistas procedentes del Partido Socialista Popular (PSP) que todavía se mantenían a cierta distancia del Gobierno Revolucionario fomentaron la ocupación de tierras por campesinos, Fidel Castro condenara pública y enérgicamente esas acciones.

En entrevista televisada el 19 de febrero del referido año, el máximo líder se opuso a la distribución «anárquica» de la tierra e insistió en que las personas involucradas en cualquier reparto previo a la nueva ley, perderían el derecho a obtener los beneficios que la misma otorgara. Asimismo, denunció como criminal cualquier iniciativa independiente para distribuir tierras que pasara por alto al Gobierno Revolucionario y a la futura ley de reforma agraria.

Durante las semanas anteriores a que la ley fuera emitida, se perfilaron otros aspectos que caracterizarían el modus operandi desde arriba del gobierno presidido por Fidel Castro. Por un lado, casi todos los cubanos, sin distinción de clase, se declararon partidarios de la todavía desconocida normativa. Los diversos «apoyos» prometidos al nuevo orden agrario por una extensa gama de grupos sociales incluyeron hasta el de los grandes hacendados y colonos, que donaron tractores y otros implementos con el pretendido propósito de apoyarlo, aunque por supuesto mantuvieron que esta reforma debía preservar sus enormes propiedades agrícolas.

Por otro lado, nadie sabía en realidad qué incluiría la ley y cuán radical sería. Cuando por fin fue decretada, el 17 de mayo de 1959, ni siquiera había sido discutida por el gabinete del Gobierno Revolucionario —mucho menos por ninguno de los grupos u organizaciones revolucionarias. De hecho, fue redactada por un pequeño grupo de líderes del Partido Comunista (PSP) y del ala del Movimiento 26 de Julio cercana al PSP, durante una serie de reuniones en la casa de Ernesto Che Guevara, en la playa de Tarará.

Fue sin duda una ley radical en el sentido de que de un golpe eliminó el latifundio en Cuba. Su radicalidad es particularmente evidente cuando se le compara con la muy modesta Ley #3 de reforma agraria que Fidel Castro dictó el 10 de octubre de 1958 en la Sierra Maestra y que fue una breve declaración de principios que prometía que el futuro gobierno se enfrentaría con el tema agrario y su primer paso consistiría en garantizarle al campesino cubano su permanencia en la tierra.

Más allá de eso, los pronunciamientos respecto al asunto evitaron cualquier tipo de promesa específica y evadieron temas escabrosos, como la compensación a los viejos propietarios por las tierras confiscadas por el estado, cuestión que menos de veinte años antes había dividido a los constituyentes de 1940. Esa falta de especificidad caracterizó la política social moderada adoptada por los líderes revolucionarios aproximadamente desde 1956 hasta 1958, para evitar desacuerdos dentro de la amplia coalición opuesta a la dictadura batistiana.

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Fidel Castro junto al doctor Osvaldo Dorticós, ministro Encargado de la Ponencia y Estudio de las Leyes Revolucionarias, firma la Ley de Reforma Agraria, el 17 de mayo de 1959. (Foto: Sitio Fidel Soldado de las Ideas)

Fue durante esa época que Fidel Castro se alejó, por las mismas razones tácticas, de los pronunciamientos sociales y económicos más radicales de La Historia Me Absolverá de 1953, con el fin de acomodar el creciente apoyo de la clase media cubana e inclusive de algunos capitalistas importantes. Al mismo tiempo intensificó su militancia contra Batista, lo que resultó en una política que combinaba la militancia armada con una postura moderada en cuestiones socioeconómicas.

Es significativo que el breve giro moderado de Fidel Castro en materia socioeconómica fuera aceptado incluso por toda la oposición armada. En tal sentido vale notar que cuando el Buró Obrero del supuestamente más izquierdista Segundo Frente, dirigido por Raúl Castro en Oriente, se declaró a favor de una reforma agraria, lo hizo también en términos muy generales.  

La Ley de Reforma Agraria de mayo del 1959 gozó de enorme apoyo por parte de una población cada vez más radicalizada debido a las medidas que el Gobierno Revolucionario había adoptado, como la reforma urbana que redujo substancialmente los alquileres, y por el creciente sentimiento antimperialista que provocara la hostilidad de Washington y la mayoría de los medios de comunicación norteamericanos a la Revolución.

La gran popularidad de la mencionada ley no detrae del hecho de que fue una reforma de arriba hacia abajo, de la misma manera que las otras reformas lo habían sido: anunciadas de repente como un fait acompli, sin ningún proceso previo de discusión sobre su contenido organizado por las organizaciones revolucionarias y por el gobierno.

El gobierno se aseguró también de mantener su control durante la etapa de implementación de la ley, otorgando ese papel al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y al Ejército Rebelde. Se aseguraba así de no involucrar la actividad autónoma de los campesinos deseosos de obtener sus propias tierras, aunque hubieran seguido al pie de la letra lo dispuesto en la nueva legislación.

La popularidad de la reforma agraria y otras medidas adoptadas por el Gobierno Revolucionario, se evidenció en las enormes manifestaciones de carácter plebiscitario que también caracterizarían el proceso. Todo lo cual pone de manifiesto que, si bien hubo un amplísimo apoyo y participación popular en la Revolución, esto no se reflejó en un control democrático desde abajo. El gobierno decidió cada paso y se encargó de impedir cualquier acción independiente organizada desde abajo; la población apoyó las decisiones del gobierno pero no participó en la toma de decisiones.

La reforma agraria del 1959 fue un paso muy importante en la consolidación del modus operandi desde arriba del Gobierno Revolucionario. Le confirió a Fidel Castro y a su grupo un enorme poder y la libertad para ejercerlo con un mínimo de obligaciones limitantes.

El formidable capital político acumulado en los primeros meses de la Revolución, no solo les permitió consolidar la política agraria, sino también radicalizarla y reorientarla hacia la propiedad estatal de la agricultura con la Segunda ley reforma agraria, dictada cuatro años más tarde, el 3 de octubre de 1963. La misma limitó la extensión de tierras que podían poseer los campesinos privados de 402 a 67 acres (5 caballerías), al tiempo que extendió considerablemente las Granjas del Pueblo (del estado) hasta convertirlas en la institución principal de la agricultura cubana.

Hay que advertir, sin embargo, que mientras la reforma agraria de 1959 significó la satisfacción de los grandes anhelos campesinos y populares, no se puede afirmar lo mismo respecto a la reforma agraria de 1963, que significó, más que nada, el anhelo burocrático de un régimen que ya se había declarado «socialista» y estaba abiertamente tratando de implantar una versión caribeña del modelo soviético de colectivización de la agricultura.

Eso no quiere decir que los campesinos, obreros y el pueblo en general se opusieron al monopolio estatal de la agricultura y la industria. Mientras las grandes mayorías sintieron que se habían beneficiado por las acciones del Gobierno Revolucionario —a través por ejemplo de la reforma urbana y la movilidad social—, continuaron su identificación con la política antiimperialista del gobierno y siguieron apoyándolo. Los que se opusieron al régimen tuvieron que pagar un alto precio, como su exclusión de la educación superior y discriminación en el empleo. Y si estas medidas no eran suficientes para doblegar a los descontentos, siempre quedaban la represión sistemática de la Seguridad del Estado, la cárcel y el paredón.

Transición del sistema político hacia el control desde arriba

Es cierto que en 1959 Fidel Castro y su grupo de allegados tuvieron que lidiar con otra serie de individuos y grupos relativamente independientes que no se ajustaban fácilmente a sus orientaciones políticas. Aprovechando hábilmente las oportunidades que iban surgiendo, las fue eliminando una a una. Así ocurrió en los casos del presidente Manuel Urrutia, forzado a dimitir en julio del 1959 y del Comandante Huber Matos, acusado de traicionar a la Revolución por haberse atrevido a renunciar a su cargo y condenado, en octubre de 1959, a veinte años de prisión; o como en el caso de la prensa y medios de comunicación independientes, que desaparecen a mediados de 1960 con el control por el gobierno de casi todos los periódicos y estaciones de radio y televisión en la Isla.  

Más importante aún fue el control del movimiento sindical por el nuevo régimen revolucionario. Fidel Castro intervino personalmente en las elecciones del liderazgo obrero nacional en el X Congreso de la CTC, llevado a cabo en noviembre de 1959, para asegurar la victoria de los elementos procomunistas en el movimiento sindical.

El proceso de elecciones a la convención del Congreso había iniciado en la primavera del 59 con elecciones libres a nivel local, seguidas por elecciones a nivel provincial. Desde un principio fue claro que los candidatos asociados con el Movimiento 26 de julio eran los grandes ganadores; en tanto, los comunistas obtuvieron solamente alrededor del diez por ciento de los puestos sindicales (aunque es necesario reconocer que algunos candidatos electos que pertenecían al 26 de julio simpatizaban con el PSP).  

Los resultados de las elecciones a nivel nacional para escoger delegados al Congreso fueron muy similares. Era claro que los comunistas serían derrotados y excluidos del liderazgo obrero. Fue entonces que Fidel Castro intervino para impedirlo, imponiendo su propia lista que, si bien no incluyó a los comunistas sindicales más conocidos, puso el control de la CTC en manos de los llamados elementos unitarios del Movimiento 26 de julio, favorables a los comunistas y encabezados por el líder sindical Jesús Soto.

Después de la conclusión del congreso, el Ministerio del Trabajo, en colaboración con los sindicalistas comunistas y unitarios a la cabeza del sindicalismo nacional, purgaron como al cincuenta por ciento de los líderes sindicales que se habían opuesto a los comunistas. No lo hicieron a través de nuevas elecciones, sino de comisiones de purga y asambleas sindicales cuidadosamente preparadas y manipuladas. Este sería el primer gran paso para establecer un sindicalismo totalmente controlado por el estado.

El XI Congreso de la CTC, en noviembre de 1961, no pudo haber sido más diferente del celebrado dos años antes. En ausencia de una real competencia entre candidatos que representaran diferentes corrientes autónomas del movimiento obrero, los nuevos líderes, previamente aprobados por los personeros del régimen, fueron electos por aclamación. A la cabeza de ellos estaba Lázaro Peña, antiguo líder sindical estalinista, que asumió el cargo de secretario general.

El origen ideológico del poder ejercido desde arriba

La política que Fidel Castro estaba implementando era coherente con las ideas sobre el poder y la revolución que había articulado cuando estuvo preso en Isla de Pinos (1953-1955) por motivo del fallido ataque al Cuartel Moncada. Probablemente impresionado por lo que describiera como caos, desorden y falta de disciplina que presenció como activista, tanto en la fracasada expedición de cayo Confites organizada con el propósito de derrocar al dictador Trujillo en República Dominicana en 1947, como en la gran explosión social y política (llamada Bogotazo) en Colombia en 1948; reaccionó situándose al otro extremo. Desarrollaría, en consecuencia, una visión monolítica de lo que debía ser una organización revolucionaria.

Así escribe, por ejemplo, el 14 de agosto de 1954 en el diario que mantenía en el mal llamado Presidio Modelo de Isla de Pinos:

No puede organizarse un movimiento donde todo el mundo se crea con derecho a emitir declaraciones públicas sin consultar con nadie; ni puede esperarse nada de aquel que se integre por hombres anárquicos que a la primera discrepancia toman el sendero que estiman más conveniente, desgarrando y destruyendo el vehículo. El aparato de propaganda y de organización debe ser tal y tan poderoso que destruya implacablemente al que trate de crear tendencias, camarillas, cismas o alzarse contra el movimiento.  

Años más tarde, el periodista de Radio Rebelde Carlos Franqui escribe sobre el liderazgo poco colectivo y democrático de Fidel Castro cuando colaboró con él en la Sierra Maestra, a finales de 1958:

He observado que muchas de nuestras reuniones son más bien una especie de consulta. O una conversación, casi siempre la prodigiosa conversación de Fidel, en la que se da por sentada una decisión, sin que casi nunca se tome un acuerdo ampliamente discutido por todos. Situación por lo que todos somos responsables por acción y omisión.  

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Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida y Carlos Franqui.

No cabe duda de que las tendencias revolucionarias, pero políticamente autoritarias y desde arriba de Fidel Castro, no eran originales ni se limitaban a su persona. De hecho, esas tendencias facilitaron la creación de un grupo cercano y leal al líder cubano que compartía su visión revolucionaria y políticamente autoritaria, y que habían sido adquiridas, o por lo menos reforzadas, en sus experiencias dentro o cerca del movimiento comunista.

Así, por ejemplo, Raúl Castro había sido miembro de la Juventud Socialista (ala juvenil del PSP) a principios de los cincuenta; y el Che Guevara desarrolló una orientación procomunista muy a favor de Stalin a mediados de la misma década, durante su estancia en Guatemala, aunque nunca se unió al partido comunista de dicho país. Es obvio también que la ideología estalinista del PSP (el viejo partido comunista cercano a Moscú) poseía una «afinidad electiva» con las ideas y prácticas autoritarias de Fidel Castro y sus colaboradores cercanos.

                     El contexto socio-político del poder desde arriba

La gran popularidad de Fidel Castro y su indudable habilidad política no hubieran sido suficientes para lograr imponer con tanto éxito sus perspectivas políticas y controles organizacionales de no haber existido una serie de coyunturas políticas que le fueron sumamente favorables. No olvidemos que llegó al poder contando con una hegemonía revolucionaria indiscutible, ya que ni el Directorio Revolucionario ni el PSP estaban en condiciones de cuestionar, y mucho menos de oponerse, a sus pronunciamientos y decisiones, pues no disponían de su abrumadora popularidad.

Por su parte, los partidos políticos que fueran importantes en vísperas del golpe de estado del 10 de marzo de 1952, como los ortodoxos y auténticos, habían colapsado años antes de 1959. En contraste, consideremos la revolución política ocurrida en Venezuela exactamente un año antes, en enero de 1958, que derrocara al dictador Pérez Jiménez.  

A diferencia de Cuba, en vísperas de su revolución política Venezuela contaba con partidos políticos significativos y estables, como Acción Democrática y Copei, organizaciones que poco después de la victoria sobre Pérez Jiménez llegaron al Acuerdo de Punto Fijo, en octubre de 1958, precisamente para garantizar el estatus quo político y económico del país y evitar una revolución social. Esos partidos venezolanos no tenían equivalente en la Cuba de 1959, por lo tanto, Fidel Castro no tenía contrincantes políticos con la fuerza necesaria para obligarlo a ceder o negociar acuerdos.

En la Cuba de 1958 tampoco existían formaciones oligárquicas integradas por los estratos superiores de la burguesía, la Iglesia Católica y la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas que hubieran podido funcionar como bastión contra las fuerzas revolucionarias. Como se mencionó anteriormente, en vísperas de la Reforma Agraria de 1959, los hacendados y colonos, conscientes de su falta de poder político para evitar una reforma radical, trataron inútilmente de seducir al Gobierno Revolucionario.

Respecto al ejército de Batista, era dirigido por un cuerpo de oficiales de origen de clase media y baja, que se había convertido en casta privilegiada y generalmente corrupta sin ideología alguna que justificara su poder. Cuando el coronel Ramón Barquín y varios oficiales de carrera denunciaron la corrupción en el ejército durante el Consejo de Guerra a que eran sometidos por conspirar contra Batista en 1956, fueron burlonamente denominados «los puros», lo que ilustra claramente la actitud cínica prevaleciente en las fuerzas armadas en la Cuba de Batista.

Un ejército así es por naturaleza débil, y solamente pelea mientras los beneficios recibidos justifiquen los sacrificios. No por gusto las fuerzas armadas batistianas colapsaron cuando tuvieron que combatir en serio al Ejército Rebelde.

Fidel Castro tuvo además muy buena suerte respecto a situaciones sumamente difíciles y peligrosas, un factor que los estudiosos a veces rehúsan considerar. La «buena suerte» en sobrevivir en este contexto se refiere a una serie de eventos concretos que suceden fuera del control de los actores políticos y que tienen gran impacto en la vida política de ellos y de la sociedad.

En el caso de Fidel, un ejemplo fue la muerte en combate tanto de José Antonio Echevarría, líder del Directorio Revolucionario, como de Frank País, uno de los líderes principales del Movimiento 26 de Julio, en 1957. Ello eliminó del escenario político revolucionario a dos figuras que pudieran haber realmente competido con él por el supremo liderazgo.

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Cadáver de Frank País. (Foto: Archivo Cubadebate)

Aún más impresionante fue el hecho que, de los ochenta y dos combatientes que habían partido del puerto mexicano de Tuxpan en el Granma, a finales de 1956, menos de veinte sobrevivieron al desembarco en el suroeste de Oriente. Esa representa una tasa de sobrevivencia de menos del veinticinco por ciento, si se la compara con la tasa de sobrevivencia de las decenas de miles de tropas que participaron en la invasión de Normandía, la que varió entre el treinta y cuatro y el cincuenta por ciento en dependencia de la naturaleza de las unidades combatientes. 

Los dos períodos del Gobierno Revolucionario y las presiones desde abajo

Es pertinente notar, sin embargo, que en el caso de Cuba se manifiesta una diferencia significativa en la manera en que el gobierno se ha comportado entre el período que va de 1959 hasta el colapso del bloque soviético en el 1990, y desde esa fecha hasta ahora.

Si bien tuvo que admitir ciertas licencias durante la primera etapa, como la apertura de mercados campesinos en los ochenta, en general la ayuda material del bloque soviético compensó en gran parte los serios daños causados por el bloqueo económico norteamericano, y permitió al gobierno mantenerse firmemente en el poder sin dar muchas concesiones, presidiendo sobre una austeridad que generalmente satisfacía las necesidades más básicas de la población, y una significativa movilidad social, en parte generada por la emigración de amplios sectores de las clases medias y altas.

No obstante, desde que comenzaran las crónicas y profundas crisis económicas causadas por la desaparición de la URSS, y el subsiguiente descenso en el apoyo popular y legitimidad política del régimen, este último se ha visto obligado a una serie de concesiones, algunas de ellas importantes, como la significativa relajación de la posibilidad de emigrar para los cubanos (excepto los cientos de «regulados» políticos a los cuales no se les permite).

Por todo esto, no sorprende que mientras por una parte las crisis económicas y políticas han hecho al régimen más vulnerable a cierto tipo de presiones sociales y económicas; su relativa debilidad política lo torna decididamente represivo, como demuestran las largas condenas de prisión a cientos de cubanos acusados de participar en las protestas mayormente pacíficas del 11 de julio del 2021.

Es necesario aclarar que las estructuras políticas y sociales de Cuba distan del grado de pluralismo implícito en muchas de las nociones sobre el supuesto poder de las «presiones desde abajo», tanto en la etapa temprana de la revolución cubana como en la etapa actual. Por supuesto, eso no quiere decir que al gobierno no le importe lo que la gente piensa o quiere, o que no haga todo lo posible por manipular al pueblo para evitar no solamente explosiones populares como las del 11 de julio de 2021, sino cualquier manifestación independiente de descontento por pacífica que sea.

Es por eso, por ejemplo, que antes de que se aprobara la Constitución de 2019 por la Asamblea Nacional del Poder Popular, fueron organizadas discusiones para que la gente expresara opiniones e hiciera sugerencias sobre el texto constitucional.

Pero vale notar dos características claves de estas discusiones: las autoridades decidían sin consulta democrática de ningún tipo cuáles sugerencias serían adoptadas y cuáles rechazadas, característica típica de la cooptación burocrática desde arriba; y más que nada, los cubanos que asistían a esas reuniones no tenían la posibilidad ni el poder de coordinar sus propuestas con las de otros compatriotas que asistían a reuniones en otros lugares, y muchísimo menos podían utilizar los medios de comunicación para hacer propaganda y agitar a favor de sus propuestas u objetar otras.

Basta comparar este tipo de cooptación con el amplio debate público en periódicos, revistas y emisoras de radio, y las elecciones libres de delegados entre los muchos candidatos de todos los partidos políticos, incluyendo notablemente al Partido Comunista, antes de la Convención Constituyente de 1940, para apreciar la enorme diferencia entre los dos procesos constitucionales.  

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Entre los constituyentistas de 1940 había seis comunistas y tres mujeres entre los delegados. En la foto, Salvador García Agüero y Juan Marinello. (Foto: Trabajadores)

La Reforma Agraria: ¿radicalizada por presiones desde abajo?

Quizás porque la ley de Reforma Agraria de 1959 marcó un punto de inflexión en la radicalización de la revolución, algunos estudiosos han argumentado que fue la «presión desde abajo» la que explica el rumbo radical tomado por el gobierno revolucionario. Así lo hace un estudio conducido en 1972 por los científicos sociales Juan y Verena Martínez Alier, en los archivos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en el que concluyeron que cuando la clase obrera rural demandó tierra o trabajo, esta demanda creó una gran presión de clase sobre el gobierno cubano que causó su radicalización.

Es importante notar que los investigadores no reportaron nada que demostrara impaciencia, descontento o desconfianza de los campesinos respecto a las acciones y políticas del Gobierno Revolucionario, lo que generalmente sucede cuando un campesinado inquieto y demandante confronta a gobiernos moderados, cautelosos o vacilantes de tipo reformista, liberal o conservador.

En todo caso, los principales líderes cubanos ya hacía mucho que se habían radicalizado, aunque antes de la victoria, como se señaló, se mantuvieron muy discretos. Más que nada, Fidel Castro y sus colaboradores cercanos disfrutaban, sobre todo en aquellos años, de un enorme crédito político con el pueblo, y especialmente con los más desposeídos, así que por lo menos en aquel momento tenían poco de qué preocuparse, en particular cuando no existía ninguna fuerza política significativa que los pudiera rebasar, después de mayo de 1959, al proponer una política más anticapitalista que la de ellos.

Por supuesto, los líderes revolucionarios, así como la gran mayoría de los cubanos, estaban sumamente conscientes de las grandes expectativas populares respecto al logro de una mejora apreciable en su nivel de vida, lo que en realidad ya estaba ocurriendo a un grado importante en 1959 e inicios de 1960, antes que se destaparan las crisis económicas y en especial agrícolas en el país.

A la luz de esa realidad, es posible que las expectativas populares puedan apreciarse como un tipo de presión, excepto que no fue ejercida como una fuerza externa que alterara el rumbo de los líderes revolucionarios, que es el modo en que lo asumen Juan y Verena Martínez Alier en «”Tierra o trabajo”: Notas sobre el campesinado y la Reforma Agraria, 1959-1960”, en Cuba: Economía y Sociedad, París, Ruedo Ibérico, 1972, 109-208).

A la referida obra hay que añadir un trabajo reciente de Sarah Kozameh que propone igualmente que las presiones populares alteraron el rumbo de los líderes revolucionarios. («Agrarian Reform and the Radicalization of Revolutionary Cuba», Cuban Studies, #51, 2022, 28-46.) Kozameh asume que los avances de la Reforma Agraria, después de su aprobación en 1959, se debieron a presiones que los campesinos cubanos ejercieron sobre el gobierno cuando este actuaba de una manera que ella califica como «moderada» (sin que explique cuál hubiera sido entonces una actuación «radical»

Basándose en las cartas enviadas a las oficinas del INRA, Kozameh concluye que los campesinos presionaron al gobierno a conceder los beneficios prometidos cuando se aprobó la ley de reforma agraria, presionó al INRA a actuar contra los intereses de los terratenientes y, de esta manera, propulsó la radicalización de la revolución.

No hay duda de que la autora estudió archivos del INRA, pero dudo que haya leído con cuidado los periódicos y revistas de la época, que la hubieran informado acerca del radicalismo del gobierno antes y después de mayo de 1959, especialmente cuando ignora o le da poca importancia al rol del Ejército Rebelde en el proceso de Reforma Agraria. (Por cierto, fue el Ejército Rebelde el que en la Sierra convocó, en 1958, a los campesinos a organizarse y no al revés, según sostiene Kozameh).

Es claro, como afirma la autora, que los terratenientes y latifundistas trataron por todos los medios de mediatizar, sino eliminar, la reforma agraria. Pero fue el INRA, obviamente apoyado por el gobierno y el Ejército Rebelde, el que, por ejemplo, despidió a Manuel Artime, líder católico que había tratado de «moderar» la reforma agraria desde las mismas filas del INRA. Y, como señalé antes, fueron el Ejército Rebelde, los funcionarios del INRA y no los campesinos mismos, los que en la práctica diaria llevaron a cabo las «intervenciones» de tierras que establecieron los fundamentos de la revolución en el campo.   

Finalmente, la gran mayoría de quejas al INRA no pueden ser  consideradas presiones de índole política. Quejas sobre posible corrupción, decisiones erróneas y mal implementadas, ineficiencia, y lo que seguramente constituyeron numerosos errores administrativos dada la falta de experiencia de los nuevos funcionarios agrícolas; no significan de manera alguna «presiones políticas» en el sentido de lo que Kozameh reclama radicalizó a los líderes revolucionarios.

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En el actual edificio que ocupa el MINFAR, se encontraba el INRA.

De hecho, el primer ejemplo de protesta citado por Kozameh es acerca de un tal Juan Triana Fernández, a quien los funcionarios del INRA en Matanzas le confiscaron los bueyes indispensables para transportar sus cosechas y hasta permitieron que un rebaño de doscientas vacas pisotease sus tierras lo que incidió en que perdiera la cosecha de arroz.

Triana fue claramente víctima de una increíble incompetencia, negligencia y abuso burocrático, que hubiera requerido por lo menos el reemplazo inmediato de los funcionarios responsables. Pero eso no tiene que ver con la supuesta presión desde abajo para radicalizar la legislación agraria. Por supuesto, nada de esto quiere decir que no existieran conflictos reales entre campesinos y terratenientes.  ¿Sin embargo, cómo actuaron en esos casos los funcionarios locales del INRA y los oficiales del Ejército Rebelde? Es poco probable que hayan apoyado a los antiguos propietarios. De haber ocurrido así, cuando los campesinos escribieran al INRA para quejarse y protestar vigorosamente, eso sí sería una verdadera «presión política».  

Los motivos de estas interpretaciones

Varios estudiosos de la Revolución Cubana siguen la pauta de lo que pudiéramos denominar «la Historia desde abajo, pero al revés». Hay dos factores principales involucrados en tales procesos: primero, las usanzas académicas, que frecuentemente tienen una relación complicada y no necesariamente directa con imperativos políticos. La influencia intelectual de los enfoques relativamente nuevos «desde abajo», que en general considero muy positivos, pueden sin embargo crear presiones académicas para que los estudiosos los traten de aplicar de manera acrítica en condiciones poco propicias.

Segundo, hay también motivaciones, sobre todo políticas, cuando los estudiosos, comprensiblemente, tratamos de aplicar raseros y preferencias ideológicas a tareas académicas e intelectuales. Para los que simpatizan con el régimen cubano no es fácil demostrar, por razones obvias, que ahora, o aun en 1959, este haya estado sometido a controles populares de índole democrática desde abajo.

Entonces, como no pueden pretender que ha existido control democrático por parte de la población, tratan de mostrar que existieron presiones populares desde abajo que han tenido impacto significativo en las decisiones políticas del gobierno, tratando de crear de esa manera una visión más positiva y aparentemente más democrática, aunque irreal, del mismo.

20 junio 2022 14 comentarios 1.153 vistas
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Cuestión de tiempo

por Alina Bárbara López Hernández 30 mayo 2022
escrito por Alina Bárbara López Hernández

Dos grandes adversarios tiene ante sí la clase política que detenta el poder en Cuba: el tiempo malgastado y la pérdida del monopolio de la información y las comunicaciones. La hostilidad de los Estados Unidos, y el injusto bloqueo que es su secuela más evidente, influyen negativamente pero no representan el principal obstáculo; lejos de eso, han permitido justificar políticas erróneas e ineficacias internas de vieja data.

El tiempo infinito de la burocracia

Cuando en abril del 2011, once años atrás —en medio del 6to Congreso del PCC—, los Lineamientos proclamaron al 2030 como meta hipotética o puerto de llegada a un socialismo «próspero y sostenible» (devenida utopía discursiva) ya el bloqueo estaba allí, era, por tanto, un miembro de la ecuación. Trump no estaba. Ni la pandemia. Otra cosa que estaba era una infraestructura básica en condiciones de franco deterioro.

¿Cómo fue posible entonces anunciar una transformación de la economía nacional sin haberse propuesto asimismo transformar previamente, o al menos en una fase inicial, la infraestructura básica? Esta pregunta es esencial. Nuestra burocracia política es muy dada a definir conceptos generales en pose grandilocuente, pero rara vez consigue operacionalizarlos en estrategias viables que se concreten en el corto, mediano y largo plazos.

Tampoco logra concebir las medidas en forma de sistema. De modo que la lentitud, estancamiento o no realización de proyectos se debe también a que se han aprobado decisiones imposibles de concretar, pues otras debieron ser tomadas antes o al mismo tiempo, y no después. O nunca.

En una isla estrecha y alargada debió haber sido más fácil mejorar el estado de carreteras, autopistas, calles, caminos, viales y ferrocarriles que en extensos territorios continentales. No lo ha sido. Hace pocos meses viajé desde Matanzas al poblado Los Palos, en la provincia de Mayabeque. Fueron necesarias más de dos horas para recorrer apenas setenta y cinco kilómetros por el estado de las carreteras, verdaderos caminos vecinales olvidados de Dios.

Una carretera central construida en tiempos de Gerardo Machado, durante la primera mitad del pasado siglo, y una autopista que llega solo hasta la provincia de Sancti Spiritus —ambas en muy mal estado y testigo de dramáticos accidentes—, son las vías más importantes del país. El resto, mientras más alejadas de la Carretera Central en peores condiciones están. Una excepción es la Vía Blanca que conecta La Habana y Matanzas, construida en tiempos de Batista cuando grupos mafiosos del Norte se interesaron en el turismo insular.  

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(Foto: todocuba.org)

Los ferrocarriles, por su parte, presentan pésimo estado a pesar de que el nuestro fue el segundo país del hemisferio en estrenar el innovador medio de transporte en 1835, aun antes que la metrópoli española. Eso en cuanto al transporte interprovincial. Respecto al urbano, ni la capital ni ninguna ciudad importante cuenta con un metro que ayude a descongestionar la transportación citadina, que se convierte en lucha cotidiana de las personas para trasladarse a sus centros laborales.  

De la generación eléctrica, qué decir que no suframos cotidianamente. Cuba produce casi toda su electricidad mediante termoeléctricas que utilizan el petróleo nacional, muy pesado y rico en azufre, con el consiguiente desgaste técnico por mantenimientos y roturas. La más aportadora de todas, la planta matancera Antonio Guiteras, fue construida para producir electricidad con eficiencia por treinta años. Ya tiene treinta y cuatro. El socialismo sostenible requeriría una energía ídem que no parece haber estado entre las prioridades del diseño reformador.

En la época de gran afluencia de recursos provenientes del campo socialista, se comenzaron la autopista y una central electronuclear que quedaron inconclusas. Contamos igualmente con conductoras ineficientes y muy pocos centros de tratamiento de agua; redes telefónicas técnicamente antiguas; y limitado abastecimiento de gas, que se concentra en determinadas ciudades y zonas.    

No sin razón se le denomina infraestructura básica o crítica, pues describe bienes esenciales para el funcionamiento de una sociedad y economía sin los cuales es difícil sustentar otros procesos y cambios. Tal es así, que su estado es uno de los aspectos que tiene en cuenta la inversión extranjera antes de aventurarse en cualquier país. Algo que evidentemente no ha sido una preocupación para los que atienden ese ámbito en Cuba.

No creo que privatizar tales bienes sea la solución para su correcto manejo, ya que por su carácter estratégico deben ser de propiedad pública, o al menos mixta en determinados sectores. Pero su estatalización y la consiguiente falta de democracia en el manejo de lo público en Cuba, impidió a la ciudadanía intervenir en su proceso de administración y gestión, lo que incluye las inversiones necesarias para un adecuado funcionamiento.

Existen experiencias que documentan cómo la sociedad civil cubana funcionó en tanto mecanismo de presión sobre autoridades de gobierno para el manejo de infraestructura básica. Citaré como ejemplos al Comité Pro-calles de Cárdenas y al Patronato Pro-calles de Matanzas durante la República, hay muchos otros.

Este último actuó entre 1941 y julio de 1959 y se caracterizó por su aporte desinteresado y su honradez administrativa. Se financiaba en parte con fondos del gobierno municipal o provincial, y en parte con fondos particulares a través de una cuota mensual voluntaria de un peso, entregada por personas asociadas; escuelas públicas y privadas; negocios, industrias y comercios locales; asociaciones profesionales y obreras; sindicatos, logias masónicas, partidos políticos, medios de prensa, clubes, asociaciones… Su declive tuvo lugar durante el gobierno de Carlos Prío, cuando se prohibió inyectar fondos estatales a proyectos gestionados por particulares.

El prestigio de esa organización cívica fue tan grande, que cuando el 7 de enero de 1959 la Caravana de la Libertad pasó por Matanzas, el pueblo solicitó a Fidel Castro que el acueducto de la ciudad —subastado en 1958 por treinta años a la empresa Servicios Públicos Unificados, como parte de un turbio negocio—, fuera administrado por el Patronato Pro-calles, lo cual se aprobó, aunque por apenas dos meses. (1)

Tiempo   

Los que gobiernan Cuba —devenidos clase política con el decursar de los años—, se adaptaron desde el inicio del proceso revolucionario a administrar mal y a no rendir cuentas. No debían temer nada y, efectivamente, durante décadas nada se les reclamó. No era posible. En buena medida por la confianza en ellos de gran parte de la ciudadanía, pero también porque no existía modo de confrontar decisiones erróneas en el uso de los fondos de inversión de las empresas, el manejo de créditos, inversiones y deudas; la concertación de negocios, licitaciones o contratación de servicios y, más recientemente, en la transferencia y/o disolución de la propiedad pública.

Desde la desaparición del campo socialista hasta hoy, han sido innumerables las estrategias, proyectos y planes anunciados para revertir la situación de la economía cubana. He aquí algunos de los más significativos en orden cronológico: proceso de Rectificación de errores y tendencias negativas, proceso de Perfeccionamiento empresarial, creación del holding Gaesa, desmontaje de la industria azucarera, Programa electro-energético nacional, proceso de Actualización de la economía cubana, experimento de Artemisa y Mayabeque, Zona Especial de Desarrollo Mariel, Tarea Ordenamiento.

A tenor con su costumbre de dilapidar el tiempo, quizás los decisores no se han percatado (¿o sí?) de que solo restan siete años y medio para el ansiado 2030. En ese breve plazo casi todo está por hacer, de modo que nuestra élite política empieza a reciclar expectativas en lugar de reciclarse a sí misma.

Veinte años después de su decisión de desmontar la industria azucarera, se nos informa que Raúl Castro convocó a salvarla. Dicha convocatoria llega justo a tiempo: la zafra del 2021 es la más baja desde 1959. En esa vuelta en círculos también se apela a la revitalización del ALBA. Nada que no hayamos visto antes.

No obstante tales dejavus, la realidad se muestra implacable, agravada asimismo por más de dos años de pandemia. La temporada turística fue decepcionante, lo que no se explica únicamente por la situación que generó la Covid-19, si se comparan los resultados del año con los de países del área turística caribeña.

Para Cuba, cuyo Estado ha destinado en el último lustro el mayor por ciento de sus inversiones a la construcción inmobiliaria asociada al turismo, esas cifras son elocuentes indicadores del fracaso en la concepción del modelo económico, que como bien ha demostrado el economista Mauricio de Miranda, solo ha conducido a la persistencia del subdesarrollo y al mantenimiento de la pobreza generalizada.

La necesidad de pagar la deuda externa contraída, más las escasas fuentes de financiamiento provenientes del exterior; retroalimentan una situación interna de crecimiento acelerado de la inflación, aumento sostenido de precios, escasez de alimentos y productos esenciales y enorme descontento ciudadano, que se expresó como estallido social hace casi un año.   

A fines de 2019 el presidente Miguel Díaz Canel exhortó a vivir «los próximos días y horas como si triunfara la Revolución otra vez». Su solicitud era congruente con la costumbre, descrita por Marx en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, de las generaciones que:

 «(…) aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria [que] es precisamente cuando conjuran temerosos en su exilio los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal».

En lugar de vivir «como si triunfara la Revolución» deberíamos lograr que triunfara una que nos libere de la «burocracia empoderada», como denomina el estudioso Mario Valdés Navia a esa clase política que ha enajenado para sí el poder al excluir a la ciudadanía de cualquier decisión. Bien la describe un fragmento del ensayo «Los excluidos», del profesor René Fidel González García:

Los que han manejado durante muchos años la información pertinente y objetiva de todas las ramas de la sociedad cubana, los que han podido incluso evaluar e intentar corregir a partir de datos y evidencias suficientes los errores y deformaciones que ellos suponen, los que han podido articular e instrumentar durante todo este tiempo propuestas y decisiones como políticas públicas en un orden de complejidad sistémico, los que han dominado en todo momento los umbrales de incertidumbre y los riesgos de cada escenario, nos han llevado, por la acumulación y calidad de sus actos de gobierno, por los propios límites y la soberbia presentes en sus aprendizajes y desenvolvimiento, por el goce inapelable de la impunidad y la imposibilidad de la exigencia de cualquier tipo de responsabilidad y control de sus actos, por la inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas reales, a una situación de desastre estratégico, a una situación potencialmente inestable y catastrófica para futuras generaciones pero de seguro crítica y difícilmente reversible en el orden económico y social (…)   

Ese grupo cree que puede mantenerse exclusivamente mediante la coacción y la instrumentación de la ley a su favor. Se equivoca.

«Los perros metidos en el tabaco»

Con permiso de Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, bautizo este epígrafe con una frase coloquial suya, eco de su natal Pinar del Río, que usara en una reunión del 2018 de la cual conocimos hace poco. El funcionario alertaba a sus pares de la Fiscalía y el Minint que con la nueva Constitución los abogados podrían intervenir desde el inicio en la fase de instrucción penal y serían tan incómodos como «perros metidos en el tabaco».

En un modelo político como el de Cuba, una ciudadanía activa y dispuesta a participar en los asuntos públicos es, ni más ni menos, semejante a una enorme jauría. Sobre todo cuando tiene todos los motivos para estar molesta. Dicho modelo detenta, como condición sine qua non, el monopolio  de la información, las comunicaciones y la opinión pública.

En mi artículo anterior argumentaba que «Un partido único se puede mantener si existen estas condiciones: 1) control casi absoluto de la información y de la opinión pública y 2) ciertos niveles de consenso y prosperidad social, incluso en condiciones de austeridad. Puede fallar una de ellas, pero no ambas. Ninguna está presente en Cuba hoy».

El grupo de élite que determina la política insular parece convencido de que con mano dura (evidente en el Decreto-Ley 35, en la severidad de las penas a las personas detenidas el 11 de julio y en el nuevo Código Penal) solucionará el creciente disenso. Ya la propia Constitución, que crearon a su imagen y semejanza, les resulta incómoda y dejan muy claro que penalizarán la «práctica abusiva de derechos constitucionales». Pero es precisamente practicando tales derechos que se podrá influir en el presente y el futuro de la nación para que la burocracia empoderada no siga definiendo proyectos y estrategias que no está en sus manos, ni en su voluntad, cumplir.

Hace unos días se suscitó un interesante debate en Facebook a partir de la valoración de hipotéticas opciones de cambio político para Cuba sugeridas por José Gabriel Barrenechea. Una de ellas cuestionaba la definición de situación revolucionaria, al argüir que el modelo cubano ha demostrado que «los de arriba» pueden mantenerse siempre que «su aparato represivo funcione y la élite se mantenga unida».

No se interpretaba bien ahí el verdadero significado de la frase de Lenin: «que los de arriba no puedan». No se trata de que puedan porque posean la fuerza del aparato represivo; se trata de que puedan continuar en el poder usando los métodos tradicionales de gobierno. Lo cual, para el caso de un Partido y gobierno que se define de izquierda y popular, significaría no abandonar esa actitud para asumir cada vez más un cariz abiertamente anti-constitucional, violento y dictatorial.

Se trata de poder gobernar manejando ciertos niveles de legitimidad, pero esos niveles han disminuido peligrosamente en los últimos tiempos, sobre todo tras el 11 de julio. Si se acudiera única o esencialmente a la fuerza represiva para mantener el poder, ello ocasionaría (ya se está viendo) que el costo político y (no perder de vista) el económico sean tan elevados que no puedan pagarse sin que repercuta en un aumento consiguiente del disenso, que conduciría asimismo a mayor represión, en un proceso de alimentación recíproca o relación directamente proporcional.

Sin embargo, tal proceso no puede ser eterno, pues no existe posibilidad para el gobierno de mantenerse mucho tiempo sin recuperar legitimidad y aumentar el consenso en alguna medida. Eso si pretende continuar presentándose ante los ojos de la ciudadanía y de la comunidad internacional como popular y de izquierda, cosa cada vez menos creíble.  

En el artículo «Cuba, los árboles y el bosque», de finales del 2020 resalté la novedosa coexistencia de condiciones objetivas y subjetivas para una transformación sociopolítica del modelo cubano. Afirmé entonces: «La cuestión que está en juego ahora no es si hay que cambiar, sino cómo hacerlo».

Continúo pensando igual, creo que es una cuestión de tiempo y sigo defendiendo medios pacíficos para el cambio. La incógnita sería entonces: ¿Un cambio para construir un inexistente socialismo democrático o que apueste a una perspectiva pro-capitalista?  Pero eso será objeto de un próximo análisis.

***

(1) Caridad Contreras: El Patronato Pro Calles de Matanzas. Una respuesta ciudadana, Ediciones Matanzas, 2009.

30 mayo 2022 40 comentarios 2.020 vistas
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Necrotendencia

Necrotendencia y despoblamiento en Cuba (2021-2022)

por Mario Valdés Navia 19 mayo 2022
escrito por Mario Valdés Navia

En agosto de 2021 dediqué un post al análisis de las variaciones de la Tasa Bruta de Mortalidad (TBM) —cantidad de fallecidos por cada mil habitantes en un año—, o necrotendencia. Allí demostré que, tras descender de 8,83 en 1960 hasta menos de 7 en 1990, esta «comenzó a subir y se estabilizó entre 7,0-7,3 en una larga fase de meseta que persistió casi dos décadas. Esto cambiaría en 2008 (7,7), cuando nuevamente empezó a ascender».  En 2015 la TBM, con 8,9, sobrepasaba ya la de 1960 y persistió en un crecimiento sostenido hasta llegar a 10 en el año 2020.  

Teniendo en cuenta que según la Organización Nacional de Estadística e Información (ONEI), el resultado del 2020 no fue debido a la pandemia, ya que la cifra de muertes por enfermedades de las vías respiratorias se había contraído  respecto al 2019, apunté entonces en el referido artículo: «es de presumir que este 2021 llegue a ser muy superior por la elevada cantidad de muertes asociadas a la covid-19 y la incidencia perjudicial de las afectaciones al sistema de Salud en el tratamiento de otras enfermedades».

Sin embargo, los resultados que arrojan las estadísticas de salud recién publicadas por la ONEI superan cualquier expectativa nefasta: fallecieron 55 204 cubanos y cubanas por encima de los del año anterior. Analicemos estas cifras en su relación con la problemática del despoblamiento insular y el contexto actual del país.

-I-

De acuerdo con los Indicadores demográficos de Cuba y sus territorios 2021, en ese año ocurrieron 167 645 muertes, que al compararse con las 112 441 acaecidas en 2020, significaron 15 fallecidos por cada mil habitantes, es decir, un salto del 50% en la TBM. Esta cifra es muy superior al 9,3 del año precedente y a la tendencia histórica, ascendente desde 2008. Falta poco para que sea duplicada la TBM del año 1960 (8,8), cuando se iniciaba la etapa socialista de la Revolución.

Aunque en este informe parcial no aparecen las causas de muerte, es evidente que el incremento de fallecidos supera en 6,7 veces la cifra de 8 177, declarada oficialmente como muertes totales por Covid-19 en 2021. Hallo que existen dos factores fundamentales que pueden incidir en esta incongruencia: no declarar como víctimas de la Covid-19 a muchos de los fallecidos por ella, y el incremento notable de otras causas de muerte; aunque a la vista del ciudadano común no parezca que esto haya ocurrido de manera notoria.

Si bien en Cuba no se habla de él, es importante tener en cuenta que a nivel internacional se presenta lo que la OMS ha denominado Exceso de mortalidad por la Covid-19. A partir de la diferencia en el número global de fallecidos entre enero de 2020 y diciembre de 2021, y el que se esperaba en ausencia de la pandemia, la OMS estimó unos 15 millones de muertes relacionadas con la covid-19 por razones directas e indirectas. Esto representa el triple de los informados oficialmente en los países encuestados; siendo India, Rusia, Indonesia y EE.UU. los de mayor mortandad.

Según el estimado de la OMS, seis de cada diez víctimas de la Covid a nivel mundial no fueron informadas como tales en los balances oficiales. La diferencia se imputa a las llamadas causas indirectas, aquellas afecciones que no pudieron ser tratadas debidamente ante la congestión de los sistemas de salud por la pandemia. Países como México utilizan una metodología similar a la OMS para acercar las estadísticas oficiales a la realidad.

¿Es esta la causa principal del crecimiento galopante de la necrotendencia en Cuba en el 2021? ¿Será tenida en cuenta la categoría Razones indirectas del exceso de mortalidad por la Covid-19 en las estadísticas cubanas? A falta de datos oficiales de la ONEI sobre las causas de muerte en 2021, no creo correcto especular ahora con posibles respuestas. La salida del Anuario Estadístico de Salud 2022 traerá las estadísticas oficiales; mientras, analicemos otros datos interesantes de los indicadores recién publicados, más allá de la necrotendencia.

Necrotendencia

(Foto: Reuters)

-II-

Llama la atención que la TBM es mayor en las provincias de alto nivel de desarrollo relativo en el país, pero donde la población está más envejecida: Villaclara (18,3), Cienfuegos (17), Ciego de Ávila (16,7) y La Habana (16). Mientras, en las provincias orientales y la Isla de la Juventud se mantienen entre diez y quince.

Esto se debe también a la combinación de dos factores adversos que reducen la variable población total. El primero es la disminución de la natalidad debido al crecimiento de la edad media y mediana a niveles muy altos: 41,2 y 42,3 y, peor aún, su elevación por encima de la media en las mujeres a 42,2 y 44 respectivamente, edades en que aumentan los factores de riesgo para un embarazo.

El otro factor es la decisión de muchas parejas jóvenes de no tener hijos, o no tenerlos en Cuba. En 2021, nacieron vivos 93 093 bebés; estos fueron 5 945 menos que el año anterior. Así, los que no nacen no aparecerán nunca en el cálculo de la mortalidad, pero deben ser tenidos en cuenta como aquellos que jamás llegaron a engrosar la cantidad de población que debimos tener en condiciones de paz, y que no tuvimos por un conjunto de razones socioeconómicas y políticas.

En el contexto actual, responder la pregunta de si nacerán más o menos cubanos en el año 2022 se torna agónico. Si no se superan, o al menos se atenúan, las causas principales que llevan a las parejas a evitar reproducirse (crisis económica, ingresos insuficientes, falta de vivienda propia, alto costo de la canastilla y manutención del bebé, falta de posibilidades para la realización personal a través del trabajo honesto, derechos civiles y políticos conculcados, desconfianza en el Gobierno/Partido/Estado) es muy difícil que logremos elevar la cantidad de nacimientos.

A las razones que explican el incremento de la TBM, se suma el incremento de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) en 2021 a 7,6 por mil nacidos vivos, la más alta de los últimos veinte años y un 55% mayor que la de 2020. El MINSAP expresó que detrás de este aumento se encuentra el «complejo panorama epidemiológico» que vivió la Isla. Su ministro reconoció que, pese al esfuerzo del personal de salud durante la pandemia, los resultados estaban por debajo de los esperados.

Necrotendencia

(Foto: Alexandre Meneghini / Reuters)

En medio de tantos factores adversos, los estadísticos calculan para Cuba una población de 11 113 215 habitantes al cierre de 2021. Esto representa 68 380 personas menos (−6.1%) respecto a la cifra del 31/12/2020, que era de 11 181 595. Es lógico valorar como muy optimista este cálculo si se tienen en cuenta que, según datos del US Customs and border Protection, solo entre mayo de 2021 y el mismo mes del 2022 arribaron a EE.UU. 102, 142 cubanos (42,142 el año anterior y 60 000 en lo que va de este).

¿Y los que se largaron al resto del mundo, en qué estadística cuentan? Es preciso que la ONEI incluya los datos de emigración externa como una variable indispensable en sus estadísticas y estudios; de lo contrario, investigadores y público en general estaremos haciendo análisis incompletos y sesgados.

¿Qué pasará con la población cubana en 2022? Si ya la pandemia no está en su clímax, pero ahora los EE.UU. abren las puertas a la emigración legal (20 000 del 2022 y 100 000 de los cinco años anteriores), de no introducirse reformas en el actual entorno desfavorable del país en lo económico, social y político, sería ilusorio considerar como una posibilidad real el compensar de manera natural la población que podría perderse en el resto del año por el flujo migratorio que se avecina.

Es preciso que el Gobierno tome medidas concretas y eficaces para incentivar a las parejas jóvenes a tener hijos, ayudándolas a paliar sus necesidades materiales perentorias; pero, además: ¿por qué no ir más allá de autorizar la repatriación de cubanos emigrados y sus inversiones en Cuba, y se les brindan a estos igualmente condiciones preferenciales, más amplias que las concedidas a los inversores extranjeros, similar a lo que hicieron China y Vietnam con gran éxito?

Por otra parte, ¿acaso Cuba ha renunciado definitivamente a estimular la inmigración de trabajadores extranjeros y sus familias, reconocida universalmente como vía expedita para aumentar la población en países envejecidos y en vías de despoblamiento?  Fuimos un ajiaco de pueblos de cuatro continentes, hoy somos un organismo humano envejecido y necesitado también de sangre fresca y gente emprendedora de otras latitudes. Sean o no de origen cubano.

La salida de la situación crítica que reflejan las estadísticas demográficas parciales del 2021 y las esperadas para 2022, pasa por el debate nacional, libre y abierto, del ¿Quo vadis Cuba? La Isla se va despoblando aceleradamente, no solo por el crecimiento de la necrotendencia, sino por la falta de expectativa de futuro en el país, lo cual conduce a la salida de muchos de sus hijos, en particular los jóvenes, para trabajar, vivir y procrear en otros lugares del mundo.

Estos temas pueden plantearse desde la demografía, sociología o economía, pero su solución es política. Mejor emprenderla cuando aún quedamos suficientes cubanos y cubanas dispuestos a levantar el país; pero cuidado con el tiempo: cada año somos menos y más envejecidos.  

19 mayo 2022 15 comentarios 1.261 vistas
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Extremismo

La agonía del extremismo económico estatal

por Mario Valdés Navia 22 abril 2022
escrito por Mario Valdés Navia

Cuando los bolcheviques tomaron el poder en Rusia en 1917, su objetivo no era la estatización inmediata de una economía que solo en los grandes núcleos urbanos mostraba algunas empresas con alto nivel de concentración capitalista. Fue la política coyuntural del Comunismo de Guerra (1918-1921), implantada a consecuencia de la guerra civil y la invasión extranjera, la que condujo al dogma de la absoluta centralización económica. Después, ya todo fue aplicar la «experiencia victoriosa de la Unión Soviética» en cualquier lugar del mundo donde los comunistas conquistaron el gobierno.

Tras la aparición del campo socialista se llegaron a establecer supuestas regularidades de la construcción del socialismo (1957), encabezadas por el establecimiento de la propiedad social socialista sobre los medios fundamentales de producción. En la práctica, se trataba de la imposición plena del dominio estatal sobre la inmensa mayoría de los medios de producción.

¿Es similar el caso cubano a lo acontecido en las economías socialistas europeas y la URSS? ¿Qué consecuencias trajo para la Isla estatizar al extremo la vida económica? ¿Cuál es el estado actual de la gestión económica estatal centralizada y su tendencia manifiesta?

Extremismo

-I-

La revolución democrática que en 1959 derrocó a la tiranía de Batista, inició el tránsito al socialismo con la adopción de medidas favorables a las mayorías que tenían un carácter redistributivo, o de ampliación de la pequeña y mediana propiedad a cuenta de los grandes propietarios nacionales y extranjeros.

Entre las primeras estuvieron: confiscación en beneficio público de bienes malversados, reducción de las tarifas eléctrica y telefónica, planes de becas, incremento de presupuestos e inversiones en salud y educación. Entre las segundas: leyes de reforma urbana y agraria, acordes con la Constitución del 40. Nada que ver aún con la nacionalización socialista al estilo soviético.

La afectación a los monopolios estadounidenses y los oligarcas cubanos originó los primeros choques con los Estados Unidos, que fueron in crescendo en la medida en que se incrementaba el apoyo del Norte a acciones terroristas y alzamientos contra la reforma agraria. El inicio de ese conflicto, en plena Guerra Fría, abrió las puertas a la alianza y colaboración geopolítica con la otra antagonista: la URSS.

Los acontecimientos se precipitaron y la inicial «revolución democrática y socialista» se radicalizó, al punto de tornarse más papista que el Papa. Apenas un lustro después, a partir del nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas en el capitalismo republicano, Fidel planteaba la posibilidad de pasar directamente al comunismo a través del entusiasmo productivo y el desarrollo de la conciencia de las masas populares.

Para ello sería preciso establecer el dominio absoluto de la propiedad estatal y poner toda la mano de obra a su disposición, con o sin retribución, lo cual exigía  liquidar abruptamente las demás formas de propiedad mediante diversas vías. Una de ellas fue la Ofensiva Revolucionaria en 1968, que estatizó 57.600 pequeñas propiedades en la ciudad y el campo; pero incluía también la estatización forzosa de fincas privadas, una ley contra la Vagancia (1965) y la creación de asentamientos semiurbanos de campesinos enajenados de sus tierras. De esa forma, Cuba sobrepasaría al resto de los países socialistas, incluyendo a la URSS, en la extensión de la propiedad bajo control del Estado.

A partir de entonces, el Gobierno/Partido/Estado pudo emplear todas las potencialidades del país en realizar cuanto experimento se le ocurría, muchos de ellos descabellados. La guinda del pastel fue la Zafra de los Diez Millones (1969-1970). En función de ese designio colosal se tensaron todas las fuerzas durante dos años. Su fracaso daría al traste con el proyecto de un socialismo/comunismo cubano independiente de la URSS.

Extremismo

En consecuencia, desde 1971 se estableció en la Isla una versión extremista del modelo soviético de socialismo de Estado. Este se presentó como monopolio único —patrono, comerciante y empleador— en manos de un grupo burocrático-militar que hegemoniza la economía, la sociedad y la política mediante una planificación verticalista centralizada y con el empleo de todos los aparatos de control, físico y simbólico, de que dispone.

-II-

Medio siglo después, los resultados catastróficos de la estatización extrema saltan a la vista. Más allá de las consecuencias perniciosas del bloqueo estadounidense y los efectos de la situación pandémica, la economía insular sufre una crisis estructural y de gestión debido a sucesivas decisiones erróneas en política económica. Muchas de ellas no tienen que ver con el modelo tradicional del socialismo de Estado soviético, sino con medidas ineficaces aplicadas en las últimas dos décadas.

Desde 1994, en plena crisis del Período Especial, se adoptaron medidas descentralizadoras que incluían una elevada autonomía empresarial, autorización del uso del USD en el mercado interno, fomento de la inversión extranjera asociada al Estado y promoción del trabajo por cuenta propia (TCP). Sin embargo, no se fue más allá en pos de conservar —o retornar en cuanto se pudiera— el tradicional modelo socialista estatizado, ya desaparecido en Europa y que aquí hacía aguas desde mediados de los años ochenta.

Tras el establecimiento de la Venezuela bolivariana y la creación del ALBA, con la propensión del gobierno de Chávez a canalizar petrodólares hacia Cuba, la mayoría de aquellas medidas flexibilizadoras fueron eliminadas y sustituidas por la centralización absoluta de los ingresos en divisas y su utilización desde una cuenta única del Estado.

Poco duró esta nueva gallina de los huevos de oro. La crisis mundial de 2008, la enfermedad y muerte de Chávez y los problemas socio-económicos y políticos de la era Maduro, frustraron la aspiración de convertir a Cuba en un exportador de derivados del petróleo e impidieron seguir disfrutando de los ingresos millonarios provenientes de las Misiones Sociales de profesionales cubanos en Venezuela.  La crisis del progresismo latinoamericano y la sustitución por gobiernos derechistas, acabaron por hundir los ingresos devenidos mediante convenios gubernamentales.

Extremismo

Con la propensión del gobierno de Chávez a canalizar petrodólares hacia Cuba, la mayoría de las medidas flexibilizadoras fueron eliminadas. (Foto: Radio Ángulo)

El incremento de fondos públicos durante la referida bonanza, lejos de canalizarse hacia una fuerte inversión en sectores productivos internos (agro, industria, minería, transporte, infraestructura, ciencia y tecnología), se dilapidó en los proyectos ilusorios, inconexos y voluntaristas de la denominada Batalla de Ideas.

La quimera de una economía de servicios llegó a tal punto que se desmontaron sectores claves de la economía y se vendieron como chatarra, entre ellos la agroindustria azucarera —uno de los pilares de la identidad nacional—, y las flotas mercante y de pesca. Al unísono, dejó de respetarse la paridad CUC/USD y se fomentó la voluntad importadora mediante una falsa tasa de convertibilidad de 1×1, que arruinaba a los productores nacionales y beneficiaba a las empresas monopólicas de comercio exterior.

Las reformas iniciadas por Raúl Castro en 2008 disminuyeron los gastos sociales del Estado en beneficio de la inversión inmobiliaria para GAESA, y el subsidio a irrentables empresas estatales y sus sacrosantas burocracias. Al unísono, ampliaron con reticencias y vaivenes el sector no estatal, pero siempre preservando asideros con empresas estatales que garanticen la subordinación de los nuevos actores mediante el plan nacional y contratos obligatorios. 

No es en el discurso oficial, sino en la competencia con los demás sectores económicos —privado, cooperativo, inversión extranjera y mixta—, donde el sistema empresarial estatal tiene que demostrar que es «la forma de gestión dominante en la economía». La broma pesada, y divisa del super-monopolio ETECSA: «¡Gracias por elegirnos!», ha de ceder paso a un mercado de bienes y servicios libre y competitivo, en el que cada sector despliegue su potencial en las áreas donde sea idóneo.

Después del trienio terrible 2019-2021, con su espiral descendente de  Coyuntura/Pandemia/Ordenamiento, las opciones de salida a la agonía del modelo estatizado-burocrático parecen confiarse a milagros futuros: crecimiento de la producción sin inversión, nuevos gobiernos izquierdistas en Latinoamérica con la bolsa abierta, o un cambio de actitud de Biden que nos regrese a la época de Obama.

Las conocidas reformas liberalizadoras, que se recomiendan desde hace décadas por investigadores y productores, se sustituyen sistemáticamente por nuevas formas de control de GAESA, devenida especie de senescal del Gobierno/Partido/Estado para atender todo lo relacionado con los ingresos en divisas; mientras, el resto de la economía y la sociedad yacen en la inopia.

Lástima que en esta agonía los que menos sufran sean precisamente los que durante años se hicieron pasar por los que saben. Ahora, cuando la renta nacional —fuente principal de su enriquecimiento ilícito—, disminuye a niveles mínimos, también sus familiares y acólitos invierten en el sector no estatal y/o abandonan el país. Pero no para fomentar emprendimientos internos, o buscarse la vida en otros lugares y ayudar a los viejos que dejaron atrás, sino para abrir negocios familiares trasnacionales donde lavar sus fondos mal habidos y garantizar la continuidad de su buen vivir, dentro y fuera del país.

A decir verdad, cosas como las que sufre Cuba actualmente no pueden achacarse a influencias de Lenin, Stalin o Breznhev. La falsa utopía insular de la estatización absoluta para llegar más rápido al comunismo, está terminando en la estafa de la reconversión de propiedades públicas y fondos enajenados al erario público en negocios de familias de la burocracia y sus prestanombres.

Aún existen posibilidades en Cuba para un diálogo nacional inclusivo que impulse las reformas necesarias a fin de encauzar sus destinos de manera próspera y sostenible. Los intereses mezquinos, que lucran con las dificultades y carencias del momento actual, no pueden ser más fuertes que la voluntad general del pueblo. No serán los oligarcas y demagogos los que prevalezcan cuando obreros, campesinos, intelectuales, estudiantes, artistas, militares, empresarios, empleados y TCP alcen su voz y decidan hacer cumplir sus más caros derechos y aspiraciones. 

22 abril 2022 40 comentarios 1.701 vistas
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Descentralización

¿Habrá descentralización esta vez en Cuba?

por Ivette García González 21 abril 2022
escrito por Ivette García González

La sociedad cubana está presenciando el tercer impulso de las últimas décadas a la descentralización. Según proyectan el Partido/Gobierno/Estado y los medios oficiales, esta vez sí va en firme. Conviene evaluar antecedentes y desafíos, porque depende de cómo se conduzca y hasta dónde esté dispuesta a llevarla la actual dirigencia.

En tanto ejercicio pleno de la autonomía municipal, la descentralización  es condición de gobernabilidad e implica democratizar el Estado y la sociedad. Supone un reparto de autoridad, es clave para enfrentar la pobreza y las brechas sociales y territoriales, desplegar la participación ciudadana en todos los ámbitos y promover el desarrollo local. 

Al parecer, existe más en el diseño y el discurso que en la realidad, a pesar de la elogiosa y triunfalista cobertura mediática. Según Granma, «el 2022 es un año decisivo para los municipios». De los principales dirigentes del país trascienden expresiones como estas: «la autonomía municipal avanza de forma paulatina, pero a paso firme», las dificultades se resolverán con la «planificación del 2023», «hay que crear capacidades» o «hace falta que el municipio use de verdad la autonomía (…) y que se empiecen a resolver los problemas (…)».

Conviene no perder de vista en esta nueva etapa descentralizadora que: 1) igualmente transcurre en momentos de crisis —ya sistémica—, cuando el Estado necesita liberarse de responsabilidades y desplaza la crisis hacia abajo, delegando así obligaciones a los municipios sin que estos tengan capacidades reales para cumplirlas; 2) las razones que frustraron impulsos anteriores se mantienen y 3) incluye los riesgos de que se ignore su carácter democratizador y se emplee como instrumento de reducción del Estado, sin transferencia de recursos y sin contenidos de cambio social sostenibles.

-I-

Cuba contaba con una larga tradición municipalista que comenzó a subvertirse desde 1959, al considerarse excesivas las funciones municipales. Durante las siguientes décadas se fueron creando estructuras correspondientes a un modelo estatista, burocrático y sumamente centralizado en todos los órdenes.  

Con la profunda crisis de los años noventa se dispensaron ciertas posibilidades de autonomía a los municipios, pero el impulso se frustró en cuanto la economía empezó a recuperarse. Con la siguiente (2008-2010) y la Actualización se volvió al tema. Sucesivas y puntuales experiencias derivaron fracasos, pero también hubo resultados positivos que no se aprovecharon ni replicaron. 

Prevalecieron la improvisación y burocratización del proceso, indefinición de la autonomía y competencias, cultura de la espera y excesivo centralismo en la toma de decisiones, administración de recursos y elaboración de políticas. También existieron falta de financiamiento e incapacidad real de gestionarlo; insuficiente capacitación, limitada participación ciudadana y del sector no estatal, así como superposición de estructuras administrativas y partidarias.

Descentralización

Algunas causas y limitaciones pueden mencionarse:

1. Excesivo peso de lo estatal, partidario y gubernamental y de la amplísima burocracia que lo sostiene. Con ello se duplican y superponen estructuras, se desangra el presupuesto nacional y se reproduce una lógica de tutelaje que impide el real empoderamiento de los municipios y los ciudadanos.

2. Persistencia de la economía centralmente planificada —que no genera un sistema productivo eficaz— y de un estilo de trabajo verticalista en ministerios, organismos y empresas nacionales.

3. Inexistencia de una filosofía y un imaginario de lo local. El dominio del esquema centralista durante tantas décadas, derivó en una mentalidad desfavorable a la descentralización en todas las esferas y niveles. Ello explica la insuficiente conciencia respecto a su importancia y urgencia en decisoresy algunos  (1) Muchos son los mismos que han sostenido el modelo centralizador que nos trajo hasta aquí.

4. Lentitud, dispersión y carencia de visión estratégica del ordenamiento jurídico que se requiere. La intención de descentralizar se puede verificar en documentos rectores y diversas normas jurídicas (2). Sin embargo, están más en función de la burocracia, mantienen indefiniciones, no sitúan adecuadamente la participación y control ciudadanos y el sujeto popular sigue siendo pasivo. Sin contar que la Ley 136 (2020), por ejemplo, la contradice.   

-III-

Según algunos expertos y fuentes oficiales ahora existe una visión diferente sobre la descentralización. Se basan en que está en todos los documentos, se entiende como base del desarrollo humano local y es uno de los pilares fundamentales del modelo económico.  

Sin embargo, preocupa cuán viable puede ser —económicamente hablando— cuando la planificación centralizada es la norma, los municipios están limitados en recursos, no existe un sistema productivo que la respalde y las reformas económicas actuales mantienen viejos lastres del propio modelo.  

Desde las ciencias sociales y actores internacionales se han hecho recomendaciones en diferentes momentos. Hoy la situación es muy compleja. Si realmente se quiere asegurar la descentralización, sería vital:

1.- Definir una estrategia nacional con enfoque amplio y democratizador que contemple: importancia de reformas del Estado central; principios y lineamientos de política con objetivos medibles y significado de políticas para enfrentar desequilibrios regionales y entre zonas rurales y urbanas. De ahí debería derivarse una Ley de Municipios que delimite claramente su autonomía y competencias, e integre, preferiblemente, o ampare a otras normas jurídicas asociadas y pase por consulta popular.

2.- Reformar al Estado al eliminar la duplicidad y expansión burocrática del modelo social, fortalecer una cultura de servicio público y de control popular  sobre la gestión gubernamental. Asimismo, articular los diferentes niveles del Estado, los intereses públicos, privados y de sectores, así como un equilibrio entre centralización-descentralización.

3.- La creación de capacidades propias en los municipios y el cambio de paradigma son necesarios, pero no se logran a corto plazo, no existe imaginario o cultura política que lo favorezca. En lo inmediato, de acuerdo con Juan Valdés Paz, deberían transferirse cuadros competentes de los organismos centrales a los municipios. 

4.- Debe tener al menos lo político, administrativo y fiscal como componentes básicos y junto con competencias —que deberían incluir posibilidades de cooperación internacional—, es vital transferir recursos y presupuestarse atendiendo a la realidad del contexto. Entre otras cosas, debería considerarse al menos un 5% y no el irrisorio 1% como aporte al desarrollo local.

5.- La descentralización y la autonomía deben medirse sistemáticamente con instrumentos e indicadores. Ello supone contrastar diseño y ejecución de políticas públicas con resultados, evaluar su calidad e impacto en la transformación social, la gestión gubernamental y con ello los avances y retos.

Descentralización

La creación de capacidades propias en los municipios y el cambio de paradigma son necesarios, pero no se logran a corto plazo.

-IV-

Hace sesenta y tres años Cuba era, muy probablemente, el país latinoamericano más municipalista; sin embargo, como afirmó Valdés Paz, «Hemos liquidado jerarquías, lugares, los poderes locales. Hay que reconstruir todo eso… una obra inmensa».

La raíz del problema, como de otros muchos, es la misma: persistencia durante más de medio siglo de un modelo de sociedad anacrónico, políticamente autoritario y económicamente inviable. A juzgar por la práctica, la descentralización es incongruente con el proyecto de país del cual el gobierno se dice «continuidad». 

El Partido/Gobierno/Estado tendrá que dispensar reservas, apatías y escepticismos que existen fuera de poses para cámaras televisivas. Son muchos años de crisis, experimentos, fracasos y promesas de «ahora sí». Tendrá que demostrar voluntad política real, e impedir a toda costa la repetición del tradicional ciclo «crisis-reforma-represión de las reformas». Como los cubanos somos tan dados al desafío, veremos si con este tercer impulso, por fin, toca el turno a los municipios.

Para contactar con la autora: ivettegarciagonzalez@gmail.com

***

(1) Algunos todavía consideran que el problema no era el esquema centralizado, sino «la pasividad de los territorios y la carencia de interacciones entre ellos y los niveles centrales». Por otro lado, es interesante que la revista Temas dejara recientemente constancia de que, de veintisiete especialistas consultados, solo cuatro plantearían al gobierno entre las prioridades a atender, el tema de la descentralización, la autonomía y el desarrollo local.  

(2) Leyes 132 (de organización y funcionamiento de las asambleas municipales y los consejos populares) de 2019; las 138 (organización y funcionamiento del gobierno provincial del Poder Popular) y 139 (organización y funcionamiento del Consejo de la Administración Municipal) del 2021. También el Decreto No.33 (2021) para la gestión estratégica del desarrollo territorial.

21 abril 2022 28 comentarios 1.391 vistas
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Instituciones

Instituciones no inclusivas y subdesarrollo en Cuba

por Mauricio De Miranda Parrondo 8 abril 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

La teoría económica y la experiencia histórica demuestran que las instituciones importan y que su calidad constituye uno de los principales factores que impulsan o frenan el proceso de desarrollo. El estudio del papel de las instituciones en el proceso económico ha sido el objetivo de la llamada Escuela Institucionalista y de su versión más reciente Neo-institucionalista del pensamiento económico.

En 1859, en su Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política, Marx había definido la relación entre lo que denominó la estructura económica de cualquier sociedad, esto es, las relaciones sociales de producción, que constituyen «la base real sobre la que se alza el edificio jurídico y político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social».

Respecto a esta relación apuntó: «No es la conciencia social la que determina su ser, sino por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia», algo sobre lo que también había escrito junto a Engels en La Ideología Alemana. Este excesivo determinismo les impidió considerar los posibles efectos de las instituciones jurídicas y políticas, e incluso religiosas, en las relaciones económicas.

Para Douglass C. North, Premio Nobel de Economía, «las instituciones son las reglas de juego en una sociedad, o más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que da forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, ya sea político, social o económico». Más adelante afirma que el cambio institucional «conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio histórico».

En el establecimiento de esas reglas influyen los valores, las tradiciones culturales y religiosas y, en general, las convenciones sociales existentes. Para que ese conjunto de reglas se convierta en instituciones, resulta necesario que sean conocidas y aceptadas por la sociedad de forma voluntaria, a través de un determinado contrato social o por imposición del Estado. Pero evidentemente existe una notable diferencia entre una y otra forma de establecer determinado orden institucional.

Los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson han analizado durante años el carácter inclusivo o extractivo de las instituciones y la medida en que las primeras contribuyen al progreso económico mientras las segundas lo frenan. Las instituciones inclusivas son aquellas que promueven sociedades plurales, que facilitan la participación soberana de los ciudadanos en la vida económica, social y política de un país, con poderes distribuidos y existencia de contrapesos entre ellos. En contraposición, las extractivas son las que favorecen a una parte de la sociedad que ejerce el poder y a través de él extrae rentas al resto de la sociedad.

En la lógica de estos autores, las instituciones políticas inclusivas crean condiciones para que se desarrollen instituciones económicas también inclusivas. Existe consenso en la escuela institucionalista en el sentido de que la garantía de los derechos de propiedad, el imperio de la ley y el orden, la libertad y facilidades para la creación de empresas, el buen funcionamiento y transparencia de los mercados, el cumplimiento de los contratos y la igualdad de oportunidades para el desarrollo de los negocios; crean un clima adecuado que se traduce en progreso económico.

En oposición a las visiones neoliberales que apuestan a la existencia de mercados desregulados «libres», Dani Rodrik afirma: «esas instituciones son necesarias porque los mercados no se crean, regulan, estabilizan ni legitiman a sí mismos».

Instituciones

Dani Rodrik

Instituciones políticas y jurídicas no inclusivas de Cuba

Cuba tiene severos problemas estructurales que limitan su desarrollo y ahora mismo agravan la más profunda crisis económica de las últimas tres décadas. A ello se une el efecto nocivo del recrudecimiento de las sanciones económicas que estableció el gobierno de Donald Trump y que Joseph Biden no ha desmontado. Estas últimas no son modificables por Cuba, solo las autoridades estadounidenses pueden realizar cambios en el sentido de una normalización de relaciones entre ambos países. Mientras tanto, las autoridades cubanas sí están en la capacidad de adoptar medidas de política económica que contribuyan a remontar la crisis.

No obstante, incluso en el caso de que sean adoptadas políticas económicas que corrijan los errores más recientes y apunten a la solución de los problemas estructurales, ello no sería suficiente porque el sistema de instituciones políticas y económicas de Cuba no es incluyente.

Aunque es necesario reconocer que la Constitución de 2019 fue ratificada por una innegable mayoría de votantes, el proceso de debate previo no permitió una pedagogía del NO en los medios de comunicación a los que accede toda la población. Adicionalmente, la elaboración del proyecto constitucional no fue resultado de una Asamblea Constituyente elegida democráticamente, sino de una comisión designada por las autoridades y de la que hacían parte los principales dirigentes del país.

En consecuencia, el texto constitucional adoptado refleja los intereses del grupo de poder y está lejos de constituir un esfuerzo integrador del amplio espectro político real del país que, por demás, no es reconocido por las autoridades que insisten en una visión totalitaria y monolítica del sistema político. Esto queda demostrado claramente en los artículos 4 y 5, que establecen la irrevocabilidad del llamado sistema socialista y el carácter del Partido Comunista como único y fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado.

Es decir, esta Constitución, elaborada desde el centro del poder, impone el modelo político y de Estado no solo a toda la sociedad cubana actual, excluyendo a la parte de ella que no apoya el sistema dominante; sino que prohíbe a las generaciones venideras decidir soberanamente sobre el sistema político y la organización estatal que consideren convenientes.

Una vez más, vale la pena resaltar que el ejercicio democrático no resulta del simple voto, sino de un proceso en el que se pueda construir un contrato social desde el proceso mismo de su concepción. En la elaboración de ese «nuevo» contrato social se excluyó una parte considerable de la Nación, sobre todo porque no se permitió el voto de los cubanos no residentes en la Isla, a pesar de que como ciudadanos están obligados a cumplir los deberes que les impone la ley fundamental pero no gozan de todos los derechos. A partir de aquí, toda la arquitectura del sistema institucional cubano resulta no inclusiva.

Los rasgos no inclusivos de este sistema de instituciones políticas y jurídicas son los siguientes:

1. Las reglas de juego no se han establecido como resultado de un contrato social alcanzado democráticamente, sino impuestas por el centro del poder.

2. El sistema institucional no garantiza la pluralidad y reprime toda participación económica, política o social que no se acomode al «modelo» diseñado desde el poder.

3. No existe un equilibrio de poderes independientes que permita el contrapeso entre ellos, sino que todos están sometidos a la autoridad de un Partido que pareciera estar por encima de la Constitución.

4. El pueblo, en el que supuestamente recae toda la soberanía y del que dimana todo el poder del Estado (artículo 3), carece de los mecanismos para hacer valer esa soberanía: no puede elegir directamente a las máximas autoridades del país; nies libre de crear movimientos sociales, políticos o profesionales que no estén bajo el control del Partido Comunista.

Asimismo, carece de los medios reales para hacer valer incluso una serie de libertades que la Constitución reconoce, tales como las de pensamiento, conciencia y expresión, de reunión, manifestación o asociación, o una supuesta libertad de prensa que no es posible ejercer porque los medios de comunicación se definen como «propiedad socialista de todo el pueblo», eufemismo con que se alude a la propiedad estatal.

Instituciones

5. La Asamblea Nacional está formada por diputados elegidos en listas únicas cerradas, conformadas en cada territorio por comités de candidatura, por lo que la sociedad carece del derecho a elegir verdaderamente a sus representantes entre alternativas diferentes. La obediencia de los diputados, manifiesta en la unanimidad y el escaso debate real de informes y proyectos de leyes, impide a este órgano ejercer su función como órgano supremo del poder del Estado (artículo 102).

6. El Banco Central de Cuba hace parte de el gobierno, por lo que debe cumplir sus directrices, a diferencia de las mejores experiencias internacionales que sugieren su necesaria independencia como órgano técnico responsable de la política monetaria y el control de la inflación.

7. Tanto los Tribunales de Justicia como la Contraloría General de la República carecen de independencia, pues ambas rinden cuenta ante la Asamblea Nacional y al Partido que ejerce el poder pareciera que por derecho divino, lo que afecta su credibilidad y transparencia, sobre todo cuando se trata de litigios en los que se involucra al gobierno como una parte en el caso del sistema jurídico, o cuando se constata la existencia de cotos cerrados en los que el órgano de control y auditoría del Estado carece de competencias.

En semejante arquitectura institucional, las garantías de los derechos ciudadanos dependen de la «buena voluntad» del centro de poder y no de un sistema legal con pesos y contrapesos, que evite que el gobierno desconozca las leyes cuando se trata de reprimir opciones políticas disidentes.

Instituciones económicas no inclusivas y extractivas en Cuba

El sistema de relaciones sociales de producción predominante en Cuba padece de una contradicción estructural que conduce a la conformación de instituciones económicas no inclusivas, e incluso extractivas; y es la no realización de la propiedad sobre los medios de producción a través de la propiedad estatal.

La propiedad social solo puede realizarse como tal si los supuestos propietarios colectivos, esto es, los miembros de la sociedad, recibieran la rendición de cuentas y tuvieran la capacidad de ejercer, al menos, un control sobre la gestión del gobierno o sus representantes, y de revocarlos si fuera necesario. Sin embargo, la sociedad cubana carece de esas posibilidades y, en consecuencia, la propiedad estatal está muy lejos de tener un verdadero carácter socialista.

Esta contradicción económica está relacionada con la inexistencia de un sistema democrático en el que existan mecanismos que aseguren tanto la soberanía del pueblo, sus libertades, así como su carácter de propietario colectivo de los medios de producción fundamentales.

En la historia del socialismo «realmente existente» se ha demostrado que la no realización de la propiedad social sobre los medios de producción ha impedido que se supere la enajenación de los trabajadores típica de los sistemas basados en la propiedad privada, que para Marx significaba una contradicción con el carácter cada vez más social de la producción.

Instituciones

(Imagen: Filip Hellman)

Esa enajenación desincentiva la producción y afecta la productividad y calidad del trabajo. En consecuencia, el modelo de socialismo real se ha caracterizado por la estatización y no por la socialización de los medios de producción y por la conformación de un sistema burocrático que, en ausencia de democracia, ha permitido la conversión de la burocracia de una «clase en sí» en una «clase para sí». Y su existencia y conservación solo son posibles mediante instituciones no inclusivas y a través de mecanismos de extracción de rentas procedentes del resto de la sociedad.

En el caso de Cuba, los mecanismos de extracción de rentas se evidenciaron desde el programa de «nacionalizaciones», a través de expropiaciones y confiscaciones que, al estatizar sin socializar, han permitido a la naciente burocracia usufructuar dichos recursos sin que ello se traduzca en un mayor desarrollo económico del país y, por tanto, en un mayor bienestar material para la sociedad. La llamada «Ofensiva Revolucionaria» terminó por destruir lo que quedaba de emprendimiento e iniciativa empresarial y ello se tradujo en un notable retroceso en la satisfacción de las necesidades materiales de la sociedad.

A partir de estos procesos originarios, la dirigencia política cubana ha impuesto su visión de un modelo de desarrollo encerrado en una serie de dogmas que la historia se ha encargado de refutar. No existe experiencia alguna que demuestre que la empresa estatal debe ser el actor principal del modelo económico en el socialismo, y sí existen evidencias de la ineficacia de tal estructura productiva, sobre todo cuando estas empresas están sometidas a un entramado burocrático que frena su autonomía económica y financiera y su capacidad de gestión.

Por otra parte, no por controlada centralmente una economía es realmente planificada. Desde los años sesenta del siglo pasado hubo serios cuestionamientos a los sistemas de planificación centralizada en los países europeos con economías centralmente dirigidas, que llevaron a reformas fracasadas porque fueron incapaces de superar los dogmas que resultan del modelo burocrático más que de la teoría económica del socialismo.

En realidad, la supuesta planificación centralizada se ha manifestado como administración centralizada de la economía, en la que el centro de poder pretende decidir la asignación de recursos y factores de producción a nivel microeconómico, en lo cual no es eficiente pero además cercena la iniciativa empresarial y el emprendimiento.

La concepción dogmática es la que propicia que cada medida de «reforma» que se adopte tenga tantas restricciones que limitan considerablemente sus posibilidades de transformación positiva de la realidad. Tales son los casos de los decretos leyes que permiten la creación de micros, pequeñas y medianas empresas privadas y cooperativas no agropecuarias, o de los errores conceptuales y de diseño de la llamada «Tarea Ordenamiento».

Finalmente, el enfrentamiento de las crisis recientes de la economía cubana se ha producido en lo fundamental a partir de medidas que producen transferencia de rentas desde la sociedad hacia el Estado, que resulta rentista toda vez que percibe esas transferencias pero no logra traducirlas en mejoramiento del bienestar, a pesar de que ese es su supuesto argumento para captarlas.

Es la lógica que determina medidas como: el establecimiento de tiendas en monedas libremente convertibles; la obligación de los pequeños y medianos empresarios de operar en el comercio exterior solo a través de empresas estatales, pagando por los servicios de intermediación tarifas establecidas en condiciones de monopolio; o las altísimas tarifas que el Estado cobra por servicios consulares, expedición de pasaportes y diversos trámites que soportan la existencia de una densa e improductiva burocracia.

La transición desde instituciones no inclusivas y extractivas a instituciones inclusivas para superar el subdesarrollo, solo puede producirse a partir de la construcción democrática de un nuevo contrato social que favorezca el desarrollo pleno de las libertades políticas, económicas y sociales, reconozca la pluralidad de la sociedad y la aproveche como un bien colectivo.

8 abril 2022 37 comentarios 1.575 vistas
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Agricultura-Cuba

De agricultura, azúcar, ganadería y otros temas

por Domingo Amuchastegui 6 abril 2022
escrito por Domingo Amuchastegui

Recién he leído un par de análisis excelentemente documentados del Dr. en Ciencias Juan Triana Cordoví, uno de los mejores economistas de Cuba según mi criterio. Al aludir a la industria azucarera y su situación actual, escribe: «Escuchar que hoy, muchos años después, vamos a “recuperar”, “salvar”, la industria de la caña de azúcar, me produjo sentimientos encontrados: Vergüenza y rabia, rabia y vergüenza». ¡Cuánta razón le asiste! Y tales reacciones se extienden por igual si analizamos la agricultura, la ganadería y otros temas.

No pretendo incursionar en los ángulos técnico-científicos de estos asuntos, sino en el complejo de relaciones económico-sociales y políticas que, a mi modo de ver frustraron, una y otra vez, década tras década, las inversiones, innovaciones y empeños que pretendían la mayor prosperidad posible y que desembocaron, una y otra vez, en sonados fracasos. Examinemos ese complejo de relaciones que pueden ayudar en alguna medida a comprender mejor los análisis de Triana.

1. La Primera Ley de reforma agraria se basaba —fuera de aquellos campesinos que optaron por el cultivo individual de sus parcelas— en un ordenamiento de cooperativas con amplísimas facultades y poderes (Véanse la referida ley y la obra de Lisandro Otero: Zona de Desarrollo Agrario) cuyos éxitos iniciales ratificaban el atinado curso de semejante disposición. Los cooperativistas (un caso fue el de la cooperativa Hermanos Saíz) percibían ganancias como nunca antes.

Muy pronto se frustraría este proyecto. Un año más tarde —segunda mitad de 1960— se produjo una estatización abrumadora que borraba el modelo positivo del año anterior. Se implantaron dos instrumentos que significaron un desastre mayúsculo: La suplantación de las cooperativas por Granjas del Pueblo (propiedad estatal total), y la anulación casi completa de las relaciones de mercado por ese engendro monstruoso conocido como ACOPIO.

Un argumento esgrimido con insistencia por parte de casi todos los dirigentes del viejo Partido Socialista Popular (PSP), era que los campesinos de las cooperativas iban en camino a convertirse en los kulaks (campesinos ricos) de nuestra realidad y constituirían la base social de la contrarrevolución que ya surgía por todas las provincias.

Este giro a la estatización autoritaria contribuyó en no poca medida a nutrir la base social de la contrarrevolución. Baste señalar un par de ejemplos: a. Los alzados del Escambray estaban inseparablemente condicionados a los abusos y extremismos del Comandante Félix Torres (filiación PSP); y b. La más numerosa evidencia de alzados se observa en Matanzas y tuvo su eco más sonado en el estallido social ocurrido en Cárdenas; en lo cual tuvieron particular responsabilidad los abusos y extremismos de Julio Suárez (Restano) y Calderío (El Abuelo), los dos miembros del PSP.

En 1963, la Segunda Ley de reforma agraria —más allá de algunos beneficios en materia de asignación de nuevas tierras a las Granjas del pueblo y agricultores pequeños—, reforzaba dichos mecanismos de estatización absolutista.

Agricultura-Cuba

(Foto: Fidel, soldado de las ideas)

2. A fines de los años sesenta del siglo pasado, se instauró un proyecto bautizado como «Cordón de La Habana» en referencia a la creación de una zona de cultivos —incluido el café Caturra—, con la que se pretendió garantizar la alimentación más estable de la Capital. Fue un enorme fracaso que culminó en el primer gran escándalo —en voz baja— de corrupción organizada por parte de los dirigentes encargados del proyecto.

3. El esquema antes descrito prevaleció durante treinta años, momento en que se produjo el abandono del modelo de Granjas de pueblo por otro conocido como Unidades Básicas de Producción Agro-Pecuaria (UBPC).

Todos los que trabajaron en este nuevo modelo —que supuestamente regresaba a las cooperativas—, propusieron la entrega de la propiedad de la tierra a las nuevas UBPC; sin embargo, Fidel se negó rotundamente y dejó sobre las mismas no solo el endeudamiento que adquirieron (nacían con una pesada carga), sino todas las injerencias y controles de los tiempos en que eran granjas estatales. A tenor con ello, el resultado fue igualmente un sonado fiasco (con particular impacto en la producción de caña de azúcar, alimentos y producción pecuaria).

Más de veinte años después se introdujo un paquete de reformas encaminadas a remodelar el funcionamiento de las UBPC. ¿Sirvió de algo? Evidentemente no, pues todavía están repensando qué hacer con las UBPC.

4. Por otro lado, el sector minoritario de agricultores privados agrupados en verdaderas cooperativas, denominadas de Créditos y Servicios (CCS), siempre demostró ser el único sector agropecuario realmente productivo del país. Si bien representaba apenas el veinte por ciento de los agricultores, eran los únicos en generar dos tercios del total de la producción agrícola anual… Si el criterio valorativo de la verdad es la práctica, ¿cuál debería ser la conclusión después de más de sesenta años?

5. El propio Raúl Castro se refirió hace algún tiempo a un ejemplo en extremo elocuente: Vietnam no producía café y Cuba le aportó técnicos y experiencias. Años más tarde, Vietnam era ya un importante productor-exportador de café a escala mundial, en tanto en Cuba el aromático grano está casi desaparecido. Raúl Castro prometió leche y ¿dónde está si no es importada? La famosa proposición: «Vamos a tomarnos un café a la esquina», desapareció ya del vocabulario cubano… para no hablar de la carne de puerco y las viandas más habituales de nuestra restringida dieta. El propio Triana reflejaba claramente tales escaseces en su artículo «Mi reino por un boniato».

Algo parecido pudiera decirse de una isla rodeada de mar, donde comerse un pescado es algo olvidado y hoy prácticamente imposible dada la nueva ley que restringe al máximo la actividad pesquera. Cabe destacar que en su momento, el Ministerio de la Pesca —y su ministro de entonces Rodríguez Romay— fue escenario de un espectacular caso de corrupción. ¿Resultado? En la actualidad Cuba, la mayor de las Antillas, no posee un Ministerio de la Pesca ni pescado que comer.

Agricultura-Cuba

Orlando Rodríguez Romay había sido capitán de navío de la Marina de Guerra Revolucionaria (MGR) ymcomandante del buque escuela José Martí, jefe de la base nacal de Cabañas y viceministro primero de Transportes.

6. La industria azucarera fue declinando paralelamente a los reveses descritos. El primer desastre fue la Zafra de los Diez Millones, concebida de manera improvisada y sin la base industrial necesaria. Orlando Borrego, ministro del Azúcar, le razonó a Fidel la imposibilidad de alcanzar semejante meta por los problemas con los centrales azucareros. La solución de Fidel fue despedir («tronar») a Borrego, pero con él o sin él, no se alcanzó la ansiada meta.

Con la incorporación de Cuba al CAME se intentó suplir, en muy poca medida, las múltiples necesidades de la industria azucarera (vale anotar que un episodio similar tuvo lugar con la industria del níquel a mediados de los ochenta) sin que se lograran los niveles de modernización necesarios. El gobierno cubano realizó ingentes esfuerzos que permitieron, en un breve período alcanzar la cifra de ocho millones de toneladas, para de inmediato iniciar un proceso acelerado de declinación que se prolonga hasta hoy, con una producción que apenas alcanza el medio millón de toneladas.

Cuba, la llamada azucarera del mundo como pilar de su modelo agroexportador, discute hoy, de manera desesperada cómo salvar la industria azucarera. Atrás ha quedado otra frase: «Vamos a tomarnos un guarapo bien frío»… Hoy, el agricultor y el indispensable machetero que cultiva y corta la caña, ¿cuánto reciben por una arroba cortada? Muy poco. En consecuencia, prefieren dedicarse a la producción de alimentos que le reportan mayores ingresos.

7. En el transcurso de los años sesenta, e insistentemente, trató el Estado cubano de promover la cría de ganado. Millones fueron gastados en comprar sementales y vacas lecheras en Canadá y se alentó la crianza de ganado menor. Para fines de esa década todo había fracasado.

En esos años, una y otra vez, científicos y especialistas canadienses, franceses y británicos trataron de aconsejar un cambio de dirección en los planes de la ganadería. Otros —como Charles Bettelheim— intentaron razonar y hacer sugerencias encauzadas a remodelar el sistema estatista-absolutista dominante en la economía insular. A la larga o la corta, todas esas asesorías fueron desestimadas. Prevalecían la rigidez y el verticalismo por doquier. Como resultado, cada una de las iniciativas se paralizaba, hundía y fracasaba.

8. ¿Por qué esta interminable cadena de fracasos? Porque por muchas inversiones, tecnologías, innovaciones y esfuerzos acometidos, el marco de relaciones de producción en que las mismas debían insertarse (estatización-absolutista, verticalismo, improvisaciones, ausencia total de sistematicidad, negación de las relaciones de mercado, giros impensados por parte de Fidel y otros directivos); hicieron imposible cualquier proyecto sostenible.

La dirigencia cubana se empecinó en la conservación de semejantes prácticas en un marco de relaciones de producción probadamente inoperantes —desde las experiencias soviéticas pasando por las comunas populares de China—, hasta el día de hoy. De ahí el estallido social y político del 11 de julio del 2021.

Y quién sabe mañana. Un conocido refrán asevera: «Rectificar es de sabios», mas, al parecer no abundan los sabios, al menos hasta ahora…

6 abril 2022 31 comentarios 1.852 vistas
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Cenicienta

Cenicienta (s) de Cuba

por Ivette García González 28 febrero 2022
escrito por Ivette García González

Cenicienta de Cuba le decían a Pinar del Río por su pobreza. En el siglo XIX Baracutey —un pajarillo que vuela triste en solitario— aludía a Baracoa. Tales extremos dan cuenta de una grave y vieja problemática en la Isla y Latinoamérica: los desequilibrios regionales y su relación con la pobreza, marginalización, formas de exclusión y vulnerabilidad.

A fines de los años cincuenta existía una fuerte disparidad entre la capital —donde también había barrios pobres—, las sedes provinciales y los municipios con sus zonas rurales. Al triunfar la Revolución de 1959 se trazó una estrategia para equilibrar el territorio nacional. Varios planes especiales beneficiaron, por ejemplo, a Ciénaga de Zapata, Moa, Isla de Pinos, Baracoa y Pinar del Río.

Sin embargo, durante los años setenta y ochenta las regiones centrales y orientales solo tuvieron el 29 y 30% respectivamente de las nuevas industrias, mientras occidente concentró casi el 41 %. Así, el país fue retornando a su tendencia histórica. Eso explica que la irrupción, impacto y salida del llamado Período Especial —si es que alguna región consiguió esto último— fueron muy diferentes. Hasta 2010 se registró que las dos Habanas acumularon más del 50% de las inversiones ejecutadas a nivel nacional. Como sostiene la Dra. Luisa Íñiguez, desde aquella década se ampliaron «las desigualdades inter e intraterritoriales en el país».

Los efectos son acumulativos, hemos vivido de crisis en crisis y ya retornamos a la situación extrema de aquellos años. A nivel regional y local se pueden visualizar las brechas sociales asociadas también al entorno, porque de los recursos y potencialidades de los territorios depende que los ciudadanos puedan incorporarse a los cambios y desarrollarse.

Cenicienta (2)

Familia en situación de pobreza en una zona rural de la provincia de Matanzas (Foto: Néster Núñez)

-I-

No han faltado estudios, propuestas, estrategias, programas, plataformas y documentos rectores relacionados con el desarrollo local y las desigualdades. Se ha dicho que siempre fue importante, que desde la «actualización del modelo» (2009) y la Constitución (2019) se ha afianzado.   

Lo cierto es que desventajas, nuevas exclusiones y brechas territoriales son más notorias y evidencian incluso retrocesos. Más allá de factores externos —política de sanciones de los EE.UU., pérdida de relaciones preferenciales con la antigua URSS y crisis mundiales—, algunas causas internas son:

1.- El verticalismo y la planificación centralizada como pilar del modelo asumido desde los setenta, que ha marcado la ruta y lanzado por la borda la tradición municipalista de Cuba. El espacio a los municipios solo se ha abierto en coyunturas críticas para el Estado.

2.- Dilación y traumático proceso de reformas económicas, que en la práctica no ha contemplado el fenómeno desde una estrategia democrática, integral y sostenible.

3.- El desmontaje entre 2002 y 2005 de casi toda la industria azucarera, que fuera parte de la vida de 146 de los 169 municipios del país (algo más del 72 %) y de la nacionalidad cubana. Sobre la debacle, frente a medidas compensatorias que no pasaron de discursos y planes, recomiendo el  del economista Juan Triana.

Sugiero valorar las siguientes condiciones actuales:  

1.- Las nuevas 707 mipymes y cooperativas no agropecuarias (CNA), que facilitarán 26.129 nuevos puestos de trabajo, se concentran en occidente. La brecha es enorme, La Habana con el 40% seguida por Granma con el 10 %; luego Villa Clara, Holguín, Matanzas y Santiago de Cuba. Varias localidades donde no se han aprobado mipymes, en Camagüey y Ciego de Ávila, por ejemplo, están entre las diez con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el país. 

2.- La mayor parte de la Isla está en un nivel bajo del IDH—según el Informe más reciente— en su dimensión económica; las provincias más rezagadas son Camagüey y cuatro de las cinco orientales. Los municipios mejor evaluados están asociados al turismo y los peores a su ausencia o al desmontaje del azúcar.(1) Igualmente, en cuanto a empleo —que desciende desde 2011— y salarios medios mensuales, la brecha entre La Habana y el resto de las provincias es alarmante.

3.- Incremento de los procesos migratorios internos desde el oriente y las provincias más cercanas a la capital y pérdida de población en municipios, sumado al saldo migratorio externo en negativo. En 1981 el 45 % de los municipios del país estaba en esa condición, y en 2002 era el 60%.

4.- Desventaja sobre todo de Oriente en los montos de las pensiones, que dependen de los salarios medios. La pensión media en La Habana está por encima del promedio nacional, mientras en Guantánamo, Las Tunas y Granma está por debajo.

5.- Mayor incidencia de problemáticas sociales en regiones desfavorecidas. Por ejemplo, incremento más acentuado de la brecha de género y más mujeres adolescentes con hijos en Isla de Pinos, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma y Guantánamo.

Cenicienta (3)

Vivienda periférica del reparto Rosa la Bayamesa, en Guantánamo (Foto: Marelys Fonseca Viltres / Cubanet)

–II–

Aquella vocación de los sesenta respecto al tema de los desequilibrios regionales pareció esfumarse. La respuesta del gobierno ha pasado de la nulidad y el silencio informativo durante décadas, al diseño de una nueva estrategia de descentralización y medidas emergentes —luego del estallido social del 11J— hacia barrios marginales.

Diagnósticos, alertas y propuestas no han faltado. Hace siete años se volvió a llamar la atención sobre los tipos de brechas y ámbitos donde se manifiestan las inequidades. Entre ellas las territoriales, con expresiones en la pobreza, servicios, seguridad, selectividad de inversiones, problemas ambientales, conectividad, identidad, inserción social, viviendas, recursos comunicacionales y tecnológicos.

El tema requiere más visibilidad y voluntad política. En las investigaciones científicas se ha priorizado a La Habana, en tanto regiones donde existen numerosas brechas y empobrecimiento —Camagüey, Ciego de Ávila, Granma, Las Tunas y Guantánamo, por ejemplo— han quedado afuera.

Recientemente reparé en que solo cuatro de los veintisiete especialistas a quienes la revista Temas preguntó qué le recomendarían priorizar al presidente y al primer ministro si tuvieran tres minutos para hablarles, hicieron alusión a los desequilibrios regionales relacionados con las brechas sociales, la autonomía municipal y la importancia de los liderazgos locales.

La profundización de tales desequilibrios, con sus consecuencias para los ciudadanos y el país, van de la mano con las transformaciones de los últimos treinta años. Estas han ido a destiempo, carentes de integralidad  y con más contramarchas que marchas, abandonando cada vez más las salvaguardas de política social y retrocediendo en materia de desarrollo local.

No estoy segura de que Pinar del Río —como se afirma—  haya pasado de Cenicienta a «princesa», pero sí de que hoy tenemos muchas Cenicientas de Cuba.

Para contactar con la autora: ivettegarciagonzalez@gmail.com 

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Participe en nuestro proyecto «Desigualdad, pobreza y sectores vulnerables en Cuba», enviándonos recomendaciones, testimonios, etc. al  correo jovencuba@gmail.com, asunto: Cartas al Proyecto.

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(1) En el Informe reciente sobre el IDH mencionado antes, se reconoce que no ha sido posible construir un Índice de Desarrollo Humano Municipal que parta de un análisis integral y posibilite las comparaciones entre todos los municipios de Cuba.

Los indicadores empleados no incluyen el estudio de todos los municipios del país, carecen —en muchos casos— de indicadores básicos sobre la dimensión económica y la dimensión ambiental, centrándose en aspectos de orden social o en temas específicos del municipio, y no son comparables entre municipios o provincias. Los Anuarios Estadísticos Municipales comenzaron a elaborarse por la ONEI solo a partir de 2008-2009, por lo que no es posible obtener información oficial sistemática anterior a esa fecha que sirva de base para comparaciones en el tiempo.

28 febrero 2022 39 comentarios 2.109 vistas
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